ANTONIO CARRERA

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) adjudicó a Supervisión Técnica del Norte, S.A. de C.V. un contrato de arrendamiento vehicular por dos años, pese a que su propuesta económica fue la más alta de la licitación.

El fallo, publicado el 15 de agosto, otorgó a la firma la partida más grande —250 camionetas pick-up doble cabina— por 150 millones 299 mil 25 pesos, 56 millones más que la oferta más baja.

La decisión ha levantado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos. De las cinco empresas participantes, Integra Arrenda presentó la mejor propuesta económica, por 94 millones 177 mil 500 pesos, y cumplió con los requisitos solicitados, pero fue descalificada.

El contrato incluyó también 30 vehículos sedán y un sistema de monitoreo en tiempo real, dentro de un rango presupuestal de entre 95.9 y 239.7 millones de pesos.

Al entregar la licitación a la oferta más alta, el instituto, a cargo de Elizabeth Mar Juárez, está contraviniendo las disposiciones sobre el aprovechamiento de los recursos del Estado, fundamentales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable.

El fallo se produjo tras una serie de aplazamientos. Originalmente estaba previsto para el 29 de julio, pero se reprogramó en dos ocasiones: primero para el 1 de agosto y luego para el 8 del mismo mes. Finalmente se publicó este 15 de agosto.

Ante ello, los participantes preparan una serie de recursos de inconformidad ante el Órgano Interno de Control, con el fin de solicitar su revisión y buscar la anulación o modificación del fallo.

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Luis Antonio García Calderón, responsable del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue denunciado por su presunta injerencia directa en el fallo de una licitación pública para contratar servicios de limpieza, higiene y desinfección en instalaciones médicas y administrativas del instituto.

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó la denuncia ante el director de Denuncias y Atención Ciudadana “A” del ISSSTE, Martín Rubio Millán. En el documento, la organización solicita una investigación sobre la actuación del titular del OIC y de dos funcionarias del Área de Responsabilidades, acusadas de intervenir de forma irregular en la resolución del recurso de inconformidad 006/2025.

De acuerdo con el expediente, el 21 de julio, el OIC resolvió un “incidente por defecto” y ordenó considerar económicamente solvente a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales Pese a que el fallo debía limitarse a corregir omisiones en la evaluación económica, el OIC instruyó beneficiar a dicha empresa y prohibió cualquier revisión adicional en los aspectos legales o técnicos. La resolución incluyó una advertencia de sanción a los funcionarios que desacataran la orden.

La propuesta de Armot había sido previamente desechada con base en el numeral 10.15, inciso L, de las bases de la licitación, que establece el rechazo de ofertas con “información que cause confusión, incertidumbre o contradicciones respecto al cumplimiento del servicio”.

La intervención del OIC no solo invadió las facultades de la entidad contratante el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, sino que afectó los derechos de las empresas competidoras. Entre ellas, Ocram Seyer, S.A. de C.V., en conjunto con Wilk S. de R.L. de C.V., que había recibido la adjudicación original el 12 de febrero al presentar una propuesta que cumplía con los criterios técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.

La denuncia detalla que la empresa favorecida alcanzó una calificación técnica de 59 puntos sobre 60, pese a presentar documentación presuntamente incompleta. Entre las irregularidades observadas, se incluyen la falta de estados financieros completos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y el uso de facturas canceladas como respaldo de su capacidad técnica y de equipamiento.

El OIC determinó no revisar ni modificar estos elementos al resolver el recurso de inconformidad, lo cual, según ACUEC, impidió a la entidad convocante ejercer una evaluación integral del proceso.

El documento también señala a Janet Citlali Ramírez Estela y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, integrantes del Área de Responsabilidades del OIC, por omitir su deber de actuar ante las inconsistencias detectadas. La organización exige una revisión de su situación patrimonial.

La denuncia señala que, al involucrarse en decisiones que no le correspondían, Luis Antonio García Calderón dejó su papel como autoridad supervisora para favorecer directamente a una empresa, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.

Cabe señalar, que Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, SA de CV, es prácticamente una empresa de recién creación, 21 de junio de 2022, constituida en Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las presuntas socias o accionistas: Jessika Ivonne Velázquez Flores y María Susana López Hernández; y el administrador único de la empresa es Fernando Porfirio Lorenzo Vázquez, un exfuncionario de FONATUR y del DIF de la Ciudad de México, relacionado con la adjudicación de contratos de limpieza en las dependencias por donde ha pasado, y hoy a través de presuntamente usar prestanombre decidió hacer su propia empresa para llevarse una rebanada grande del pastel presupuestario.

