Aún se recuerda los tiempos en que gobernó en Tabasco, el corrupto Arturo Núñez Jiménez, (2013- 2018) donde hizo y deshizo en contra del pueblo de Tabasco, quiénes en su campaña le otorgaron el voto de confianza pero luego en su administración se perdió y se ganó el repudio del pueblo, hasta el último día, con su vestimenta gubernamental.

Los trabajadores estatales no olvidan el año del 2015, cuando la Cámara de Diputados,(LXI. 61 legislatura, 2013- 2015) y LXII. 62. Legislatura, 2015- 2018) aprobaron una iniciativa nefasta del ejecutivo estatal, el perredista neoliberal Arturo Núñez Jiménez, la famosa nueva ley del (ISSET), una violación a los derechos laborales y humanos hasta nuestros tiempos, 2026, en la cual miles de trabajadores entre ellos el magisterio, se vieron obligados a ampararse para no pagar cuotas al instituto del 16 por ciento y continuar con el 8 por ciento, así mismo impedir jubilaciones con 5 años de más, es decir mujeres que antes se jubilaron con 25 años de antigüedad pasaron a 30 y hombres de 30 años de antigüedad, pasaron a 35 para poderse jubilarse, siendo una violación directa a sus derechos laborales, pero la iniciativa del ejecutivo en ese entonces se aprobó contundentemente.

En 2025, La suprema corté de Justicia de la Nación, (SCJN),  sesionó el caso de Tabasco, mandando puntos que tenían que resolver de manera urgente, la cámara de Diputados actuales,( LXV. 65 legislatura) sin embargo no se sesionó responsablemente y se dejaron puntos que siguen estando en contra de los trabajadores estatales, como los años de jubilación, quienes quedaban en la vieja ley del Isset y quienes en la nueva ley del Isset, entre otros puntos importantes dentro de la misma materia.

Así mismo el congreso del Estado está y se ve obligado a que el decreto de la presidenta de la república Dr. Claudia Sheimbaun Pardo, en cuanto al ISSSTE, sea similar en cuanto a los años de jubilación, por eso la Suprema Corté, estará muy pendiente en el desarrollo del mismo.

Que tienen que trabajar los Diputados en Tabasco.

1._ Revisar la ley del isset y compararla con el nuevo marco federal del ISSSTE.

2._ Armonizar la legislación Estatal. Decidir si se reducen la edad de jubilación a 55 años para trabajadores estatales.

3._Analizar impacto presupuestal. Calcular cuánto costaría al erario tabasqueño adelantar jubilaciones.

4._ Garantizar igualdad. Evitar que trabajadores estatales queden en desventaja  frente a los federales.

5._ Cumplir mandatos  Judiciales.  Si la SCJN, ordena ajustes deben legislar en consecuencia.

Siendo así que la Suprema Corté, (SCJN), puede sancionar a los diputados si ignoran resoluciones Judiciales o aprueban leyes contrarias a la Constitución. El requerimiento de listas al ISSET, busca datos objetivos para decidir si las normas locales deben alinearse con el decreto federal. Los diputados tienen la tarea de armonizar la ley estatal, garantízar derechos y preveer el impacto financiero.

Interesante será el desarrollo del mismo porque tienen diez días para resolver la situación, y estarán seguramente presionados porque trataran de impedir las sanciones, que podrían incluso costarle la renuncia en la Cámara de Diputados.

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Con el 93.44% de las actas computadas, Aguilar Ortiz acumula el 5.23% de los votos, lo que representa aproximadamente 4.9 millones de sufragios, seguido de cerca por Lenia Batres Guadarrama, quien registra el 4.97%, equivalente a 4.7 millones de votos.

Taddei Zavala recordó que, de acuerdo con la reforma al artículo 94 constitucional, la presidencia de la Suprema Corte será ocupada por la persona que obtenga la mayor cantidad de votos en las urnas.

“La propia reforma quedó clarísima, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros dos años”, afirmó la consejera presidenta, quien también subrayó que no hay margen para la interpretación sobre este punto.

Desde el pasado 1 de junio, el INE dio inicio al cómputo oficial de la elección judicial, en la que se definirá a los nueve nuevos integrantes del pleno de la SCJN, incluido su próximo presidente o presidenta. Taddei señaló que el proceso ha sido observado por organismos electorales y ciudadanía acreditada, quienes vigilan la transparencia del conteo.

El INE continúa con el procesamiento de actas y, una vez finalizado el cómputo, se entregarán las constancias de mayoría a los candidatos electos.

