Así inicio el proceso que llevará a la próxima elección presidencial del 22 de octubre de 2023. El actual mandatario argentino, Alberto Fernández, no buscará su reelección, por lo que su partido y el resto de las organizaciones políticas eligieron los perfiles que contenderán en los comicios, incluido el presidencial.

Concluidas las elecciones primarias, el primer puesto se lo llevó Javier Milei, ultraderechista, con el 30 por ciento del voto nacional. De las 24 provincias totales, ganó 16, un resultado muy importante considerando su recién ingreso a la política.

El segundo lugar lo alcanzó el actual ministro de Economía, Sergio Massa, con el 21 por ciento de la votación. Y en tercero, con un 17 por ciento, quedó Patricia Bullrich, candidata ganadora de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio (JxC) y ex ministra de Seguridad.

Milei, el ganador, ataca a lo que llama “casta política” y se presenta como un candidato antisistema que, en pocas palabras, busca dar marcha atrás a todo lo construido hasta ahora en Argentina. Desde su perspectiva, el Estado sólo tiene que ser responsable de la seguridad y la justicia, mientras que el resto de las actividades sociales se autorregularán con el mercado.

Entre sus propuestas más controversiales se encuentran vender todos los activos del Gobierno, desmantelar el Banco Central, eliminar los programas sociales, desarrollar un mercado legal para la venta de órganos humanos y poner fin a la educación sexual en las escuelas.

Es posible que los resultados favorables para Milei radiquen en el sentimiento de enojo frente a la actual situación económica en Argentina, pero aún hay un enorme tramo electoral en el cual estos temas controversiales se discutirán de frente a la sociedad. Durante la campaña presidencial, estas propuestas, entre otras tantas, podrían resultar menos viables a la vista del ojo público. La discusión seria que demanda un proceso de este tipo podría —quizá— debilitar la agenda del candidato.

El segundo en las elecciones primarias, el todavía ministro Massa, podría dar una interesante batalla. Distinto de otros liderazgos de la izquierda argentina, es mucho más pragmático y puede que esté de acuerdo con la necesidad de reformar drásticamente la economía, aunque por ahora muestre un rostro menos radical, por las propias divisiones y discusiones en el movimiento peronista.

Por su parte, la exministra Bullrich también enfrentaría una cruzada importante para competir en la segunda vuelta electoral. Principalmente porque su partido y ella misma son cercanos a algunas propuestas de Milei, por lo menos, en las críticas al actual Gobierno. Su oportunidad se encuentra precisamente en mostrarse como una vía alterna a la situación presente, pero con mayor sensatez y criterio que el candidato de ultraderecha.

Por ahora, resta mantener la atención en ese país con el que México tiene profundas simpatías recíprocas, similitudes e históricas relaciones de amistad. No hay duda de que las próximas elecciones representarán un reto para las instituciones que, independientemente de quien llegue al poder, tendrán la dura tarea de mantener el orden democrático en todo el territorio, a la vez que atienden la profunda crisis económica.

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También se vive una alta intensidad preelectoral, con la definición de los candidatos para 2024 en El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y, eventualmente, Venezuela. En nuestro país estamos en la recta final para elegir a quienes defenderemos el proyecto de la Cuarta Transformación el próximo año, en tanto que la oposición avanza también en su proceso interno hacia los comicios presidenciales.

Es de destacar que de 2018 al 2022, la oposición venció en el 76 por ciento de las elecciones (presidenciales, legislativas, estatales y locales) en América Latina. Solamente en Paraguay, Venezuela y Nicaragua ganó el oficialismo. Además, podemos observar que en este periodo ha sido más frecuente el triunfo de partidos de izquierda y centroizquierda frente a los conservadores. Según registros de académicos, en este tiempo 10 comicios presidenciales han sido para las fuerzas progresistas y 7 para la derecha.

