De acuerdo con un comunicado oficial, la orden de aprehensión en contra del ex funcionario fue cumplimentada el pasado 7 de abril de 2026 por autoridades correspondientes.

Ministerio Público presentó pruebas contra Hernán Bermúdez

Durante la continuación de la audiencia inicial realizada este lunes, el Ministerio Público expuso diversos datos de prueba que, a consideración del juez, resultaron suficientes para establecer la posible participación del imputado en los hechos señalados.

Tras escuchar los argumentos de las partes involucradas en el proceso, el juez resolvió dictar la vinculación a proceso por el delito de peculado, tipificado en el artículo 243 del Código Penal. Este ilícito contempla sanciones que van aproximadamente de 2 a 14 años de prisión, además de multas económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Ratifican prisión preventiva

En la misma resolución judicial también se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Bermúdez Requena permanecerá recluido mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

Asimismo, el juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 12 de agosto de 2026.

Hernán Bermúdez enfrenta otros procesos penales

Cabe recordar que anteriormente la Fiscalía de Tabasco ya había logrado la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

Luego del análisis de los datos de prueba presentados en ese caso, un juez de control ordenó su captura, la cual fue ejecutada posteriormente por autoridades.

Actualmente, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco permanece interno en el Penal Federal Número 1, donde enfrenta otro proceso penal distinto.

Investigaciones apuntan a presuntos vínculos criminales

De acuerdo con información derivada de las investigaciones sobre el caso de desaparición forzada, hasta el momento se han girado 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya fueron vinculadas a proceso.

Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que Bermúdez Requena era investigado desde 2022 como presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, identificado con el alias de “El Comandante H”.

Las indagatorias también apuntan a que habría utilizado su posición como servidor público para presuntamente favorecer a La Barredora, grupo considerado brazo operativo de dicha organización criminal, dedicado principalmente al robo de combustible y a la extorsión.

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Inicio de proceso penal contra Hernán “N”

Luego de cumplimentarse el mandato judicial, el exfuncionario fue puesto a disposición del juez correspondiente, lo que dio paso al inicio de un nuevo proceso penal. Durante la audiencia de formulación de imputación, la representación social expuso los datos de prueba ante la autoridad judicial, como parte del procedimiento para sustentar la acusación.

Tras la exposición de argumentos entre el Ministerio Público y la defensa, el imputado solicitó la ampliación del término constitucional con el fin de que se determine posteriormente su situación jurídica. Ante la gravedad del delito que se le atribuye, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Audiencia continuará el 4 de abril

De esta manera, el exsecretario permanecerá privado de la libertad en el centro de reinserción social mientras se desarrolla el proceso. La continuación de la audiencia fue programada para el próximo sábado 4 de abril de 2026, fecha en la que se prevé que el juez determine si es vinculado a proceso.

Las autoridades judiciales señalaron que, conforme al marco legal vigente, la persona imputada conserva la presunción de inocencia durante todo el proceso penal. Este principio se mantiene hasta que una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional determine su responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Detención de Hernán “N” en el extranjero y traslado a México

Actualmente, Hernán “N” se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El exfuncionario abandonó el país en febrero de 2025 y fue localizado meses después en Paraguay, donde fue detenido en septiembre por ingreso irregular. Posteriormente fue expulsado de ese país y trasladado a México, quedando a disposición de las autoridades en el aeropuerto de Toluca.

Investigaciones apuntan a presuntos vínculos criminales

De acuerdo con las líneas de investigación, el exsecretario es señalado como presunto fundador y líder de un grupo delictivo denominado “La Barredora”, organización que presuntamente operaba en Tabasco y que, según las autoridades, tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. También se le investiga por presuntamente utilizar su cargo público para facilitar diversas actividades ilícitas.

Entre los delitos que enfrenta se encuentran asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés y desaparición forzada de personas, algunos en modalidad agravada. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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De acuerdo con medio nacionales, el recurso fue presentado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó que la demanda de garantías era improcedente, debido a que el acto reclamado —una presunta orden de extradición— no está acreditado de manera formal.

