El INE de Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón ha convertido a la democracia en un ídolo con los pies de barro, sin entender que una revisión estricta de las formas de gobierno debe de tomar en cuenta la referencia de Polibio de que la democracia es una versión pervertida o impura de la República.

La paradoja de la democracia se ha visto con claridad en México: el INE quiere imponer la democracia como un modelo absoluto e inflexible de ejercicio de las libertades, pero arribando a la fase talibana fundamentalista de que no se puede aceptar que la democracia deba avalar a los enemigos de la democracia. En esta paradoja se prueba que la democracia no es una forma de gobierno, sino el ejercicio electoral en una República o hasta en monarquías parlamentarias y que la democracia es mucho más que el voto.

Cuando la democracia se ejerce de manera inflexible e impide el ejercicio democrático aun a costa de su propia existencia se estaría frente a una versión autoritaria y hasta dictatorial de la democracia y se saldría de los espacios de respeto a los derechos ciudadanos. Donde se debe discutir la democracia es en la calidad de sus objetivos y no solo en la libertad para ejercer el voto. Leonardo Morlino actualizó los ritmos de la democracia a partir de la teoría de anaciclosis de Polibio en dos vertientes: de un lado, que la democracia no es un régimen absoluto o terminal sino que se define en función de la dinámica de la correlación de fuerzas sociales y por lo tanto pasa por el ciclo de crisis, transición, instauración, consolidación y crisis; y, de otro lado, la verdadera democracia se percibe en el modelo de la calidad de los servicios democráticos, como el Estado de derecho, la rendición de cuenta, la reciprocidad cívica, el respeto a los derechos y la ampliación de la igualdad.

La campaña de Córdova y Murayama para aplicar a la relación democracia-populismo el modelo binario de Schmitt como la política amigo-enemigo es, en el fondo, un método autoritario, excluyente y tramposo para imponer la democracia churchilliana: “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”.

Sin embargo, la prueba de que existe un régimen democrático se tiene cuando la democracia resiste la competencia o confrontación con otros regímenes autoritarios, centralizadores y hasta dictatoriales, pero a partir del valor de sus principios, de la conciencia ciudadana y de la capacidad de competencia democrática con otras doctrinas. El INE está encabezando una campaña antidemocrática para imponer una democracia excluyente al estilo talibán.

El grupo intelectual salinista que se apropió del discurso de la transición a través del documental engañoso de José Woldenberg está echando mano de la teoría de los dos demonios: el demonio del populismo tipo Mussolini estaría sentando las bases del demonio democrático autoritario y excluyente, los dos en nombre del pueblo. En este sentido, ya se puede hablar de una democracia populista que tomó el poder y lo mantiene en nombre del pueblo a través de un discurso caudillista que impide que la democracia cumpla con las reglas de la democracia.

El modelo de fundamentalismo democrático viene desde las doctrinas excluyentes similares a las del populismo y el caudillismo: la vida política vista en el enfoque binario de lo bueno y lo malo, sin entender que los procesos políticos son desarrollados por personas y las contradicciones humanas y al final se pueden convertir en factores potenciadores de la propia democracia o en obstáculos autoritarios que no juegan con las reglas de la democracia. Ahora el INE está encabezando una campaña para señalar desde ahora el fantasma del fraude electoral o la anulación de las elecciones en 2024 porque las tendencias electorales el modo democrático están beneficiando a Morena, frente a la fragmentación partidista e ideológica de la oposición.

El modelo de la transición o liberalización electoral de la política se agotó en el 2006 y mostró que el problema de México no era la democracia electoral, sino la ausencia de una República de leyes e instituciones. Y que la reforma política a través del INE cumplió su cometido en la libertad de voto, pero que el problema de fondo es la existencia de un Estado autoritario que lo mismo beneficia a los demócratas excluyentes que a los populistas.

Política para dummies: La política tiene su némesis en la política.

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La respuesta política del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, fue usar todo el poder político del Estado para confrontar a esta Santa Alianza e impedir la derrota electoral del PRI. Hoy, casi 40 años después, la iglesia vuelve a querer recuperar sus fueros políticos y el Episcopado mexicano en manos de las alianzas políticas de Peña Nieto se ha sumado al bloque político para impedir que la mayoría legislativa realice las reformas al sistema electoral que hasta ahora han beneficiado al PRI y al PAN a través de consejeros presidentes y consejeros electorales pactados en lo oscurito.

La carta del Episcopado mexicano involucrándose en asuntos político-electorales rebasa sus facultades de conducir a las almas pecadoras por el territorio infernal de la tierra, pero deja ver ya, por anticipado, la construcción de un nuevo frente conservador que tiene también el apoyo vergonzante del embajador estadounidense Kenneth Salazar operando en modo de procónsul de los intereses estadounidenses en las reformas económicas y políticas del Gobierno federal actual.