Hace unos días asumió la presidencia de Paraguay Santiago Peña, del conservador Partido Colorado, cuyos principales retos son la reactivación de la economía, la superación de la pobreza y la lucha contra la corrupción. Otro desafío será su actuación en el ámbito internacional, sobre todo por sus relaciones con la Unión Europea y con China.

El domingo 20 de agosto en Guatemala la sociedad votó por el cambio y en contra de la corrupción. Después de un sorpresivo segundo lugar en las elecciones de primera vuelta, Bernardo Arévalo será el nuevo presidente. Venció a la ex primera dama de la República, Sandra Torres, en su tercer intento por llegar al poder. Arévalo es sociólogo y exdiplomático. Se enfrentó a un proceso preelectoral muy complicado y lleno de resistencias. Los fiscales intentaron excluirlo varias veces de la contienda. Finalmente, el espaldarazo de la sociedad se tradujo en casi 25 puntos de diferencia con Torres. En enero del próximo año, Arévalo asumirá como jefe de Gobierno para responder a los desafíos que el país enfrenta, como la inseguridad generalizada, altas tasas de pobreza y hambre, un flujo migratorio constante que busca llegar al norte y la falta de transparencia en las instituciones.

En Ecuador, también el 20 de agosto pasado se llevaron a cabo elecciones, en este caso de manera anticipada por la llamada “muerte cruzada”. En esta ocasión sorprendió uno de los candidatos que pasan a la segunda ronda, el empresario Daniel Noboa, quien enfrentará a la candidata correísta, Luisa González. Hemos observado que el proceso electoral ha estado rodeado de violencia. No hay duda de que lograr condiciones de seguridad para la población será uno de los mayores retos de quien asuma las riendas del país por 15 meses.

En Argentina la moneda está en el aire, con la ultraderecha fuerte y una situación económica difícil. Hace unos días, las primarias para elegir candidatos sorprendieron con la victoria de Javier Milei. Todavía las fuerzas se pueden realinear para que el progresismo avance. Seguiremos con atención los resultados de la primera vuelta en octubre próximo.

La comunidad de América Latina y el Caribe enfrentamos retos comunes: inseguridad, terminar con la pobreza, generar condiciones de prosperidad, combatir la corrupción, evitar la fragmentación social y la polarización, y avanzar en temas de justicia y equidad. Quienes gobiernan lo hacen en regímenes plurales en el que el diálogo es elemento fundamental para construir las reformas y diseñar políticas públicas. Este principio, el de la representación de las diferencias, imprime dinamismo y vitalidad a las democracias.

En México, quienes buscamos encabezar el proyecto del cambio social, planteamos anteponer el bien público y la solidaridad sobre los privilegios de unos cuantos que han dominado por décadas. Estamos conscientes de que consolidar la transformación y construir el país que queremos requiere de unir esfuerzos con un enfoque de largo plazo.

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El 3.6 por ciento del total de la población del mundo son migrantes que, en su mayoría, partieron en búsqueda de mejores oportunidades laborales. El corredor migratorio entre México y Estados Unidos representa cerca del cuatro por ciento de la migración global, es decir, es el más grande del mundo y también el cruce terrestre más letal.

Las cifras de los últimos dos meses reportan un aumento general del 26 por ciento en el flujo migratorio hacia México con destino a Estados Unidos, y un incremento del 45 por ciento de menores sin acompañamiento, además de que casi a diario las autoridades migratorias mexicanas reportan la localización de personas migrantes en trayectos de sur a norte, que son desplazadas por traficantes. Al mismo tiempo, nuestro país se ubica —junto con España— en la tercera posición mundial con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo, después de Estados Unidos y Alemania.

La realidad a la que nos enfrentamos como un país históricamente de expulsión, tránsito y retorno de migrantes es que también somos una nación de acogida, lo cual suma nuevos retos por atender: el cuidado de la diáspora mexicana; el tránsito de personas migrantes regionales y transcontinentales, y la integración socioeconómica de connacionales y extranjeros en retorno.