Hernán “N” alegó información recibida de custodios

En su solicitud, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco explicó que decidió promover el amparo después de que, según su versión, custodios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 Altiplano le comentaron que existía una orden de extradición en su contra.

De acuerdo con el documento presentado ante el tribunal, el exfuncioanrio relató que el pasado 5 de marzo de 2026 personal del penal le dijo que “ya me iba al gabacho”, supuestamente porque autoridades estadounidenses lo reclamaban.

“El abuelo” señaló que esa versión se reforzaba con diversas notas periodísticas de circulación nacional, aunque admitió que hasta ahora no ha recibido notificación oficial de parte de autoridades mexicanas o estadounidenses sobre algún proceso de extradición.

Tribunal considera inexistente el acto reclamado

Tras revisar el caso, el juez concluyó que la demanda no cumple con los requisitos legales para su admisión. En la resolución se establece que el juicio de amparo no procede contra actos futuros o de realización incierta.

El acuerdo judicial subraya que, por regla general, el acto reclamado debe existir al momento de presentarse la demanda para que el tribunal pueda analizar una posible afectación real a los derechos del promovente.

En este sentido, el juzgador consideró que el temor manifestado por Hernán “N” no constituye una violación a derechos fundamentales ni configura una situación jurídica que justifique la intervención del Poder Judicial.

La resolución también señala que los custodios del centro penitenciario no tienen facultades para notificar procedimientos judiciales ni procesos de extradición, por lo que sus comentarios no pueden considerarse evidencia de un trámite formal.

Asimismo, el juez indicó que las notas periodísticas presentadas por la defensa tampoco acreditan la existencia de una solicitud oficial de extradición.

El fallo enfatiza que el simple temor de que una autoridad pudiera realizar un acto en el futuro no implica, por sí mismo, una afectación jurídica protegida por la ley.

Antecedentes del caso

Hernán “N”, conocido como “El Abuelo”, ha sido identificado por autoridades como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, organización vinculada con diversas actividades delictivas en el sureste del país.

El exfuncionario también formó parte de la administración del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Actualmente permanece interno en el penal federal del Altiplano, mientras continúan los procesos judiciales en su contra.

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Operativo aéreo permitió la localización del laboratorio clandestino

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó durante patrullajes de vigilancia aérea implementados como parte de las acciones permanentes para el mantenimiento del Estado de Derecho.

Durante el reconocimiento, personal naval detectó las instalaciones utilizadas para la producción ilegal de metanfetamina, lo que derivó en el despliegue correspondiente para su aseguramiento y posterior inhabilitación.

Aseguran toneladas de metanfetamina y precursores químicos

En el sitio fueron asegurados y destruidos aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de metanfetamina terminada, así como importantes cantidades de precursores químicos líquidos y sólidos.

Entre las sustancias aseguradas destacan 24 mil 960 litros de alcohol etílico y 26 mil 160 litros de P2P. Asimismo, se decomisaron 26 mil 160 kilogramos de sosa cáustica, 900 kilogramos de cianuro y 10 kilogramos de aluminio, insumos comúnmente utilizados en la fabricación de droga sintética.

Inhabilitan infraestructura de producción

El laboratorio clandestino contaba con equipo especializado y diversos accesorios para la elaboración de narcóticos sintéticos. Entre el material asegurado se encontraban reactores, condensadores, centrifugadoras, mezcladoras, tanques de gas, tambos, tinas y bidones.

Todo el equipo fue inhabilitado en su totalidad para evitar su reutilización por parte de grupos delictivos.

Golpe millonario a la delincuencia organizada

Autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica superior a 4 mil 651 millones de pesos para las estructuras logísticas del crimen organizado.

Con esta acción, señalaron, se evita que grandes cantidades de sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la protección y seguridad de las familias mexicanas.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de mantener la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, la paz y el bienestar en el país.

