La carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 fue integrada a partir de una denuncia presentada por habitantes de las colonias Fimesa 1, 2 y 3. Los vecinos acusan que durante la gestión de García Martínez al frente del municipio, el gobierno local transfirió 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., para la compra de 27 hectáreas en San Francisco Chilpan. La transacción no cuenta con escrituras públicas que acrediten la propiedad legal del terreno, según los denunciantes.

Además de esa operación, los colonos señalan un depósito adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que hasta ahora se haya formalizado la escrituración de los predios.

Los señalamientos se extienden a la administración de Castro Fernández, quien asumió el cargo en enero de 2025. Reportes periodísticos indican que en los primeros siete meses de su mandato se asignaron contratos por más de 72.7 millones de pesos mediante procedimientos con un solo competidor o adjudicación directa. Las observaciones fueron presentadas también ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría estatal.

Vecinos del municipio han expresado su rechazo a la propuesta del gobierno local de cambiar el nombre de su colonia a “Cuarta Transformación”. Consideran que esta medida podría afectar su identidad jurídica y los procesos legales para garantizar la tenencia de la tierra.

Además de los procedimientos administrativos, las denuncias incluyen un elemento político. La actual diputada local, Elena García Martínez, promovió la candidatura de su cuñada Ana María Castro a la presidencia municipal. De acuerdo con los inconformes, al menos tres familiares cercanos a la alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento.

Diversos sectores han expresado preocupación por el contexto en que se encuentra Tultitlán. Representantes empresariales advierten sobre la existencia de trámites engorrosos, señalando que esto ha desalentado inversiones tanto nacionales como extranjeras. Datos oficiales indican que el 42% de la población en el municipio vive en condiciones de pobreza.

En materia de seguridad, Tultitlán forma parte de las demarcaciones con mayor percepción de inseguridad. De acuerdo con el INEGI, 87.3% de los habitantes del Estado de México consideran que vivir en la entidad es inseguro.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, colonos de Fimesa 2 y 3 han convocado a una movilización el próximo 8 de agosto. Exigen la liberación de la caseta de cobro en Tepotzotlán y del Circuito Exterior Mexiquense, el reconocimiento formal de los derechos de posesión de sus viviendas, y la intervención del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para formalizar la propiedad de los terrenos que ocupan desde hace más de tres décadas.

Asimismo, demandan la judicialización de 93 carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las cuales involucran a la exalcaldesa García Martínez y a miembros del actual gobierno local.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que se han solicitado auditorías y peritajes técnicos para revisar el uso de recursos municipales entre los años 2023 y 2025.

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Desde su llegada al gobierno local, Ana María Castro, ha enfrentado múltiples cuestionamientos por decisiones controversiales que no han sido bien recibidas por la comunidad. Uno de los casos más mediáticos fue la imposición del nombre “Cuarta Transformación” a una colonia del municipio sin previo aviso o consulta a los vecinos.

A pesar de que el gobierno municipal argumentó que la medida buscaba regularizar la zona afectada por disputas ejidales, los residentes denunciaron que la decisión se tomó de manera unilateral, sin explicar el impacto que tendría en los trámites oficiales y, sobre todo, sin informar a los habitantes, lo que generó un fuerte rechazo social.

A esta controversia se suman otras preocupaciones relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. Desde que Ana María Castro asumió la presidencia municipal, ha adjudicado contratos por un monto total de 72.7 millones de pesos, la mayoría de ellos a través de adjudicaciones directas o licitaciones en las que solo se presentó un único competidor.

Tultitlán atraviesa también una profunda crisis económica y social. Según el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago, publicado en 2025, el 42% de la población del municipio vive en condiciones de pobreza, y un 18.4% de los habitantes sufren carencias sociales significativas.

La situación es aún más grave en áreas como salud y vivienda, pues solo el 1.6% de la población, 8 mil 748 personas, tiene acceso a servicios básicos de vivienda.

Otro grave problema que enfrenta este municipio mexiquense, de acuerdo a las mismas autoridades del gobierno de Delfina Gómez, es que han recibido reportes de empresas que comienzan a trasladar sus plantas productivas a otras entidades al no existir certeza jurídica, lo que ocasiona pérdida de empleos y afecta la calidad de vida de los habitantes.