La Santa Alianza de 1984 formó parte de los planes del presidente Ronald Reagan para terminar con el reinado priista en México, incluyendo un muy importante operativo de la CIA para fabricar reportes escandalosos sobre México basados en el modelo de que Estados Unidos tenía como vecinos a un nuevo Irán. Esta historia de la CIA en México fue contada con precisión de detalles por el periodista Bob Woodward en su libro Velo. Las guerras secretas de la CIA.

Como en 1984, ahora la complicidad de los empresarios, la iglesia conservadora, el PAN y el Gobierno de Estados Unidos se complementa nada menos que con el PRI que fue víctima en aquellos años del acoso estadounidense para desplazarlo del poder y hoy ese PRI de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y el proyecto neoliberal de desarrollo se junta con sus adversarios históricos para confrontar el proyecto populista del presidente López Obrador.

El problema que enfrenta este bloque conservador radica en el hecho de que aún con todas las complicidades de la actual dirección política del INE a favor de la oposición antilopezobradorista, al día de hoy no se tienen evidencias concretas de que el grupo PRI-PAN-PRD-Coparmex-Claudio x González-INE cuente con los votos suficientes para evitar la reforma al Instituto Electoral y la sumatoria de votos tampoco les alcanzaría hoy para celebrar por anticipado la derrota electoral de Morena en las presidenciales de 2024, inclusive, de acuerdo con algunas predicciones de lectura estratégica, si Movimiento Ciudadano decidiera abandonar su lógica propia para someterse a las órdenes del jefe político del bloque opositor, el empresario ultraderechista Claudio x González.

Aun sin tomar en cuenta cualquier reforma que se pueda lograr en el INE, el Instituto cuenta con instrumentos para ir bloqueando y desactivando la alianza perversa de los actuales funcionarios del organismo con las corrientes antilopezobradoristas, porque los pivotes del INE salinista-zedillista, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, terminan su periodo institucional en abril del 2023 y no llegarán al 2024, y la mayoría actual en la Cámara de Diputados tendría los instrumentos suficientes para cortar de tajo con el cacicazgo Woldenberg-Córdova en el INE que representa el actual secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, representante de los intereses logísticos de la burocracia dorada del Instituto.

La carta del Episcopado adelantó el perfil conservador del bloque que se opone a la reforma del INE y le confirió contenido parcial a la propuesta de defender al Instituto Electoral que ha cometido errores gravísimos desde 2014 hasta llegar a las evidencias de penetración del crimen organizado en procesos electorales y partidos políticos que habría involucrado una pasividad sospechosa del Instituto para impedir la criminalización de las elecciones.

El apoyo del Episcopado conservador al bloque antirreforma electoral complementa el cuadro de reacomodo de grupos de poder que convertirán las elecciones de 2024 en la madre de todas las batallas electorales.

-Política para dummies: La política actual es el nuevo Siglo de las Luces ante el oscurantismo del Episcopado como moderna Santa Inquisición.

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La primera decisión de su sucesor Manuel Ávila Camacho fue un acuerdo presidencial del 11 de diciembre de 1940: “comuníquese al Consejo Nacional del partido de la Revolución Mexicana que no se autoriza a los militares en servicio activo para que continúen figurando como miembro de dicho partido”. El salto cualitativo de los militares como políticos-gobernantes que construyeron el sistema/régimen/Estado dio su paso definitivo en 1952 con el ascenso al poder de los abogados-políticos en la figura de Miguel Alemán.

El presidente López Obrador convirtió en decisión política la asignación de tareas administrativas a los militares cumplimentando una de las funciones que la Ley Orgánica del Ejército tiene asignada: el apoyo a obras civiles, desde seguridad pública hasta tareas no castrenses. Mientras Morena se queda como un partido-movimiento con la única tarea de funcionar como agencia de colocaciones, la estructura que garantiza el funcionamiento del proyecto económico y político del presidente López Obrador fue trasladada a los militares bajo el criterio de su disciplina vertical hacia el mando civil y su capacidad como fuerza productiva, además de garantizar una ausencia a veces absoluta de intereses o intenciones políticas; es decir, que los militares de hoy no son los militares que hasta 1940 constituían bloques políticos de poder.

El debate en el Congreso sobre la urgencia de garantizar de manera legal otros cuatro años –y luego quizá otros seis– de participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por crisis de la seguridad interior no parece muy preocupante por el otorgamiento de poderes adicionales a los militares en actividades internas, sino más bien busca acotar la participación castrense de manera exclusiva y supervisada por civiles en labores de seguridad:

La preocupación legislativa no supone excesos en el abuso del poder de los militares en seguridad, sino quiere incluir el nivel constitucional candados a los espacios sociales económicos y políticos que seguirán estando en manos civiles y la actividad se concretará al área de lucha contra la delincuencia. Los presuntos excesos de fuerza de los militares en labores de seguridad han sido todos reconocidos y procesados en tribunales civiles, además de que se han tratado solo de casos muy localizados que no han reducido la responsabilidad y confianza en las Fuerzas Armadas para temas de seguridad.

