Monreal señaló que la doble sesión permitirá abordar de manera ordenada y sistemática cada uno de los puntos de la reforma. Además, adelantó que podría atender la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar a notarios públicos en las discusiones, con el fin de asegurar la legalidad y transparencia del proceso. Esta acción busca evitar posibles controversias legales que podrían llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a invalidar la reforma.

El senador subrayó que la presencia de notarios públicos garantizaría que cada paso del proceso legislativo cuente con un respaldo jurídico sólido, lo que fortalecería la posición del Congreso ante cualquier eventual impugnación.

Por otro lado, Monreal mencionó que la reciente incorporación de más de 10 diputados del Partido Verde a la bancada de Morena no es casualidad, sino parte de una estrategia legislativa más amplia que busca consolidar el control de Morena en la Cámara de Diputados durante los próximos tres años. Esta alianza permitirá al partido mantener la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, posiciones clave para el impulso de su agenda legislativa.

A pesar de la urgencia por avanzar en la reforma judicial, Monreal enfatizó que no habrá precipitación en la discusión de las reformas pendientes. Tras la judicial, se dará paso a otras iniciativas como la reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas y la universalización de los programas sociales y pensiones.

La doble sesión del 1 de septiembre marca el inicio de un periodo decisivo en el Congreso, donde Morena buscará consolidar su agenda de transformaciones profundas en el marco de la Cuarta Transformación impulsada por el gobierno de López Obrador.

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Durante su intervención en la tercera jornada de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, realizada en la sede del Congreso del Estado de México, Monreal explicó que este costo se ha calculado en colaboración con actuarios y personal del Instituto Nacional Electoral (INE), entidad a la cual se le otorgará la responsabilidad de organizar estas elecciones. “En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y personal del INE, a quien se le faculta esa responsabilidad, pudieran erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos por única ocasión”, afirmó Monreal.

Revelan Costo de Elección de Jueces en Reforma Judicial

El senador adelantó que parte de estos recursos provendrían de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que poseen un total de 23 mil millones de pesos y que serán transferidos a la Tesorería. Monreal aclaró que estos fondos se destinarían excepcionalmente para financiar la elección de los jueces y magistrados.

Además, Monreal destacó que la propuesta de reforma incluye la eliminación de la pensión vitalicia y el haber de retiro para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se retiren. Actualmente, los ministros reciben un salario completo durante los primeros dos años de retiro y el 80% del salario en los años siguientes, además de otros beneficios económicos significativos.

“El total del sueldo tabular de los ministros es de 300 mil pesos aproximadamente, que se integra por sueldo base más compensación garantizada y previsión social. El haber contempla también el aguinaldo de 568 mil pesos, que representan 40 días de sueldo a pesar de ya no estar en activo un seguro de vida por 12 millones de pesos para los ministros y ministras y su cónyuge”, detalló Monreal.

El senador también señaló que los ministros en retiro actualmente disfrutan de una prima vacacional y el derecho a contar con cinco personas como personal de apoyo pagadas por el erario, lo cual será revisado bajo la nueva reforma.

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Cuando supimos del ataque del 7 de octubre, la gran mayoría de la comunidad internacional lo condenó por la brutalidad y el terror que Hamás imprimió en contra de la población civil. Este grupo no reconoce la existencia de Israel y se opone a lograr cualquier acuerdo de paz con el Estado hebreo. Ha declarado que su objetivo es matar a los judíos en Israel y establecer un Estado islámico, y no le preocupa ofrecer condiciones básicas de bienestar a la población palestina que habita en la Franja de Gaza, además de que utiliza a las personas e infraestructuras civiles como escudos de protección.

Desde 1945, la Carta de Naciones Unidas estableció que los Estados pueden recurrir a la fuerza armada en casos de legítima defensa o “en caso de un ataque”; la respuesta de Israel debe enmarcarse en los postulados del derecho internacional humanitario, el consuetudinario y los Convenios de Ginebra. Un principio clave de esta reacción deberá ser el de proporcionalidad, esto es, limitar los daños causados por las operaciones militares a las poblaciones e infraestructuras civiles.

