Un grupo de ciudadanos ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la reapertura de la investigación contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por su presunta vinculación con actos de corrupción en la concesión de penales federales.

Esta solicitud surge tras el cierre de la causa en contra de 16 ex funcionarios y mandos del sistema penitenciario, debido a la prescripción de los delitos. Sin embargo, los denunciantes sostienen que, a pesar de ello, el caso contra Genaro García Luna sigue abierto, lo que implica que aún pueden existir elementos legales que permitan continuar con las investigaciones.

La denuncia apunta a la posible participación de Montaño Fernández en la firma de contratos que resultaron en un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho prisiones de alta seguridad. Las adjudicaciones de estos contratos, realizados durante la gestión de García Luna, implicaron a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, las cuales recibieron más de 270 mil millones de pesos para construir una infraestructura penitenciaria con capacidad para 20 mil reclusos.

Los denunciantes insisten en que existen elementos suficientes para presumir que Montaño Fernández jugó un papel clave en la adjudicación de estos contratos a empresas privadas. En este sentido, exigen a la FGR que se investigue si los delitos involucrados siguen vigentes y si es posible responsabilizar a los implicados, a fin de evitar que el caso quede impune.

La denuncia detalla que los contratos fueron suscritos en 2010 y 2011, cuando García Luna estaba al frente de la SSP. Aunque la investigación fue cerrada por prescripción de los delitos, algunos de los implicados aún enfrentan la posibilidad de ser llamados a rendir cuentas, entre ellos Montaño Fernández, Arturo Sosa Viderique, ex director de Administración, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones. Otros funcionarios mencionados, como el General Sergio Alberto Martínez Castuera, y sus antecesores, así como varios ex directores y coordinadores de centros federales, fueron exonerados en su momento debido a la resolución judicial.

Cabe señalar que, aunque la FGR no ha emitido una postura oficial sobre la solicitud de reapertura, el grupo de ciudadanos continúa presionando para que se continúe con la investigación, argumentando que el caso no debe quedar en el olvido debido a su complejidad y trascendencia en el contexto de la lucha contra la corrupción en el país.

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