La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación tras la denuncia presentada el 18 de marzo por Gerardo López Ramírez, apoderado legal de la empresa Centrum Primotoria Internacional, contra varios funcionarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

La acusación se refiere a presuntos actos de corrupción y el uso ilícito de atribuciones y facultades en el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN/ISSEMYM/025/2025.

La licitación, celebrada el 7 de marzo de 2025, tenía como objetivo contratar servicios de pruebas de laboratorio para 22 hospitales del ISSEMYM. En la misma participaron las empresas Centrum, Instrumentos y Equipos Falcon SA de CV, empresas regiomontona ligada a los hermanos Rodolfo, Rolando, Héctor Hugo y Noé Ramírez Garza, asi como a Remigio Benavides Chapa y Salvador Zamora Salazar, y Arquina SA de CV, que preside Efraín Hendy Chayo (Distribuidora Médica Hendy SA de CV); sin embargo, el ISSEMYM adjudicó el contrato a Falcon y Arquina, cuya propuesta ascendió a 192 millones de pesos, 73 millones de pesos más que la oferta de Centrum, que fue de 119 millones de pesos. Este sobrecosto, equivalente a un 61% más, es el núcleo de la denuncia por presuntas irregularidades.

El delito por el cual se inició la investigación está contemplado en el artículo 340, fracción I, inciso b del Código Penal del Estado de México, ya que se alega que esta adjudicación afecta al patrimonio del ISSEMYM y sus derechohabientes. La denuncia incluye a Alfonso Rodríguez Manzanedo, director de Administración y Finanzas del ISSEMYM, quien emitió el fallo que favoreció a las empresas con sobrecostos; Marisol Villagrán Hernández, titular de la Dirección de Control del ISSEMYM, quien presidió el proceso de adjudicación; y la titular de la Dirección de Gestión y Control del ISSEMYM, quien emitió el oficio 207C0401430000L/DGC/0847/2025, señalando erróneamente que Centrum no cumplía con los requisitos solicitados.

Este caso se suma a las quejas y denuncias previas sobre irregularidades en la licitación y sobre el accionar de varios funcionarios del ISSEMYM en el manejo de licitaciones públicas. Además, se ha informado que Centrum ha presentado denuncias similares en otras partes del país relacionadas con prácticas irregulares en procesos licitatorios, y que Alfonso Rodríguez Manzanedo ha sido vinculado en situaciones anteriores que habrían favorecido a proveedores con sobrecostos.

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Joven abandona a su bebé en Tultitlán

El caso tomó relevancia luego de que un video se hiciera viral, mostrando el momento en que un joven abandona a su bebé dentro de una bolsa de plástico en calles de Tultitlán. Además, mensajes de WhatsApp revelaron la planeación del abandono por parte de la pareja.

Investigación y detención de los responsables

Lucio “N” fue entregado a las autoridades por sus propios padres el 12 de febrero. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa investigando el caso de bebé abandonado en Tultitlán con perspectiva de género y derechos de la niñez.

Diana “N” también estaría implicada

En un principio, Diana “N” intentó deslindarse de la situación, denunciando a su pareja ante el Ministerio Público y asegurando que Lucio se llevó al bebé sin su consentimiento. Sin embargo, los mensajes recuperados de su teléfono desmienten su versión, pues en ellos instruía a Lucio a deshacerse del recién nacido.

Caso de bebé abandonado en Tultitlán: Procedimientos legales contra Lucio y Diana

La Fiscalía del Estado de México mantiene la investigación contra ambos implicados, ya que sus acciones pusieron en riesgo la vida del recién nacido. Actualmente, Diana “N” está internada en un hospital bajo custodia policial. Y será trasladada al Centro de Justicia de las Mujeres en Cuautitlán Izcalli una vez que reciba el alta médica.

Estado de salud del recién nacido

Afortunadamente, el bebé fue rescatado y recibe atención médica en un hospital de la región. Su estado de salud es reportado como estable, y las autoridades trabajan para garantizar su protección y bienestar.

El caso de bebé abandonado en Tultitlán ha generado indignación en la opinión pública. Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes a Lucio “N” y Diana “N”.

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De acuerdo con los inconformes, la exsecretaria de Finanzas del Estado de México, Paulina Moreno García, habría dejado las bases para favorecer a la empresa Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez, quien mantiene estrechos lazos con el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong. Esta compañía está vinculada al Grupo Pachuca y, según los manifestantes, su designación generaría un desplazamiento de empresas mexiquenses en favor de proveedores foráneos.

Uno de los organizadores de la protesta, Juan N, señaló que otorgar el contrato a una empresa de otro estado no solo limita la generación de empleo local, sino que impide una derrama económica en beneficio de los municipios mexiquenses.

“La gobernadora Delfina Gómez debería denunciar a Paulina Moreno García, que antes de salir de su puesto dejó todo arreglado para beneficiar a Jet Van, una empresa ligada al PRI de Grupo Pachuca, por lo que la derrama económica derivada de estos contratos se irá a otra entidad”, afirmó.

La protesta está programada para las 10:00 am y se espera la asistencia de más de 150 familias.

La junta de aclaraciones de la licitación, celebrada el pasado 3 de febrero, contó con la participación de seis empresas: Value Automotriz, Integra Arrenda, Pegasus Mobile and Logistic, Clear Leasing, CA Soluciones Financieras y Jet Van Car. Sin embargo, las denuncias de favoritismo han generado inquietud entre los competidores.

Cabe destacar que, en 2021, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Jet Van Car por incumplimiento en un contrato de arrendamiento de vehículos con el Servicio de Protección Federal, lo que le impidió participar en contrataciones públicas durante un año.

Además, durante la administración federal anterior, los contratos adjudicados a Jet Van Car alcanzaron un valor aproximado de 7,400 millones de pesos, según registros del portal gubernamental Compranet. Esta cifra representa un crecimiento significativo respecto a los 6,561 millones de pesos que la empresa obtuvo en contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los manifestantes han solicitado que las autoridades revisen a fondo el proceso de adjudicación y garanticen que se respete la libre competencia, sin privilegios para ninguna empresa en particular.

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