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Operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales

La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). En el operativo también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Querétaro y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cateos simultáneos en la capital de Querétaro

Como resultado del seguimiento a diversas líneas de investigación sobre la operación del grupo delictivo en la capital queretana, se realizaron recorridos de seguridad, así como vigilancias fijas y móviles. Estas acciones permitieron reunir datos de prueba suficientes para que un juez de control autorizara la ejecución de 12 órdenes de cateo en distintos domicilios.

Detenciones y aseguramientos relevantes

Durante el despliegue interinstitucional fueron detenidas 30 personas, entre ellas 21 hombres y nueve mujeres, incluido uno de los principales operadores y líder de la célula criminal. Asimismo, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, diversas dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento de información.

A los detenidos se les informaron sus derechos conforme a la ley y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener el trabajo coordinado con autoridades locales para combatir a los grupos criminales y fortalecer la seguridad en el país.

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Entre los arrestados se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como jefe de plaza y principal operador del grupo en la región.

Detención tras agresión en Macuspana

El operativo fue resultado de las labores de inteligencia iniciadas tras los hechos violentos del pasado 8 de noviembre en el municipio de Macuspana, donde dos mujeres fueron asesinadas y se registraron otros ataques relacionados con esta célula criminal.

García Harfuch dio a conocer los resultados a través de sus redes sociales, destacando la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Aseguran armas, vehículos y drogas

Durante el despliegue, las autoridades decomisaron un arsenal y equipo táctico utilizado por la organización.

De acuerdo con el reporte oficial de la SSPC, se aseguraron:

• 13 armas largas y 4 cortas
• 50 cargadores y 1,688 cartuchos útiles
• 160 dosis de marihuana y 40 de metanfetamina
• 3 automóviles, una camioneta y 2 motocicletas
• 7 chalecos balísticos, 7 cascos tácticos, 5 básculas grameras y una cámara de video
• 20 teléfonos celulares

Cuatro policías entre los detenidos

Las investigaciones de la SSPC confirmaron que “El Toto” coordinaba las operaciones ilícitas del grupo criminal en la zona.

Entre los detenidos también figuran cuatro policías municipales, presuntamente implicados en la red delictiva, lo que —según la dependencia— representa “un avance importante en la depuración de los cuerpos de seguridad y en la recuperación de la confianza ciudadana”.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, luego de que se les leyeron sus derechos. En las próximas horas se determinará su situación jurídica.

El operativo ha sido considerado uno de los más relevantes del año en Tabasco, dentro de la estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno de México para desarticular estructuras criminales y fortalecer la presencia institucional en regiones con alta incidencia delictiva.

Refuerzo de la seguridad en el sureste

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional y continuar las acciones de inteligencia para garantizar la paz y la justicia en el sureste del país.

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Redada masiva en favelas de Brasil deja 64 muertos

Una fuerza combinada de 2,500 agentes de la policía y el ejército brasileño ejecutó una redada masiva en favelas de Brasil, específicamente en las comunidades de Complexo do Alemão y Penha, en el norte de Río de Janeiro.

El operativo, dirigido contra la temida banda Comando Vermelho, resultó en 64 presuntos criminales abatidos y 81 detenidos, además de una incautación de 75 rifles y grandes cantidades de drogas. Las autoridades lo califican como el operativo más grande en la historia reciente de la ciudad.

Helicópteros, blindados y tiroteos: un operativo de guerra

Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada del martes, con helicópteros sobrevolando las zonas más conflictivas de las favelas, mientras vehículos blindados ingresaban por las estrechas calles.

Testigos reportaron horas de tiroteos intensos, fuego cruzado y caos generalizado. Videos compartidos en redes sociales mostraron columnas de humo y fuego, mientras los residentes se resguardaban en sus viviendas.

El periodista de The Associated Press confirmó el traslado de al menos 10 cuerpos al hospital Getulio Vargas, entre ellos dos agentes policiales. Aún se desconoce el número total de heridos, pero se estima que decenas de civiles también resultaron afectados.