El contexto migratorio pareciera rebasarnos con ejemplos de lo apremiante de la situación en todo el mundo. La ciudad de Nueva York y el estado de Massachusetts en Estados Unidos se han visto afectados por el repentino incremento del flujo migratorio. Tanto el alcalde Adams como la gobernadora Healy califican la situación como insostenible, con presupuestos insuficientes para atender a las personas migrantes que requieren de hogar, comida, asistencia médica, educación, etc. Por ello, han pedido al Gobierno estadounidense que se declare estado de emergencia, les otorgue presupuesto y facilite el permiso de trabajo bajo el estatus de protección temporal para las y los inmigrantes que arribaron en forma masiva en el último año.

La realidad del flujo migratorio en nuestro país es similar, si bien el Gobierno mexicano se ha esforzado en atenderlo, la estrategia restrictiva y los programas productivos en el sureste del territorio nacional y el Triángulo Norte centroamericano no han disuadido la necesidad de migrar y rebasaron la capacidad de gestión gubernamental.

Como escribí anteriormente, es necesario concretar acuerdos bilaterales y regionales, así como políticas públicas adecuadas para la gestión de vías migratorias seguras y regulares. Se requiere la participación de todos los países involucrados, teniendo claridad de que se trata de un fenómeno multidimensional que hay que atajar desde una perspectiva humana y empática con propuestas de solución ágiles basadas en el análisis de datos, con esquemas coordinados de prevención y seguimiento de delitos contra las personas migrantes, e instrumentando marcos legislativos y políticas públicas hacia la integración social y productiva en los países de acogida.

México es un actor clave en la gestión migratoria, y por ello su capacidad y responsabilidad debe ser sólida y resiliente. Debemos ser líderes en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo, con esquemas de migración flexible y movilidad temporal circular que aseguren el acceso a mercados de trabajo dignos; habilitar proyectos de capacitación bilaterales para la formación de personas con deseos de migrar, pero también con medidas que consoliden la permanencia de las personas en su país de origen; explorar programas hacia la inversión productiva de las remesas, y la integración socioeconómica de las y los migrantes.

Lograr esto materializaría el fenómeno migratorio como parte importante del desarrollo sostenible local, nacional, regional y global, siempre con la plena participación de todos los niveles de Gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, así como con los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de la región latinoamericana.

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Los programas sociales implementados por los gobiernos han jugado un papel fundamental para enfrentar de mejor forma la realidad que aqueja a la región, especialmente en momentos de crisis como el de la reciente pandemia. Un estudio de evaluación de impacto elaborado por el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) de la Fundación “la Caixa” señala que los programas de transferencias directas, especialmente de apoyo condicionado, son una de las políticas de reducción de la pobreza más consolidadas.

Estos programas tienen como propósito romper el ciclo de la pobreza mediante la entrega de dinero a familias de bajos ingresos a cambio de cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, en materia de vivienda, salud y educación para sus hijos. Según el estudio, actualmente existen más de 30 programas de este tipo en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo.

El estudio revela que en los últimos 20 años estos planes gubernamentales, focalizados en los grupos de mayor vulneración, previnieron las muertes de casi 740,000 niñas y niños menores de cinco años en Brasil, México y Ecuador. Esto representa una caída del 24 por ciento en la tasa de mortalidad infantil. Por ello, el estudio recomienda proteger los programas sociales de transferencias directas en la región.

En México, el Gobierno destina múltiples recursos en todo el país para erradicar la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares con menos recursos, a fin de atender las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. Por décadas, los programas sociales han sido fundamentales para la política social de la nación.

Los programas para el bienestar impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tales como el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro son un elemento clave en este esfuerzo. Las transferencias directas que facilitan estos programas sociales, aunadas a otras políticas, como el aumento al salario mínimo, ayudan a reducir la pobreza en todo el país.

