De acuerdo con los fragmentos difundidos, la llamada habría sido realizada por Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y alcalde con licencia de Cerralvo, quien presuntamente actuó como intermediario ante un directivo de la empresa. En uno de los extractos se escucha que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, “se requiere un pago fuerte”, y se plantea la posibilidad de cubrirlo en parcialidades.

En la conversación también se menciona al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, y al secretario general de Gobierno, Miguel Flores, como parte de las gestiones para que la empresa pudiera “alinearse”. Matrimar ha sostenido previamente que el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos para permitir su operación.

La difusión del audio se da tras una serie de actuaciones administrativas contra la compañía. El 11 de febrero, autoridades estatales acudieron de madrugada a colocar sellos de clausura y, posteriormente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó nuevas visitas a las instalaciones. La empresa informó que obtuvo suspensiones y amparos federales con los que busca revertir las medidas.

En comunicados públicos, Matrimar ha acusado al gobierno estatal de ejercer “extorsión disfrazada de acoso institucional” y ha afirmado que sus operaciones han sido auditadas durante años sin que se hayan acreditado irregularidades. La paralización de la planta, asegura, afecta a más de 500 familias.

El caso se inserta en un entorno de tensiones entre la administración estatal y sectores productivos. Desde 2022 se aplican en Nuevo León los llamados impuestos verdes a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos, esquema que ha sido impugnado por empresas del ramo. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% aprobado en el Paquete Fiscal 2026, al advertir impactos en inversión y empleo, en un contexto de mayores requerimientos presupuestales vinculados a obras de infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que el estado será sede.

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Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.

El FBI detuvo en Caracas al empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro y acusado de operar esquemas de lavado de dinero en varios países, entre ellos México. La captura se realizó con apoyo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y, de acuerdo con reportes de inteligencia citados por medios colombianos, Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.

Saab había sido liberado en diciembre de 2023 tras un intercambio de prisioneros gestionado por el gobierno venezolano y, a su regreso, fue incorporado al gabinete de Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional. Sin embargo, hace apenas dos semanas fue destituido de ese cargo y de la dirección del Centro Internacional de Inversión Productiva, en lo que fue interpretado como un quiebre político previo a su nueva detención.

En México, de acuerdo con Proceso, Saab enfrenta cinco denuncias penales presentadas en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. Ese mismo año, la UIF ordenó el bloqueo de más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de presuntos socios del empresario, como parte de investigaciones por lavado de dinero relacionadas con la compra de alimentos destinados al programa CLAP del gobierno venezolano.

Exlegisladores y organizaciones civiles de Venezuela han sostenido que México fue un punto clave en las operaciones financieras de Saab, quien habría realizado negocios por más de 300 millones de dólares antes de su primera detención en 2020. Parte de esos recursos, afirman, provendrían del desvío de fondos públicos venezolanos y continúan sin resolverse en el ámbito judicial mexicano.

En diciembre pasado, Pie de Nota difundió un supuesto oficio atribuido a la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), cuya autenticidad y alcances no han sido confirmados oficialmente. En el documento se advierte que Saab formaría parte de una presunta organización criminal transnacional dedicada a lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción, con operaciones en México y otros países.

El oficio identifica como presunto líder de esa estructura al empresario Jack Landsmanas Stern, director del Corporativo Kosmos, y describe un esquema basado en la obtención de contratos públicos de servicios de alimentación en penales y dependencias federales de México. Según el texto, estos contratos habrían permitido el manejo de grandes volúmenes de recursos y la consolidación de una red de corrupción con funcionarios públicos.

Uno de los apartados del documento atribuido a HSI menciona las operaciones de lavado de dinero vinculadas a la venta de despensas al gobierno de Venezuela a través del programa CLAP, el mismo mecanismo en el que han sido señaladas las operaciones de Alex Saab. El texto también alude a posibles violaciones al régimen de sanciones de Estados Unidos y a esquemas de triangulación financiera en el extranjero.

El listado de personas presuntamente relacionadas con esa organización incluye a integrantes de la familia Landsmanas, exfuncionarios federales y estatales, así como empresarios con contratos públicos millonarios. Entre los nombres mencionados aparece también el empresario Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero.