El derecho internacional humanitario define que tomar como rehenes a civiles y los ataques deliberados en su contra, así como las agresiones indiscriminadas con cohetes constituyen crímenes de guerra. Sin embargo, un asedio se puede considerar también violatorio de las normas si tiene como objetivo a civiles, en lugar de ser un medio para minar las capacidades militares de Hamás. Israel señala que está alertando a la población civil para que abandone la zona en riesgo de la Franja antes de profundizar sus operaciones.

Las reglas de la guerra también reconocen que se debe permitir que las organizaciones humanitarias entreguen ayuda a la población civil y, según el derecho internacional, las partes en conflicto deben “facilitar su paso”. En este sentido, los Estados que no tienen parte en la crisis deben buscar generar estos espacios de ayuda. En la Franja de Gaza se sabe que están en marcha negociaciones diplomáticas para buscar la liberación de algunos de los rehenes del grupo Hamás, promover el flujo de la ayuda humanitaria y ayudar a ciudadanas y ciudadanos extranjeros —cuando menos— a salir del enclave.

La institución responsable de investigar y, en su caso, castigar los posibles crímenes de guerra es la Corte Penal Internacional (CPI). El Estatuto de Roma le otorga autoridad legal para investigar presuntos crímenes en el territorio de sus miembros o cometidos por sus nacionales, cuando las autoridades del país no quieran o puedan hacerlo. En este caso, la fiscalía de la Corte ya confirmó que su mandato tiene la prerrogativa de indagar sobre posibles crímenes cometidos en la Franja de Gaza y afirmó que seguirá obteniendo información al respecto. La CPI reconoce a Palestina como Estado miembro, mientras que Israel rechaza su jurisdicción y no participa en el organismo.

El ataque de Hamás a Israel provocó la mayor conmoción, al menos desde 1973, y la población perdió su sentido de seguridad. Por tanto, se delibera internamente sobre la contundencia de la respuesta. Una de carácter masivo, al contrario de lo que la mayoría queremos, puede conducir a una mayor espiral de violencia; incluso se puede extender el conflicto en la región.

Israel amenazó con utilizar toda su fuerza para destruir a Hamás; el problema es que enfrenta a un enemigo difícil de identificar y aislar. El uso del poder militar sin restricciones generaría cuantiosas pérdidas civiles e incluso podría conducir al fracaso de la operación, pues esa organización paramilitar tiene un sistema de túneles bajo Gaza que le permiten moverse con facilidad sin que se le vea.

Israel debe proteger a civiles inocentes y distinguir entre el grupo rebelde y la población palestina. Las autoridades señalan que así lo están haciendo. De otra manera, nos alejaremos más de la anhelada paz en la región.

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El panorama para Arévalo presenta una serie de obstáculos, en gran parte por la resistencia de un pequeño grupo con privilegios que se niega a la transformación en el país. Esta animadversión se ha manifestado en los ataques que la Fiscalía emprendió en contra de Movimiento Semilla, con el propósito aparente de obstaculizar la transición del poder en enero de 2024.

A favor del nuevo presidente está el respaldo de la mayoría ciudadana a su plan para luchar contra la corrupción, y el apoyo de la comunidad internacional y de actores no gubernamentales. Para Arévalo será importante tejer alianzas con figuras clave dentro o fuera del Gobierno. Por su parte, el mandatario actual, Alejandro Giammattei, aseguró que se respetará la voluntad soberana del pueblo y que promoverá una transición pacífica del poder.

