Tabasco: ¿Se estancó el caso Bermúdez Requena?

La carpeta de investigación contra quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco en el sexenio pasado, Hernán Bermúdez Requena, a poco más de un año de iniciada, parece haber topado con pared en la persona del ex funcionario detenido en Paraguay, y ya no se ha indiciado a más responsables dentro del gobierno anterior.

La averiguación previa contra el ex jefe policíaco empezó a principios de la gestión del morenista Javier May Rodríguez, que empezó a despachar en Plaza de Armas el 1 de octubre de 2024, en medio de la peor crisis de violencia en la entidad.

El 13 de noviembre del año pasado, a un mes y medio de asumir el cargo, el mandatario dijo, en referencia a Bermúdez Requena, que en Tabasco “todo mundo” sabía quién era el cabecilla de La Barredora.

Esta organización criminal, que desde finales de 2023 había irrumpido con terror en la escena tabasqueña, mantenía un abierto reto contra las instituciones del Estado y, a la par del asesinato de policías, pedía la destitución de los titulares de las áreas de seguridad y procuración de justicia.

El 14 de febrero de este año, o sea tres meses después de que el gobernador May acusó en público a Requena de ser el jefe criminal, un juez estatal le libró una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado al ex secretario de Seguridad, que por esas fechas huyó del país vía área desde Mérida, Yucatán, según dijo el entonces comandante de la 30 Zona militar con sede en Villahermosa, general Miguel Ángel López Martínez.

Si la investigación contra Hernán empezó a la llegada de May a la gubernatura, fueron circo meses los que se llevaron las nuevas autoridades para encontrar las evidencias que lo tienen en la cárcel.

Antes de que cayera Hernán fueron detenidos sus dos principales colaboradores: Ulises “N” y Tomás “N”, quienes se acogieron al criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR) y se convirtieron en “testigos colaboradores”.

Apodados El Mamado y el ‘Lic Tomasín”, respectivamente, los “soplones” proporcionaron el mapa de La Barredora a las autoridades, y con sus declaraciones fue posible establecer que se trató de una banda delictiva formada desde las mismas estructuras gubernamentales encargadas de combatir al crímen.

El 17 de noviembre pasado, nueve meses después de librarse la orden de aprehensión en su contra, Bermúdez Requena fue traído de Paraguay a México.

Desde entonces las autoridades no han informado qué ha declarado el ex jefe policíaco.

A manera de filtración, en la columna del periodista Carlos Loret, el gobierno federal ha dado a conocer que Bermúdez Requena no ha incriminado “por el momento” al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, quien, siendo gobernador de Tabasco, nombró en 2019 a Requena como secretario de Seguridad.

Aunque era su colaborador y amigo desde 1992 en que coincidieron en el gobierno priísta de Manuel Gurría Ordóñez, Adán como subsecretario de Gobierno y Hernán como director de Seguridad Pública, el ahora senador ha dicho que no estaba enterado que el líder de La Barredora era un criminal incrustado en la administración.

Para reforzar la tesis de que el caso Bermúdez Requena no llegará más lejos, tanto el gobernador May como su segundo de a bordo, José Ramiro López Obrador, han dicho que la solicitud de la oposición para que López Hernández solicite licencia a la Cámara Alta es un tema mediático.

En la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, un estado eminentemente petrolero, hay inquietud porque las Afores de más de 32 mil trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) están en peligro ante la pretensión del gobierno federal de modificar la ley y disponer de estos recursos, que de 1997 a 2025 ascendieron a 10 billones de pesos. El sindicato nacional de Pemex ha sido acusado de ceder los derechos laborales de los trabajadores a cambio de mantener sus privilegios, abandonando a miles de sus agremiados; de estos 10 billones de pesos, 7.4 son administrados por las Afores y 2.4 por el Infonavit y Fovissste para financiar viviendas de interés social; esto es lo que el gobierno federal busca maniobrar ante el déficit financiero por el que atraviesa y para evitar la quiebra de Petróleos Mexicanos, para el cual el régimen destinará el próximo año 517 mil millones de pesos… El presidente del Colegio de Economistas de Tabasco (CET), Joaquín Zapata López, manifestó su preocupación por esta situación y criticó las iniciativas gubernamentales en la materia… En Tabasco hay seis secciones petroleras (la 14,  26, 28, 44, 48 y 50) que aglutinan a más de 25 mil petroleros, lo que convierte al edén en un polvorín en caso de que el Estado imponga su criterio y afecte a los petroleros.