En algunos altos sectores de los mandos militares se miran con extrañeza las dudas acerca de su lealtad institucional a la estructura piramidal del sistema político y del Estado constitucional, en tanto que los militares tienen más de 80 años fuera de cualquier actividad política en la burocracia del poder y no podrían en el corto plazo construir mandos siquiera para hacer funcionar sus actividades en el ámbito político y administrativo para sus funciones gobierno, a pesar de que sus nuevas y múltiples actividades los han obligado a una convivencia con los sectores civiles y políticos que se mueven en los terrenos fuera de la ética militar.

En este escenario se localiza el contrapunto que se ha resaltado en los últimos tiempos: una confianza mucho mayor de la sociedad en las estructuras de las Fuerzas Armadas, por encima del reconocimiento social a las instituciones civiles; es decir, en la sociedad no existen telarañas mentales para reconocer el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad y la confianza en que no perciben ninguna intención de desplazar a los civiles en los mandos administrativos del Gobierno.

El hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional responde a la lógica del debilitamiento político y administrativo del sector gubernamental de mayor confianza del proyecto presidencial, al tiempo que los sectores políticos y sociales están intensificando las presiones para culpar de manera directa a los militares en los incidentes de la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando policías municipales por órdenes del presidente municipal perredista detuvieron a los estudiantes y los entregaron al grupo delictivo Guerreros Unidos para su asesinato.

Al acotar, encapsular y desmovilizar al sector militar, se percibe una intención de debilitar el proyecto presidencial transexenal en la sucesión 2024 a través de la reducción de la actividad castrense en las obras clave del Gobierno.

Política para dummies: La política es la guerra por otros medios.    

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Si en política el hubiera no existe, en el análisis político es viable suponer escenarios alternativos: ¿qué hubiera pasado si el senador Ricardo Monreal Avila hubiera aceptado la inasistencia de miembros del gabinete a la plenaria de su partido Morena y hubiera convocado a otra para después? Su decisión de reventar un conflicto de poderes donde solo existe un enojo por ser excluido del voluntarismo presidencialista sucesorio no representa ni una democracia ni una división de poderes.

Las citas de los tres muy obvios teóricos de la ciencia política que definieron la teoría de la división de poderes olvidaron la dinámica del pensamiento político: la existencia de tres poderes que se equilibran nació en redefinición de los espacios monárquicos de poder y cuando no existían partidos políticos ni reglas partidarias.

Por lo tanto, el senador Monreal exageró en su enojo el escenario político de la inasistencia de miembros del gabinete presidencial de su partido en una reunión solo colaboradores de su partido. Pero fue un abuso haber tratado de construir una crisis de poderes donde solo existe la voluntad del jefe de su partido en el manejo de un proceso de selección interna de candidatos dentro de su partido.

El otro error en el planteamiento de la ciencia política por parte del senador Monreal excluye el modelo de sistema de partidos en una estructura donde el poder legislativo está configurado por todos los partidos políticos. Pero no existió un desplante autoritario del presidente hacia el líder del Senado, sino que la desavenencia se dio en el escenario de asuntos de Morena y no entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque se trató de la presencia de miembros del gabinete del partido en el poder ante la bancada de su partido que no representa siquiera el 51% de esa Cámara y es un asunto de desavenencia interna dentro del partido.

El senador Monreal parece haber querido dejar la impresión de que el Poder Ejecutivo federal entró en choque frontal de trenes contra el Poder Legislativo conformado por siete partidos políticos, seis de los cuales, en la lógica de la división de poderes, debieron haber sido dejados de lado por el senador Monreal y no embarcar al Senado de la República –una de las dos cámaras del Congreso– en una pelea interpartidista ajena a los partidos diferentes a Morena.

Por lo tanto, la convocatoria en el Senado de los espíritus del barón de Montesquieu, del estatista Hobbes y del antimonárquico Locke fue una equivocación que entendería cualquier alumno de primer grado la licenciatura de ciencias políticas donde se diferencia entre Estado, gobierno, poderes y partidos, con la aclaración obvia de que los intereses de un líder parlamentarios de un partido no representan a la totalidad del sistema de partidos.

De ahí que el senador Monreal necesita de manera urgente un replanteamiento de su teoría política de los sistemas para aclarar si la inasistencia de funcionarios en un mecanismo de comparecencia no oficial fue un agravio del Ejecutivo hacia el legislativo o una capacidad de decisión del presidente de la República y cabeza de un partido para una reunión no oficial.

En este contexto, el presidente de la República no agravió ni insulto al poder legislativo sino que solo marcó una línea de definición de líneas políticas dentro de su partido. Los otros partidos de oposición tendrán el derecho de reclamarle a Montreal haber confrontado el presidente de la República como si fuera la representación de todos los partidos, cuando en realidad se trató de una desavenencia entre el líder de Morena y el legislador que ganó las elecciones por Morena y por el liderazgo de López Obrador y que representaba en ese momento de manera exclusiva a Morena.