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La declaración de la magistrada se produce en un contexto de tensión entre los poderes judiciales, especialmente ante el debate sobre los límites de competencia entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, Soto Fregoso negó que exista una disputa con la Corte, señalando que esta última solo tiene facultad para conocer acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, sin que ello implique una relación de jerarquía.

“Responderemos siempre con la verdad y con la Constitución en la mano. La impartición de justicia por parte del Tribunal Electoral siempre se ha hecho con total e indudable apego a derecho, respetando los cauces institucionales”, afirmó Soto Fregoso, haciendo un llamado a la unidad dentro del TEPJF y reiterando su compromiso con la legalidad.

Tribunal Electoral defiende su independencia y rechaza intromisiones

En este mismo foro, el magistrado Felipe Fuentes Barrera enfatizó que, en materia electoral, no proceden las suspensiones otorgadas por Tribunales de Amparo, al considerar que estas resoluciones carecen de competencia constitucional. Advirtió que una interferencia indebida podría representar un riesgo para la soberanía popular.

“No podemos permitir que resoluciones viciadas de origen anulen la participación de la ciudadanía para elegir a sus autoridades. De ser así, se generaría un verdadero golpe a la voluntad popular”, subrayó Fuentes Barrera.

De cara a los comicios del próximo 1 de junio, el magistrado aseguró que el proceso electoral se desarrollará con autenticidad, equidad y transparencia, garantizando la legitimidad de los resultados y rechazando cualquier práctica desleal o interferencia externa.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fueron invitados al acto conmemorativo por el 118 aniversario de la promulgación de la Constitución.

El evento, que se realizará este miércoles en el Teatro de la República en Querétaro, contará únicamente con la presencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

“No, no está invitada, la Corte no está invitada, va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre la ausencia del máximo tribunal. Al pedirle una razón, la mandataria afirmó: “Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia. Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro”.

“Pedimos respeto” en el marco conmemotivo de la Constitución, Sheinbaum

Sheinbaum sugirió que la decisión responde a la postura que ha mantenido la mayoría de los ministros en sus resoluciones recientes. “¿Qué es lo que ha estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte?”, planteó.

Además, destacó que la ceremonia “es totalmente republicana”, lo que, a su parecer, justifica la ausencia del Poder Judicial. “Únicamente estarán presentes los poderes Ejecutivo y Legislativo, que sí han respetado la Constitución”, concluyó.

La exclusión de la SCJN de este evento emblemático marca un nuevo episodio en la relación entre el gobierno de Sheinbaum y el Poder Judicial, en un contexto en el que la reforma judicial sigue siendo un tema clave en la agenda política del país.

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El incidente ocurrió durante la selección de aspirantes para el décimo circuito de Yucatán en materia mixta. La comisionada Maribel Méndez presentó una lista que no coincidía con la de su homóloga Maday Merino Damián, lo que llevó a la solicitud de un receso para verificar la información.

“Voy a solicitar que hagamos un receso para revisar, porque tenemos aquí la lista publicada en la página y es la que se está filtrando aquí”, señaló Merino Damián, insistiendo en la necesidad de corroborar los datos.

Por su parte, Méndez aseguró que su documento correspondía a la lista oficial y abogó por continuar con el procedimiento. Sin embargo, tras la insistencia de Merino Damián, se concedió el receso, lo que retrasó la jornada durante aproximadamente hora y media.

Retraso en insaculación de aspirantes judiciales marca el inicio de actividades del Comité de Evaluación

Una vez resuelta la situación, el proceso de insaculación se reanudó sin mayores contratiempos. Para las 15:00 horas, se había completado la selección de más de la mitad de los 2,332 aspirantes registrados, con más de 1,000 insaculados en esta primera etapa.

El Comité de Evaluación determinó continuar con las siguientes fases del proceso el lunes a las 9:00 horas, cuando se elegirán aspirantes a magistrados. Posteriormente, el martes, se llevará a cabo la insaculación de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este proceso es clave en la renovación del Poder Judicial y marcará el rumbo de la justicia en México en los próximos años.

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Críticas a la incongruencia del Poder Judicial

Durante su conferencia diaria, Sheinbaum cuestionó la lógica detrás de las acciones del Poder Judicial. “Abren la convocatoria, nombran su comité y ponen reglas; y, a la mitad del proceso, lo cierran. Eso es incongruente y afecta la confianza en las instituciones”, señaló.

La mandataria hizo un llamado al TEPJF para que garantice los derechos de los aspirantes inscritos en el proceso, destacando que es indispensable protegerlos frente a estas decisiones que, según ella, vulneran la legalidad y generan incertidumbre en el sistema judicial.

