Por Antonio Carrera.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ), a cargo de Néstor Vargas Solano, adquirió 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos, bajo un esquema de adjudicación directa en el que la dependencia no presentó un análisis del parque vehicular a renovar ni un estudio de mercado que justificara la asignación sin licitación. Además, en los archivos oficiales del Gobierno federal no aparece identificada la empresa beneficiada con este contrato millonario.

El Pleno del Órgano de Administración Judicial argumenta que la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación obedece a que las unidades presentaban fallas recurrentes. Sin embargo, en el boletín publicado el pasado 23 de enero no se anexan documentos técnicos, financieros, operativos o de seguridad que respalden la decisión de adjudicar de manera directa la compra.

De acuerdo con fuentes extraoficiales del propio Órgano de Administración Judicial, el proveedor presuntamente favorecido sería JetVan, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, empresa que habría recibido 252 millones de pesos para suministrar 571 vehículos de distintos tipos destinados a directivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Del total de unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas. No obstante, no se detallan los costos asociados a la carga de estos vehículos ni el consumo de electricidad que implicará su operación. A ello se suma que, actualmente, la dependencia no cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de cargadores, aseguró un trabajador del Órgano de Administración Judicial.

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Por Antonio Carrera.

La empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, volvió a colocarse en el centro de investigaciones tras ser contratada para operar la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, programa que condiciona el acceso al subsidio del transporte público en la entidad y que implica el tratamiento de datos personales y biométricos de millones de usuarios.

El esquema establece que quienes utilicen la tarjeta pagarán 11 pesos por viaje, mientras que aquellos que no cuenten con el plástico deberán cubrir una tarifa de 14 pesos. En el caso de estudiantes, el costo queda en 5 pesos. Sin embargo, para obtener la tarjeta, los usuarios deben realizar un registro obligatorio en línea que, aunque se encuentra habilitado desde el 12 de enero, desde su apertura, presentó saturación y fallas técnicas.

Además, el proceso tiene un punto ineludible, donde no es posible avanzar si no se aceptan los términos y condiciones y el aviso de privacidad establecidos por Broxel. De acuerdo con esos documentos, la empresa queda autorizada para recopilar y tratar datos personales y biométricos de los usuarios. La información incluye nombre, identificación oficial, domicilio, así como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris, patrón de voz, firmas y, en determinados casos, videograbaciones.

El aviso de privacidad también prevé que la información recabada pueda utilizarse para estudios de mercado, análisis de consumo y promoción de productos financieros de la propia empresa, incluidos créditos. La aceptación de estas condiciones resulta obligatoria para acceder al subsidio del transporte público.

Mientras que el plano financiero, el contrato contempla que Broxel reciba una comisión mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa. La licitación LPN 690/2025 considera hasta cinco millones de tarjetas y una vigencia que se extiende hasta el año 2030. A ello se suman cargos directos a los usuarios por reposición del plástico, transferencias, recepción de remesas y pago de servicios.

Al respecto, el Congreso del Estado exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento de la tarifa y a revisar los fundamentos técnicos y presupuestales del ajuste. Los legisladores pidieron al Consejo de Participación Ciudadana y Popular convocar un referendo sobre la tarifa y la tarjeta, luego de recabarse más del 250% de las firmas necesarias. Además, se formó una comisión especial para auditar el servicio y el contrato con Broxel.

En el caso también interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien inició una investigación de oficio sobre la tarjeta, además de solicitar información a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para detectar posibles fallas u omisiones en la entrega y operación.

A nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo investigación la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025 de vales electrónicos de despensa para trabajadores federales adjudicada a Broxel, tras una inconformidad presentada por otra empresa participante por presuntas irregularidades en la propuesta económica.

Este antecedente se suma a las preocupaciones que han surgido en Jalisco sobre el alcance del programa de transporte, el manejo de datos sensibles y el modelo de negocio de la empresa encargada de operar el sistema. El acceso a un beneficio público queda condicionado a la aceptación de un esquema financiero privado.