Reacciones y condenas tras la redada masiva en favelas de Brasil

La magnitud del operativo ha desatado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, calificó los hechos como “una tragedia” y “un desastre”.

Exigió al Ministerio Público abrir investigaciones independientes para esclarecer las circunstancias de cada muerte, ante denuncias de uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales.

Posturas políticas enfrentadas y críticas al gobierno

El gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la acción, asegurando que fue una respuesta necesaria para “recuperar el control de las zonas dominadas por el crimen organizado”.

En contraste, Gleisi Hoffmann, representante del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, pidió una estrategia coordinada nacional para combatir el narcotráfico sin recurrir a tácticas “de guerra urbana”.

El poder del Comando Vermelho y el control de las favelas

El Comando Vermelho, organización criminal que surgió en las cárceles de Río, ha extendido su dominio sobre gran parte de las favelas. Con estructuras jerárquicas similares a las de un ejército, la banda se financia mediante el narcotráfico, la extorsión y el control territorial.

Según expertos en seguridad, la redada masiva buscaba golpear el núcleo de mando del grupo, aunque los cabecillas lograron escapar, como ha ocurrido en operativos anteriores.

El sociólogo Luis Flavio Sapori, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, advirtió que este tipo de acciones, aunque mediáticas, “no desmantelan las estructuras criminales”.

“Lo que cambia es el número de víctimas. Estos son números de guerra”, declaró. Además, explicó que los líderes rara vez son capturados, mientras los subordinados abatidos son reemplazados rápidamente, perpetuando el ciclo de violencia.

Consecuencias sociales y psicológicas del operativo

Las secuelas del operativo van más allá de las cifras.

Más de 46 escuelas cerraron sus puertas y la Universidad Federal de Río de Janeiro suspendió sus clases nocturnas. Cientos de familias fueron desplazadas temporalmente, mientras psicólogos locales alertan sobre traumas colectivos y estrés postraumático en niños y adolescentes.

La sociedad civil exige ahora reformas profundas en las estrategias de seguridad pública para evitar repetir tragedias de esta magnitud.

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A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que los detenidos son sospechosos de cobrar derecho de piso a comerciantes y empresarios locales. Con estas detenciones, suman más de 400 personas arrestadas en todo el país desde el inicio de la estrategia federal.

“En el marco de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión, el Gabinete de Seguridad de México con autoridades de Tabasco detuvieron a 4 personas por cobro de piso, se aseguraron 4 armas largas, equipo táctico y droga. Con esta estrategia suman más de 400 detenidos por este delito de Julio a la fecha”, publicó el funcionario.

El operativo sorpresa en la ranchería Coronel Traconi

De acuerdo con reportes de medios locales, elementos de la SSPC, la Secretaría de Marina y fuerzas estatales llevaron a cabo un operativo sorpresa en la ranchería Coronel Traconi, municipio de Centro. En el lugar fueron detenidos los cuatro presuntos delincuentes, quienes pertenecerían a una célula criminal dedicada a la extorsión y al adiestramiento de nuevos integrantes.

El despliegue se realizó sobre la carretera Villahermosa–Macuspana, donde los agentes implementaron un cerco de inteligencia que permitió sorprender a los sospechosos mientras realizaban prácticas en un predio abandonado.

Identifican a los detenidos y aseguran arsenal

Las autoridades identificaron a los detenidos como Jairo Ramón “N”, Pedro Alexander “N”, Fernando Isaías “N” y José Alfredo “N”, quienes ya eran investigados por movimientos sospechosos y la constante llegada de vehículos sin placas al lugar.

Durante el cateo, los elementos de seguridad localizaron un campamento improvisado con lonas, mochilas, chalecos tácticos y materiales explosivos, además de armas de alto poder y drogas con características de marihuana y cristal listas para su distribución.

