La acción se dio luego de los hechos ocurridos el domingo 22 de febrero, cuando dos vehículos irrumpieron en el centro penitenciario estatal y facilitaron la evasión de 23 personas privadas de la libertad.

Activan protocolos y refuerzan búsqueda

Tras la fuga, autoridades federales y estatales pusieron en marcha un operativo interinstitucional que incluyó el despliegue de personal en campo, así como trabajos de inteligencia, análisis de información y seguimiento de posibles rutas de escape.

Como parte de las estrategias implementadas, se generaron fichas de búsqueda, se emitieron alertas a distintas corporaciones y autoridades migratorias, y se fortaleció la coordinación con instancias locales para ubicar puntos de interés y posibles sitios de resguardo.

Detenciones en El Colorado

Derivado de estas labores, los cuatro hombres fueron localizados y asegurados en la localidad de El Colorado, en el municipio de Puerto Vallarta. La captura se realizó sin que se reportaran incidentes adicionales.

A los detenidos se les notificaron sus derechos conforme a la ley y posteriormente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica.

Continúan operativos en Jalisco

Las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener activos los operativos de búsqueda y reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de localizar a las demás personas que permanecen prófugas y salvaguardar la seguridad en la región.

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Arribo del buque ARM “Usumacinta” de la Armada a Puerto Vallarta

El despliegue se realizó a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412), el cual atracó en el muelle número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Puerto Vallarta.

En total, arribaron 103 elementos de Infantería de Marina, acompañados de vehículos tipo pick up, con la misión de fortalecer la presencia operativa ante los recientes hechos registrados contra comercios, establecimientos y bienes materiales en distintas colonias del municipio.

Capacidad operativa y misión estratégica

El ARM “Usumacinta”, adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico con sede en Manzanillo, Colima, tiene como función principal el transporte marítimo militar para el cumplimiento de las tareas encomendadas.

La embarcación cuenta con capacidad para trasladar hasta dos compañías anfibias de Infantería de Marina con su equipo táctico y armamento orgánico, 18 vehículos de asalto anfibio y hasta 2,000 toneladas de carga en su cubierta de tanques. Además, dispone de cubierta de vuelo con infraestructura para la operación y recepción de helicópteros, lo que le permite fungir como plataforma logística en apoyo tanto a unidades operativas como a la población civil en casos de emergencia o desastre.

Operativos coordinados en mar, aire y tierra

De manera paralela, el Mando Naval ha desplegado personal, embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres para realizar recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre, con el propósito de contribuir al restablecimiento del orden y la seguridad.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para mantener el Estado de derecho en mar, aire y tierra, en beneficio de la ciudadanía.

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Jalisco: operativo en Tapalpa desata violencia extrema

En Jalisco, un operativo federal en Tapalpa detonó enfrentamientos armados y narcobloqueos paralizan siete estados, afectando incluso la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se reportó la quema de una pipa en Zapopan y vehículos incendiados en la carretera a Colima, Acatlán de Juárez–Ciudad Guzmán y tramos cercanos a Tamazula y Zapotiltic.

El gobierno activó el “código rojo” y convocó a la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población.

Michoacán: quema de unidades y cierre de carreteras

Videos difundidos muestran tráileres y camiones incendiados que bloquean carreteras estratégicas, como la carretera Zináparo–La Piedad y Jiquilpan. En Churintzio, hombres armados obligaron a descender a un transportista antes de incendiar su vehículo y cerrar el paso hacia Ecuandureo. Estos hechos reflejan la violencia organizada como reacción a operativos de seguridad.

VIDEO | Narcobloqueos paralizan tres estados: Jalisco, Michoacán y Tamaulipas bajo alertahttps://imparcialoaxaca.mx/nacional/video-narcobloqueos-paralizan-tres-estados-jalisco-michoacan-y-tamaulipas-bajo-alerta/ pic.twitter.com/kQPlb5nO0d

— El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) February 22, 2026

Tamaulipas y el estado de alerta constante

Aunque con información limitada, autoridades confirmaron bloqueos similares en Tamaulipas, manteniendo a las corporaciones estatales y federales en vigilancia permanente ante narcobloqueos paralizan siete estados.