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Nacida durante el sexenio de Felipe Calderón, Broxel, empresa de servicios financieros propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, construyó en poco más de una década una red de contratos públicos que a la fecha supera los 25 mil millones de pesos, un ascenso que tomó impulso durante la administración de Enrique Peña Nieto y cuyo historial hoy es revisado por diversas instancias federales.

Desde su creación, en 2011, Broxel encontró terreno fértil en programas públicos de prestaciones y vales. Durante el gobierno de Peña Nieto, su presencia se disparó en organismos como el Infonavit, donde entre 2016 y 2024 obtuvo al menos diez contratos por 701 millones de pesos, ocho de ellos por adjudicación directa. Ese patrón motivó una denuncia presentada en 2025 ante el propio Instituto, turnada también a la FGR, la SFP, el SAT y la UIF, para indagar posibles conflictos de interés y triangulación de recursos iniciados desde esos años.

A nivel estatal, el mayor empuje provino de gobiernos panistas. Entre 2021 y 2024, las administraciones de Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Querétaro otorgaron a la firma más de 860 millones de pesos en contrataciones públicas, de las cuales 21 de 38 fueron por adjudicación directa.

El expediente también incluye episodios bajo observación regulatoria. En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a su filial Broxel Transfer por incumplimientos en prevención de lavado de dinero; y en 2022 multó a otra de sus razones sociales por entregar información falsa o incompleta.

A ello se suma que entre 2019 y 2025 la empresa retrasó la devolución de 121 millones de pesos en vales no entregados al Gobierno de la Ciudad de México, obligando a la Secretaría de Finanzas a emitir múltiples oficios para exigir los reembolsos, según se constató en documentos obtenidos vía transparencia.

Pese a estas alertas, Broxel acumula convenios en administraciones estatales y en distintos organismos federales, varios de ellos derivados de contratos iniciados al amparo de gobiernos panistas y priistas.  El historial, que mezcla montos millonarios, irregularidades operativas y una tendencia recurrente de adjudicaciones6 directas, ha encendido focos rojos en áreas federales que hoy analizan el origen y evolución de esta red de asignaciones públicas.

Esto ocurre, mientras la administración de Clara Brugada se encuentra en plena definición de la licitación para los vales de despensa de fin de año, un contrato estimado en más de 3 mil 700 millones de pesos. Servicios Broxel, que ha mantenido la adjudicación desde 2019, busca continuar al frente.

Personas cercanas al proceso aseguran que el exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López habría desplegado gestiones para presionar a funcionarios capitalinos y operar, a través de medios de comunicación, una estrategia favorable a la empresa con el fin de influir en el resultado del proceso. Estas maniobras, aseguran, han generado tensión política en torno al fallo, programado para hoy lunes 10 de noviembre.

En paralelo, Gustavo Gutiérrez Galindo, fundador y director de Broxel, ha sido vinculado con actores políticos y empresariales desde los años en que su compañía comenzó a obtener contratos federales y estatales. Según fuentes consultadas, durante la última década mantuvo presencia frecuente en uno de los palcos del equipo Miami Dolphins, espacio donde solía reunirse con funcionarios y representantes de distintas dependencias, mientras su firma ampliaba su red de convenios públicos.

De acuerdo a un periodista mexicano que asistió a uno de esos partidos de la National Football League (NFL), uno de los empresarios que fueron ubicados en estas reuniones es Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario actualmente requerido por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal relacionados con esquemas de outsourcing.

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De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la firma —propiedad de Anna Viesca Sánchez y Carlos Prats García— proporcionó documentación falsa en la Licitación Pública Nacional LA-27-703-027703982-N-15-2024 para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024”.

De acuerdo con el medio Proceso a través del Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio, se notificó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipios abstenerse de contratar o aceptar propuestas de esta empresa.

La resolución se emitió el 8 de julio como parte del expediente SAN/017/2024, en el que se asentó que Avacor presentó información falsa, por lo que violaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Avacor, cuyos dueños pertenecen al círculo cercano del senador y coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, fueron favorecidos con contratos durante su gestión como secretario de Gobernación (2021-2023).