A Landsmanas, versiones periodísticas también lo relacionan con la arrendadora con fuerte presencia en Estados Unidos, Turbofin, propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain Bimstein, también dueños de Traxión, empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

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Un grupo empresarial mexicano vinculado a la familia Landsmanas, encabezado por Jack Landsmanas Stern, figura en investigaciones relacionadas con la venta de alimentos con sobreprecios destinados a Venezuela, dentro del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El caso forma parte de una serie de indagatorias que documentan la participación de intermediarios privados en contratos de importación de alimentos durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La destitución de Alex Saab como ministro de Industria y Producción de Venezuela reactivó líneas de investigación abiertas en torno a las empresas que participaron en la cadena de suministro del programa CLAP. Saab, empresario colombiano sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue señalado por autoridades estadounidenses como operador de una red de contratos inflados para la importación de alimentos. En ese entramado aparecen compañías ligadas al Corporativo Kosmos, el grupo empresarial de la familia Landsmanas.

Kosmos y otras firmas relacionadas habrían participado en la exportación de alimentos a Venezuela mediante esquemas de intermediación que incluyeron empresas offshore y contratos con precios por encima del valor de mercado. Estas operaciones motivaron indagatorias tanto en México como en Estados Unidos.

La familia Landsmanas, conocida en México por su presencia en la industria alimentaria y por contratos públicos de distribución en cárceles mexicanas, ha estado en la mira de ambos países.

De acuerdo con El Financiero, en México, desde los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, se abrió una investigación en la que se señaló la presunta complicidad de altos funcionarios cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Señala el diario que el vínculo entre Landsmanas y Saab no se traduce necesariamente en una relación comercial formal directa; sin embargo, ambos aparecen mencionados en investigaciones sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos para los CLAP, por sospechas de financiamiento irregular, incluso bajo la categoría que Estados Unidos emplea para investigar posibles vínculos con actividades de financiamiento al terrorismo por su relación con el régimen venezolano.

Desde 2019, autoridades mexicanas habían iniciado investigaciones que incluyeron a cerca de 23 empresas por lavado de dinero, triangulaciones financieras y ventas de productos a precios inflados, asociadas con el envío de alimentos desde México a Venezuela.

La familia Landsmanas ha negado reiteradamente tener vínculos con Saab o participar en negocios ilícitos relacionados con los CLAP, sosteniendo que sus operaciones comerciales obedecen a actividades legítimas dentro del sector alimentario.

En este contexto, también se ha documentado la relación de Jack Landsmanas con Turbofin, empresa dedicada al arrendamiento de vehículos que ha obtenido contratos públicos de alto monto en diversas entidades del país. Turbofin es propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain, quienes también controlan Grupo Traxión, compañía del sector transporte y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

Traxión, al operar como empresa pública, está sujeta a obligaciones de revelación financiera ante inversionistas y autoridades bursátiles. Turbofin, en cambio, opera como empresa privada y ha sido señalada en reportes periodísticos por la adjudicación de contratos sin licitación para el arrendamiento de patrullas y vehículos oficiales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación utilizados y las redes empresariales involucradas.

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Este lunes se daría el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, convocada por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo, para el arrendamiento de 80 autobuses para los próximos 2 años que serán integrados a la flotilla del Tuzobús a partir del próximo año 2026, que de acuerdo a denuncias estaría direccionada presuntamente a la empresa Rommify Capital SA de CV, constituida el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socio o accionista principal a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, pese a que presentó la oferta más cara con $662,421,775.24 pesos.

Según documentos oficiales, Rommify Capital SA de CV fue constituida el 02 de octubre 2020 ante la fe de la Notaria Pública No. 21, María del Consuelo García Curiel, de Pachuca, siendo los socios originales la persona física Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses.

Meses antes de la toma de posesión del morenista Julio Menchaca Salazar, como Gobernador de Hidalgo, registros de la Rommify Capital señalan que el 25 de mayo 2022, ingresó a la empresa como socio Juan Carlos Martínez Domínguez, quien tomó un total de 150 acciones, dejando a Guinea Prado, con 40; y a Green Movi, con solo 10 acciones de participación.