Monreal tiene todos los mecanismos partidistas para quejarse del método de selección del candidato presidencial de Morena, pero a partir de una de las reglas del juego político que suelen olvidar los políticos oportunistas: no se puede jugar con las reglas del juego y luego denunciar las irregularidades de ese juegos cuando no le benefician.

En los hechos, el senador Monreal quiere fabricar una crisis de poderes donde simplemente no hay simpatía entre liderazgos dentro de un partido que ni siquiera representa el 51% de la votación legislativa. Monreal hubiera dado imagen de madurez política al aceptar la inasistencia y convocar a una nueva reunión después y no colocarse el traje de niño héroe en busca de liderazgo político.

Política para dummies: La política tiene sus reglas que se basan, diría Weber, en la ética de la responsabilidad, no de la convicción. Y los políticos que quieren reglas limpias, repite un político pragmático, que pongan una estética.

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Casi todos los enfoques razonados sobre el partido Morena y el proyecto político del presidente López Obrador han equivocado el marco de análisis político: asumen la 4ª-T y sus instrumentos políticos como si fueran del PRI, cuando las dos experiencias políticas son iguales, pero no son lo mismo.

Si el presidente hubiera decidido la institucionalización de Morena, las decisiones de institucionalización de su movimiento debieron de haber seguido otros senderos: estructura corporativa, representación de clases y sobre todo una dirigencia de alto nivel –diríase que, como en el pasado priísta, de rango funcional a la altura del gabinete político–, pero desde el principio de su sexenio el presidente se deslindó de Morena y de sus necesidades.

En términos sintetizados, el presidente López Obrador nunca pensó en Morena como un partido político de un proyecto sistémico y una nueva élite gobernante, sino que asumió a su organización solo como una agencia de colocaciones, aprovechando inclusive las confusas reglas electorales que rigen a los partidos. Por eso dejó a Yeidckol Polevnsky como presidenta al arranque del sexenio y luego la relevó por Mario Delgado, dos de las figuras que trataron de administrar la organización, pero sin construirlo como partido.

El rechazo presidencial a la posibilidad de que Porfirio Muñoz Ledo fuera presidente de Morena el año pasado respondió a la negativa de iniciar a medio sexenio y con el adelanto político de la sucesión presidencial de 2024 la construcción de un partido real, porque en el fondo una estructura formal de partido dificultaría el mecanismo presidencial-personal de selección del candidato del 2024. Delgado pareció entender el escenario presidencial y solo se ha dedicado administrar las decisiones y a definir candidaturas en función de popularidad y subordinación presidencial.

El presidente López Obrador tuvo conocimiento de los conflictos del PRI como partido cuando derivó en una organización sin ideología y con una estructura que obstaculizaban las decisiones presidenciales. El régimen político actual puede caracterizarse como un sistema de ejercicio personal del poder político, sin ningún partido que obstaculice la toma de decisiones. El presidente de la República en el viejo régimen priista tenía que lidiar con entendimientos, negociaciones e imposiciones para mantener bajo control a la estructura corporativa inventada por el presidente Cárdenas.

Lo ocurrido con Morena en estos cuatro años de dominio lopezobradorista –desde las elecciones de julio de 2018– revela una intencionalidad antipartidista: un liderazgo sin representación, ausencia de grupos dominantes, asunción de la militancia en lo individual y no como representación de clase o corporaciones, desarticulación en el papel tradicional de los partidos con el gobierno en el poder presidencial y cuando menos la mitad de estados de la República sin estructura funcional de comités directivos locales, además del retraso en la configuración de algunas de las estructuras del partido que se han pospuesto, como el consejo político.

El escenario de desorden político que ofreció Morena era previsible y ha estado siempre descontado por el propio presidente de la República, porque sigue prevaleciendo en el ánimo de sus seguidores aquella amenaza de que Morena se ajustaba a sus necesidades o el propio presidente se salía del partido. En la mitad del sexenio, el presidente no se ha preocupado por darle funcionalidad al partido.

En los hechos, Morena ha funcionado –y lo seguirá haciendo– como un movimiento de movimientos y una aduana para el reparto de candidaturas a cargos públicos, pero no le ha permitido convertirse –como en tiempos del viejo PRI– en la estructura de control de postulaciones. El modelo de las encuestas que no han podido demoler los precandidatos presidenciales le ha quitado al partido –aún como mecanismo presidencialista– cualquier intervención en la designación de candidatos.

En la realidad política, Morena es el presidente de la república. Y lo será en los juegos de tensiones de poder que se vienen en la designación del candidato presidencial, con el escenario de que los aspirantes saben que no cuentan con el partido ni con sus militantes y todo es espacio de competencia estará en los límites del poder presidencial.

De ahí el reporte de las elecciones del domingo en Morena: todo salió como estaba previsto.

Política para dummies: La política se ejerce con el poder, no con la ciencia política.

