Justicia digital ahorrará tiempo y dinero a ciudadanos: Gustavo Cárdenas Soriano
La correcta implementación de la justicia digital es crucial para reducir costos, tiempos y mejorar la calidad del servicio de administración de justicia, afirmó Gustavo Cárdenas Soriano, catedrático del Diplomado Justicia Digital, que se imparte a 42 abogados, jueces y conciliadores a instancias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Cárdenas Soriano, integrante del grupo técnico que el Congreso de la Unión instituyó para la revisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, precisó que la oralidad en la materia no implica solamente tener una cámara, micrófono y computadora, “es mucho más amplio, sistemático”.
El coordinador del libro sobre Justicia Digital del código nacional, subrayó que el reto principal es mejorar la justicia cotidiana a nivel federal y en las entidades federativas porque al ser nacional este instrumento jurídico pone piso parejo en el trámite de un juicio y establece los mismos plazos y requisitos.
“Tener una justicia más homogénea implica que la inversión debería ser más o menos en proporción a las necesidades de cada estado. Muchas entidades federativas están muy avanzadas en temas de justicia digital, pero hay otras que no y de eso se trata, de homogeneizar”, comentó.
En su discurso en el Centro de Especialización Judicial, como parte del diplomado que dio inicio en abril y culminará en septiembre, consideró que no todos los estados se están tomando en serio el tema de la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, quizá porque lo ven lejano ya que la fecha límite es el 1 de abril de 2027.
“Faltan algunos años y no necesariamente se considera prioridad. Pero los congresos locales ya deberían estar asignando presupuesto para la implementación como ya se está haciendo en otras latitudes”, estimó.
“Al final casi siempre la carga de la justicia y su calidad se la lleva el Poder Judicial y es al que se señala, pero no pensamos que todo esto es parte del trabajo de todos los poderes y quienes participan en el diseño del procedimiento, en la asignación del presupuesto, en que se implementen correctamente esos recursos”, señaló.
Justicia digital ahorrará tiempo y dinero a ciudadanos
El también máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante sostuvo que un juez hará lo que pueda hacer con lo que tenga y lo que le hayan asignado, con el presupuesto y los recursos de que disponga, porque mágicamente no puede sacar salas de juicios orales, que de por sí son caras, más las cámaras, el escáner y la videograbación.
“También se requiere de servidores conectados a internet, los sistemas de ciberseguridad, la temática sobre quién va a diseñar la plataforma, quién dará mantenimiento y resolverá dudas de funcionarios y usuarios”, recordó.
Agregó que otro tema es el almacenamiento de la información, cómo se resguardará, quién supervisará que no se hackee el sistema, y todo representa recursos financieros y humanos. Estos requerimientos pasan “porque todos los poderes públicos se tomen en serio la implementación del código nacional para que el Poder Judicial pueda decir ‘Estoy listo, ya tengo todo’ e iniciemos la vigencia del código nacional”, dijo.
Admitió que sí falta dinero, y voluntad en muchos casos, pero confió en que a partir de este año y el siguiente la implementación del código nacional sea tomada mucho más en serio.
El también coordinador académico de capacitación del Poder Judicial de la Federación sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, manifestó que la difusión de sus bondades se está llevando a cabo bien porque se empezó por socializarlo, abordar sus aspectos generales y dar a conocer sus puntos importantes.
Cambiar planes de estudio
Indicó que se trata de una capacitación impartida en muchas entidades federativas debido a que si los procedimientos civiles y familiares representan 70 por ciento de juicios de este país mucha gente la necesita.
El conocimiento de estos temas lo requieren no sólo los jueces y el personal judicial sino también litigantes, peritos e intérpretes, quienes deben saber qué está pasando en un procedimiento oral y “jugando” con las mismas reglas porque un sistema procesal civil no va a funcionar si los únicos capacitados son los juzgadores.
Gustavo Cárdenas agregó que, si no lo han hecho, las universidades deberían empezar a cambiar sus planes de estudio y los temarios de Derecho Procesal Civil, Derecho de Familia y Teoría General del Proceso, ya que las habilidades tanto de juzgadores como litigantes son completamente distintas a las que probablemente se requerían hace unos cuantos años en México. “Entre un procedimiento escrito y uno oral las habilidades son diferentes y no estamos listos para eso”, advirtió.
El especialista abundó que las capacitaciones ahora son más teóricas, y algunas se están haciendo de manera práctica sobre simulación de juicios. Pero lo que debe suceder es que posteriormente se pase a la capacitación de habilidades en un procedimiento oral.
Opinó que el Poder Judicial de Tabasco tiene muy claro este reto, y aseguró pasará como en el sistema penal acusatorio adversarial y vendrán cursos de técnicas de litigación, interrogatorios, contrainterrogatorios. “Estos pasos son muy importantes para lograr el objetivo ya muy próximo en abril de 2027”, aseveró.
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