Martínez Domínguez, quien también aparece como socio en una red de empresas que han sido ampliamente beneficiadas con contratos en las administraciones anteriores, entre ellas: CELMILENIUM SA de CV,  Holy Cheese Food México SA de CV, Hermes Games SA de CV, Fibra OPCE SA de CV, Financiera Milenium SA de CV SOFOM ENR y Aero Servicios Ejecutivos RM SA de CV, entre otras, ha sido señalado e investigado por diversos medios locales por la venta a sobreprecio de tabletas electrónicas al gobierno de Hidalgo. Una de sus empresas vendió 15 mil tabletas electrónicas por 87 millones de pesos, pero una investigación de la UIF reveló que los aparatos tenían un costo real de casi 36 millones de pesos.

El empresario, también fue uno de los señalados en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, que destapó Santiago Nieto cuando ocupó la FGE de Hidalgo, que implicó la simulación de contratos y servicios con empresas fantasma para desviar dinero del presupuesto público. Los fondos, que ascendían a más de 520 millones de pesos, que estaban destinados originalmente a obras públicas, salud y otros servicios esenciales.

LICITACIÓN A MODO

A mediados de 2025 el Gobierno de Hidalgo anunció la compra de 42 unidades; sin embargo, posteriormente, el esquema cambió a un arrendamiento de 80 autobuses, sin que se haya hecho público un estudio costo-beneficio del cambio, ni un dictamen técnico, ni el impacto presupuestal multianual.

Pese a ello, la convocatoria para Licitación Pública Nacional EA-913003989-N879-2025, fue publicada el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo para el arrendamiento de 80 autobuses: 42 de 80 pasajeros, y 38, de 50 pasajeros, que se sumaran a la flotilla del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Durante las juntas de aclaraciones, empresas como Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz documentaron una serie de ‘candados’ para beneficiar a uno de los concursantes, dado que por el tiempo de entrega originalmente pactados en la convocatoria, que señalaba  que los 38 vehículos de 50 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 30 de enero del 2026, y el arrendamiento tendría una duración de 26 meses a partir del 01 de febrero del 2026 al 31 de marzo del 2028; mientras que los otros 42 vehículos de 80 pasajeros, se deberían  entregar a más tardar el 31 de marzo del 2026 y el arrendamiento tendría una duración de 24 meses a partir del 01 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2028.

Sin embargo, tras la junta, la convocante modificó los plazos para las entregas: los 42 autobuses de 80 pasajeros será para el 31 de marzo de 2026 con un arrendamiento entre el 01 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (24 meses); mientras que los otros 38 autobuses de 50 pasajeros la entrega sería para el 30 de abril de 2026, siendo el arrendamiento entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2028 (26 meses).

Aun así, los participantes ven casi imposible que se pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de las unidades en los nuevos plazos acordados, a no ser que uno de los concursantes, como Rommify Capital, haya contado con antelación con ‘información privilegiada’.

Lo más extraño, denuncian empresas, es que Rommify Capital, en su giro no incluye ni la comercialización ni arrendamiento de unidades de transporte de estas dimensiones, lo más cercano o parecido se acordó en una modificación al objeto social realizado en 2022, donde se especifica lo siguiente: “El comercio al por menor de automóviles y camionetas usados”, en ninguna parte de su objeto social ni en las modificaciones, señala un rubro sobre el servicio requerido en la licitación EA-913003989-N879-2025.

Según el calendario de la licitación, el pasado 8 de diciembre, en una junta de aclaraciones exprés, pues solo duró 25 minutos, se hicieron cambios relevantes a la convocatoria: Ampliación de plazos de entrega, ajuste de dimensiones técnicas de los autobuses, exigencia de una sola carrocería y marca para ambos tipos de unidades y la exigencia de certificación EURO VI o EPA 24.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Según la apertura de propuestas, las empresas participantes son: Jetvan Car Rental SA de CV, de Cuauhtémoc Velázquez García, que uno de los proveedores más recurrente de los tres niveles de gobierno, con antecedentes de controversias públicas y según el expediente SANC-0001/2020 sufrió una inhabilitación de un año por irregularidades en la ejecución de contratos.

