El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, resaltó el trabajo conjunto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para respaldar a la base trabajadora del estado.

Investigaciones de la Comisión de la Verdad sobre el ISSET

El principal objetivo de la Comisión de la Verdad es informar al pueblo de Tabasco sobre la situación del ISSET y esclarecer el manejo de sus recursos. Se enfatizó que el ISSET y el Poder Legislativo son aliados de los trabajadores y que las medidas tomadas buscarán beneficiar a la burocracia estatal.

“Para nosotros es importante apoyar a los trabajadores del estado. Para el gobernador Javier May Rodríguez, lo más importante es el bienestar de los trabajadores”, mencionó el diputado Bracamonte Hernández.

Acciones y medidas a implementar

Se anunció que, a medida que avancen las investigaciones sobre el manejo de los recursos del ISSET, se implementarán diversas acciones. Para ello, se integrará al Fiscal Superior del Estado a los trabajos de la Comisión de la Verdad, con el fin de obtener la información financiera necesaria.

Informe financiero del ISSET y hallazgos clave

El director general del ISSET, Rodolfo Lehmann Mendoza, presentó el informe que detalla los movimientos financieros del fideicomiso para jubilados y pensionados. Explicó que dicho fideicomiso, creado el 24 de julio del año 2000 con 40 millones de pesos, ha experimentado ingresos y egresos considerables.

A la llegada de la actual administración, el fideicomiso contaba con 33 millones de pesos, pero recibió una aportación de 98 millones de pesos del gobierno estatal que encabeza Javier May Rodríguez, aumentando su monto a 135 millones de pesos en beneficio de la base trabajadora.

Consecuencias del mal manejo financiero

El informe de las Finanzas del ISSET también reveló que, si no hubiera habido un mal manejo de los recursos, el fideicomiso debería contar actualmente con 2 mil 700 millones de pesos, lo que permitiría solventar las demandas de los jubilados y pensionados.

Además, se identificó un incremento en la nómina de pensiones y una carga jubilatoria considerable en comparación con la carga activa. Destaca la existencia de jubilaciones especiales del 100% otorgadas a 50 funcionarios de confianza, lo que ha afectado negativamente al fideicomiso.

Acciones del gobierno para solucionar la crisis del ISSET

El secretario de Administración y Finanzas, Julián Enrique Romero Oropeza, señaló que la instrucción del gobernador es implementar disciplina financiera y una correcta aplicación de recursos para garantizar el beneficio de la ciudadanía. Se anunció que el “Capital Semilla” de 135 millones de pesos (Fideicomiso) no sufrirá nuevas erogaciones y se normarán las reglas de operación del fideicomiso para garantizar su transparencia.

Auditorías e investigaciones en curso

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Mileyli María Wilson Arias, informó que se han realizado auditorías e investigaciones sobre el manejo de los recursos y que en el presente año 2025 se llevarán a cabo 13 auditorías adicionales.

El consejero jurídico, Jesús Manuel Argáez de los Santos, anunció que se analizará cada caso y las reformas relacionadas con las jubilaciones especiales para determinar las medidas legales correspondientes.

Posibles sanciones y compromiso político

El diputado Gerald Washington Herrera Castellanos calificó la situación económica del ISSET como un problema grave y solicitó sanciones severas contra quienes hayan dañado el patrimonio de los trabajadores.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Nelson Humberto Gallegos Vaca, reiteró su compromiso con el impulso de las investigaciones para esclarecer el manejo financiero del ISSET.

La Comisión de la Verdad para investigar al ISSET continúa con su labor de transparencia y rendición de cuentas. Se espera que en los próximos meses se determinen responsabilidades y se implementen medidas correctivas para asegurar el bienestar de los trabajadores del estado.

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Contexto de la reforma judicial

La solicitud del presidente surge en el contexto de una inminente reforma al Poder Judicial, que se prevé será publicada en el Diario Oficial de la Federación antes del 30 de septiembre. Esta reforma busca devolver a la hacienda pública los fondos ahorrados en los fideicomisos del Poder Judicial, fondos que López Obrador considera pertenecen a todos los mexicanos.

 Preocupaciones por la transparencia

López Obrador expresó su preocupación de que, al anticipar la reforma, los ministros, magistrados y altos mandos del Poder Judicial estén utilizando los fondos del fideicomiso para beneficio propio. “Ya se están repartiendo los fondos para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso”, señaló el mandatario. Hizo un llamado a los organismos de control de la Cámara de Diputados para investigar la legalidad de estos retiros y asegurar que los fondos se utilicen de manera apropiada.

López Obrador exige revisión del retiro “hormiga” de fideicomisos del Poder Judicial

 Llamado a la presidenta del Poder Judicial

Además, López Obrador reiteró su llamado a la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, para que revele los detalles de su reciente reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. La reunión, que tuvo lugar en la residencia de un ministro en Lomas de Chapultepec, ha levantado sospechas sobre la politización del Poder Judicial. “¿No que no hacen política?”, cuestionó el presidente, subrayando la necesidad de transparencia en las acciones de los altos funcionarios judiciales.

Implicaciones y próximos pasos

La situación plantea serias implicaciones para la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial en México. La reforma propuesta busca no solo la reestructuración financiera del Poder Judicial, sino también una mayor rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos públicos.

La respuesta del Poder Legislativo y la actuación de los organismos de control serán cruciales en las próximas semanas para determinar la legalidad de los retiros y asegurar que los fondos se manejen de acuerdo con los principios de justicia y equidad. Mientras tanto, la presión sobre el Poder Judicial y su presidenta, Norma Piña, sigue aumentando, en un contexto donde la confianza pública y la integridad institucional están en juego.

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