Por Antonio Carrera.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ), a cargo de Néstor Vargas Solano, adquirió 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos, bajo un esquema de adjudicación directa en el que la dependencia no presentó un análisis del parque vehicular a renovar ni un estudio de mercado que justificara la asignación sin licitación. Además, en los archivos oficiales del Gobierno federal no aparece identificada la empresa beneficiada con este contrato millonario.

El Pleno del Órgano de Administración Judicial argumenta que la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación obedece a que las unidades presentaban fallas recurrentes. Sin embargo, en el boletín publicado el pasado 23 de enero no se anexan documentos técnicos, financieros, operativos o de seguridad que respalden la decisión de adjudicar de manera directa la compra.

De acuerdo con fuentes extraoficiales del propio Órgano de Administración Judicial, el proveedor presuntamente favorecido sería JetVan, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, empresa que habría recibido 252 millones de pesos para suministrar 571 vehículos de distintos tipos destinados a directivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Del total de unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas. No obstante, no se detallan los costos asociados a la carga de estos vehículos ni el consumo de electricidad que implicará su operación. A ello se suma que, actualmente, la dependencia no cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de cargadores, aseguró un trabajador del Órgano de Administración Judicial.

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Nacida durante el sexenio de Felipe Calderón, Broxel, empresa de servicios financieros propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, construyó en poco más de una década una red de contratos públicos que a la fecha supera los 25 mil millones de pesos, un ascenso que tomó impulso durante la administración de Enrique Peña Nieto y cuyo historial hoy es revisado por diversas instancias federales.

Desde su creación, en 2011, Broxel encontró terreno fértil en programas públicos de prestaciones y vales. Durante el gobierno de Peña Nieto, su presencia se disparó en organismos como el Infonavit, donde entre 2016 y 2024 obtuvo al menos diez contratos por 701 millones de pesos, ocho de ellos por adjudicación directa. Ese patrón motivó una denuncia presentada en 2025 ante el propio Instituto, turnada también a la FGR, la SFP, el SAT y la UIF, para indagar posibles conflictos de interés y triangulación de recursos iniciados desde esos años.

A nivel estatal, el mayor empuje provino de gobiernos panistas. Entre 2021 y 2024, las administraciones de Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Querétaro otorgaron a la firma más de 860 millones de pesos en contrataciones públicas, de las cuales 21 de 38 fueron por adjudicación directa.

El expediente también incluye episodios bajo observación regulatoria. En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a su filial Broxel Transfer por incumplimientos en prevención de lavado de dinero; y en 2022 multó a otra de sus razones sociales por entregar información falsa o incompleta.

A ello se suma que entre 2019 y 2025 la empresa retrasó la devolución de 121 millones de pesos en vales no entregados al Gobierno de la Ciudad de México, obligando a la Secretaría de Finanzas a emitir múltiples oficios para exigir los reembolsos, según se constató en documentos obtenidos vía transparencia.

Pese a estas alertas, Broxel acumula convenios en administraciones estatales y en distintos organismos federales, varios de ellos derivados de contratos iniciados al amparo de gobiernos panistas y priistas.  El historial, que mezcla montos millonarios, irregularidades operativas y una tendencia recurrente de adjudicaciones6 directas, ha encendido focos rojos en áreas federales que hoy analizan el origen y evolución de esta red de asignaciones públicas.

Esto ocurre, mientras la administración de Clara Brugada se encuentra en plena definición de la licitación para los vales de despensa de fin de año, un contrato estimado en más de 3 mil 700 millones de pesos. Servicios Broxel, que ha mantenido la adjudicación desde 2019, busca continuar al frente.

Personas cercanas al proceso aseguran que el exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López habría desplegado gestiones para presionar a funcionarios capitalinos y operar, a través de medios de comunicación, una estrategia favorable a la empresa con el fin de influir en el resultado del proceso. Estas maniobras, aseguran, han generado tensión política en torno al fallo, programado para hoy lunes 10 de noviembre.

En paralelo, Gustavo Gutiérrez Galindo, fundador y director de Broxel, ha sido vinculado con actores políticos y empresariales desde los años en que su compañía comenzó a obtener contratos federales y estatales. Según fuentes consultadas, durante la última década mantuvo presencia frecuente en uno de los palcos del equipo Miami Dolphins, espacio donde solía reunirse con funcionarios y representantes de distintas dependencias, mientras su firma ampliaba su red de convenios públicos.