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Después de las elecciones de gobernador, las próximas se celebrarán en junio del próximo año 2023; sin embargo, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero activista Ciro Murayama Rendón terminarán su gestión en abril del próximo año y ya no tendrán ninguna injerencia en esas votaciones.

El efecto calendario inevitable y la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador y Morena tendrán cuatro pistas de atención electoral: la reforma, la designación de cuatro de once consejeros, la designación de un nuevo consejero presidente y el obligado relevo del secretario ejecutivo del Instituto porque el actual, Edmundo Jacobo Molina, fue impuesto en una votación adelantada, irregular y con la complicidad panista para que Córdova pueda mantener el control del INE hasta 2026.

Sea cual fuere el camino que tome la iniciativa de reforma electoral, lo único que queda claro es que llegó a su fin el modelo electoral que impuso el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para disfrazar de reforma lo que fue solo la continuidad maquillada del viejo modelo de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz que lo entronizó en el poder en 1988.

Salinas, Jorge Carpizo MacGregor y Ernesto Zedillo inventaron una estructura centralizada en un Consejo electoral nominado en un principio por decisión presidencial y después repartidos los consejeros entre los partidos registrado, para evitar la creación de una autoridad electoral autónoma de manera absoluta. No por menos, por ejemplo, el gran cacique electoral del INE es José Woldenberg, primer consejero presidente que fue designado por Salinas, Héctor Aguilar Camín y Zedillo por su articulación orgánica al modelo de democracia política delegativa sobre la cual nunca perdió el control la autoridad presidencial. Córdova y Murayama fueron asesores de ese primer Consejo electoral de Woldenberg.

La perversión salinista creó un Instituto Electoral que debiera ser autónomo del presidencialismo agobiante y de los partidos registrados, pero el mecanismo de designación de consejeros quedó en manos de los partidos políticos que votaban por mayoría a los seleccionados, pero también por una triple sobrerrepresentación de partidos en la mesa-herradura del Consejo del INE por permitir la presencia de consejeros votados por partitos, representantes directos de los partido y legisladores con representación de partidos.

El INE ha tenido varias reformas: Salinas lo creó dejando al secretario de Gobernación como presidente del organismo, Zedillo lo quitó con la decisión de consejeros designados por el presidente de la república y la reforma del 2014 fue pactada por el presidente Peña Nieto y el PAN para colocar a Córdova Vianello como el consejero presidente que representara los intereses de esas dos fuerzas políticas ante la avalancha que ya se preveía de López Obrador rumbo a las elecciones de 2018.

En este contexto, el INE nunca ha sido un organismo autónomo en términos reales, con escenarios grotescos como la complicidad del presidente Vicente Fox con la lideresa priísta magisterial Elba Esther Gordillo para imponer en 2004 al consejero presidente Luis Carlos Ugalde y luego destituirlo de manera vergonzosa por su incapacidad para manejar a favor de Felipe Calderón Hinojosa las elecciones presidenciales de 2006. Y en el mismo escenario queda la decisión política del presidente Peña Nieto para mantener como consejero presidente a Córdova Vianello en 2015, después de que se dieron a conocer grabaciones donde este funcionario insultaba de manera racista a representantes indígenas que exigían derechos electorales burlándose de la forma de hablar, circunstancias que debieron haber provocado su cese fulminante por la violación de las leyes contra el racismo.

Con el apoyo del PRI, del PAN y del PRD ya sin Cárdenas ni López Obrador, Córdova y Murayama se asumieron como Cuarto Poder autónomo del Estado –con reglas salariales doradas— y se autodotaron de la función de representar y defender el modelo de democracia representativa como un dique de contención a las propuestas de democracia participativa del López Obrador y desde el INE se construyó la narrativa de acusar al presidente de la República de gobernante populista autocrático.

Córdova y Murayama agotaron el modelo salinista del INE y su proceso de salida abre la gran oportunidad para construir, ahora sí, una autoridad electoral autónoma del poder presidencial.

Política para dummies: la política es la demagogia de la democracia. El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la pública.

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El nombre quedó a disposición del Instituto Nacional de Derechos de Autor y fue adquirido de manera directa y el derecho de marca fue comprado a sus anteriores propietarios. El autor de Indicador Político, que fue director interino de El Independiente en 2004 antes de ser clausurado, será el director general del nuevo proyecto que responderá a la necesidad de rescatar la pluralidad en los medios y de acompañar a la sociedad en lo que debería ser una segunda y más profunda transición a la democracia.

El nuevo periódico abrirá sus puertas a periodistas y analistas de todas las corrientes ideológicas para evitar la parcialidad de la coyuntura y para ofrecerle a los lectores un escenario interpretativo abierto de la pluralidad del pensamiento periodístico mexicano.