Conflicto de competencias: TEPJF vs. SCJN

El problema surgió luego de que el Comité de Evaluación, encargado de supervisar las elecciones internas del Poder Judicial, enfrentara una suspensión dictada por un juez federal en Michoacán. En contraste, el TEPJF ordenó que las actividades del comité se reanudaran de inmediato, estableciendo un plazo de 24 horas para ello.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no acatar la instrucción del tribunal electoral, argumentando un conflicto entre las disposiciones judiciales. Ante esta situación, Sheinbaum respaldó la postura del TEPJF, afirmando que su sentencia está alineada con la Constitución.

Sheinbaum exige respeto al proceso electoral del Poder Judicial y critica bloqueos internos

Optimismo sobre el futuro del Poder Judicial

En un mensaje esperanzador, Sheinbaum destacó que algunos de los ministros que han frenado el proceso electoral dejarán sus cargos en agosto, lo que, según ella, podría abrir la puerta a una transformación significativa dentro del Poder Judicial.

“Confío en que el próximo proceso sea una oportunidad para fortalecer la democracia al interior de las instituciones judiciales. Este es un compromiso que debemos garantizar”, enfatizó.

Un llamado al respeto por la Constitución

Sheinbaum reiteró que la elección judicial programada para el 1 de junio debe realizarse conforme a lo establecido en la Constitución, a pesar de los obstáculos actuales. “El mensaje debe quedar claro: la elección al interior del Poder Judicial se va a realizar porque así lo marca la Constitución”, puntualizó.

Fortalecimiento democrático como eje central

La presidenta subrayó la importancia de un Poder Judicial sólido y transparente como pilar para el desarrollo democrático de México. Enfatizó que su administración continuará trabajando para garantizar que los procesos internos de todas las instituciones del país se lleven a cabo de manera legal y respetuosa de los derechos de los ciudadanos.

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El contexto del enfrentamiento

Sheinbaum recordó los tres intentos previos de la SCJN por frenar la elección judicial, acciones que calificó como parte de una estrategia para mantener el control del Poder Judicial y evitar la transformación que propone su administración.

La denuncia de Sheinbaum se dio tras una reunión clave entre su consejera jurídica, Ernestina Godoy; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. Según la mandataria, el objetivo del encuentro era abordar la falta de recursos que, asegura, la Corte utiliza como pretexto para justificar posibles recortes salariales en el Poder Judicial.

“El dinero alcanza si los altos funcionarios se bajan el sueldo”

Sheinbaum reiteró su postura respecto al presupuesto del Poder Judicial: no habrá más recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda. En cambio, instó a la ministra Piña y a los altos funcionarios de la Corte a ajustar sus salarios y a utilizar de manera eficiente los fondos disponibles.

“El presupuesto aprobado para este año es suficiente para no afectar los sueldos de trabajadores de mediano y bajo nivel. Los recortes deben aplicarse en los altos mandos”, enfatizó.

Además, pidió que se transparenten y liberen los más de 15 mil millones de pesos que aún permanecen en fideicomisos administrados por el Poder Judicial. Según Sheinbaum, estos recursos deberían ser utilizados para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial y no para sostener privilegios.

Sheinbaum critica a la SCJN de intentar frenar la elección judicial y exige transparencia en recursos

La creación de mesas de diálogo

En un intento por buscar soluciones, Sheinbaum confirmó que se acordó la instalación de mesas de trabajo entre representantes del Ejecutivo y la SCJN. Estas mesas tienen como objetivo encontrar acuerdos que permitan avanzar en el proceso electoral y resolver las tensiones presupuestarias.

Una disputa de fondo

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y la SCJN ha escalado en los últimos meses, reflejando una lucha de poder en torno al control del sistema judicial. Mientras la administración de Sheinbaum promueve una transformación que incluye la elección popular de jueces y magistrados, la SCJN ha cuestionado la constitucionalidad de estas propuestas.

Finalmente, vale reiterar que, la confrontación entre Claudia Sheinbaum y la Suprema Corte de Justicia pone de manifiesto las tensiones entre los poderes del Estado en México. Con la fecha de la elección judicial acercándose, el desenlace de este enfrentamiento podría marcar un precedente en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el país.

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El encuentro fue encabezado por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, y contó con la participación de los ministros Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Por parte del Ejecutivo, estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

Impacto del recorte presupuestal y el destino de los fideicomisos

La reunión abordó la reducción del 12% al presupuesto del PJF, aprobado por la Cámara de Diputados, que ha generado preocupación entre los trabajadores judiciales. Este recorte afecta directamente prestaciones laborales y salarios, motivo de recientes movilizaciones y amenazas de paro por parte del personal del PJF.

