Recibe FGR 118 denuncias por posibles delitos electorales durante proceso para renovar el Poder Judicial
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ha recibido un total de 118 denuncias relacionadas con presuntos delitos electorales en el marco del proceso para renovar 881 cargos del Poder Judicial de la Federación.
De ese total, 95 denuncias fueron presentadas entre septiembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025, mientras que 23 se registraron durante la jornada electoral de este domingo 1 de junio, al concluir el proceso de votación.
Según el informe de la FISEL, las primeras 95 denuncias incluyen tanto reportes ciudadanos como las canalizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversas fiscalías estatales. Estas son investigadas por personal ministerial especializado, en estricto apego a los principios de legalidad y certeza jurídica.
En cuanto a la jornada de este domingo, la FISEL señaló que recibió 968 llamadas a través de los sistemas de atención de FISETEL. De estas, 909 fueron solicitudes de orientación, 43 fueron turnadas a fiscalías locales y 16 se integraron como denuncias en la Ventanilla Única de la Fiscalía Especializada.
Desde el pasado 26 de mayo, personal de la FISEL fue desplegado en las 32 entidades federativas, en coordinación con las 32 representaciones estatales de la FGR, bajo el respaldo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con el objetivo de atender de forma inmediata las denuncias que pudieran surgir antes, durante y después de los comicios.
Asimismo, la FISEL recordó que mantiene activos sus canales de recepción de denuncias ciudadanas, tanto de forma presencial en su Ventanilla Única como a través de la plataforma digital https://fisenet.fgr.org.mx, en la cual los usuarios pueden adjuntar evidencia multimedia como fotografías, videos y documentos relacionados con posibles ilícitos.
Con estas acciones, la FGR reiteró su compromiso de garantizar el desarrollo de procesos democráticos con legalidad, transparencia y responsabilidad institucional, salvaguardando los derechos político-electorales de la ciudadanía.
