La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Elizabeth Nava Gutiérrez, obtuvo una medida cautelar para evitar que continúe la obstrucción a su facultad legal de presentar ante el Consejo Estatal una propuesta para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.

El 7 de octubre de 2026, Nava Gutiérrez promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía contra actos y omisiones atribuidos a cuatro consejerías electorales, al considerar que dichas acciones impedían el ejercicio efectivo de las atribuciones inherentes al cargo para el que fue designada.

La promovente solicitó además medidas cautelares de carácter urgente para garantizar que pudiera ejercer plenamente su facultad de proponer a quien ocupará la Secretaría Ejecutiva y que el procedimiento correspondiente se desarrolle conforme a la normativa electoral.

Retiraron tres veces la propuesta

Entre los actos señalados en la demanda se encuentra el retiro reiterado de la propuesta de designación de la Secretaría Ejecutiva durante distintas sesiones del Consejo Estatal.

La consejera presidenta también denunció que su propuesta no ha podido ser conocida, discutida y votada por el órgano colegiado, además de señalar una alteración del procedimiento previsto en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Otro de los argumentos expuestos por el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Lara Borges, fue que esta situación afecta el funcionamiento regular del máximo órgano de dirección del IEPCT, debido a que impide que el Consejo Estatal adopte una decisión colegiada y, en su caso, permita avanzar hacia las siguientes etapas del proceso de designación.

La ley faculta a la Presidencia para hacer la propuesta

El análisis jurídico tomó como punto central el artículo 107, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, que establece que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva debe ser nombrada por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo Estatal, a propuesta de la consejera o consejero presidente.

Bajo este esquema, corresponde a la Presidencia formular y presentar la propuesta, mientras que al Consejo Estatal le compete analizarla, deliberar y decidir mediante la votación correspondiente.

La resolución señala que, aunque el Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal contempla la posibilidad de retirar asuntos del orden del día, en el caso concreto la reiteración de esta conducta podría trascender una simple decisión procedimental y terminar impidiendo que la atribución legal de la Presidencia pueda ejercerse plenamente.

Medida cautelar no obliga a aprobar la propuesta

Uno de los puntos centrales de la determinación es que la medida cautelar no anticipa el resultado de la votación ni obliga a las consejerías a respaldar la propuesta de Elizabeth Nava.

La finalidad es garantizar que, una vez presentada, la propuesta pueda ser incorporada al ámbito deliberativo del Consejo Estatal para que sus integrantes tengan la posibilidad de analizarla, discutirla y, en su caso, aprobarla o rechazarla con plena libertad.

De acuerdo con el análisis, impedir reiteradamente que el asunto llegue a la discusión y votación no solo afecta las atribuciones de la consejera presidenta, sino también las facultades de las propias consejerías como integrantes de un órgano colegiado.

Advierten riesgo de prolongar la obstrucción

La autoridad jurisdiccional consideró que, de manera preliminar, se actualizan los elementos conocidos como apariencia del buen derecho y peligro en la demora, necesarios para conceder una medida cautelar.

La primera se sustenta en la existencia de una disposición legal expresa que reconoce a la Presidencia del IEPCT la facultad de proponer a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.

El segundo elemento deriva de que mantener la situación actual podría prolongar indefinidamente la imposibilidad de ejercer dicha atribución y, al mismo tiempo, impedir que el Consejo Estatal ejerza su facultad deliberativa y decisoria.

Consejerías deberán permitir que el Consejo discuta y vote

Con la medida cautelar, una vez que la consejera presidenta emita la convocatoria correspondiente para someter a consideración del Consejo Estatal la propuesta de designación, las y los integrantes del órgano colegiado deberán abstenerse de realizar actos u omisiones que tengan como finalidad o efecto impedir, obstruir o dilatar el ejercicio de las atribuciones legales de la Presidencia.

La resolución enfatiza que esto no condiciona el sentido del voto de las consejerías, quienes mantienen intacta su independencia para determinar si aprueban o rechazan la propuesta.

En consecuencia, la medida busca garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las reglas establecidas: que la propuesta sea presentada, conocida, analizada, deliberada y finalmente sometida a votación por el Consejo Estatal del IEPCT.

La determinación tampoco prejuzga sobre la legalidad, idoneidad o procedencia de la persona que eventualmente sea propuesta para ocupar la Secretaría Ejecutiva, ni sobre el sentido de la decisión que adopte finalmente el órgano electoral local.

