Javier May exige transparencia en contratos de organismos electorales y llama a investigar posibles irregularidades
El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, llamó a los organismos electorales, tanto federales como locales, a fortalecer sus mecanismos de transparencia y permitir que la ciudadanía tenga acceso a la información relacionada con sus procesos de contratación.
El pronunciamiento se da luego de que difundieran señalamientos sobre presuntas irregularidades en adquisiciones y contratos vinculados con instituciones electorales, por lo que el mandatario estatal consideró necesario que estos procedimientos estén sujetos al escrutinio público.
Autonomía electoral no debe limitar la fiscalización
May Rodríguez sostuvo que la autonomía de las autoridades electorales constituye un principio fundamental que debe ser respetado; sin embargo, subrayó que ésta no puede convertirse en un argumento para impedir la fiscalización ni limitar la rendición de cuentas.
En este sentido, pidió que los procedimientos de contratación sean transparentes y accesibles para la ciudadanía, además de garantizar que los recursos públicos destinados a los organismos electorales sean ejercidos de manera honesta y conforme a la normatividad vigente.
El gobernador también respaldó las investigaciones relacionadas con presuntas redes de contrataciones irregulares y planteó la necesidad de determinar quiénes autorizaron dichos procedimientos y quiénes pudieron resultar beneficiados.
Piden esclarecer presuntas contrataciones irregulares
De acuerdo con el posicionamiento difundido por el Gobierno del Estado, las investigaciones dadas a conocer por el Gobierno de México apuntan a posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios relacionados con instituciones electorales durante un periodo de más de 27 años.
Según la información referida en el posicionamiento, se trataría de operaciones millonarias en las que determinadas empresas habrían concentrado adjudicaciones. Tan solo entre 2015 y 2025, se señala, empresas vinculadas con un mismo grupo de particulares habrían recibido contratos por más de 2 mil 740.3 millones de pesos.
El gobierno estatal también relacionó estos señalamientos con las gestiones y vínculos de figuras como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo y Guadalupe Acosta Naranjo.
Ante este escenario, May Rodríguez consideró indispensable esclarecer los hechos y aplicar la ley sin distinciones, independientemente del cargo o filiación política de las personas que pudieran estar involucradas.
Llaman a llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias
El mandatario estatal sostuvo que las presuntas irregularidades no deben quedar impunes y destacó que ninguna institución pública debe convertirse en un espacio para privilegios o prácticas ajenas a la transparencia.
“Estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Ninguna institución pública puede convertirse en espacio para los privilegios o la simulación, y menos aún cuando está de por medio los recursos del pueblo de México”, afirmó en el posicionamiento del Gobierno del Estado.
Asimismo, reiteró que la autonomía de los órganos electorales debe preservarse, pero no puede utilizarse como argumento para evadir los mecanismos de fiscalización o encubrir posibles actos de corrupción.
Incluyen al IEPCT en llamado a transparentar contratos
El llamado del Gobierno del Estado también alcanzó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), al que pidió fortalecer sus mecanismos de transparencia y hacer públicos sus procedimientos de contratación.
La administración estatal planteó que las autoridades electorales deben garantizar un manejo honesto y transparente de los recursos públicos, al considerar que la rendición de cuentas contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
“Estas investigaciones sobre redes de corrupción de ninguna manera afectan la certeza de nuestro sistema democrático. Por el contrario, esclarecer la verdad fortalece a las instituciones y garantiza que la voluntad popular sea respetada”, agregó.
Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró su postura de que la transformación de las instituciones públicas requiere combatir la corrupción y garantizar que la aplicación de la ley se realice sin excepciones.
“En el Gobierno del Pueblo tenemos la convicción de que la transformación exige erradicar la corrupción. Que se conozca la verdad y que se aplique la ley sin excepciones”, concluyó el posicionamiento.