Asimismo, el nuevo El Independiente eludirá las trampas de la confrontación parcializada y tratará de demostrar que hay un país dinámico, vivo y expectante fuera de Palacio Nacional, de las mañaneras y de la figura del presidente de la república. Los medios de comunicación cayeron en el espacio reducido de la confrontación personal, a pesar de que el país tiene una serie de temas nacionales que requieren de la observación y el análisis periodístico hasta ahora marginado en las páginas de los medios escritos.

La dirección y administración de El independiente nada recogerá de los conflictos del pasado, con excepción del compromiso incluido en el nombre. La función de observadora crítica de la realidad que tiene la prensa se ha visto acotada por el activismo de confrontación de colaboradores periodísticos que representan grupos de interés involucrados en la disputa por el poder político.

La historia reciente del periodismo muestra que en el periodo 1968-2000, la prensa de papel fue clave en el proceso de transición mexicana de un régimen autoritario a uno con mejores –aunque incompletas— reglas democráticas, contribuyó a la destrucción del viejo sistema presidencialista como la estatua de Lenin y al PRI como el muro de Berlín del sistema político priísta autoritario.

La transición democrática del 2000 se extravió en la incapacidad del presidente Fox y sus colaboradores para entender las tareas de la construcción de un nuevo sistema/régimen/Estado, en la falta de un proyecto democratizador por Calderón y en la restauración del PRI salinista neoliberal con Peña Nieto. La nueva alternancia del 2018 fue atrapada por la vorágine de un proyecto social-popular, el deterioro del modelo PRI-PAN-PRI y los estragos de la pandemia estallada en 2020.

Ahora mismo, la prensa se encuentra en un espacio estrecho y desfavorable de diálogo tenso con el presidente de la república, pero descuidando su función de una observación crítica de toda la realidad mexicana. Afuera de Palacio Nacional existe una república que está esperando debatir su realidad para encontrar caminos de salida de una complicada crisis general que tiene su explicación en el fracaso del PAN y del PRI para construir y andar un tránsito hacia una república de leyes e instituciones.

La pluralidad de colaboradores de El Independiente determinará la voluntad de sus editores y directivos para darle prioridad al análisis, salirse de la confrontación con los poderes institucionales y plantear necesidades y opciones que ayuden a reencauzar la viabilidad republicana sin ahogarse en las confrontaciones con los poderes institucionales. En el periodo de la primera transición 1968-2000, la prensa demostró su capacidad para jugar un papel clave en la desactivación del régimen autoritario y represivo del PRI. La alternancia partidista en la presidencia de la república en 2000, 2012 y 2018 no pudo existir sin el dinamismo crítico y propositivo de la prensa de papel, toda vez que la prensa electrónica ha sido brazo operador de los intereses corporativos de los propietarios de las concesiones de radio y televisión.

El Independiente abrirá canales de comunicación circular con la sociedad para incorporarla como objetivo central de su tarea a la renovación y construcción de esa república de leyes e instituciones que ha sido un pasivo y una deuda de la transición frustrada.

Política para dummies: la política tiene en la prensa un espacio vital para el debate democrático.

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La edición número 11 de la revista digital Palacio Nacional 2024 busca abrir un debate sobre la crisis ideológica de México: la inexistencia histórica –José Revueltas dixit— de un partido socialista de la clase obrera y la imagen de los despojos del PRD aliado nada menos que a sus enemigos de ideas: el PAN en fase de ultraderecha y el PRI reconstruyendo la opción neoliberal salinista.

El análisis de la revista (https://indicadorpolitico.com.mx/?page_id=12227) parte del criterio de que la única opción de izquierda es la que tiene definiciones ideológicas socialistas. En este sentido, la única izquierda socialista mexicano fue, con todas sus contradicciones, limitaciones y burocracias, el Partido Comunista Mexicano, cuyo final histórico en 1989 representó la disolución de la opción socialista y dejó el escenario ideológico entre el PRI neoliberal, el PAN derechizado y Morena con un alcance solo populista.

El PCM terminó su ciclo histórico con un registro legal como partido institucionalizado, pero en 1989 cedió no solo el documento, sino que los últimos comunistas abdicaron a sus compromisos ideológicos para consolidar el nacimiento del PRD como una izquierda priísta y poscardenista ajena a la disputa por el poder en nombre de la inexistente clase obrera.

La revista toca, pues, un punto sensible en el escenario ideológico del país y advierte una línea política de derechización de la república.

Otro de los temas que aborda la revista Palacio Nacional 2024 es la recuperación histórica de la sucesión presidencial de 1940, cuando el radicalismo ideológico del presidente Cárdenas tuvo que optar entre un sucesor aún más radical (Francisco J. Múgica) o un conservador que tranquilizar a la inestabilidad social y política del país (Manuel Avila Camacho). La decisión es de sobra conocida: el radical Cárdenas optó por sacrificar su proyecto revolucionario en aras de la estabilidad de la república.

El analista Rafael Abascal y Macías hace una revisión de la tendencia electoral en Quintana Roo y sostiene la ventaja de Morena en la lucha por la gubernatura. El reportero Francisco Gómez Maza posiciona la disputa por la presidencia en dos proyectos “peleados a muerte”: el de la derecha empresarial aliada al PAN y el de objetivos sociales de Morena.