Lo anterior al recibir la mayoría de los contratos para vender equipo, uniformes y escudos a la Guardia Nacional y el Ejército. Mientras que, en 2021 la empresa fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por vender colchones con sobreprecio del 30% a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los contratos con los que la empresa fue fsavorecidan sobresale el No. GN/CAF/DGRM/C052/2021, por un monto de $229,584,403.80 pesos para la adquisición de equipo táctico para integrantes de la Guardia Nacional; o el GN/CAF/DGRM/C062/2020, por $18,499,472.24 pesos, para la adquisición de equipo táctico, de campaña y vestuario para el personal de la Guardia Nacional, entre otros.

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Durante la presentación de cifras del sector al mes de mayo, Arzate precisó que mientras México se mantiene como potencia en producción y exportación de pesados, el parque vehicular nacional se deteriora. Señaló que más de 600 mil unidades activas operan con tecnologías Euro III o anteriores, las cuales contaminan hasta 90% más que los estándares Euro VI/EPA 10, vigentes desde enero de este año.

El líder empresarial vinculó este rezago con la importación creciente de vehículos usados desde Estados Unidos. En 2024, se internaron 29,790 unidades, triplicando el promedio histórico de 9,800. Estas cifras representan ya el 58% del total de ventas al menudeo en el país, un fenómeno que —según Arzate— amenaza el ecosistema del transporte, reduce la competitividad regional y amplifica riesgos operativos para pequeñas empresas.

En términos económicos, el reporte de ANPACT señala una caída del 32.2% en ventas al mayoreo durante mayo, un descenso de 12.9% en la producción (10,576 unidades), y un repunte del 31.3% en exportaciones (13,045 unidades). En el acumulado de los primeros cinco meses de 2025, la producción descendió 20.9%, las ventas al mayoreo 41.5%, y las exportaciones bajaron 12%.

Ante este panorama, Arzate insistió en articular una política industrial para la renovación del parque vehicular con participación de la banca de desarrollo y esquemas de financiamiento accesibles. Afirmó que la industria está lista para sumarse al Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y respaldó la estrategia de fortalecer el contenido nacional con un enfoque de descarbonización.

Finalmente, convocó a autoridades, fabricantes, transportistas y academia a participar en Expo Transporte ANPACT 2025, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en Guadalajara, con más de 500 marcas, foros especializados y una agenda centrada en electromovilidad, innovación y sostenibilidad.

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El contrato, identificado como CEAJ-DG-DA-AD-SOL-1834/2024, fue suscrito bajo la dirección administrativa de Alberto José Vázquez Quiñones, quien asumió esa responsabilidad en diciembre de 2018, tras haber sido jefe de departamento en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). En 2017, Vázquez Quiñones había participado en el proceso para dirigir dicha Auditoría.

De acuerdo con los registros oficiales, fue hasta 2023 cuando Nítido Taller Creativo modificó su objeto social para incluir actividades más amplias, lo que le permitió acceder a otros contratos y servicios, entre ellos el asignado por la CEAJ.

Fuentes internas de la Comisión Estatal del Agua, que solicitaron anonimato, señalaron que al menos cuatro familiares directos de Vázquez Quiñones laboran actualmente en la institución. Entre ellos se encuentra su hijo, José Alberto Vázquez González, quien figura como analista de procesos en la Dirección de Innovación y Tecnología del SIAPA, área involucrada en un reciente hackeo.

Su hermano, Francisco Javier Vázquez Quiñones, trabajaba en la Sección de Grandes Consumidores, también del SIAPA. La lista incluye además a su nuera Iran Aylin Vázquez Martínez, a su sobrino Hugo Francisco Olguín Osegueda y a Edgar Andrés Vázquez Gómez.

Otros casos similares fueron reportados en distintas áreas del organismo, particularmente en el programa Nidos de Lluvia, donde laboran familiares de varios funcionarios, incluidos Hermilio de la Torre Delgadillo, subdirector de Servicios Generales; Juan Manuel García Díaz, subdirector; José Enrique Pelayo Ruiz, subdirector de Socialización y Contraloría Social; Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda, ex subdirector jurídico.

