Pese a años de investigaciones y multas por prácticas anticompetitivas, siete grupos empresariales continúan dominando el mercado del gas LP en México y conservan contratos millonarios con dependencias públicas.

Entre las empresas señaladas se encuentran Tomza, Uribe, Global Gas, Soni, Simsa, Gas Metropolitano y Gas Express Nieto, compañías que, según la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), establecieron una red de colusión que impuso precios, dividió territorios y eliminó la competencia en distintas regiones del país.

Una investigación publicada por El CEO detalla que la Cofece examinó a estas empresas entre 2017 y 2022, y documentó una estructura que afectó de forma directa a los consumidores. El organismo estimó que, entre 2009 y 2019, los acuerdos ilegales de estas firmas provocaron un daño económico de 12 mil 566 millones de pesos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Pese a las sanciones, las mismas compañías continúan beneficiándose de contratos con el sector público. En 2025, el ISSSTE asignó 109.2 millones de pesos a G.G. Gas, filial del Grupo Global Gas, mientras que el IMSS mantiene adjudicaciones con el Grupo Tomza. La permanencia de estos contratos exhibe la debilidad institucional en la vigilancia del mercado energético y la falta de transparencia en las licitaciones.

El tema volvió al centro del debate tras la explosión de una pipa de gas LP perteneciente a Tomza, ocurrida en Iztapalapa, donde 32 personas murieron. El siniestro impulsó al gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, a publicar un decreto el 2 de octubre que regula el transporte de hidrocarburos y busca abrir el mercado a nuevos operadores. Aun así, especialistas cuestionan la eficacia de la medida y su alcance real.

El gas LP continúa como una fuente esencial de energía para millones de hogares, pero su mercado permanece cerrado y bajo el control de los mismos actores. La eventual desaparición de organismos como la Cofece y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), absorbidos por el Ejecutivo Federal, genera dudas sobre la imparcialidad en la regulación del sector.

Mientras el gobierno promete mayor competencia, los siete grupos más poderosos del gas LP siguen concentrando contratos, influencia y control sobre un servicio indispensable, mientras los consumidores enfrentan las consecuencias económicas de esa concentración.

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