Corte Suprema de EEUU rechaza demanda de México contra fabricantes de armas

La Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) rechaza de forma unánime la demanda del Gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, con la que buscaba responsabilizarlos por la violencia generada en el país por armas traficadas ilegalmente desde Estados Unidos.
El máximo tribunal concluyó que las empresas están protegidas por una legislación federal que impide ciertos tipos de demandas, incluso cuando sus productos terminan siendo utilizados con fines delictivos por terceros, como en el caso de los cárteles del narcotráfico en México.
“No se puede iniciar una acción contra un fabricante si, como en el caso de México, se basa en el uso delictivo del producto de la empresa por parte de un tercero”, escribió la jueza Elena Kagan en la opinión del tribunal, según reportes de medios como NBC News y USA Today.
Demanda sin precedentes
La demanda fue presentada por México en 2021 y señalaba a empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, argumentando que estas compañías conocían que sus armas eran vendidas a traficantes para su contrabando a territorio mexicano. Según el gobierno, aproximadamente el 70% de las armas incautadas en el país provienen de Estados Unidos.
Aunque inicialmente un juez federal falló a favor de los fabricantes, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston permitió que el caso siguiera adelante en 2023, considerando que las leyes de protección no se aplicaban en su totalidad a las reclamaciones presentadas por un gobierno extranjero.
México buscaba 10 mil millones de dólares en daños
La demanda también exigía una orden judicial para que las empresas modificaran sus prácticas comerciales, y solicitaba una compensación económica estimada en 10 mil millones de dólares por los daños causados por el tráfico de armas.
Las compañías demandadas rechazaron las acusaciones, argumentando que no pueden ser responsabilizadas por el mal uso de sus productos por parte de un pequeño número de personas, y que no existían pruebas suficientes de que sus acciones facilitaran directamente la violencia en México.
Con esta resolución, la Corte Suprema pone fin a uno de los litigios más ambiciosos emprendidos por un gobierno extranjero contra la industria armamentista de Estados Unidos.