De acuerdo a un periodista mexicano que asistió a uno de esos partidos de la National Football League (NFL), uno de los empresarios que fueron ubicados en estas reuniones es Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario actualmente requerido por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal relacionados con esquemas de outsourcing.

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Según información publicada por la revista Proceso, la compañía interpuso un procedimiento conciliatorio ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, tras no recibir los pagos correspondientes a febrero y marzo de 2025. El caso quedó registrado bajo el expediente CONC/370/2025.

En respuesta oficial, Carmen de Jesús López Núñez, jefa del Departamento de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, reconoció que no se ha iniciado formalmente la revisión del expediente.

Para continuar con el proceso, indicó que será necesario evaluar la documentación presentada por la empresa, como bitácoras, reportes de servicio, actas de conformidad y entregables físicos y digitales, con base en el contrato IB/875/2024 y sus convenios modificatorios.

La empresa también notificó que inició operaciones el 16 de julio de 2024, tras un acuerdo verbal con personal del IMSS-Bienestar. De acuerdo con OCRAM Seyer, esta instrucción se dio bajo la premisa de que el contrato sería retroactivo a esa fecha. Esta versión fue reiterada por la compañía durante su comparecencia en el procedimiento conciliatorio.

El conflicto se enmarca en una serie de casos similares reportados recientemente en distintas dependencias del gobierno federal, donde proveedores han denunciado atrasos en pagos por servicios ya prestados.

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De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la firma —propiedad de Anna Viesca Sánchez y Carlos Prats García— proporcionó documentación falsa en la Licitación Pública Nacional LA-27-703-027703982-N-15-2024 para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024”.

De acuerdo con el medio Proceso a través del Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio, se notificó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipios abstenerse de contratar o aceptar propuestas de esta empresa.

La resolución se emitió el 8 de julio como parte del expediente SAN/017/2024, en el que se asentó que Avacor presentó información falsa, por lo que violaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Avacor, cuyos dueños pertenecen al círculo cercano del senador y coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, fueron favorecidos con contratos durante su gestión como secretario de Gobernación (2021-2023).

Lo anterior al recibir la mayoría de los contratos para vender equipo, uniformes y escudos a la Guardia Nacional y el Ejército. Mientras que, en 2021 la empresa fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por vender colchones con sobreprecio del 30% a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los contratos con los que la empresa fue fsavorecidan sobresale el No. GN/CAF/DGRM/C052/2021, por un monto de $229,584,403.80 pesos para la adquisición de equipo táctico para integrantes de la Guardia Nacional; o el GN/CAF/DGRM/C062/2020, por $18,499,472.24 pesos, para la adquisición de equipo táctico, de campaña y vestuario para el personal de la Guardia Nacional, entre otros.

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En México se encendieron las alertas sobre extranjeros que sin estar autorizados, consiguieron contratos en sectores estratégicos, esto a raíz de la detención del directivo brasileño de la firma fintech Dock, Anderson Olivares de Oliveira y las investigaciones en contra de Thiago de Magalhaes, presunto gestor de contratos públicos para Grupo Surman.

Olivares de Oliveira fue arrestado el 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por su presunta participación en un fraude financiero por 10 millones de dólares, que estaría ligado a desvíos de recursos y falsificación de documentos, por lo que permanece en el Reclusorio Sur. Será este viernes cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso.

Al respecto, la empresa Dock sostuvo que el caso de su directivo se trata de “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”, aunque será el juez de control quien determine si existen los elementos necesarios para su vinculación a proceso.

El caso de Olivares podría escalar a nivel internacional de demostrarse su implicación en el fraude financiero, sin olvidar que ocurre en medio del escrutinio internacional sobre la transparencia del sector financiero mexicano.

Por su parte, el otro brasileño Thiago De Magalhaes se le señala por la gestión de contratos públicos a nombre de Grupo Surman, empresa ligada a la venta y arrendamiento de vehículos oficiales. Las investigaciones advierten que habría participado en negociaciones con dependencias del gobierno federal, entre ellas, áreas de seguridad nacional.

De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, el artículo 6 señala que en sectores clave como transporte terrestre, turismo y carga, la participación extranjera requiere de la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ya que la inversión está reservada exclusivamente para ciudadano o entidades mexicanas.

Magalhaes estaría violando la legislación mexicana al no contar con la autorización que se establece dentro del marco jurídico, especialmente al tratarse de contratos que involucran equipos y servicios asignados a la seguridad nacional.