Centro de entrenamiento criminal

En el sitio también fueron decomisadas botellas tipo “molotov” y mensajes amenazantes, lo que confirmó las sospechas de que el inmueble era utilizado como un centro de planeación de ataques y refugio para integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

Las autoridades federales informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde se determinará su situación jurídica. La SSPC reiteró que continuará con los operativos en todo el país para desarticular las redes de extorsión y fortalecer la seguridad pública.

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Hernán Bermúdez y los delitos que lo podrían condenar

El fiscal Vázquez Landeros detalló que la posible condena se compone de: 50 a 100 años por secuestro agravado; 7.5 a 18 años por asociación delictuosa; y 20 a 40 años por extorsión.

Estas penas sumarían hasta 158 años solo por delitos del fuero común. A ello podrían añadirse las sanciones derivadas de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que sigue indagando delitos de competencia federal.

Estado del proceso judicial contra Hernán Bermúdez

Actualmente, el caso de Hernán Bermúdez se encuentra en espera de la fijación de hora y fecha por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para su primera audiencia. La Fiscalía de Tabasco ha indicado que solicitará la vinculación a proceso con base en los datos de prueba ya reunidos.

Tras ser capturado en Paraguay, Hernán Bermúdez fue trasladada al Centro Federal de Reinserción Social número uno, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México. Ahí se le practicó una revisión médica y se le notificaron sus derechos como persona investigada.

Efraín Reséndez Bocanegra, presidente del TSJ, enfatizó que el proceso se realizará “conforme a Derecho”, descartando cualquier motivación política. Sin embargo, voces ciudadanas y analistas políticos han puesto atención especial en este caso por las conexiones que Bermúdez tenía dentro del aparato estatal.

Las autoridades han reiterado que hay una coordinación constante entre el Estado de Tabasco y la Federación, buscando que el proceso avance conforme a las normativas. La defensa de Bermúdez tendrá acceso total a la carpeta de investigación, lo cual es un derecho constitucional.

¿Qué es “La Barredora”?

La Barredora, grupo delictivo al que se le vincula, ha sido mencionado en varias investigaciones por su presunto involucramiento en delitos graves en la región del sureste mexicano. Su desmantelamiento representa un objetivo prioritario para las autoridades locales y federales.

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El senador exige que el exgobernador chiapaneco rinda cuentas por la inseguridad que, asegura, padeció el estado durante su gestión.

El senador Luis Armando Melgar hizo un llamado para que el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, rinda cuentas por la inseguridad que, asegura, padeció el estado durante su gestión.

Melgar relaciona la situación con la presunta cercanía de Escandón con el grupo delictivo “La Barredora”, originario de Tabasco, además de señalar las condiciones de “descomposición social e institucional” de su administración.

El legislador enfatizó que la justicia no puede esperar y que es vital que el exgobernador enfrente los señalamientos que han surgido en los últimos meses, los cuales apuntan a posibles actos de complicidad y omisión que, según él, agravaron la inseguridad.

“El pueblo chiapaneco merece verdad y merece justicia. Exijo que se le separe de cualquier cargo público y que rinda cuentas por su relación con La Barredora. No se puede esconder la verdad ni mantener la impunidad. Chiapas no olvidará lo que pasó y hoy, más que nunca, la transparencia debe prevalecer”, expresó Melgar.

El senador sostuvo que la administración de Escandón estuvo marcada por la violencia, la corrupción y el abandono institucional, lo que, a su parecer, provocó una “profunda descomposición del tejido social”.

En contraste, subrayó que con el actual gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, “la paz y la gobernabilidad regresaron al estado”.

Melgar afirmó que su exigencia no es política, sino un acto de justicia social.

“Cada madre, cada campesino, cada joven que vivió con miedo merece respuestas. No se trata de persecución, se trata de justicia. Quien falló al pueblo debe responder ante el pueblo”, puntualizó. Con ello, busca que se esclarezca por completo la relación entre el exmandatario y el grupo delictivo “La Barredora”.

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