Así como Víctor Ignacio Méndez Gómez, subdirector de Plantas de Tratamiento; y Patricia Navarro Reyes, recepcionista adscrita a la Dirección General, todos señalados por tener parientes directos en puestos dentro del programa “Nidos de Lluvia” o en otras áreas administrativas.

Hasta ahora, no se ha informado si existe una investigación en curso sobre los vínculos familiares dentro de la institución ni sobre el procedimiento para la asignación del contrato.

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Además, el 70% de quienes desean integrarse al mercado laboral no lo hacen por no contar con alguien que cuide a sus hijos, familiares mayores o personas enfermas.

Frente a este panorama, Fundación FEMSA y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, presentaron el estudio Prácticas favorables a la familia y la primera infancia en el sector privado en México, con el propósito de visibilizar cómo ciertas políticas empresariales pueden generar un impacto positivo tanto en el entorno laboral como en el desarrollo infantil.

La investigación reúne experiencias de compañías que han implementado medidas como licencias parentales extendidas, horarios flexibles, espacios de lactancia y acceso a servicios de cuidado infantil.

Según Sindy González Tijerina, gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA, el objetivo es “promover e incentivar que más empresas visualicen que apoyar a la primera infancia les beneficia a todos: las empresas, los colaboradores y sus hijos e hijas”.

Juan Gonzalo Flores, Country Manager de IFC, afirmó que “las políticas favorables a la familia son una inversión estratégica que impulsa la igualdad de género y fortalece al sector privado. Difundir estas buenas prácticas es clave para acelerar el cambio”.

El informe documenta casos como el de Viva, que habilitó salas de lactancia en oficinas y aeropuertos, proporcionó kits de extracción de leche y organizó talleres para su personal. De las empleadas que tomaron licencia de maternidad entre 2023 y 2024, el 96% continúa en la empresa.

Gentera, por su parte, desarrolló una alianza con Advenio para ofrecer servicios de cuidado infantil. En lo que va de 2024, 62 niños han sido beneficiados por este modelo, y el 95% de las trabajadoras regresaron a sus puestos tras su licencia.

En el caso de FEMSA Servicios, se opera el programa FEMSA Flex, que permite esquemas de trabajo híbrido. Según una encuesta interna de 2022, el 68% del personal opinó que esta política contribuye a prevenir el agotamiento laboral.

Por último, Coca-Cola FEMSA puso en marcha el programa Niños KOF, el cual reconoce los logros escolares y deportivos de los hijos del personal. En 2024 se realizaron 43 eventos en 204 sedes del país.

El documento señala que estas políticas no solo atienden necesidades sociales, también se traducen en mayor productividad y menor rotación del personal. Las empresas que invierten en el bienestar de las familias fortalecen su capacidad para atraer y retener talento, además de posicionarse como espacios laborales más equitativos.

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Al ser inhabilitada en 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, la empresa se abstuvo de participar en contrataciones gubernamentales por un año.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría sobre las operaciones de Jet Van Car Rental, por un posible perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estimado en 8 millones 935 mil 828 pesos, esto ante la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Compranet en el sexenio que acaba de concluir, sus ingresos rondaron los 7 mil 400 millones de pesos derivados de contratos con la administración pública federal, mientras que, en lo que va de 2025 suma alrededor de 500 millones de pesos en 21 contratos.

Asimismo, entre 2019 y 2024 facturó más de 7 mil millones los cuales no contemplan los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto en los últimos tres años asciende a los 4 mil 500 millones de pesos.

Otra asignación fue en 2023 por parte del municipio de Juárez, Chihuahua, que le otorgó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla por 117 millones de pesos; el gobierno de Guerrero que le asignó un contrato de más de 71 millones de pesos, en marzo del año pasado, por el arrendamiento de 66 vehículos; Quintana Roo, que en diciembre de 2023, le adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos, y el Ayuntamiento de Tepic, que también en 2023 le asignó un contrato por 20 millones de pesos.

La auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van.

Ante un posible conflicto de interés, la auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van, y es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas César Gerardo Matamoros Vargas ha representado tanto a Forza Arrendadora Automotriz como a Jet Van Car Rental en licitaciones.