En 2024, el presupuesto destinado al agua potable fue de 34 millones de pesos, una cifra que representa una disminución de 23 millones respecto al año anterior. Mientras tanto, el presupuesto para alcantarillado y electrificación fue cero en 2023 y 2024.

Además, la violencia y la inseguridad son otros factores que agravan la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 87.3% de la población del Estado de México considera que vivir en la entidad es inseguro, y Tultitlán no escapa a esta realidad. El municipio se encuentra dentro de la Alerta de Violencia de Género desde 2015, y, a pesar de que se incluyó a Tultitlán en los 50 municipios prioritarios para la seguridad, los índices de delitos como robo de vehículos o las lesiones dolosas siguen siendo alarmantes.

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Al ser inhabilitada en 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, la empresa se abstuvo de participar en contrataciones gubernamentales por un año.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría sobre las operaciones de Jet Van Car Rental, por un posible perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estimado en 8 millones 935 mil 828 pesos, esto ante la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Compranet en el sexenio que acaba de concluir, sus ingresos rondaron los 7 mil 400 millones de pesos derivados de contratos con la administración pública federal, mientras que, en lo que va de 2025 suma alrededor de 500 millones de pesos en 21 contratos.

Asimismo, entre 2019 y 2024 facturó más de 7 mil millones los cuales no contemplan los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto en los últimos tres años asciende a los 4 mil 500 millones de pesos.

Otra asignación fue en 2023 por parte del municipio de Juárez, Chihuahua, que le otorgó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla por 117 millones de pesos; el gobierno de Guerrero que le asignó un contrato de más de 71 millones de pesos, en marzo del año pasado, por el arrendamiento de 66 vehículos; Quintana Roo, que en diciembre de 2023, le adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos, y el Ayuntamiento de Tepic, que también en 2023 le asignó un contrato por 20 millones de pesos.

La auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van.

Ante un posible conflicto de interés, la auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van, y es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas César Gerardo Matamoros Vargas ha representado tanto a Forza Arrendadora Automotriz como a Jet Van Car Rental en licitaciones.

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De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación LPN/ISSEMYM/024/2025, la firma adjudicada no presentó la mejor oferta económica, ya que su propuesta superó en 73 millones de pesos a la de su único competidor, Centrum Promotora Internacional, pese a que ambas ofrecían el mismo servicio.

El Comité de Adquisiciones del ISSEMYM justificó su decisión argumentando que la oferta de Centrum estaba 40% por debajo de los precios unitarios establecidos en el contrato vigente, lo que interpretaron como una posible estrategia para obtener ventaja en el proceso. Además, señalaron que la empresa descalificada no presentó la documentación requerida, incluyendo la carta de respaldo para pruebas especiales ni los registros sanitarios actualizados de los equipos Roche Cobas 503 y Abbott Architect i1000.

Falcón ha sido sancionada previamente por su participación en prácticas monopólicas dentro del sector salud. En agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a todas las dependencias federales y estatales a no aceptar propuestas ni firmar contratos con esta y otras empresas involucradas en la manipulación de licitaciones para laboratorios y bancos de sangre.

A pesar de la inhabilitación de siete años impuesta a Falcón, en noviembre de 2023, la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la sanción impuesta por la SFP, dejando sin efecto la restricción y permitiéndole volver a participar en contrataciones públicas.

Falcón formó parte de una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2016, en la que se detectó la colusión de 15 empresas para obtener contratos millonarios en instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Según la Cofece, estas prácticas causaron un daño superior a los 1,200 millones de pesos al erario durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En julio de 2023, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, reveló que 19 empresas del sector de laboratorios clínicos y bancos de sangre estaban involucradas en casos de corrupción, lo que derivó en 23 investigaciones, así como en ocho inhabilitaciones y multas.

