Luego de un largo proceso constituyente, el pasado 4 de julio las personas encargadas de redactar la posible nueva Carta Magna de Chile hicieron la entrega formal de la propuesta de documento. El encargado de recibirla fue el presidente Gabriel Boric, quien llegó a ese cargo impulsado por el mismo movimiento de protestas de 2019 que, en buena parte, produjo la redacción de ese texto normativo.
Desde hace varios años en ese país se han reportado intensas manifestaciones sociales. En 2019, en el marco de otros levantamientos populares alrededor del mundo, las protestas en el país sudamericano se convirtieron en un fenómeno masivo con amplia participación de diversos sectores de la población.
Desde cierta perspectiva, Chile fue percibido durante un buen tiempo como un país en donde las políticas neoliberales fueron exitosas. Analistas relatan cómo liderazgos de derecha en Latinoamérica elogiaron el modelo privatizador en esa nación y lo utilizaron como ejemplo para sus propias políticas.
Sin embargo, las protestas de 2019 rompieron con tal mito y el sistema chileno fue cuestionado por su propia población. Desde la educación privatizada hasta el desempleo, sobre todo para las personas más jóvenes, fueron puntos clave para desmontar aquella imagen.
A pesar de ser una de las naciones más abiertas a nivel comercial, dado que cuenta con tratados de libre comercio con 64 países, que en su totalidad representan el 90 por ciento del Producto Interno Bruto del mundo, el crecimiento no ha sido uniforme.
La política pública que dejó de lado el beneficio general y favoreció a las élites llevó al estallido colectivo. La población cuestionó su organización actual y clamó por un nuevo pacto social con mayor justicia.
En medio de la pandemia de COVID-19 y del recrudecimiento de las protestas en Chile, el 25 de octubre de 2020 se llevó a cabo un plebiscito nacional para que la población decidiera si se iniciaba o no un proceso constituyente para la redacción de un nuevo pacto social. El resultado fue claro y determinante, pues la ciudadanía chilena votó con casi un 80 por ciento a favor.
Aunque en este momento el respaldo al proyecto constitucional ya no es positivo, las protestas en Chile siguen siendo un gran ejemplo de lo que la población puede lograr en las calles.
Su impacto fue tal que, incluso si se rechaza la propuesta de nueva Constitución en septiembre próximo, el proceso de renovación continuará. Entre otros liderazgos de diferentes sectores, incluidos la izquierda, el presidente Boric ya adelantó que, si el proyecto no se acepta, tiene que haber otro.
La huella dejada por los movimientos populares de 2019 que impulsaron un proceso de diálogo nacional hará imposible que el estado de las cosas vuelva a su situación anterior.
Desde México nos mantenemos al tanto del proceso y enviamos nuestros mejores deseos para que la voluntad ciudadana de emprender un proceso político de justicia social, demandado en las calles, concluya con éxito.
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