Arévalo nació en Uruguay (su padre se exilió en 1954) y creció en Venezuela, Chile y México antes de regresar a Guatemala. Se desempeñó como cónsul en Israel, viceministro de Exteriores y embajador en España. Previamente a ser candidato a la Presidencia fue diputado. Ha reiterado que su prioridad más urgente es frenar la corrupción y considera que para generar desarrollo es necesario atender áreas como salud, educación, empleo, producción agrícola e infraestructura, entre otras. Como parte de sus primeras acciones, el nuevo equipo contempla aprobar una ley antimonopolio —Guatemala es el único país de Centroamérica que no tiene uno— y reducir los costos excesivos de electricidad y medicamentos.

Pese al claro triunfo de Arévalo en los comicios, los ataques de la Fiscalía no cesan. Ha buscado desde suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla hasta allanar —varias veces— las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. El mandatario electo señaló que estos embates obedecen a la intención de promover un golpe de Estado, por lo que llamó a la ciudadanía a defender la democracia. La gente respondió a esta convocatoria y grupos indígenas y campesinos, sobre todo, se manifestaron en contra de la Fiscalía. De manera paralela, el tribunal más alto de Guatemala instó a generar las condiciones para una toma de poder pacífica y estable.

En este contexto, la comunidad internacional respalda la transición en Guatemala y transmitió su solidaridad y apoyo a Arévalo, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció el envío de una delegación para mediar la crisis, en respuesta a una solicitud del Gobierno guatemalteco.

Guatemala es la mayor economía de Centroamérica y uno de los países con mayor desigualdad en América Latina. Cerca del 60 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza y carece de acceso adecuado a salud, educación o infraestructuras. A esto se suma que la mitad de las infancias sufren desnutrición crónica. Estas condiciones son algunas de las que han impulsado la migración a Estados Unidos.

Además de las dificultades sociales y económicas, están los desafíos políticos. Entre los adversarios al cambio se encuentran los grandes empresarios y la élite económica tradicional, la Iglesia evangélica, el sector militar y el Congreso, que tiene una amplia mayoría conservadora. Semilla cuenta con 23 diputaciones de un total de 160, por detrás de las fuerzas de derecha, que controlan al menos dos tercios de los escaños. En los próximos meses, el mayor reto será lograr una transición pacífica y consolidar el poder frente a los embates de la Fiscalía guatemalteca y los intereses de las élites en bien del pueblo de esa nación.

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La campaña electoral hacia 2024 está en marcha. Desde la administración del expresidente Donald Trump, los republicanos se han desplazado hacia la derecha en materia de inmigración, y las propuestas extremas son las que más se escuchan en el partido. Intentan usar el tema como un arma en contra del presidente Joe Biden y los demócratas, pero en su discurso mezclan y confunden dos temas: el paso de inmigrantes irregulares y el tráfico de drogas, respecto al cual, además, omiten la evidencia de que la gran mayoría de los opiáceos se introducen de contrabando a Estados Unidos por vía terrestre en puntos de entrada legales.

La retórica electoral republicana no separa estos dos fenómenos ¾migración y narcotráfico¾, por tanto, las soluciones que plantea en realidad no atacan el problema. Además, como expresé en otros espacios, se trata de aseveraciones injerencistas y que atentan en contra de nuestra soberanía. Lejos de conducir a una posible salida a los problemas de seguridad y salud, actuar según esta narrativa impediría la cooperación bilateral.

En el debate entre los candidatos republicanos, el empresario Vivek Ramaswamy ¾afiliado al partido¾ expresó que la solución para evitar el contrabando de drogas es sellar la frontera sur, militarizarla. El senador Tim Scott afirmó que “todos los condados de Estados Unidos son ahora fronterizos”. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió en desplegar fuerzas especiales en México para atacar a los cárteles. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aseguró que enviaría a la Guardia Nacional a la frontera el “primer día” de su presidencia. Por su parte, Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, pidió suspender los fondos federales para las ciudades santuario que dan auxilio a personas inmigrantes recién llegadas. El exvicepresidente Mike Pence manifestó que es preciso arreglar “un sistema de inmigración fallido”, además de asegurar la frontera sur.