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Con la participación de más de 300 asistentes, concluyó el Seminario Intensivo en Derecho Electoral, organizado en colaboración entre el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) y la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la formación jurídica y la cultura democrática en la entidad.

Durante la ceremonia de clausura, el magistrado presidente del TET, Dr. Oswald Lara Borges, reconoció la disposición de la institución universitaria para abrir sus espacios al análisis, la reflexión y el debate en materia electoral.

Lara Borges destacó que la colaboración entre ambas instituciones constituye una estrategia para acercar el conocimiento electoral a estudiantes y ciudadanía, al considerar que la democracia también se construye desde las aulas.

Formación teórica y herramientas prácticas

El seminario se desarrolló a través de cuatro sesiones impartidas por el magistrado presidente, en las que se abordaron temas relacionados con la Democracia Electoral, el Régimen Sancionador Electoral, los Medios de Impugnación Electoral y la Argumentación Jurídica.

Durante su intervención, Lara Borges subrayó que la preparación de los futuros profesionistas debe combinar los conocimientos teóricos con herramientas que permitan llevarlos a la práctica.

Señaló que comprender las reglas de la competencia política, las etapas de los procesos democráticos y el papel de los ciudadanos resulta fundamental para una participación cívica informada y responsable.

Anuncian nuevos talleres especializados

El magistrado presidente adelantó que el seminario representa el inicio de una serie de actividades académicas, por lo que próximamente podrían emitirse nuevas convocatorias para cursos y talleres de carácter práctico.

El objetivo, explicó, será que los participantes no sólo conozcan los fundamentos del derecho electoral, sino que también desarrollen productos y herramientas útiles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones ciudadanas.

Lara Borges calificó como positiva la respuesta de los participantes y destacó el alto nivel de interés registrado durante las sesiones, así como los resultados de las evaluaciones aplicadas a lo largo de la capacitación.

UPCH destaca colaboración institucional

Por su parte, el rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, Mtro. José Luis de la Cruz Córdova, resaltó la importancia de la alianza con el Tribunal Electoral de Tabasco para acercar conocimientos y herramientas relacionadas con la participación democrática tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad.

El rector afirmó que la participación democrática constituye una responsabilidad cívica colectiva y manifestó su disposición para mantener la colaboración con el TET en futuras actividades de formación.

Entregan constancias a participantes

La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el Auditorio B de la Universidad Popular de la Chontalpa, donde fueron entregadas constancias a las y los participantes del seminario.

Con esta actividad, el TET y la UPCH refrendaron su compromiso de impulsar espacios de capacitación que contribuyan al fortalecimiento de la cultura democrática, la participación ciudadana y el conocimiento del derecho electoral en Tabasco.

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En el marco del Cuarto Encuentro Regional de Institutos y Tribunales Electorales e INE 2026 en Chiapas, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), Oswald Lara Borges, advirtió sobre el deterioro de la conversación política contemporánea y los riesgos que representan la desinformación, la posverdad y la polarización para la deliberación democrática.

Durante su participación en la Mesa 8, “La integridad del debate público electoral: desinformación y posverdad”, el especialista en Derecho Electoral cuestionó si actualmente existe un debate público verdaderamente íntegro o si el espacio de deliberación ha sido desplazado por la espectacularización, la confrontación y la búsqueda constante del escándalo.

“¿Es verdaderamente íntegro el debate público electoral en nuestros días? ¿O presenciamos acaso la transformación del espacio deliberativo en una simple escenografía dominada por la teatralización, la espectacularidad y la búsqueda deliberada del escándalo?”, planteó.

La integridad del debate, clave para un voto informado

Lara Borges sostuvo que la calidad del debate público no representa un aspecto meramente formal, sino una condición necesaria para que la ciudadanía pueda ejercer un voto libre, consciente e informado.

Explicó que cuando la discusión política pierde contenido y se transforma en un espectáculo mediático, no solamente se afecta la imagen de quienes participan en la contienda electoral, sino también el derecho de la ciudadanía a tomar decisiones con autonomía.

En este contexto, cuestionó la sustitución del intercambio de ideas por ataques personales, descalificaciones, injurias, calumnias y difamaciones.