Guanajuato, Nayarit y Colima: expansión de la violencia

En Guanajuato, se registraron incendios en farmacias y tiendas de conveniencia en León, Irapuato, Silao, Moroleón y la capital. Nayarit y Colima también reportaron incidentes, mostrando un posible efecto expansivo de los operativos de seguridad. La extensión geográfica sugiere una reacción coordinada de grupos delictivos, aumentando la presión sobre las autoridades para proteger a la población y el comercio.

Impacto y desafío a la autoridad

Estos narcobloqueos paralizan siete estados evidencian la estrategia de criminales de incendiar vehículos para obstaculizar operativos y enviar mensajes de fuerza. Más allá del daño material, generan paralización de movilidad, afectaciones comerciales y temor ciudadano.

Las autoridades recomiendan evitar zonas afectadas, ceder el paso a emergencias y mantenerse informados. El desafío sigue siendo contener la escalada de violencia y prevenir nuevos episodios de inseguridad.

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El programa estatal establece que por cada tarjeta activa el gobierno cubrirá 5.45 pesos mensuales a la empresa administradora del sistema, lo que podría representar más de 16 millones de pesos al mes si se incorpora al universo estimado de usuarios del transporte público en la entidad.

A este esquema se suma el subsidio de 3 pesos por viaje que el Estado entregará a los transportistas para compensar la tarifa de 11 pesos, una bolsa que podría superar los 5 mil millones de pesos al año.

En medio de la controversia, el mandatario anunció la entrega de tres vuelos redondos a Nueva York pagados con recursos propios y otros tres patrocinados por la aerolínea Volaris para ciudadanos que tramiten la tarjeta financiera.

“…para que la gente que se inscriba a su tarjeta La Única pueda echarse su cafecito en Nueva York”, lanzó Lemus tras la polémica que generaron sus declaraciones previas, en las que aseguró que con el plástico del programa una persona podría pagar un café en esa ciudad.

De esta forma, el mandatario estatal minimizó las críticas de colectivos que califican la medida como una “puerta de entrada” para convertir a los usuarios del transporte en clientes cautivos de servicios bancarios.

La declaración de Lemus intensificó la polémica en redes sociales, donde usuarios señalaron que el gobernador y funcionarios de su administración han promovido el programa con un tono similar al de una estrategia comercial de Broxel, empresa encargada de la administración de la tarjeta.

El anuncio coincide con nuevas protestas en Guadalajara contra el llamado “tarifazo” y contra el requisito de utilizar la tarjeta financiera para obtener el costo preferencial del transporte. Colectivos y usuarios señalan que el registro exige la entrega de datos personales, biométricos y de contacto para poder acceder al subsidio del servicio público.

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La captura fue posible gracias a un operativo coordinado entre la SSPC, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El despliegue incluyó labores de inteligencia, análisis de patrones de movilidad y el uso de tecnología de vigilancia avanzada, lo que demuestra la efectividad de la estrategia federal para combatir la violencia de manera integral y con alcance interestatal.

De acuerdo con los reportes oficiales, Ulises “N” fue localizado en la colonia Los Gavilanes, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde las autoridades establecieron un cerco de vigilancia fija y móvil. En el momento de su detención, se encontraba acompañado por un presunto escolta; ambos fueron aprehendidos sin que se registraran incidentes.

Las autoridades confirmaron que Ulises “N” contaba con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa agravada. Se le vincula con una organización con fuerte presencia en Tabasco, señalada por afectar la seguridad en diversas comunidades del estado.

Tras la detención, los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La SSPC destacó que esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento de la seguridad en entidades clave como Tabasco, mediante una estrategia conjunta, sostenida y con enfoque territorial.

La aprehensión de Ulises “N” se enmarca en el refuerzo del despliegue de fuerzas federales en el sureste del país, como parte del plan nacional para debilitar las estructuras criminales que operan en la región.

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La explosión de una mina antipersona, mató a 6 elementos de la Guardia Nacional e hirió a otros dos que fueron trasladados en helicóptero al hospital de Apatzingán en estado grave, cuando realizaban un operativo en la los límites de Michoacán y Jalisco la noche del martes y amanecer de miércoles, en el poblado El Santuario. La Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el hecho y envió condolencias y solidaridad a los familiares.