El Partido Republicano busca llegar a la proporción de votantes que perciben a la inmigración irregular como un problema. En este sentido, una encuesta de Gallup del año pasado reportó que el 69 por ciento ¾una fracción récord¾ de republicanos querían menos inmigración en Estados Unidos. Asimismo, un estudio reciente del Pew Research Center reveló que el 79 por ciento de simpatizantes de esta formación conservadora está a favor de más deportaciones de inmigrantes que se encuentran de manera irregular en la Unión Americana, y que el 91 por ciento quiere mayor seguridad fronteriza.

Pese a estos indicadores, personas expertas consideran que, en general, el radicalismo puede desanimar a las y los votantes independientes, a las mujeres de los suburbios, a la población de origen latino y a las y los más jóvenes de votar a favor de esta fuerza política.

El estudio del Pew Research Center muestra también que los demócratas otorgan mayor importancia a encontrar vías para legalizar el estatus de quienes ingresaron al país de manera irregular, sobre todo cuando eran niños. Ahora, frente a la llegada masiva de personas sin documentos a las ciudades santuario, lejos de la frontera, los demócratas están de acuerdo con que los líderes deben hacer más para evitar escalar el problema, aunque no hay consenso sobre qué acciones tomar.

Es paradójico que la narrativa electoral adversa a la migración irregular y, en general, a México, ocurra al mismo tiempo que la colaboración institucional entre los dos países avanza y se fortalece. En estos días se habrán llevado a cabo los diálogos en asuntos económicos y de seguridad del más alto nivel, en los que se revisan los resultados de los mecanismos establecidos para reforzar la cooperación bilateral: el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad. Ambos eventos son consistentes con la idea de que sólo mediante el diálogo será posible resolver los problemas conjuntos. Pensar en un camino unilateral únicamente empeoraría los problemas, además de que pondría en riesgo la vital relación entre vecinos.

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Algunos de los principales temas abordados en las participaciones de apertura fueron la reforma de la ONU, el cambio climático, la reforma del orden internacional y la modificación de la arquitectura financiera global.

Respecto a la reforma de la ONU, el Secretario General de esta organización, Antonio Guterres, afirmó que el mundo ha cambiado, pero que nuestras instituciones no. Agregó que basta ver el sistema de Bretton Woods y el Consejo de Seguridad, que reflejan realidades políticas de 1945.

Cabe señalar que la reforma de la ONU, o su eventual refundación, es una prioridad que se ha venido posponiendo desde hace décadas. Lo deseable es que se concrete a partir de la racionalidad y de la paz, y no debido a un conflicto bélico, como sucedió cuando nació después de la Segunda Guerra Mundial. Existen ya algunos indicios que nos alertan de que la conflagración bélica en Ucrania pudiera ir más allá de un enfrentamiento entre dos países.

Respecto al cambio climático, las disertaciones se enfocaron en pedir el fin de la guerra contra la naturaleza, así como fortalecer la lucha contra la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Además, se subrayó que la transición a la energía sostenible no se está llevando a cabo lo suficientemente rápido. Sin embargo, el secretario Guterres aseveró que aún queda tiempo para limitar el incremento de las temperaturas a 1.5 grados por encima de los límites preindustriales.

En cuanto a la recomposición del orden internacional actual, dirigentes de algunos países de América Latina, entre otros, demandaron cambios fundamentales a un sistema global que invierte en guerras, pero fracasa en combatir la pobreza y la desigualdad.

Así, el presidente Lula da Silva, de Brasil, aseveró que los 10 multimillonarios más ricos tienen más riqueza que el 40 por ciento de la humanidad; agregó que cuando su país asuma la presidencia del G-20, en diciembre próximo, coordinará la inclusión social y la lucha contra el hambre, el desarrollo sostenible y la reforma a las instituciones del gobierno global.

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro, de Colombia, reprobó que no se dispusiera de 100 mil millones de dólares para entregar a los países y así defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes —en referencia al compromiso no cumplido por países ricos a este respecto—, pero que sí se contara, en un solo día, con fondos “para que se maten rusos y ucranios entre sí”.