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Durante la firma del convenio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó que la alfabetización no es solo un proceso de aprendizaje, sino una herramienta fundamental para el desarrollo social y la justicia educativa. “Aprender a leer y escribir permite a las personas tomar conciencia de su lugar en el mundo y asumir su rol en la historia”, afirmó. Destacó también la importancia de este esfuerzo en el marco de la “Cuarta Transformación”, como una política pública que busca garantizar derechos históricamente postergados.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reafirmó su compromiso con la campaña “El Poder de Alfabetizar”, enfatizando que la educación es un derecho y no un privilegio. La mandataria anunció la apertura de un aula de alfabetización dentro de Palacio de Gobierno, simbolizando su respaldo a esta iniciativa y la participación activa de los servidores públicos en esta causa.

El director general del INEA, Armando Contreras Castillo, recordó que a lo largo de sus 43 años de existencia, el instituto ha atendido a más de 31 millones de personas, sin embargo, el rezago educativo aún afecta a 27 millones de mexicanos. “Nuestro objetivo es que en 2026 la Presidenta Claudia Sheinbaum pueda declarar a México como territorio libre de analfabetismo”, afirmó. Explicó que en el Estado de México hay más de 350 mil personas que no saben leer ni escribir, de las cuales el 53% son mujeres, por lo que este convenio representa una esperanza para miles de familias.

Alfabetización en el Estado de México: Un compromiso con la justicia social

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación Ciencia, Tecnología e Información del Estado de México, aseguró que el plan estatal de desarrollo prioriza la erradicación del analfabetismo, con la participación de 20 mil mediadores educativos comprometidos con esta tarea.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es el impacto en la vida de las personas beneficiadas. Karely Guadalupe Herrera Briones, alfabetizadora voluntaria, enfatizó que la lectura y la escritura son puertas de acceso al conocimiento y a la dignidad. “Leer y escribir no se les debe negar a nadie”, afirmó.

Con esta estrategia, el Estado de México se posiciona como referente en la lucha contra el rezago educativo, con un modelo de alfabetización que podría replicarse en otras entidades. La colaboración entre distintos niveles de gobierno y la sociedad civil se perfila como la clave para alcanzar la meta de un México libre de analfabetismo.

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El evento contó con la participación de la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, así como de las gobernadoras Delfina Gómez (Estado de México), Margarita González Sarabia (Morelos) y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Todas coincidieron en la importancia de proteger este ecosistema frente a amenazas como la tala ilegal y el cambio de uso de suelo.

Un esfuerzo coordinado para la preservación del agua y la biodiversidad

La procuradora Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, señaló que este bosque, que abarca 800 mil hectáreas y alberga el 2% de la biodiversidad nacional, enfrenta graves riesgos. En lo que va del año, se han realizado ocho operativos en la zona, logrando el aseguramiento de vehículos y madera extraída ilegalmente.

Por su parte, la gobernadora de Morelos subrayó que el Bosque de Agua es esencial para el equilibrio hídrico regional y abastece a 11 acuíferos. “La tala ilegal no solo afecta al medio ambiente, sino que también fractura comunidades y fomenta la inseguridad. Este convenio nos permite integrar a las comunidades en la defensa del bosque”, destacó.

Compromisos hacia un decreto de protección federal

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, anunció que el convenio es un paso previo para buscar un decreto federal que convierta al Bosque de Agua en un Área Natural Protegida, abarcando corredores ambientales clave como Chichinautzin, Morelos y Lagunas de Zempoala. Gómez destacó que el 70% del agua utilizada por 23 millones de personas en la región proviene de este bosque, por lo que su conservación es fundamental.

En tanto, Clara Brugada señaló que la Ciudad de México depende en gran medida del agua que se infiltra desde suelos de conservación que forman parte del Bosque de Agua. La jefa de gobierno enfatizó que este convenio permitirá enfrentar amenazas como la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y la contaminación. “Este esfuerzo metropolitano será evaluado en un año para medir los avances y fortalecer las acciones necesarias”, aseguró.

Hacia una Cumbre del Bosque de Agua en 2025

La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, calificó la firma del convenio como “un sueño hecho realidad”. Además, adelantó que se están sentando las bases para conectar más de 30 Áreas Naturales Protegidas en un solo decreto. Bárcena anunció la realización de una Cumbre del Bosque de Agua en febrero de 2025, con el objetivo de consolidar estrategias para el manejo sustentable y garantizar fondos internacionales destinados a su conservación.