“¿Qué sucede cuando el debate de ideas y la confrontación de proyectos políticos son sustituidos de manera sistemática por el ataque personal, la descalificación sumaria, la injuria, la calumnia y la difamación?”, expresó.

Desinformación y posverdad, síntomas de una conversación pública deteriorada

El presidente del TET retomó la reflexión del politólogo Juan J. Linz sobre la fragilidad de los sistemas democráticos para advertir que el deterioro de las reglas de convivencia y de los consensos básicos puede afectar profundamente a las instituciones.

Señaló que la democracia enfrenta mayores riesgos cuando el debate electoral deja de buscar la persuasión mediante argumentos y se convierte en una herramienta para desacreditar o destruir al adversario.

“Los regímenes democráticos pocas veces colapsan por golpes externos de la noche a la mañana; mueren por la corrosión interna de sus reglas de convivencia, por la ruptura de los consensos básicos y cuando el debate público electoral deja de ser un instrumento de convicción para convertirse en un arma de destrucción del adversario”.

“Al erosionar la verdad compartida y sustituir la evidencia por el sesgo irreflexivo, la desinformación y la posverdad dañan severamente la salud de nuestras democracias”, sostuvo.

De los proyectos políticos a los mensajes efímeros

Lara Borges también se refirió a la transformación de la comunicación política. Recordó que históricamente el debate estuvo marcado por la confrontación de distintas visiones de sociedad e ideologías que buscaban ofrecer respuestas a los problemas colectivos.

Sin embargo, consideró que actualmente ese modelo ha sido desplazado, en buena medida, por mensajes breves, impulsos emocionales y una creciente teatralización de la política.

“Hoy, sin embargo, observamos cómo el contraste de proyectos de sociedad e ideologías estructuradas ha sido desplazado por la inmediatez de mensajes efímeros, pulsiones pasionales y por la teatralidad de la política, donde el artificio sustituye al argumento y el culto a la imagen muchas veces termina estrangulando las propuestas”, señaló.

Redes sociales e inteligencia artificial modifican el debate público

El magistrado destacó además el papel de los entornos digitales en la formación de la opinión pública, particularmente ante el flujo permanente de información y la dificultad para distinguir contenidos verificados de aquellos que carecen de sustento.

Advirtió que algunas dinámicas digitales pueden favorecer el sensacionalismo, la polarización y la formación de “burbujas informativas” en las que los usuarios reciben contenidos que refuerzan sus propias percepciones y prejuicios.

A este escenario, agregó, se suma el desarrollo de la inteligencia artificial, capaz de generar materiales manipulados o hiperrealistas que dificultan la identificación de contenidos auténticos.

“A este fenómeno se suma la capacidad de la inteligencia artificial para generar contenidos manipulados o hiperrealistas, los cuales ya no solo buscan engañar sobre lo falso, sino sembrar la duda permanente sobre la autenticidad de lo real y deslegitimar los hechos verificables”, afirmó.

Instituciones electorales no deben convertirse en censores

Ante este panorama, Lara Borges subrayó que los organismos electorales tienen el desafío de preservar las condiciones que permitan una deliberación democrática, sin asumir funciones de censura sobre las opiniones de la ciudadanía.

“Debemos asumir que la función de las instituciones electorales no es ni puede ser la de erigirse en censores de la expresión, ni en fiscales de la verdad. La solución no reside en la restricción del lenguaje ni en el control estatal de las opiniones”, sostuvo.

En su planteamiento, el papel de las autoridades electorales debe centrarse en proteger las condiciones del entorno democrático y favorecer que la ciudadanía pueda acceder a información, contrastar posiciones y ejercer sus derechos políticos.

El reto: proteger la autonomía del votante

Finalmente, el magistrado presidente del TET señaló que el compromiso institucional debe estar orientado a evitar que el espacio público sea dominado por la manipulación, el engaño deliberado o la confrontación permanente.

“Frente a la espectacularización, la calumnia y el ruido algorítmico, nuestro compromiso institucional debe ser con la autonomía del votante, velando por que la ciudadanía pueda acudir a las urnas no movida por el escándalo o el miedo, sino respaldada por el conocimiento y la valoración crítica de las opciones políticas”, afirmó.

Lara Borges concluyó que una democracia funcional no depende únicamente de la libertad para expresar opiniones, sino también de que existan condiciones para escuchar, contrastar información, verificar los hechos y formar un criterio propio.