Los de la GN, realizaban su patrullaje en un camino de tierra en el municipio de Los Reyes, cuando pasaron por la mina que explotó matando a los del convoy y aunque no se ha dicho nada oficialmente, se atribuye al Cartel Jalisco Nueva Generación la agresión.

La fatal noticia corrió de inmediata por las últimas horas del martes y fue confirmada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Mañanera del Pueblo “muy lamentable que esto ocurra, el uso de artefactos explosivos. Nuestra solidaridad, cariño y todo el apoyo a los familiares de la Guardia Nacional”, declaró la Mandataria, que  resaltó los logros de su estrategia contra el crimen.

“Se está trabajando de manera muy importante en seguridad. El día de ayer hubo 44 homicidios reportados, por supuesto que quisiéramos que no hubiera ninguno, pero recuerden que el promedio en septiembre del año pasado era de casi 80, 75, y hay detenciones muy muy importantes, además del trabajo de atención a las causas”.

Para rescatar los cuerpos de los militares, se desplazaron al lugar de los hechos seis aviones texanos y cuatro helicópteros.

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El contrato, identificado como CEAJ-DG-DA-AD-SOL-1834/2024, fue suscrito bajo la dirección administrativa de Alberto José Vázquez Quiñones, quien asumió esa responsabilidad en diciembre de 2018, tras haber sido jefe de departamento en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). En 2017, Vázquez Quiñones había participado en el proceso para dirigir dicha Auditoría.

De acuerdo con los registros oficiales, fue hasta 2023 cuando Nítido Taller Creativo modificó su objeto social para incluir actividades más amplias, lo que le permitió acceder a otros contratos y servicios, entre ellos el asignado por la CEAJ.

Fuentes internas de la Comisión Estatal del Agua, que solicitaron anonimato, señalaron que al menos cuatro familiares directos de Vázquez Quiñones laboran actualmente en la institución. Entre ellos se encuentra su hijo, José Alberto Vázquez González, quien figura como analista de procesos en la Dirección de Innovación y Tecnología del SIAPA, área involucrada en un reciente hackeo.

Su hermano, Francisco Javier Vázquez Quiñones, trabajaba en la Sección de Grandes Consumidores, también del SIAPA. La lista incluye además a su nuera Iran Aylin Vázquez Martínez, a su sobrino Hugo Francisco Olguín Osegueda y a Edgar Andrés Vázquez Gómez.

Otros casos similares fueron reportados en distintas áreas del organismo, particularmente en el programa Nidos de Lluvia, donde laboran familiares de varios funcionarios, incluidos Hermilio de la Torre Delgadillo, subdirector de Servicios Generales; Juan Manuel García Díaz, subdirector; José Enrique Pelayo Ruiz, subdirector de Socialización y Contraloría Social; Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda, ex subdirector jurídico.

Así como Víctor Ignacio Méndez Gómez, subdirector de Plantas de Tratamiento; y Patricia Navarro Reyes, recepcionista adscrita a la Dirección General, todos señalados por tener parientes directos en puestos dentro del programa “Nidos de Lluvia” o en otras áreas administrativas.

Hasta ahora, no se ha informado si existe una investigación en curso sobre los vínculos familiares dentro de la institución ni sobre el procedimiento para la asignación del contrato.

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Estos encuentros buscan mejorar la calidad de productos y servicios, proteger la salud del consumidor y el medio ambiente, además de incrementar la competitividad de México en el mercado internacional.

Las actividades se desarrollaron dentro del marco del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad (SNIC) e involucraron la colaboración de autoridades, empresarios, centros de investigación y colegios de profesionales. Durante los encuentros, la EMA resaltó la importancia de la normalización, la acreditación y la metrología como pilares para el desarrollo económico sostenible.

Uno de los temas centrales fue la certificación en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, el cumplimiento de normas en el sector agroalimentario y la certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación, alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la ONU.

Además, se establecieron convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de Durango y la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), con el propósito de fortalecer el cumplimiento normativo en estos estados.

La EMA también destacó su cooperación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para difundir la importancia de las normas ambientales. Agradeció el respaldo de instituciones como la SEDECO de Jalisco y Durango, así como de la Universidad Autónoma de Yucatán, por sumarse a estas iniciativas en favor del desarrollo y la seguridad de la población.