La politóloga Patricia Campos retoma el sobrecalentamiento de las redes alrededor del periodista Carlos Loret de Mola hice pregunta sino estaría siendo considerado como candidato presidencial a partir de la popularidad mediática. El analista Diego Velázquez recupera una de las grandes propuestas de modelo de interpretación política que realizó Miguel Basáñez a finales de los ochenta respecto a que la lucha por la presidencia es una disputa por la hegemonía económica a partir de la configuración de camarillas.

Gerardo Lozada Morales le entra el tema sobrecalentado de la circunstancia que es la guerra comunicológica entre los medios de información tradicionales en contra del gobierno actual y una sociedad civil que quiere participar desde las redes sociales sin encontrar caminos adecuados para ello. El politólogo Samuel Smith borda sobre el papel de las redes cibernéticas en la disputa política y previene de que el avance electoral de Morena en las elecciones de junio próximo abrirá aún más la brecha entre el escándalo político y la efectividad electoral.

El analista Guillermo Buendía explora lo que está ocurriendo en la oposición partidista y comienza a plantear los primeros análisis sobre la posibilidad aún no concreta de que pudiera existir una candidatura de unidad de toda la oposición, un fenómeno político que tuvo éxito en plazas de férrea consolidación priísta como Oaxaca, aunque con resultados poco eficaces por el desorden entre los planes de gobierno de las fuerzas que configurarían la alianza y la inexistencia de un programa común –que fue posible en Italia y Francia en los setentas–. Para Buendía, el peso de la candidatura de unidad opositora lo dará la participación del empresariado y su red de intereses.

El debate sobre la elección presidencial del 2024 ahora centrado en la fase de sucesión presidencial o el proceso que conduce el presidente de la república en turno para definir la candidatura de su partido está calentando ya los motores de los partidos.

Política para dummies: en política el futuro es ayer.

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1.- La estructura de propiedad privada de los medios en la definición de políticas editoriales de confrontaciones con el gobierno.

2.- El trasfondo de la disputa por las partidas presupuestales publicitarias del Estado para los empresarios del periodismo.

3.- La identificación de intereses detrás de la crítica.

4.- La responsabilidad del Estado y las instituciones para definir el marco de protección al derecho a la crítica.

5.- El papel de la prensa como contrapeso de los abusos de poder.

El caso de la prensa industrial estadunidense ante Donald Trump y Joseph Biden es un ejemplo para el estudio del funcionamiento de los medios: ¿son parte de la estructura opositora que beneficia a los adversarios de los titulares del poder o ejercen la crítica como un equilibrio político sin intereses particulares?

El presidente Trump tuvo que lidiar con el establishment de comunicación como lobby del aparato de poder liberal y caracterizados como mainstream media o medios de comunicación dominantes que históricamente se dedicaron a apuntalar la ideología del capitalismo estadunidense. La libertad de contenido y de opinión, por ejemplo, en el The New York times no radica en su enfoque de liberalismo democrático, sino que su funcionamiento depende de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Nueva York. El The Washington Post de Watergate no supo lidiar con los grandes interese corporativos y se vendió al empresario Jeff Bezos, dueño nada menos que de Amazon y hoy el hombre más rico del mundo con 180 mil millones de dólares de fortuna personal.

La alternancia del modelo político y económico neoliberal PAN-PRI a Morena se encontró con los espacios dominantes de los grandes medios beneficiarios de la publicidad oficial puestos al servicio de la crítica al modelo político popular del presidente López Obrador y ahí se ha establecido una interpretación sesgada del populismo, desdeñando de manera ostentosa el señalamiento del politólogo Arnaldo Córdova en su ensayo La ideología de la Revolución Mexicana en el sentido de qué el proyecto histórico del movimiento social era, en sentido estricto, populista-popular.

El proyecto político de López Obrador ha carecido de la construcción de nuevas instancias de poder en materia de comunicación, a partir del modelo de Althusser de que los medios y la educación son aparatos ideológicos del Estado en sus variantes conservadora, centrista o revolucionaria. La política de comunicación de la 4ª-T se agotó en la centralización de las decisiones de distribución publicitaria, descuidando el territorio de la construcción de consensos y del fortalecimiento de una nueva propuesta ideológica.

A la vuelta de tres años de gobierno, las conferencias de prensa mañaneras apenas han alcanzado para ordenar el mensaje gubernamental, aunque creando un embudo que al final ha disminuido el papel dinámico de la comunicación política del gobierno en el fortalecimiento de los consensos. La apertura al periodismo de redes fue desordenada porque no anticipó la construcción de espacios libres de las interferencias e instrucciones de los dueños empresariales de los grandes medios de comunicación dominantes.