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El acuerdo busca impulsar actividades de formación y capacitación en el contexto del Proceso Electoral Local 2026-2027, el proceso de elección de Personas Juzgadoras Locales 2027-2028, así como los mecanismos de democracia participativa y los procesos electivos municipales para delegaciones, subdelegaciones, jefaturas de sección y de sector.

La firma del convenio estuvo encabezada por el magistrado presidente del TET, Oswald Lara Borges, y el rector de la UPCH, José Luis de la Cruz Córdova. En el acto protocolario también participó la magistrada electoral Enedina Juárez Gómez.

La democracia también se construye desde las aulas

Durante su intervención, Oswald Lara Borges destacó la importancia de establecer vínculos con las instituciones de educación superior para contribuir al fortalecimiento de la vida democrática.

Señaló que la educación y la investigación científica son herramientas fundamentales para comprender los fenómenos sociales y enfrentar los retos actuales, por lo que consideró indispensable fomentar estos conocimientos entre las nuevas generaciones.

El magistrado presidente sostuvo que la democracia no solo se ejerce en las urnas, sino que también se construye desde las aulas, las universidades y los espacios dedicados a la generación de conocimiento.

Derechos y obligaciones, pilares de una ciudadanía responsable

Lara Borges resaltó que el convenio representa una alianza estratégica orientada a consolidar una ciudadanía más participativa y consciente de su papel dentro de la sociedad.

Subrayó que una cultura democrática sólida no puede limitarse únicamente al conocimiento y ejercicio de los derechos, sino que también requiere que las y los ciudadanos conozcan y cumplan sus obligaciones.

Advirtió que ambos elementos son indispensables para el pleno desarrollo de la democracia, pues una ciudadanía responsable debe mantener un equilibrio entre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes cívicos.

Prepararán agenda académica rumbo a 2027 y 2028

Como parte de los acuerdos alcanzados, el Tribunal Electoral de Tabasco y la Universidad Popular de la Chontalpa desarrollarán una agenda de capacitación especializada rumbo a los procesos electorales de los próximos años.

El programa contempla la realización de seminarios y talleres enfocados en temas fundamentales del derecho electoral y los mecanismos de participación democrática.

En una primera etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades:

• Seminario Intensivo de Derecho Electoral, dirigido a fortalecer las bases teóricas y conceptuales en esta materia.
• Taller sobre el Régimen Sancionador Electoral, enfocado en el análisis de responsabilidades y procedimientos aplicables.
• Taller sobre Nulidades en Materia Electoral, para estudiar las causas de invalidez de los actos electivos desde una perspectiva metodológica y jurisprudencial.
• Taller sobre Medios de Impugnación en Materia Electoral, orientado al conocimiento de los mecanismos de defensa y protección de los derechos político-electorales.

UPCH destaca beneficios para la comunidad estudiantil

Por su parte, el rector de la UPCH, José Luis de la Cruz Córdova, destacó que la colaboración con el Tribunal Electoral de Tabasco permitirá fortalecer la formación profesional de las y los estudiantes.

Consideró que la vinculación entre las universidades y las instituciones públicas contribuye al desarrollo académico y profesional de los jóvenes, además de generar espacios para ampliar sus conocimientos y acercarlos a temas de relevancia para la vida pública del estado.

Refrendó la disposición de la Universidad Popular de la Chontalpa para continuar impulsando actividades conjuntas que generen beneficios tanto para la comunidad universitaria como para las instituciones involucradas.

Impulsan formación especializada en materia electoral

La ceremonia de firma se llevó a cabo en la sala de sesiones “Lic. Eduardo Antonio Méndez Gómez” del Tribunal Electoral de Tabasco.

Por parte de la UPCH estuvieron presentes el secretario académico, Rodimiro Ramos Reyes; el director de la División de Ciencias Económico Administrativas, Wilberth Díaz de Dios; la abogada general, Martha Ruth Cruz Salaya; el secretario de Extensión Universitaria y Servicio Social, Heriberto Castro García; el director de Vinculación, Danilo Eugenio Torres de los Santos, y la secretaria técnica, Paulina Moheno Moreno.

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan establecer una ruta de colaboración académica que contribuya a ampliar el conocimiento en materia electoral y fortalecer la participación ciudadana ante los próximos procesos democráticos en Tabasco.

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