Con 26 años de operación, la EMA ha acreditado a más de 8,200 laboratorios, unidades de inspección y organismos de certificación, con reconocimiento en 16 países. Estas acreditaciones han sido clave para garantizar la calidad en sectores estratégicos y consolidar la presencia de productos y servicios mexicanos en mercados internacionales.

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Estos encuentros buscan mejorar la calidad de productos y servicios, proteger la salud del consumidor y el medio ambiente, además de incrementar la competitividad de México en el mercado internacional.

Las actividades se desarrollaron dentro del marco del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad (SNIC) e involucraron la colaboración de autoridades, empresarios, centros de investigación y colegios de profesionales. Durante los encuentros, la EMA resaltó la importancia de la normalización, la acreditación y la metrología como pilares para el desarrollo económico sostenible.

Uno de los temas centrales fue la certificación en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, el cumplimiento de normas en el sector agroalimentario y la certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación, alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la ONU.

Además, se establecieron convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de Durango y la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), con el propósito de fortalecer el cumplimiento normativo en estos estados.

La EMA también destacó su cooperación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para difundir la importancia de las normas ambientales. Agradeció el respaldo de instituciones como la SEDECO de Jalisco y Durango, así como de la Universidad Autónoma de Yucatán, por sumarse a estas iniciativas en favor del desarrollo y la seguridad de la población.

Con 26 años de operación, la EMA ha acreditado a más de 8,200 laboratorios, unidades de inspección y organismos de certificación, con reconocimiento en 16 países. Estas acreditaciones han sido clave para garantizar la calidad en sectores estratégicos y consolidar la presencia de productos y servicios mexicanos en mercados internacionales.

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Puerto Vallarta, Jalisco. La Secretaría de Marina (Semar) realizó este martes un operativo exitoso que resultó en el aseguramiento de una embarcación que transportaba aproximadamente 1,200 litros de combustible presuntamente robado, conocido como huachicol, en aguas del Pacífico mexicano. Este caso evidencia el papel crucial de la tecnología en el combate a delitos en alta mar.

La acción tuvo lugar a 120 millas náuticas (222.24 kilómetros) al sureste de Puerto Vallarta, gracias a la implementación de tareas de vigilancia aérea y marítima. A bordo de una aeronave de reconocimiento, personal naval detectó una lancha equipada con motores fuera de borda, iniciando una operación coordinada para su intercepción.

Tecnología al servicio de la seguridad marítima
El operativo destacó por el uso de herramientas de última generación, como aeronaves y sistemas de monitoreo marítimo, que permitieron localizar la embarcación y seguir su trayectoria en tiempo real. “La tecnología nos permite responder de manera oportuna y eficaz ante estas actividades ilícitas, protegiendo nuestros recursos y manteniendo la seguridad en las costas mexicanas”, declaró un vocero de la Marina.

En la intervención, se incautaron 29 bidones de combustible y la lancha utilizada para el transporte, además de detener a tres tripulantes. Según reportes, los implicados intentaron arrojar parte de la carga al mar al notar la presencia de las autoridades, maniobra que fue frustrada por la pronta respuesta naval.

Un modelo de vigilancia integral
La Secretaría de Marina ha reforzado su estrategia de vigilancia mediante un modelo integral que combina operativos en tierra, mar y aire. Este enfoque ha sido clave para identificar rutas utilizadas por grupos criminales que han expandido el robo de combustibles hacia zonas marítimas.

Especialistas destacan que estos esfuerzos son fundamentales, no solo por el impacto económico del huachicol, sino también por el daño que ocasiona al medio ambiente. “Es prioritario evitar derrames de combustible en nuestras aguas, ya que sus efectos son devastadores para los ecosistemas marinos y las actividades pesqueras locales”, señaló un experto en recursos naturales.

Detenidos y aseguramientos bajo investigación
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el combustible y la embarcación, para continuar las investigaciones y determinar posibles vínculos con redes criminales dedicadas al tráfico de hidrocarburos.

Con operativos como este, la Secretaría de Marina reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad en los mares de México, haciendo frente a delitos que amenazan tanto a la economía como al medio ambiente.

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