Los resultados del período 2020-2022 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) así lo demuestran. Según los datos, hoy México es menos desigual que en 2018, cuando inició la Cuarta Transformación. Esto se observa en el aumento en los ingresos de los hogares, personas y entidades federativas que reporta el sondeo. Y aunque es un avance importante, debemos continuar fortaleciendo estos programas para ampliar su cobertura y someterlos a evaluaciones de impacto más exhaustivas, con el fin de asegurar que cumplan las metas en la población objetivo.

Es imperativo avanzar con mayor contundencia en nuestra misión de erradicar las injusticias sociales, como la desigualdad y la pobreza. De esa manera lograremos cambiar de fondo las condiciones económicas y sociales de México, para construir juntas y juntos una oportunidad real que se refleje en los hechos.

Como he afirmado en este y otros espacios, el objetivo es vencer las brechas sociales que nos dividen y separan, para que todas y todos tengamos la posibilidad de desarrollar de manera cabal nuestro potencial.

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A nivel mundial, sobran ejemplos de naciones que le apostaron a la educación, y ello detonó la movilidad social, pero también el crecimiento económico del país como competidor global.

Ascender en la escala social, en términos de ingresos, formación, ocupación o riqueza, tiene a la educación como punto coincidente. La educación de calidad es el medio que otorga a las personas las habilidades, los conocimientos y las oportunidades para mejorar su situación socioeconómica. Una mejor educación nos permite ocupar mejores empleos, reducir la desigualdad y ajustar las habilidades que demanda el mercado laboral.

Tengo un gran compromiso con la educación pública, cuya importancia sembraron mis padres en mí, pues querían que sus hijas e hijos nos preparáramos para lograr más. Gracias a su aliento, yo soy producto de esa educación pública y hoy, como catedrático, constato que es la vía hacia la prosperidad y la justicia social.

Como maestro, tengo el enorme privilegio de poder caminar por los pasillos de Ciudad Universitaria y dialogar y escuchar a las y los jóvenes de nuestro país, lo que también me acerca de primera mano a sus preocupaciones y a ser sensible ante esa población dinámica y pujante que, al carecer de oportunidades es presa fácil de la delincuencia organizada o el consumo de drogas. Como mexicano jefe de familia, me preocupan las cifras de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal-INEGI 2022 que reporta un aumento del 17% al 30.2% entre 2017 y 2022 de adolescentes que son procesados por delitos de alto impacto (violación, homicidio, portación de armas, posesión de drogas y narcomenudeo). La realidad les asfixia, la falta de posibilidades crea brechas y barreras que demandan soluciones en el presente que les permitan una vida digna.

No podemos dejar al margen a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos que son el gran potencial de este país y quienes pueden hacer avanzar a éste hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar. Para lograrlo, debemos hacer del acceso a una educación pública de calidad la gran prioridad.

Creo en la niñez y la juventud de México, y que con su educación tendrán las herramientas idóneas que impacten de manera positiva en sus condiciones laborales y profesionales que les permitan alcanzar sus metas.

Estoy convencido en la importancia de escucharles, para sumar y poner a las y los jóvenes en el centro de las propuestas, de las soluciones y de las decisiones que hagan de México un mejor país, uno que les permita vivir dignamente con un trabajo remunerado, y seguir capacitándose en sintonía con las demandas laborales del presente y del futuro.

Un México que pueda hacer una revisión crítica del sistema educativo, y avance hacia una oferta de educación pública sin distinción para zonas urbanas, indígenas, rurales o marginadas, y que oferte en igualdad de condiciones la enseñanza de capacidades y herramientas para el aprendizaje a lo largo de la vida. Un México que reivindique el trabajo de las y los maestros como responsables de este aprendizaje.

Sólo así, a través de la educación, podremos revertir las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que asegura que en promedio las y los ciudadanos de los países miembros creen que seis de cada 10 menores en situación de pobreza continuarán en ella al alcanzar la edad adulta.