Con este convenio, autoridades federales y locales reiteraron su compromiso con la protección de uno de los ecosistemas más importantes del país, reconociendo que la sustentabilidad hídrica es clave para el bienestar de millones de habitantes.

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El empresario fue detenido el 14 de julio en Roma, Italia, luego de que Interpol emitiera una ficha roja en contra por acusaciones de  agresión sexual. Sin embargo, las denunciantes señalan que el juez Emmanuel Ruiz Albarrán, quien liberó previamente al acusado, presidirá la audiencia inicial, lo que genera preocupación por posibles irregularidades.

Herrejón es señalado por usar su influencia política y económica para evitar consecuencias legales. Su relación con Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también ha sido objeto de críticas, con acusaciones de que el político intervino para protegerlo.

El caso resalta la necesidad de un sistema judicial más transparente, especialmente en delitos de género. Las denunciantes sostienen que la corrupción y el tráfico de influencias han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas.

Además, Herrejón es padre de Manuel Herrejón Suárez, directivo de Masari Casa de Bolsa, empresa que en 2023 buscó convertirse en banco. La solicitud fue retirada en medio de las polémicas relacionadas con su padre.

El proceso judicial será clave para determinar si las autoridades del Edomex pueden garantizar imparcialidad en un caso que refleja problemas estructurales en la justicia estatal.

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Apoyo Federal y Desmentido de Rumores

En respuesta a preguntas sobre la situación en Chalco, el mandatario desmintió un video que ha circulado en redes sociales, en el cual se muestra a supuestos afectados destruyendo una represa para liberar aguas negras que han inundado sus calles y hogares durante 20 días. López Obrador señaló que el video no corresponde a la realidad mexicana, sino a un evento en Vietnam. “Es falso, es un video de Vietnam”, declaró, solicitando que se mostrara la fuente original del video en la pantalla central del Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Presencia de Autoridades en la Zona

Aunque el presidente no tiene planes de visitar la zona afectada, subrayó que desde el inicio de la emergencia, autoridades federales han estado presentes en Chalco. Entre los funcionarios y cuerpos de seguridad involucrados se encuentran Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, quienes han estado implementando los planes de apoyo “Marina”, “DN-III” y “GN-A”.

AMLO Reconoce que Inundaciones en Chalco Serán Reto para la Administración de Claudia Sheinbaum

Cuidado de la Investidura Presidencial

López Obrador explicó su decisión de no acudir personalmente a Chalco, mencionando que se trata de una medida para proteger la investidura presidencial. “No fui de inmediato a Acapulco para cuidar la investidura presidencial, porque los opositores están como buitres”, comentó. Este enfoque busca evitar que su presencia sea interpretada como una politización de la tragedia, en un contexto donde la oposición está atenta a cualquier movimiento.

Preparativos para el Sexto Informe de Gobierno

Finalmente, el presidente invitó a quienes estén interesados en el tema a asistir al Zócalo de la Ciudad de México el 1 de septiembre, cuando presentará su Sexto Informe de Gobierno. Allí, se espera que aborde los logros y desafíos de su administración, incluyendo la gestión de desastres naturales como las inundaciones en Chalco.

La gestión de las inundaciones en Chalco se perfila como uno de los retos que Claudia Sheinbaum deberá enfrentar al asumir la presidencia. Mientras tanto, el gobierno de López Obrador sigue apoyando a las comunidades afectadas, aunque el presidente mantiene una postura reservada sobre su intervención directa en la zona.

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Aguas estancadas y riesgo sanitario

La prolongada exposición a aguas mezcladas con residuos fecales ha generado un entorno propicio para la proliferación de mosquitos y otros vectores de enfermedades, poniendo en peligro la salud de los residentes. El riesgo de epidemias aumenta a medida que las condiciones en las colonias más afectadas, como Culturas de México y Jardines de Chalco, se deterioran.

Las lluvias torrenciales que han azotado la región complican aún más la situación, ya que cada vez que los niveles de agua logran reducirse, nuevas precipitaciones vuelven a elevarlos, perpetuando el ciclo de inundación y desesperación entre los habitantes.

