La carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 fue integrada a partir de una denuncia presentada por habitantes de las colonias Fimesa 1, 2 y 3. Los vecinos acusan que durante la gestión de García Martínez al frente del municipio, el gobierno local transfirió 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., para la compra de 27 hectáreas en San Francisco Chilpan. La transacción no cuenta con escrituras públicas que acrediten la propiedad legal del terreno, según los denunciantes.

Además de esa operación, los colonos señalan un depósito adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que hasta ahora se haya formalizado la escrituración de los predios.

Los señalamientos se extienden a la administración de Castro Fernández, quien asumió el cargo en enero de 2025. Reportes periodísticos indican que en los primeros siete meses de su mandato se asignaron contratos por más de 72.7 millones de pesos mediante procedimientos con un solo competidor o adjudicación directa. Las observaciones fueron presentadas también ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría estatal.

Vecinos del municipio han expresado su rechazo a la propuesta del gobierno local de cambiar el nombre de su colonia a “Cuarta Transformación”. Consideran que esta medida podría afectar su identidad jurídica y los procesos legales para garantizar la tenencia de la tierra.

Además de los procedimientos administrativos, las denuncias incluyen un elemento político. La actual diputada local, Elena García Martínez, promovió la candidatura de su cuñada Ana María Castro a la presidencia municipal. De acuerdo con los inconformes, al menos tres familiares cercanos a la alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento.

Diversos sectores han expresado preocupación por el contexto en que se encuentra Tultitlán. Representantes empresariales advierten sobre la existencia de trámites engorrosos, señalando que esto ha desalentado inversiones tanto nacionales como extranjeras. Datos oficiales indican que el 42% de la población en el municipio vive en condiciones de pobreza.

En materia de seguridad, Tultitlán forma parte de las demarcaciones con mayor percepción de inseguridad. De acuerdo con el INEGI, 87.3% de los habitantes del Estado de México consideran que vivir en la entidad es inseguro.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, colonos de Fimesa 2 y 3 han convocado a una movilización el próximo 8 de agosto. Exigen la liberación de la caseta de cobro en Tepotzotlán y del Circuito Exterior Mexiquense, el reconocimiento formal de los derechos de posesión de sus viviendas, y la intervención del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para formalizar la propiedad de los terrenos que ocupan desde hace más de tres décadas.

Asimismo, demandan la judicialización de 93 carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las cuales involucran a la exalcaldesa García Martínez y a miembros del actual gobierno local.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que se han solicitado auditorías y peritajes técnicos para revisar el uso de recursos municipales entre los años 2023 y 2025.

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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el atentado ocurrió alrededor de las 11:00 horas. En el mismo hecho resultó gravemente herido uno de los hijos de la pareja, quien fue trasladado de urgencia a un hospital de la región.

Este crimen convierte a Mendoza Mendoza en la segunda alcaldesa asesinada en Michoacán, luego del homicidio de Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, ocurrido apenas el pasado 6 de junio. Ambos funcionarios estaban relacionados con partidos de la alianza Morena-PT, y en el caso de Bastida, también del PVEM.

Martha Laura Mendoza gobernaba Tepalcatepec por segunda ocasión, luego de haber ganado la elección de 2021 bajo la bandera del extinto partido Fuerza X México, por apenas un voto de diferencia ante el candidato de Morena-PT.

El homicidio de la alcaldesa refuerza las alarmas por la creciente violencia política en Michoacán, una entidad marcada por la operación de cárteles que han infiltrado o confrontado directamente a autoridades locales.

Las investigaciones continúan, mientras las autoridades estatales y federales no han emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre la posible motivación del ataque.

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