La empresa Jetvan Car Rental ofertó por el arrendamiento de las 80 unidades un monto de $431,976,805.17 pesos; cabe señalar que Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, una de las que se ha quejado de las irregularidades en la presente licitación, ha compartido representante legal con Jetvan en la persona de César Gerardo Matamoros Vargas, lo que habla de una estrecha relación de negocios entre ambas razones sociales.

La otra empresa es Arrendadora de Muebles e Inmuebles SA de CV, empresa fundada en Playa del Carmen, Quintana Roo, que recientemente ha obtenido contratos en alcaldías de la Ciudad de México para el arrendamiento de camiones y patrullas, pero que no se le conoce socios ni otros antecedentes. La empresa ofertó por los servicios $625,914,760.91 pesos.

La otra propuesta fue presentada por la citada Rommify Capital SA de CV, empresa hidalguense con domicilio en Zona Plateada, Pachuca de Soto, y que tiene un amplio historial de contratos recientes en Hidalgo con Oficialía Mayor, DIF estatal, STCH y municipios.

Recientemente firmó el contrato PMMR-SA-026-FORTAMUN-2025, 2 de julio de 2025, para el arrendamiento de patrullas en el municipio de Mineral de la Reforma por un monto de $13,777,737.60 pesos; en el DIF Estatal obtuvo el contrato DIF/DAJ/0120/2025, enero de 2025, para el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2025-2026 por un monto de $26,352,339.78 pesos; el contrato 034/2025, del 7 de abril 2025, para el arrendamiento 58 camionetas pick up, modelo 2025, por un monto de $23,100,184.32 pesos; el contrato 033/2025, firmado el mismo 7 de abril para el arrendamiento de vehículos por un monto de $12,550,692.38 pesos.

El año pasado obtuvo el contrato 102/2024 para arrendar 175 vehículos por un monto de  $155,754,234.72 pesos; en 2023, firmó el contrato 421/2023, por un monto de $49,012,320 pesos. En total suma contratos por más de 300 millones de pesos en la actual administración hidalguense.

ESTE LUNES EL FALLO

La propuesta de Rommify Capital para el arrendamiento de los 80 autobuses es la más alta económicamente: $662,421,775.24 pesos, superando por más de 230 millones de pesos a la oferta más baja.

El fallo para adjudicar los servicios, cuya responsabilidad pesa sobre los funcionarios Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; Humberto Cabrera Román, director del SITMAH; y Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad del Estado de Hidalgo, está programado para este lunes a las 11:00 horas.

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Por Antonio Carrera.

José Luis Moyá Moyá, el autollamado zar de las solicitudes de información, está siendo acusado de buscar un trato privilegiado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, según fuentes del propio centro penitenciario.

A casi un año de su detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Moyá habría manifestado su temor por su vida, alegando amenazas y agresiones físicas.

Las fuentes consultadas señalan que estas quejas, que incluyen la supuesta falta de atención médica, son una estrategia para presionar a las autoridades y obtener un trato preferencial. Moyá Moyá se encuentra encarcelado desde octubre de 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

La detención de Moyá se produjo tras una investigación de la FGJCDMX por presuntas acusaciones de extorsión. Un video que circula en YouTube, supuestamente, detalla irregularidades financieras de Moyá y su familia.

El material señala que su madre, Rosa María Moyá, de 87 años, habría realizado transferencias millonarias sin una actividad empresarial conocida.

A pesar de su imagen pública como promotor de la transparencia, Moyá ha sido acusado por diversas fuentes de utilizar la información obtenida a través de solicitudes de acceso para beneficio personal o para extorsionar a empresarios y funcionarios.

En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación.

Moyá incluso admitió públicamente en 2014 que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información para influir en licitaciones públicas.

“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”, declaró entonces ante senadores.

Un juez lo vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva, mientras se determina su situación legal.

También se ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias para impedir movimientos de fondos presuntamente ilícitos.