En este contexto, la SCJN presentó una solicitud de ampliación presupuestal para 2025, amparada en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial de 2023. El objetivo es garantizar los derechos laborales de los empleados y evitar afectaciones derivadas de la extinción de fideicomisos, cuyos recursos ascienden a más de 10 mil millones de pesos.

Según datos de la SCJN, hasta enero de 2024, seis fideicomisos concentraban 6 mil 241.9 millones de pesos, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) administraba cuatro fondos adicionales por 10 mil 260 millones de pesos. A esto se suma un fideicomiso del Tribunal Electoral del PJF con 18.2 millones de pesos.

SCJN y SEGOB diálogo para salvaguardar derechos laborales en el Poder Judicial

Compromiso federal y pasos a seguir

El gobierno federal se comprometió a analizar la solicitud de ampliación presupuestal, enfatizando la necesidad de evitar que los ajustes financieros afecten los derechos de los trabajadores. Como contraparte, la SCJN accedió a establecer una mesa de trabajo con representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y Nacional Financiera (Nafin), con el propósito de explorar alternativas para la administración de los recursos restantes de los fideicomisos.

Suspensión del Comité de Evaluación del PJF

Otro de los puntos abordados fue la paralización de los trabajos del Comité de Evaluación del PJF, aunque no se detallaron acuerdos específicos sobre este tema. La continuidad de las labores del comité es clave para la revisión de los impactos de las reformas y el diseño de estrategias administrativas para el Poder Judicial.

Un diálogo clave en tiempos de transformación

La instalación de la mesa de trabajo representa un esfuerzo por tender puentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en un contexto marcado por la reforma judicial y sus implicaciones financieras. Este diálogo es esencial para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del PJF y asegurar que la justicia en México se ejerza sin interrupciones.

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El gobernador Alfonso Durazo fue el encargado de tomarle protesta en una ceremonia que marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión jurídica estatal. Piñeda Taddei sucede en el cargo a Adriel Córdova Pimentel, quien fue designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Un perfil joven, pero polémico

Con 32 años, Piñeda Taddei cuenta con estudios en derecho por la Universidad del Valle de México y en negocios internacionales por la Universidad de Sonora. Antes de este nombramiento, desempeñó funciones como secretario auxiliar en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un puesto que lo colocó en el centro de controversias políticas.

En septiembre de 2024, se reveló que su sueldo en la SCJN superaba los 80 mil pesos mensuales, lo que generó críticas en redes sociales y sectores políticos, particularmente porque su ingreso coincidió con el debate sobre la reforma al Poder Judicial que propone la elección popular de jueces y magistrados, un proceso que será organizado por el INE, encabezado por su madre.

Además, EMEEQUIS documentó inconsistencias en su nombramiento en la SCJN, alegando que no cumplía con todos los requisitos para el puesto. La Corte respondió que su contratación fue cancelada debido a la falta de entrega de documentos necesarios.

Luis Rogelio Piñeda Taddei: Nuevo titular de la Consejería Jurídica en Sonora, entre cuestionamientos y retos

El papel de Piñeda Taddei en el gobierno de Sonora

El gobernador Durazo resaltó la juventud y preparación de Piñeda Taddei como elementos clave para asumir la Consejería Jurídica. Sin embargo, su nombramiento no ha estado exento de interpretaciones políticas, dadas sus conexiones familiares y su paso por la SCJN en un contexto de transformación judicial.

La Consejería Jurídica será clave en la implementación de reformas estatales y en la defensa legal del gobierno ante posibles controversias constitucionales, un reto significativo para Piñeda Taddei, considerando el escrutinio que ha acompañado su trayectoria.

Críticas por nepotismo y la sombra de la reforma judicial

Analistas han señalado que el caso de Piñeda Taddei refleja la complejidad de las relaciones entre instituciones clave en el país y las posibles percepciones de nepotismo en el contexto de la Cuarta Transformación. Las acusaciones de conflicto de interés resurgen en momentos críticos, como la cercanía de la elección judicial prevista para junio de 2025.

Mientras tanto, su desempeño en el gobierno de Sonora será observado de cerca, tanto por sus detractores como por quienes ven en él una oportunidad para renovar el enfoque jurídico del estado.

Con este nombramiento, el gobernador Durazo reafirma su confianza en una nueva generación de cuadros políticos, pero los retos para Piñeda Taddei apenas comienzan, especialmente bajo la lupa pública y mediática.