Necesitamos revertir la tendencia y hacer que las juventudes mexicanas tengan una oportunidad real de superarse.

¡Esa oportunidad inicia en el aula!

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Por ello, México, junto con Estados Unidos y Canadá, coincide en la necesidad de asegurar un acceso confiable y seguro al suministro de semiconductores, sobre todo en un contexto de creciente competencia geopolítica en la región Asia-Pacífico, donde se concentra el 75 por ciento de la capacidad de fabricación de semiconductores a escala mundial. Tan sólo Taiwán produce más del 60 % de los semiconductores del mundo y más del 90 % de los más avanzados.

Este nivel de concentración se traduce en riesgos, al tratarse de una región susceptible a disrupciones a causa de desastres naturales, cierres de infraestructura o conflictos internacionales, y ello puede ocasionar interrupciones graves en el suministro de semiconductores esenciales. Para reducir la exposición de la cadena de suministro a futuro, México y sus socios norteamericanos ven la oportunidad de aumentar su grado de influencia sobre muchos de los procesos productivos en torno a los semiconductores. Asimismo, las estrategias de relocalización de sus procesos productivos por parte de las empresas (nearshoring) pueden ayudar a mejorar la resiliencia de las cadenas de suministros.

La coordinación de políticas es indispensable para que los tres países avancen en este objetivo común. La Conferencia de Semiconductores de América del Norte (NASC, por sus siglas en inglés), cuya reunión inicial tuvo lugar el pasado 19 de mayo en Washington, es un nuevo esfuerzo conjunto que permitirá hacer de Norteamérica una región de desarrollo y producción de semiconductores.

Es fundamental aprovechar las ventajas existentes en cada uno de los tres países, para crear un ecosistema integrado que compita a nivel mundial. Un ejemplo es la instrumentación de nuevos marcos legales, como la Ley de Chips y Ciencia en Estados Unidos, que impulsa los subsidios para promover la fabricación en el país y la inversión en investigación para el diseño de semiconductores, mientras que México trabaja en una política industrial capaz de atraer inversiones estratégicas en el sector, a fin de ampliar en éste las capacidades de la industria nacional.

Destaca igualmente que la región cuenta con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), un elemento clave en este proceso, puesto que crea las condiciones para detonar la industria de microprocesadores mediante el nearshoring, ya que da certeza jurídica a las inversiones, facilita los intercambios comerciales trilaterales y provee a los socios de los mecanismos necesarios para dirimir cualquier diferendo comercial que pudiera surgir en el futuro.

En ese sentido, la alineación de la política industrial sobre semiconductores, el fortalecimiento de la cadena de suministro y el crecimiento de la fuerza laboral en la región serán las prioridades sobre las que habremos de trabajar en los próximos meses y años en el marco de la NASC. De esa manera lograremos posicionar a América del Norte como centro de fabricación de semiconductores.

Por tanto, esta alianza trilateral en la materia abre oportunidades tanto para México como para la región de América del Norte, las cuales, desde el Senado de la República, buscaremos que se traduzcan en claros beneficios para todo el país.

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Las proyecciones indican que en el 2023 la economía de Chile no crecerá, lo cual se debe en parte al alza de las tasas de interés para contener las presiones inflacionarias y a la decisión de no endeudarse; esto generó que el gasto público aumentara muy poco. Además, las y los chilenos retiraron tras la pandemia un monto considerable de sus fondos de pensiones. Con todo, hay optimismo cauto y se espera que el año cierre mejor que lo que estiman las instituciones financieras. Después de todo, hubo buenas noticias en el cierre del 2022: la economía tuvo un superávit fiscal, la inflación empezó a ceder y la inversión extranjera registró su valor más alto desde el 2015.