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Por Antonio Carrera

El exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se encuentra en la mira luego de que una investigación de Reporte Índigo revelara que, durante 2023, adquirió dos terrenos y un vehículo. Sin embargo, para estas operaciones desembolsó un millón 133 mil 568 pesos, que pagó de contado y sin recurrir a ningún esquema de crédito.

Esta información aparece dentro del documento patrimonial que presentó al asumir su cargo federal como titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas), en febrero de 2025, donde incluyó los dos predios y el automóvil dentro de sus bienes. El primero fue adquirido el 5 de febrero de 2023, cuando García Jiménez pagó 520 mil pesos por una camioneta Ford Ranger XLS, modelo 2022.

Posteriormente, el 28 de marzo de ese año, compró un terreno de 155 metros cuadrados con valor de 413 mil 568 pesos, registrado a nombre del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Finalmente, el 26 de octubre invirtió 200 mil pesos en un segundo terreno de 650 metros cuadrados, en una operación donde aparece como “transmisor persona física”.

En el mismo documento que cita el medio, el exgobernador de Veracruz declaró ingresos netos por 1 millón 5 mil pesos durante 2023, correspondientes a su salario como mandatario estatal. También reportó no contar con inversiones, cuentas bancarias, créditos, participaciones empresariales ni otras fuentes de recursos adicionales.

Ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones a la administración veracruzana por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales. El monto total señalado alcanzó 3 mil 598 millones 505 mil 200 pesos, de los cuales 1 mil 724 millones 37 mil 800 pesos correspondieron directamente al Gobierno estatal encabezado entonces por García Jiménez.

La ASF también atribuyó anomalías por 620 millones 703 mil 200 pesos a municipios de la entidad y mil 253 millones 764 mil 200 pesos a otros entes gubernamentales de Veracruz, de acuerdo con la “Matriz de Datos Básicos” de la Cuenta Pública 2023.

EXIGEN SU SALIDA DE CENAGAS

En mayo de 2025, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron al Gobierno federal la separación de García Jiménez de su cargo en Cenagas. Mediante un punto de acuerdo presentado el 14 de mayo, los grupos parlamentarios blanquiazules pidieron que el exgobernador enfrente los señalamientos de presunto desvío de recursos sin respaldo oficial.

“El Partido Acción Nacional, a través de sus Grupos Parlamentarios en el Senado y en Diputados, presentaron un punto de acuerdo para llamar de manera enérgica y puntual al Gobierno de la República, para que separe de sus funciones al titular del Cenegas, Cuitláhuac García, y sin la cobija del gobierno federal, haga frente a las acusaciones por desvío de más de 1 millón 600 millones de pesos”, señaló el comunicado.

En la misma postura, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, pidió “romper el pacto de impunidad” y que los responsables enfrenten la justicia.

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POR: ANTONIO CARRERA

En lo que va del año, Lumo Financiera del Centro, propiedad de Luis Humberto Montaño García, empresario ligado a Adán Augusto López, ha asegurado contratos públicos por alrededor de 270 millones de pesos, teniendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como su principal cliente.

De acuerdo con datos de Compras MX, la firma también ha hecho negocios en 2025 con Liconsa, Alimentación para el Bienestar y la Comisión Nacional del Agua, entre otras dependencias.

Montaño García, fundador de la empresa, mantiene vínculos con el coordinador de Morena en el Senado Adán Augusto López, señalado hoy tras revelarse la presunta cercanía de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo delictivo La Barredora. El desgaste político del legislador se evidenció recientemente, cuando ciudadanos lo increparon en el Centro Histórico con gritos de “Ratero” y “Saludos a La Barredora”.

La sombra del caso pesa sobre el senador, cuya imagen pública se deteriora rápidamente. El episodio en el que ciudadanos lo increparon en pleno paseo por el Centro Histórico, con gritos de “Ratero” y “Saludos a La Barredora”, exhibió con crudeza el desgaste de su reputación.

Adán Augusto, también ex secretario de gobernación, nombró al empresario Coordinador Ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez, órgano del Senado. Por el cargo, que asumió desde el año pasado, Montaño cobra mensualmente 172 mil pesos mensuales, según consta en documentos de transparencia.