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Las Reformas a la Ley ISSET de Tabasco y su Invalidación

La SCJN declaró inválidas varias de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, conocidas también como Ley ISSET, reformada en 2015. Entre los artículos afectados están aquellos que violaban principios de certeza y seguridad jurídica, lo cual dejó a muchos trabajadores en una situación de incertidumbre respecto a sus pensiones y otros derechos.

Principales Disposiciones de la Ley ISSET Invalidadas por la SCJN

El fallo de la SCJN destacó varios puntos cruciales que afectan directamente a los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). Entre las disposiciones invalidadas están las siguientes:

Artículo 6, fracción VII: Requería que el asegurado incrementara su cuota de sueldo base para incluir a sus padres como beneficiarios. Este pago adicional, según la SCJN, debía estar regulado por ley y no por un reglamento, lo cual violaba el principio de certeza y seguridad jurídica. “Para el caso de la prestación médica, el asegurado deberá convenir con el ISSET, el incremento de la cuota de su sueldo base en un porcentaje adicional, mismo que será establecido en el Reglamento de la LSSET”.

Artículo 8º transitorio del Decreto 294: Establecía que aquellos trabajadores que no cumplían con todos los requisitos de la ley anterior debían apegarse a las nuevas disposiciones. Esto vulneraba los derechos de los trabajadores que habían cotizado durante la mayor parte de su vida bajo la ley abrogada.

Artículo 76: Exigía que los asegurados liquidaran todos sus adeudos con el ISSET (créditos de corto o mediano plazo), a excepción de los créditos hipotecarios, para poder tramitar o disfrutar de su pensión. La SCJN determinó que esto violaba el derecho a la seguridad social porque un adeudo no puede ser una limitación para efectuar trámite alguno ante el ISSET, ya que el cobro de tales créditos no corresponde a los trabajadores, sino a los entes públicos a través de descuentos quincenales y otros mecanismos.

El artículo 23, fracción XII, preveía una atribución de la Junta de Gobierno del ISSET para autorizar que las cuotas y aportaciones fueran destinadas para prestaciones distintas de aquellas para las que fueron recaudadas.

El Pleno destacó que la propia Ley ISSET prevé una distribución específica de los recursos recaudados por concepto de cuotas y aportaciones, a través de la integración de fondos, con los cuales se deben financiar las prestaciones. Así, la señalada atribución impedía que tales cuotas y aportaciones se utilizaran para los fines constitucional y legalmente establecidos.

El artículo 30, fracción V, en su porción “pensiones caídas”, se disponía que formaría parte del patrimonio del ISSET, el importe de las pensiones caídas que prescribieran a favor del Instituto.

Lo anterior hacía incierto el derecho de una persona que cumpliera con los requisitos para obtener una pensión, de obtener los montos generados a partir de ese instante, e incluso, el de una persona que ya disfrutara de una pensión y no recibiera el pago por cualquier circunstancia.

Impacto en los Trabajadores

El artículo 130, párrafo segundo, prohibía los pagos retroactivos de pensiones, lo que afectaba directamente a los derechos de los pensionados que no recibieron sus pagos en tiempo y forma. Esto, porque implicaba que una persona que cumplió con los requisitos para obtener una pensión y realizó una solicitud, vería perdido el derecho a obtener los montos generados entre el momento en que presentó tal solicitud y la determinación y materialización del pago. Igual situación podría darse en el caso de que derivado de un litigio se reconociera ese derecho, e incluso, cuando por alguna circunstancia el Instituto no pagara algún monto de la pensión. Todo lo anterior violaba el derecho a la seguridad social.

El artículo 2, último párrafo, excluía de los beneficios de la ley a los trabajadores eventuales, a los cuales solo les otorgaba servicio médico.

Ello, porque los trabajadores eventuales deben acceder a la seguridad social en igualdad de condiciones que los asalariados y permanentes, sin distinción de los seguros que comprende el régimen obligatorio, así como de los servicios y prestaciones que se regulen, a fin de que se logre el acceso efectivo de estos trabajadores al sistema de seguridad social.

Ajustes Necesarios en la Ley ISSET

El Pleno determinó que la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de la sentencia al Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

Además, por lo que hace a la declaratoria de invalidez del artículo octavo transitorio del Decreto 294, La Corte determinó que no le corresponde definir quiénes tienen legítimas expectativas, esto es, cuánto tiempo ha de transcurrir para que las meras expectativas de derechos sean legítimas.

El Congreso de Tabasco deberá trabajar para proteger los derechos de los trabajadores en lo que respecta a la seguridad social y garantizar que las reformas futuras respeten los principios constitucionales establecidos por la SCJN. Uno de los retos principales será garantizar que las nuevas leyes no afecten negativamente a quienes llevan años cotizando bajo el régimen anterior.

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