De acuerdo con los manifestantes, durante 2024 se les habría ofrecido un pago cercano a los cinco millones de pesos como parte de un acuerdo derivado de gestiones realizadas en el contexto del conflicto generado por la clausura del proyecto Ciudad Maderas. Sin embargo, aseguran que dicho compromiso no se ha cumplido, lo que ha generado inconformidad, desconfianza y preocupación entre los ejidatarios.

Durante la movilización, los participantes señalaron que la fundación presuntamente intervino en asuntos internos del ejido con promesas de respaldo legal y financiero que, hasta el momento, no se han materializado. “No estamos buscando pleito, estamos buscando respuestas”, expresaron algunos de los ejidatarios, quienes afirmaron que su objetivo es que la fundación explique con claridad el destino de los compromisos asumidos.

Los inconformes también indicaron que han acudido a la Fiscalía General del Estado para presentar denuncias relacionadas con este caso. Asimismo, advirtieron que situaciones similares podrían estarse presentando en otros ejidos de Yucatán, como Kinchil e Ixil, donde —según testimonios locales— la Fundación Yansa ha participado en procesos de asesoría que hoy generan incertidumbre entre los habitantes.

La manifestación en Chuburná refleja un malestar creciente en comunidades ejidales que señalan haber sido utilizadas como parte de estrategias de presión en conflictos territoriales y políticos.

Los ejidatarios reiteran que no buscan confrontación, sino que se respeten los acuerdos y se garantice transparencia en las acciones de organizaciones que aseguran defender causas sociales.

Esperan pronta respuesta y solución de la Fundación Yansa y de su director Sergio Oceransky, que no les ha dado la cara o una postura pública respecto a estos señalamientos; exigen a las autoridades asesorías y apoyo para que este supuesto defensor de las comunidades mayas deje de manipular, de engañarlos y usarlos para sus intereses personales o de grupos corporativos extranjeros o nacionales que le sostienen la fundación Yansa.

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No más robo de tierras, es uno de los casos más recientes, pero que ha sido una lucha de años de los campesinos del ejido Cinco Colonias del sur de Mérida, que han venido luchando desde años  han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, acusando al Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) y al Gobierno del Estado de apropiarse ilegalmente de sus tierras y venderlas supuestamente a familias de escasos recursos, pero también para especulación y vender a fuertes corporativos inmobiliarios.

Según los denunciantes, que han estado encabezados por el comisario ejidal Faustino Mena Crespo y respaldados por su secretario Ana Rosa Bosque Chi y su tesorero Jorge Canul Cahum, las tierras en cuestión están situadas en la zona sur de Mérida, están bien ubicadas para zonas comerciales e industriales y construir zonas residenciales.

Supuestamente estas áreas han sido invadidas por familias que no tienen otro lugar donde vivir. El Gobierno del Estado, a través del IVEY, comenzó un proceso de regularización, vendiendo las tierras a plazos a las familias que las ocupaban. Sin embargo, los campesinos aseguran que estas tierras no forman parte de la reserva territorial del estado, sino que son de propiedad del ejido Cinco Colonias y que usar a familias que dicen ser pobres y no tener una vivienda, el trasfondo va más allá, es para negociar con constructores para que luego con los cambios de usos de suelos tengan mayor plusvalía, es decir las vendan más caras.

Denuncian que no es el primer caso que el instituto de vivienda se apropia de tierras ejidales y que según ellos es para familias pobres y que no dudan que vendan algunos lotes para simular lo que verdaderamente es un negocio redondo en complicidad con constructores inmobiliarios.

En el caso controversial del ejido Cinco Colonias del sur de Mérida, el comisario ejidal y su equipo afirman contar con documentación que acredita la propiedad de las tierras, incluyendo planos catastrales, inscripciones en el Catastro y el Registro Público de la Propiedad, así como evidencias de ubicación satelital. Y van a seguir defendiendo sus tierras, hasta que les hagan justicia.

Según el comisario ejidal Mena Crespo, el IVEY y sus funcionarios están actuando de manera fraudulenta al vender estas tierras, obteniendo un beneficio económico a costa de las familias y del ejido, además para seguir amasando fortuna con el despojo de las tierras.

Los campesinos ejidatarios de cinco colonias, hartos de tolerar, interpusieron una denuncia formal ante la fiscalía general del Estado, bajo el número de expediente 33GB-89-2020. Con la esperanza de que se les haga justicia, se les respete y no haya más robo de tierras y frenen la voracidad inmobiliaria y contaminación que trae con sus proyectos inmobiliarios.

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