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En el actual sexenio, la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO y pese a que en 2019 enfrentó inhabilitaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente, la empresa siguió captando contratos gubernamentales.

Por otra parte, en 2024, Altor incursionó en el sector bursátil con su propia casa de bolsa, la única aprobada en este sexenio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), la firma logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura gubernamental.

Altor ha participado también en la reestructuración de deuda en ocho entidades federativas, incluyendo Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos.

El posicionamiento de la firma conformada por exfuncionarios y empresarios como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador, como un nuevo actor de peso en el sistema financiero mexicano, ha sido cuestionado.

Lo anterior al replicar el modelo de asesoría gubernamental que en décadas anteriores impulsaron firmas como Protego y Evercore, ahora su influencia, no se limita solo a la administración pública, sino también en el sector financiero privado.

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Jack Landsmanas Stern, CEO del Corporativo Kosmos, formó parte del consejo de Opes Acquisition Corp., una compañía offshore creada en 2017 en Delaware, Estados Unidos. El Corporativo que vende comida a administraciones locales e instancias federales, tiene entre sus filiales a La Cosmopolitana, la cual fue vetada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de su administración por “mala reputación”.

La firma, que obtuvo 265 contratos con dependencias gubernamentales por tres mil 422 millones de pesos entre 2011 y 2020, fue señalada por presuntamente incurrir en prácticas monopólicas, actos de corrupción y compras a sobreprecio. No obstante, sigue obteniendo contratos públicos con el uso de otras razones sociales.

Documentos de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) a los que el medio de comunicación El Sol de México tuvo acceso, refieren que los principales directivos de Opes Acquisition Corp eran Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y creadores de Oro Negro, así como Landsmanas Stern y el fundador de Unifin, Rodrigo Lebois Mateos.

Además, dan cuenta de la participación que tuvo como accionista el fundador de Unifin, señalado de irregularidades en su enriquecimiento, en la offshore, una firma ubicada en un país extranjero sin actividad en él.

Unifin entró a concurso mercantil a inicios de 2023, luego de suspender sus obligaciones financieras en agosto del año previo por falta de liquidez y capitalización, salió del mismo un año después, en enero de 2024.

La firma fue foco de presuntas irregularidades con las que otorgó créditos a empresas vinculadas a Lebois y su círculo, lo que habría llevado a su enriquecimiento.

Debido a estos señalamientos, Lebois dejó la dirección de la financiera en julio del año pasado mientras que unos meses después, en diciembre, su hija Almudena Lebois Ocejo, exconsejera de Unifin, fue detenida en Ciudad de México presuntamente acusada de fraude.

En enero pasado, Unifin informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que concluyó con la implementación de un convenio concursal que alcanzó con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), dos de sus principales acreedores, lo que le permitió contratar nuevas líneas de crédito con los mismos.

Tanto el convenio como el nuevo financiamiento se otorgaron pese a las irregularidades documentadas en torno a Unifin, como el hecho de estar asociada a empresas como Oro Negro y Corporativo Kosmos.

Oro Negro arrendaba plataformas petroleras a Pemex y que, tras declararse en quiebra, demandó al Estado mexicano por más de 270 millones de dólares como indemnización por supuesto incumplimiento de contrato.

En junio de 2019 Oro Negro fue declara en quiebra por el juez Segundo de Distrito en Materia Civil, luego de que expiró el periodo para una conciliación con sus acreedores, a quienes debía más de mil millones de dólares.

En septiembre pasado, la empresa fracasó en su demanda contra el país, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó el caso al no contar con la jurisdicción para resolver las reclamaciones.

En un dictamen enviado a la BMV, Unifin notificó al público inversionista que cumplió con las condiciones suspensivas para que pueda acceder a nuevas líneas de crédito.

“Con el apoyo requerido de sus grupos de interés, le permitirá, una vez que el convenio concursal sea presentado por el Conciliador y revisado y aprobado por el Juzgado Concursal, salir del concurso mercantil como negocio en marcha, maximizando la recuperación de todos los acreedores reconocidos”, dice el documento.

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