Su nueva posición, sin embargo, no ha impedido que Lumo deje de recibir asignaciones o de participar en contrataciones públicas.

Lo anterior pese a que la fiema ha sido señalada de operar al menos durante una década con Unifin, institución financiera que atravesó un concurso mercantil en 2023 y que aún arrastra cuestionamientos por presuntos fraudes y manipulación de estados financieros.

Además, el historial de Lumo ha sido objeto de revisiones oficiales. En 2021, la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación sobre presuntas simulaciones de competencia en contrataciones públicas.

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ANTONIO CARRERA

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) adjudicó a Supervisión Técnica del Norte, S.A. de C.V. un contrato de arrendamiento vehicular por dos años, pese a que su propuesta económica fue la más alta de la licitación.

El fallo, publicado el 15 de agosto, otorgó a la firma la partida más grande —250 camionetas pick-up doble cabina— por 150 millones 299 mil 25 pesos, 56 millones más que la oferta más baja.

La decisión ha levantado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos. De las cinco empresas participantes, Integra Arrenda presentó la mejor propuesta económica, por 94 millones 177 mil 500 pesos, y cumplió con los requisitos solicitados, pero fue descalificada.

El contrato incluyó también 30 vehículos sedán y un sistema de monitoreo en tiempo real, dentro de un rango presupuestal de entre 95.9 y 239.7 millones de pesos.

Al entregar la licitación a la oferta más alta, el instituto, a cargo de Elizabeth Mar Juárez, está contraviniendo las disposiciones sobre el aprovechamiento de los recursos del Estado, fundamentales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable.

El fallo se produjo tras una serie de aplazamientos. Originalmente estaba previsto para el 29 de julio, pero se reprogramó en dos ocasiones: primero para el 1 de agosto y luego para el 8 del mismo mes. Finalmente se publicó este 15 de agosto.

Ante ello, los participantes preparan una serie de recursos de inconformidad ante el Órgano Interno de Control, con el fin de solicitar su revisión y buscar la anulación o modificación del fallo.

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Luis Antonio García Calderón, responsable del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue denunciado por su presunta injerencia directa en el fallo de una licitación pública para contratar servicios de limpieza, higiene y desinfección en instalaciones médicas y administrativas del instituto.

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó la denuncia ante el director de Denuncias y Atención Ciudadana “A” del ISSSTE, Martín Rubio Millán. En el documento, la organización solicita una investigación sobre la actuación del titular del OIC y de dos funcionarias del Área de Responsabilidades, acusadas de intervenir de forma irregular en la resolución del recurso de inconformidad 006/2025.

De acuerdo con el expediente, el 21 de julio, el OIC resolvió un “incidente por defecto” y ordenó considerar económicamente solvente a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales Pese a que el fallo debía limitarse a corregir omisiones en la evaluación económica, el OIC instruyó beneficiar a dicha empresa y prohibió cualquier revisión adicional en los aspectos legales o técnicos. La resolución incluyó una advertencia de sanción a los funcionarios que desacataran la orden.

La propuesta de Armot había sido previamente desechada con base en el numeral 10.15, inciso L, de las bases de la licitación, que establece el rechazo de ofertas con “información que cause confusión, incertidumbre o contradicciones respecto al cumplimiento del servicio”.

La intervención del OIC no solo invadió las facultades de la entidad contratante el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, sino que afectó los derechos de las empresas competidoras. Entre ellas, Ocram Seyer, S.A. de C.V., en conjunto con Wilk S. de R.L. de C.V., que había recibido la adjudicación original el 12 de febrero al presentar una propuesta que cumplía con los criterios técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.

La denuncia detalla que la empresa favorecida alcanzó una calificación técnica de 59 puntos sobre 60, pese a presentar documentación presuntamente incompleta. Entre las irregularidades observadas, se incluyen la falta de estados financieros completos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y el uso de facturas canceladas como respaldo de su capacidad técnica y de equipamiento.

El OIC determinó no revisar ni modificar estos elementos al resolver el recurso de inconformidad, lo cual, según ACUEC, impidió a la entidad convocante ejercer una evaluación integral del proceso.