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De acuerdo con información publicada por Proceso, esta licitación —registrada bajo el número LA-50-GYR-050GYR014-N-142-2025— habría sido promovida por José Manuel Escobedo Venegas, quien anteriormente se desempeñó como titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Zacatecas.

Aunque actualmente no ocupa un cargo oficial, el medio señala que aún mantiene injerencia informal en la delegación Veracruz Norte.

Según lo documentado, Escobedo Venegas estableció bases de licitación que habrían favorecido a la marca Lexmark durante su gestión en Zacatecas. Este modelo de adjudicación, restringido a una sola marca, habría impedido la entrada de otras propuestas comerciales, reproduciendo un patrón en licitaciones de al menos 14 delegaciones más del IMSS en lo que va de 2025.

En estados como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Sur y Yucatán, las adjudicaciones para consumibles de impresión han recaído de forma constante en distribuidores de Lexmark, con precios que superan el doble de los que podrían conseguirse mediante acuerdos multilaterales o licitaciones abiertas, indica Proceso.

Las actas de fallo consultadas por el medio muestran que los precios por cartucho se han mantenido entre 7 mil y 8 mil pesos, pese a que otras marcas podrían ofrecer el mismo producto en un rango promedio de 4 mil pesos, según fuentes internas.

Entre las compañías que han obtenido adjudicaciones recurrentes para el suministro de estos productos destacan Valmar Digitalmicro, Ofivillanely, Grupo Paliba, Cibertoner y TCA Empresarial, todas con antecedentes de contratos en diferentes delegaciones del IMSS.

El calendario de esta nueva licitación en Veracruz Norte contempla la junta de aclaraciones para el 15 de mayo, la recepción de propuestas el 22 de mayo, y la emisión del fallo el 28 de mayo.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación tras la denuncia presentada el 18 de marzo por Gerardo López Ramírez, apoderado legal de la empresa Centrum Primotoria Internacional, contra varios funcionarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

La acusación se refiere a presuntos actos de corrupción y el uso ilícito de atribuciones y facultades en el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN/ISSEMYM/025/2025.

La licitación, celebrada el 7 de marzo de 2025, tenía como objetivo contratar servicios de pruebas de laboratorio para 22 hospitales del ISSEMYM. En la misma participaron las empresas Centrum, Instrumentos y Equipos Falcon SA de CV, empresas regiomontona ligada a los hermanos Rodolfo, Rolando, Héctor Hugo y Noé Ramírez Garza, asi como a Remigio Benavides Chapa y Salvador Zamora Salazar, y Arquina SA de CV, que preside Efraín Hendy Chayo (Distribuidora Médica Hendy SA de CV); sin embargo, el ISSEMYM adjudicó el contrato a Falcon y Arquina, cuya propuesta ascendió a 192 millones de pesos, 73 millones de pesos más que la oferta de Centrum, que fue de 119 millones de pesos. Este sobrecosto, equivalente a un 61% más, es el núcleo de la denuncia por presuntas irregularidades.

El delito por el cual se inició la investigación está contemplado en el artículo 340, fracción I, inciso b del Código Penal del Estado de México, ya que se alega que esta adjudicación afecta al patrimonio del ISSEMYM y sus derechohabientes. La denuncia incluye a Alfonso Rodríguez Manzanedo, director de Administración y Finanzas del ISSEMYM, quien emitió el fallo que favoreció a las empresas con sobrecostos; Marisol Villagrán Hernández, titular de la Dirección de Control del ISSEMYM, quien presidió el proceso de adjudicación; y la titular de la Dirección de Gestión y Control del ISSEMYM, quien emitió el oficio 207C0401430000L/DGC/0847/2025, señalando erróneamente que Centrum no cumplía con los requisitos solicitados.

Este caso se suma a las quejas y denuncias previas sobre irregularidades en la licitación y sobre el accionar de varios funcionarios del ISSEMYM en el manejo de licitaciones públicas. Además, se ha informado que Centrum ha presentado denuncias similares en otras partes del país relacionadas con prácticas irregulares en procesos licitatorios, y que Alfonso Rodríguez Manzanedo ha sido vinculado en situaciones anteriores que habrían favorecido a proveedores con sobrecostos.

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