Un desafío mayor para la sociedad chilena será el segundo intento por reformar su Constitución. Ahora un comité experto elabora una propuesta que se entregará a una Asamblea que será elegida el próximo 7 de mayo por votación general. En diciembre terminará el proceso con un plebiscito de salida, en el que la ciudadanía aprobará (o no) la nueva Carta Magna. En esta ronda, las voces moderadas tendrán más espacio para concertar un texto renovado que en el primer intento de reforma constitucional.

La migración es un fenómeno complicado para toda la región. En total hay 1.4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 por ciento de la población. En el norte del país se vive una situación compleja por la llegada masiva de personas –la mayoría de nacionalidad venezolana–, que se combina con reclamos xenófobos en pequeñas localidades fronterizas, como Colchane, en el límite con Bolivia.

Hace unos días, el presidente Boric anunció que será una prioridad del Gobierno “proteger la frontera para asegurar una migración regular, segura y ordenada”. También pidió a los Gobiernos de Bolivia y Venezuela que reciban a personas migrantes deportadas por las autoridades chilenas. En este sentido, será importante poner atención a una próxima reunión anunciada para tratar este tema con las autoridades de Chile, México, Argentina, Honduras, Colombia y Bolivia.

El corazón de las propuestas del Gobierno de Boric ha experimentado golpes, ya que no se lograron articular las mayorías necesarias para su aprobación. Hace unos días, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la reforma tributaria que pretendía recaudar un 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto que se preveía para financiar iniciativas como el aumento de la pensión garantizada universal, el incremento de recursos para la atención primaria de salud y la posibilidad de otorgar más citas en los hospitales. Será necesario esperar un año para volver a presentar este cambio fiscal en la Cámara Baja, en tanto que en el Senado no alcanzan los votos que se requieren. Está pendiente ver qué sucederá. Otras modificaciones legislativas importantes son la reforma del futuro de pensiones, la creación de un sistema nacional de salud y la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas.

En la última encuesta de Cadem, Boric registró una popularidad del 35 por ciento. Aparentemente, una de las razones de la falta de apoyo es su inexperiencia. Esto es paradójico, porque una de las cartas fuertes en su candidatura fueron su frescura y una nueva manera de hacer política, además de la distancia que tomó respecto a la izquierda tradicional. En el año que acaba de terminar, Boric ha hecho modificaciones al gabinete para incluir a progresistas experimentados, que inicialmente dejó al margen del gobierno.

La moneda está en el aire en muchos temas, pero en todos serán necesarios el diálogo y la negociación para poder concretar algunos de los cambios que se proponen. Boric habrá de concertar el apoyo de la oposición para avanzar en sus reformas.

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La semana pasada se llevó a cabo la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, que convocó a la mayoría de las naciones del continente, para discutir sobre los grandes problemas que nos aquejan y promover posibles vías para avanzar en el camino de su difícil solución.

La primera de estas cumbres se llevó a cabo en Miami, Florida, en diciembre de 1994, y se enfocó en el libre comercio. Fue el primer encuentro de los países del hemisferio desde 1967, cuando Uruguay recibió a la mayoría de sus líderes. En 1994 los países acordaron iniciar el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas. Casi treinta años después, la integración comercial sigue siendo un tema prioritario, además de la recuperación económica, la desigualdad, el combate al cambio climático, la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de derecho, así como conducir a una movilidad segura y ordenada de las personas.

En esta edición de la Cumbre se adoptaron diferentes compromisos. En su mensaje inaugural, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promovió la constitución de una asociación económica para el hemisferio occidental, centrada en promover la recuperación a partir de los acuerdos comerciales existentes. También se dio a conocer un plan de acción sanitario y de resiliencia para enfrentar de manera conjunta una probable próxima pandemia, incluyendo la capacitación de personal del sector salud.

En términos de medio ambiente se firmaron varios acuerdos que tienen que ver con la protección de los océanos y las energías renovables. Asimismo, se anunciaron apoyos para recuperar la Amazonia, acciones para promover una economía limpia y una mayor movilización de finanzas climáticas. Finalmente, en relación con la transformación digital, las y los líderes se comprometieron en una agenda regional.