En tal sentido y desde antes del actual periodo ordinario de sesiones, la postura de México fue muy clara: el presidente López Obrador ha reiterado que si el presupuesto destinado a la industria armamentista se utilizara para otros fines, como el desarrollo de los pueblos y la creación de oportunidades laborales, estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos problemas como el del fenómeno migratorio.

Con respecto a la reforma a la arquitectura financiera global, las participaciones y los debates se centraron en que se deben reformar instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional de Comercio, entre otras, para que sirvan como palanca de financiamiento, por ejemplo, a las inversiones a gran escala relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el espacio para el debate general de alto nivel, al inicio del 78 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, se conocieron las diferentes posturas y desafíos que enfrentan la ONU y el planeta. Aún estamos a tiempo para realizar los cambios que demandan el mundo y las instituciones globales, sobre todo en un tiempo de paz y estabilidad relativas que, sin duda, hay que cuidar y acrecentar por el bien de todas y de todos.

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Europa es importante para América Latina y el Caribe (ALC) en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la inversión del bloque ronda los 800 mil millones de euros, y el comercio se expandió un 40 por ciento durante la última década. Juntos constituyen el 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, y 27 de 33 países de ALC tienen acuerdos de cooperación con Europa.

La cumbre fue una muestra del acercamiento que ha buscado España con América Latina durante su presidencia rotativa del bloque, más allá de la narrativa de hermandad o identidad cultural. Otro paso fue la definición de la agenda Global Gateway UE-ALC, que pretende movilizar recursos financieros para apoyar proyectos prioritarios en temas de desarrollo sostenible, transformación digital, infraestructuras sanitarias y producción de energía.

Mediante esa iniciativa, hacia 2027 se invertirán 45 mil millones de euros en propuestas que contemplan llevar conectividad a Colombia; la producción de hidrógeno verde en Chile y Uruguay; la movilidad sostenible en San José, Quito, Bogotá, Montevideo y São Paulo; la masificación de la energía renovable en Jamaica, y proyectos de agua y saneamiento para combatir la malnutrición infantil crónica en todo Ecuador, entre otras.

En el caso de México, se informó que la inversión se enfocará en temas de transición energética, bonos verdes y manejo de cuencas. Se pondrá especial énfasis en el Plan Sonora. Para dar seguimiento a las propuestas e iniciativas, hace unos días se reunieron en Santiago de Compostela, por primera vez, los ministros de Finanzas de América Latina y el bloque europeo, con la presencia de directivos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En ese foro, nuestro país reiteró estar a favor del crecimiento económico sostenible, resiliente y equilibrado, y que la transición energética se debe ver con una óptica de justicia social y equidad. También demandó el acceso equitativo a recursos financieros para impulsar proyectos que tengan como eje rector el bienestar de las personas.

Los trabajos giraron en torno al tema “Hacia una economía global, verde y digital”, y se dio a conocer que se trataron dos asuntos cruciales: por una parte, empezar a concretar el financiamiento y la operación de las iniciativas definidas en la Global Gateway. El CAF dará acompañamiento en 67 de estas propuestas. También se estableció un sistema de gobernanza para dar seguimiento a los avances.

El segundo gran componente de la reunión fue la discusión sobre la arquitectura financiera global. Recientemente, diferentes actores del sur global —sobre todo— han cuestionado la capacidad de las instituciones internacionales para promover el desarrollo sostenible de manera eficaz. Ya se discutió sobre ello en múltiples foros, como en la cumbre del Grupo de los 20, en las Naciones Unidas y en las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, todavía no se observan pasos sustanciales en concreto.