El conflicto Loret-López Obrador debe sacar al gobierno y al Estado de la confrontación personal y debería de conducir a un replanteamiento del marco jurídico de la libertad de expresión. El presidente de la república ha acertado en su señalamiento a la estructura empresarial-ideológica detrás de las denuncias de Loret, pero ha carecido de la construcción de espacios informativos alternativos con fortaleza ética para discutir los mismos asuntos con referentes de denuncia social y no de representación de intereses opositores ocultos con malicia detrás de periodismos exitosos.

Los grandes medios afectados por el estilo atrabancado de Trump se aliaron en el 2020 para apoyar sin pudor la candidatura electoral de Joseph Biden en actos políticos que nada tenían que ver con el periodismo de compromiso social. Basta revisar las páginas de los medios estadounidenses que son presentados hoy como catedrales del periodismo libre envueltos en campañas de distorsión informativa en contra de los republicanos.

El periodismo de intereses empresariales y publicitarios es una desviación del periodismo democrático.

Política para dummies: la política es la disputa por el poder, en tanto que el periodismo es el ejercicio de la responsabilidad social.

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El affaire Loret-López Obrador debe situarse en la verdadera dimensión del conflicto: el periodismo como ejercicio de la responsabilidad social o el periodismo como producto de una militancia política y empresarial opositora. Si algún caso debiera servir como catalizador del ejercicio de la información, no existe ningún otro en México que el del columnista Manuel Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984 cuando se disponía a publicar informaciones sobre funcionarios y empresarios articulados al naciente modelo de los cárteles del narco.

La línea entre ambos tipos de periodismo es muy tenue y no siempre será comprendida por la sociedad como destinataria de la difusión de informaciones sobre el ejercicio del poder público. Una cosa es que los medios necesiten de financiamiento empresarial ante la pasividad y mezquindad de la sociedad para financiar medios a su favor y otra cosa que se ejerza un periodismo opositor y al servicio de los intereses de políticos y empresarios contrarios a los denunciados.

La prensa escrita funcionó, en el modelo de Althusser, como aparato ideológico del Estado hasta 1968. La siguiente etapa fue 1976 cuando el gobierno federal aprovechó las contradicciones internas en la cooperativa Excélsior para empujar la decisión de Julio Scherer García de abandonar la dirección del diario y lanzarse a la aventura de la revista Proceso. En 1988 el politólogo y político Manuel Camacho Solís preguntó al columnista por qué los medios impresos habían apuntalado la candidatura disidente de Cuauhtémoc Cárdenas.

La transición política mexicana, que alcanzó su punto máximo con la alternancia partidista en el 2000, nunca se preocupó por impulsar una transición en los medios de comunicación. Fox o López Obrador, dos presidentes de la transición, carecieron en su acceso al poder de una propuesta de reorganización de la prensa política y aprovecharon la dependencia de los medios respecto de la publicidad gubernamental para mantener controles y supeditaciones, con el reclamo adicional de que la sociedad y los empresarios tampoco le pusieron atención a la construcción de la viabilidad de la prensa para construir medios de interés social sin dependencia de los intereses oficiales y privados.

El gobierno lopezobradorista redujo la política de comunicación social del Estado al recorte de publicidad a los medios de propiedad empresarial, pero sin construir alguna estrategia de apuntalamiento a los periodistas que realmente han estado preocupados por darle una dimensión social a su oficio. Los empresarios de la prensa impactaron el recorte publicitario con disminución de salarios, prestaciones y beneficios a los trabajadores de la información y convirtieron sus medios en espacios opositores aliados a los empresarios que tomaron, de manera reducida, el espacio publicitario gubernamental.

La otra decisión gubernamental fue circunscribir la política de comunicación social a la conferencia de prensa matutina diaria, pero sin lograr su objetivo de romper con la estructura empresarial de los medios ni construir nuevos espacios para periodistas con capacidad de gestión pero sin recursos para crear medios sin la dependencia empresarial. Este modelo de presidencia unitaria contextualiza una táctica de comunicación que cuestiona difusión de denuncias, aunque sin darle a los profesionales de la información el reconocimiento como constructores de opinión pública.

Con una oposición menguada que le regatea espacios a empresarios activistas, el poder empresarial como grupo de presión contra el poder establecido se ha refugiado en medios de comunicación de corte empresarial o han financiado modelos como Latinus, aunque con el objetivo específico de hacer política opositora y no usar el poder de la información para construir sociedad civil, dinamizar la sociedad política y, como señalara el decreto de la libertad de imprenta de 1810, para educar al lector como ciudadano.

La ola de apoyo con el hashtag #TodosSomosLoret debiera ser #TodosSomosManuelBuendia, un heredero sin regateos del modelo de periodismo de Francisco Zarco y comenzar con la reapertura del expediente del asesinato de Buendía en 1984 que fue manipulado por el presidente Miguel de la Madrid y el presidente Salinas de Gortari para esconder la responsabilidad gubernamental.

Política para dummies: la política es un juego de intereses entre los funcionarios y los empresarios, pero marginando a la sociedad.

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