Sin duda el tema central, por la importancia que tiene para la comunidad americana, fue la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que busca constituir un enfoque integral para atender la crisis mediante apoyos financieros y acciones para asegurar la movilidad segura y ordenada de personas. En este sentido, se establecieron compromisos en financiamiento para los países de acogida y tránsito, y se definieron varias vías de protección legal en las naciones más desarrolladas del continente o que reciben más migrantes. También se reconoció la necesidad de contar con una gestión de fronteras que facilite el retorno de quienes tienen opción de regresar a sus lugares de origen o residencia, y la urgencia de combatir el tráfico de personas.

Asimismo, México se comprometió a lanzar un programa de cooperación en materia laboral con Guatemala y aumentar las tarjetas de visitante trabajador fronterizo y el número de empleos para personas refugiadas. Adicionalmente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que la iniciativa privada incrementará sus inversiones en Centroamérica para generar más oportunidades de empleo en la región, con énfasis en el empoderamiento de las mujeres.

En el encuentro de la semana pasada se dieron algunos avances modestos. Sin embargo, analistas coinciden en que se cuestionaron los mecanismos utilizados en las Américas para trabajar en conjunto. Queda pendiente reflexionar sobre una reforma al sistema interamericano, las instituciones que deben fortalecerse y cuáles necesitarían replantearse.

Hay muchas lecciones que se pueden retomar: la importancia del diálogo para encontrar soluciones a los grandes problemas comunes y la pertinencia de definir acciones concretas para avanzar en las vías que se van acordando. Al final, fue un trabajo arduo, no sólo de los gobiernos, sino también de grupos de la sociedad civil, jóvenes y empresariado.

La Cumbre debe ser un espacio de comunicación en el que todos los países del continente tengan voz, con un espíritu de equidad y en donde la inclusión sea el principal vehículo para forjar acuerdos regionales. El silencio de los países excluidos impidió confrontar las diferencias y construir sobre ellas.

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Al término de la presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, en Tijuana, Baja California, dijo que es necesario garantizar la libertad.

–¿Cuál es su opinión, le preocupa esta situación?, le preguntaron al senador.

–“Tenemos que tomar calma, todos. El ambiente que está suscitándose no es propicio para nadie”, respondió.

Ricardo Monreal expresó su respeto por las expresiones del Presidente de la República. “Lo conozco bien, es un hombre que actúa en razón de su consciencia. Nunca nos miente, nunca nos ha engañado”.

“Espero que todo recobre tranquilidad, es lo mejor para el país. Que haya un ambiente propicio de tolerancia, de respeto recíproco, para no profundizar diferencias”.

Previamente, durante la presentación de su libro, Ricardo Monreal afirmó que México continuará con el proceso de transformación de sus instituciones. Y superará los problemas que enfrenta, entre ellos el de la inseguridad pública.

Consideró que el Grupo Parlamentario intenta hacer bien las cosas y “no vamos a descansar, porque queremos un marco normativo más justo, para bien del país”.

Falta mucho por hacer y aún existen asignaturas pendientes. Especialmente en materia de seguridad. “Ni alzo las campanas al vuelo ni tampoco me desbordo en el optimismo, no, porque la herencia que recibió el presidente López Obrador es una herencia muy complicada”, dijo.

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Por ello, indicó que en el Senado de la República se llevarán a cabo foros en materia de seguridad, para analizar todo el plan de acción y la estrategia en este rubro, donde participará el Gabinete de Seguridad.

“Tengo confianza en que vamos a lograr estabilizar al país y generar condiciones para recuperar la paz y la tranquilidad en México”, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Aseveró que el principal reto del movimiento es plasmar la Cuarta Transformación en el sistema jurídico normativo, para hacer realidad los propósitos e ideales de Morena y profundizar la transformación de las instituciones.

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