Adicionalmente, Europa señaló que existe la voluntad de avanzar en la negociación de los acuerdos comerciales con América Latina, incluyendo el de México, el de Chile y con Mercosur. Aquí lo importante es que las condiciones beneficien a las dos regiones y no sólo obtener beneficios por los recursos naturales de este hemisferio. Todavía hay algunos puntos por acordar, como la definición de estándares ambientales y climáticos. En este sentido, el bloque apenas dio a conocer el reglamento europeo de deforestación que ya generó inconformidad en 17 países, entre ellos México, por la posibilidad de promover una vuelta al proteccionismo.

Por lo pronto, nos alegra que la relación con Europa aterrice en medidas específicas y considere el bien birregional. Como afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “se trata de crecer juntos”. Somos socios importantes. En el camino hacia una mayor cooperación seguramente encontraremos desafíos que habrá que encarar de la mejor manera en beneficio de todas las partes.

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Junto con otros mandatarios amigos, el presidente de México llegó a Chile para participar en la ceremonia conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado. Unos meses atrás de esa fecha fatídica, el presidente Salvador Allende visitó nuestro país y acudió a la Universidad de Guadalajara. Ahí habló de su visión, de la importancia de la juventud en el cambio social y la necesidad de terminar con las condiciones de desigualdad que prevalecían en el sistema internacional entre poderosos y países pobres. Allende concluyó ese discurso con un agradecimiento a la solidaridad que le brindaba el pueblo mexicano, a quien consideró “como amigo” de su patria.  Cabe recordar que entonces Chile enfrentaba una situación adversa internamente y también el hostigamiento por parte de las potencias que veían con recelo al nuevo régimen socialista, el primero en llegar por decisión en las urnas.

México tuvo oportunidad de demostrar su amistad meses después de este mensaje del doctor Allende cuando, ante el horror del golpe militar, le abrió las puertas a los chilenos que escapaban de la persecución política, en particular a la familia del presidente. El embajador de México en Chile entonces, Gonzalo Martínez Corbalá, asumió con grandes riesgos pero generosa determinación alojar a quienes buscaban auxilio y buscar el salvoconducto para su salida del país. Reprodujo la tradición diplomática de México de brindar asilo a los perseguidos por sus ideas. En México este exilio ha enriquecido la vida productiva y ha hecho aportaciones a la ciencia, al arte y a la educación, en tanto distintas instituciones albergaron a profesores, investigadores o literatos sudamericanos. Ahora viven en nuestro país unos 6 mil chilenos, según datos del último censo, y se calcula que la mitad llegaron por razones políticas. Fueron parte de los cientos de miles que escaparon de la intolerancia y la violencia.

Gabriel García Márquez dijo que el golpe: “ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo y que se quedó en nuestras vidas para siempre”. La fuerza se impuso a un régimen democrático, se anularon las ideas, se impusieron las armas, se destruyó a quien pensaba diferente y se aniquiló al gobierno del cambio. De ahí la importancia del documento que suscribieron los expresidentes vivos chilenos a iniciativa del mandatario Gabriel Boric, el Compromiso de Santiago, en favor del cuidado y la defensa de la democracia, la condena a la violencia, la promoción y respeto incondicional de los Derechos Humanos, sin anteponer ideología alguna, y el fortalecimiento de los espacios de colaboración entre Estados.

Chile y México están unidos en esta fecha crucial, con una historia en común. Como ha señalado el presidente Boric, ha habido grandes gestos de solidaridad en el pasado. Sin embargo, la relación bilateral también se enmarca en el presente y mira hacia el futuro en términos económicos, culturales y educativos. De hecho, el mandatario chileno comentó que el próximo año se revisará el tratado comercial para renovarlo, a los 25 años de haberse suscrito.

Ahora México y Chile comparten una visión de Gobierno con un sentido social. En México estamos en el proceso de consolidar el cambio. Para hablar de democracia plena es necesario generar condiciones de bienestar social en favor de la mayoría y terminar con los privilegios de unos cuantos. Ya hemos sentado las bases. En el trayecto, ha predominado el pluralismo, el diálogo con quienes piensan diferente, la rendición de cuentas y la escucha atenta al pueblo.

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