Ante ello surge la inquietud sobre la deficiencia de los mecanismos de control tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en otras dependencias que permiten a extranjeros intervenir en sectores vulnerables como lo es la seguridad.

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El contrato, identificado como CEAJ-DG-DA-AD-SOL-1834/2024, fue suscrito bajo la dirección administrativa de Alberto José Vázquez Quiñones, quien asumió esa responsabilidad en diciembre de 2018, tras haber sido jefe de departamento en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). En 2017, Vázquez Quiñones había participado en el proceso para dirigir dicha Auditoría.

De acuerdo con los registros oficiales, fue hasta 2023 cuando Nítido Taller Creativo modificó su objeto social para incluir actividades más amplias, lo que le permitió acceder a otros contratos y servicios, entre ellos el asignado por la CEAJ.

Fuentes internas de la Comisión Estatal del Agua, que solicitaron anonimato, señalaron que al menos cuatro familiares directos de Vázquez Quiñones laboran actualmente en la institución. Entre ellos se encuentra su hijo, José Alberto Vázquez González, quien figura como analista de procesos en la Dirección de Innovación y Tecnología del SIAPA, área involucrada en un reciente hackeo.

Su hermano, Francisco Javier Vázquez Quiñones, trabajaba en la Sección de Grandes Consumidores, también del SIAPA. La lista incluye además a su nuera Iran Aylin Vázquez Martínez, a su sobrino Hugo Francisco Olguín Osegueda y a Edgar Andrés Vázquez Gómez.

Otros casos similares fueron reportados en distintas áreas del organismo, particularmente en el programa Nidos de Lluvia, donde laboran familiares de varios funcionarios, incluidos Hermilio de la Torre Delgadillo, subdirector de Servicios Generales; Juan Manuel García Díaz, subdirector; José Enrique Pelayo Ruiz, subdirector de Socialización y Contraloría Social; Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda, ex subdirector jurídico.

Así como Víctor Ignacio Méndez Gómez, subdirector de Plantas de Tratamiento; y Patricia Navarro Reyes, recepcionista adscrita a la Dirección General, todos señalados por tener parientes directos en puestos dentro del programa “Nidos de Lluvia” o en otras áreas administrativas.

Hasta ahora, no se ha informado si existe una investigación en curso sobre los vínculos familiares dentro de la institución ni sobre el procedimiento para la asignación del contrato.

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Al ser inhabilitada en 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, la empresa se abstuvo de participar en contrataciones gubernamentales por un año.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría sobre las operaciones de Jet Van Car Rental, por un posible perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estimado en 8 millones 935 mil 828 pesos, esto ante la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Compranet en el sexenio que acaba de concluir, sus ingresos rondaron los 7 mil 400 millones de pesos derivados de contratos con la administración pública federal, mientras que, en lo que va de 2025 suma alrededor de 500 millones de pesos en 21 contratos.

Asimismo, entre 2019 y 2024 facturó más de 7 mil millones los cuales no contemplan los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto en los últimos tres años asciende a los 4 mil 500 millones de pesos.

Otra asignación fue en 2023 por parte del municipio de Juárez, Chihuahua, que le otorgó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla por 117 millones de pesos; el gobierno de Guerrero que le asignó un contrato de más de 71 millones de pesos, en marzo del año pasado, por el arrendamiento de 66 vehículos; Quintana Roo, que en diciembre de 2023, le adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos, y el Ayuntamiento de Tepic, que también en 2023 le asignó un contrato por 20 millones de pesos.

La auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van.

Ante un posible conflicto de interés, la auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van, y es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas César Gerardo Matamoros Vargas ha representado tanto a Forza Arrendadora Automotriz como a Jet Van Car Rental en licitaciones.

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En el actual sexenio, la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO y pese a que en 2019 enfrentó inhabilitaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente, la empresa siguió captando contratos gubernamentales.

Por otra parte, en 2024, Altor incursionó en el sector bursátil con su propia casa de bolsa, la única aprobada en este sexenio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), la firma logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura gubernamental.

Altor ha participado también en la reestructuración de deuda en ocho entidades federativas, incluyendo Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos.

El posicionamiento de la firma conformada por exfuncionarios y empresarios como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador, como un nuevo actor de peso en el sistema financiero mexicano, ha sido cuestionado.

Lo anterior al replicar el modelo de asesoría gubernamental que en décadas anteriores impulsaron firmas como Protego y Evercore, ahora su influencia, no se limita solo a la administración pública, sino también en el sector financiero privado.

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