Infraestructura obsoleta: la raíz del problema

La crisis actual ha puesto en evidencia la obsolescencia del colector Solidaridad, una infraestructura de drenaje que, con 30 años de antigüedad, ya no es capaz de manejar la carga hídrica actual. Este colector, fundamental para el manejo de las aguas pluviales y residuales, ha colapsado bajo la presión, agravando la situación de las inundaciones.

La única solución definitiva, según las autoridades locales, es la construcción de una nueva infraestructura de drenaje que pueda atender las necesidades actuales y prevenir futuras catástrofes. Sin embargo, este proyecto requiere una inversión significativa y la colaboración de los gobiernos estatal y federal.

Tres semanas de inundaciones con aguas fecales ponen en riesgo la salud pública

Desesperación en la comunidad y demanda de acción

Los residentes de Chalco, desesperados por la falta de una solución, han expresado su frustración por la aparente inacción de las autoridades. Con más de dos mil viviendas inundadas y alrededor de siete mil personas afectadas, la comunidad está viviendo una catástrofe que no parece tener fin.

La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata. El alcalde Gutiérrez ha pedido refuerzos, incluyendo más equipos especializados para el desalojo de agua, atención médica para los afectados, y la intensificación del Plan DN-III-E, un operativo de emergencia del Ejército Mexicano.

El camino por delante: Prevención y reconstrucción

La declaración de un estado de emergencia podría permitir la movilización de recursos adicionales para enfrentar la crisis, pero el verdadero desafío será implementar soluciones a largo plazo que eviten que situaciones como esta se repitan. La crisis en Chalco es un claro ejemplo de cómo la falta de mantenimiento y actualización de infraestructuras críticas, combinada con los efectos del cambio climático, puede derivar en una emergencia sanitaria de gran magnitud.

Los habitantes de Chalco esperan que las autoridades actúen con rapidez y eficacia, no solo para mitigar los efectos inmediatos de las inundaciones, sino también para asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar que una tragedia similar ocurra en el futuro.

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El próximo 19 de agosto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dirigida por Laura Velázquez, realizará la primera prueba masiva del sistema de alerta sísmica a través de teléfonos celulares, utilizando la tecnología #CellBroadcast. Esta prueba marca un hito en la modernización del sistema de alertas en México, ya que por primera vez se ensayará un simulacro de esta magnitud que funcionará para todos los teléfonos celulares del país, independientemente de la compañía o el tipo de plan de datos.

El sistema #CellBroadcast permitirá que todos los teléfonos celulares con señal reciban el característico sonido de la Alerta Sísmica y un mensaje SMS indicando que se trata de una prueba con un sismo simulado en los límites de Oaxaca y Puebla. Este ejercicio es parte de los preparativos para el mega simulacro nacional que se llevará a cabo el 19 de septiembre, y es un paso crucial para asegurar que el sistema funcione correctamente antes de su implementación oficial el 1 de enero de 2025.

El proceso para la emisión de estas alertas sigue una ruta tecnológicamente compleja, que involucra múltiples entidades y sistemas de comunicación. Las estaciones de detección del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), ubicadas en varios estados del país, son las primeras en captar y analizar un sismo potencialmente peligroso. La información es luego transmitida a las centrales del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), C5s estatales y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Desde allí, el protocolo de alerta se envía a las compañías telefónicas a través de servidores específicos, para su difusión final a los celulares.

Prueba Masiva de la Alerta Sísmica en Teléfonos Celulares

El éxito de esta prueba no solo es crucial para la detección y alerta temprana de sismos, sino también para otros fenómenos naturales peligrosos como huracanes, tornados y temperaturas extremas. Las alertas para estos eventos serán gestionadas por la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde el Centro de Inteligencia Naval en Coyoacán, y por el CENAPRED, según corresponda.

Si las pruebas del 19 de agosto y del 19 de septiembre son exitosas, México estará mejor preparado para enfrentar desastres naturales, con un sistema de alerta sísmica avanzado que podría salvar miles de vidas al dar a la población el tiempo necesario para reaccionar ante una emergencia inminente.

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