El documento también señala a Janet Citlali Ramírez Estela y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, integrantes del Área de Responsabilidades del OIC, por omitir su deber de actuar ante las inconsistencias detectadas. La organización exige una revisión de su situación patrimonial.

La denuncia señala que, al involucrarse en decisiones que no le correspondían, Luis Antonio García Calderón dejó su papel como autoridad supervisora para favorecer directamente a una empresa, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.

Cabe señalar, que Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, SA de CV, es prácticamente una empresa de recién creación, 21 de junio de 2022, constituida en Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las presuntas socias o accionistas: Jessika Ivonne Velázquez Flores y María Susana López Hernández; y el administrador único de la empresa es Fernando Porfirio Lorenzo Vázquez, un exfuncionario de FONATUR y del DIF de la Ciudad de México, relacionado con la adjudicación de contratos de limpieza en las dependencias por donde ha pasado, y hoy a través de presuntamente usar prestanombre decidió hacer su propia empresa para llevarse una rebanada grande del pastel presupuestario.

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ANTONIO CARRERA

El conglomerado farmacéutico, Landsteiner Scientific, mantiene contratos con el gobierno federal, pese a que acumula más de 400 procedimiento legales, además de que fue declarada en concurso mercantil, reveló una investigación de Proceso.

En los últimos 15 años, Landsteiner Scientific y su empresa relacionada, Landsteiner Pharma, se hicieron de 432 contratos públicos que suman más de 10 mil 400 millones de pesos. Tan solo en lo que va de 2025, las adjudicaciones ya rebasan los 3 mil 500 millones de pesos, según datos de la plataforma Compras MX.

Una de las contrataciones más recientes se realizó en marzo pasado con Petróleos Mexicanos (Pemex), que firmó un acuerdo por 58 millones de pesos para la compra de medicamentos, material de curación y auxiliares de diagnóstico, con vigencia hasta diciembre de 2026.

La empresa pertenece a Miguel Antonio Granados Cervera, quien aparece como accionista en al menos 16 compañías, incluyendo Landsteiner Cannabis Health, Grupo Diabeclinics y Grupo Cannwell. Granados Cervera no cuenta con cédula profesional, pero figura como solicitante de al menos cinco patentes relacionadas con compuestos farmacéuticos y cosméticos.

En 2022, Landsteiner Scientific fue demandada por Grupo Zamberk y posteriormente declarada en concurso mercantil. En ese momento, enfrentaba deudas por más de 2 mil 800 millones de pesos con instituciones como Banorte, BBVA, Bancomext e Invex. Un año después, un juez federal aprobó un convenio que le permitió a la empresa continuar operando y conservar sus contratos públicos. El acuerdo planteó el pago del total de la deuda en 19 años con una tasa de interés del 1% anual, o una quita del 80% con pagos diferidos. La mayoría de los acreedores aceptó la primera opción.

Durante la pandemia por covid-19, Landsteiner anunció la compra de 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, supuestamente en alianza con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Sin embargo, el medio reveló que no existen registros oficiales que confirmen dicho acuerdo.

En el mismo periodo, la empresa vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más de 2.5 millones de pruebas rápidas de covid-19 que resultaron defectuosas. Por ese lote, el IMSS pagó 230 millones de pesos mediante adjudicación directa. Las pruebas generaron falsos positivos, pero no derivaron en sanción alguna, de acuerdo con la misma investigación.

Las compañías vinculadas a Granados Cervera acumulan más de 400 litigios en la Ciudad de México, entre ellos amparos, revisiones fiscales y procedimientos administrativos. Uno de los más recientes involucra a la paraestatal Birmex. En abril de 2025, Landsteiner promovió un amparo tras lo que describe como “silencio administrativo” de esa entidad, poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara el cese de cinco funcionarios por presuntas irregularidades en adquisiciones.

“Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, fueron separados de su cargo”, dijo Sheinbaum el 10 de abril desde Palacio Nacional.

A pesar de ello, Landsteiner continuó recibiendo contratos del gobierno federal. Incluso instituciones como Pemex mantienen relaciones comerciales con la firma, aún después de su situación financiera y legal.

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