Medias verdades en el sustento de las pensiones doradas
“Los labios mentirosos son abominación a Jehová; pero los que hacen verdad son su contentamiento” Proverbios 12:22
*El debate sobre las pensiones en el sector público volvió al centro de la discusión nacional a partir de la conferencia matutina del 18 de febrero encabezada por la presidenta de México, la Claudia Sheinbaum. En dicha presentación se expusieron cifras sobre el costo que representan para las finanzas públicas los sistemas pensionarios de diversas entidades estratégicas del Estado mexicano*
*Entre ellas Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y la banca de desarrollo. El mensaje central fue claro: existe una carga fiscal significativa derivada del pago de pensiones consideradas elevadas o “excesivas” y el 3 de marzo, presentó una iniciativa para modificar el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Iniciativa aprobada el martes pasado en el Senado*
*La discusión, sin embargo, no se limita a un tema presupuestario. En el fondo, se trata de un debate sobre justicia laboral, sostenibilidad financiera y precisión en el diagnóstico de los problemas estructurales del sistema pensionario mexicano. Y es precisamente en este punto donde surgen interrogantes legítimas sobre la forma en que se interpretaron los datos presentados, particularmente en lo relativo a la estructura laboral de la Comisión Federal de Electricidad*
*De acuerdo con las cifras expuestas durante la mañanera, la CFE cuenta con 54 mil jubilados. De ese universo, alrededor de 17 mil personas perciben pensiones que superan la mitad del ingreso que recibe Claudia Sheinbaum. A primera vista, esta cifra podría sugerir la existencia de un problema generalizado de pensiones elevadas dentro de la empresa productiva del Estado. Sin embargo, un análisis más detallado revela matices importantes que desnudan la narrativa presidencial*
*Ubiquemos: la estructura laboral de la Comisión Federal de Electricidad está compuesta mayoritariamente por obreros sindicalizados. Análisis internos y reportes laborales a conciencia coinciden en que aproximadamente el 85% de la plantilla corresponde a trabajadores afiliados al sindicato, mientras que cerca del 15% pertenece al denominado personal de confianza. La diferencia enel monto de los salarios no es menor, pues las condiciones laborales, contractuales y pensionarias de ambos grupos responden a marcos normativos históricamente distintos*
*Si se revisa con detenimiento la información presentada, de los aproximadamente 17 mil jubilados que perciben pensiones superiores a la mitad del salario presidencial, únicamente cerca de 2 mil corresponden a personal de confianza. El resto, cerca de 15 mil personas, pertenece al universo de trabajadores sindicalizados que accedieron a su jubilación bajo las condiciones establecidas en sus contratos colectivos de trabajo*
*Este dato es fundamental porque plantea una contradicción relevante entre el discurso público y el alcance real de la reforma propuesta. Durante la exposición presidencial se señaló que la medida buscaba atender particularmente los casos de altos mandos o funcionarios con percepciones desproporcionadas. No obstante, el texto de la iniciativa para modificar el artículo 127 constitucional amplía su alcance al personal de confianza de manera general, lo que podría afectar principalmente a mandos medios de confianza y personal operativo sindicalizado que no necesariamente encajan en la categoría de las exorbitantes “pensiones doradas”*
*Aún más llamativo resulta el hecho de que, en la tabla mostrada durante la conferencia, se señaló de forma inveraz e incorrecta que las más de 54 mil personas jubiladas de la CFE correspondían a personal de confianza. Lo cual es una interpretación equivocada de la estructura laboral de la empresa, ya que el personal de confianza representa sólo una mínima fracción de la plantilla histórica de trabajadores*
*Lo anterior indica que los datos que sustentan dicha la iniciativa presidencial no fue lo suficientemente analizada, el impacto fiscal esperado de la reforma es de origen mucho menor al estimado. En términos prácticos, limitar las pensiones del personal de confianza afectaría únicamente a un grupo reducido dentro del universo total de jubilados, mientras que la mayoría de los beneficiarios seguiría percibiendo sus pensiones conforme a las condiciones establecidas en los contratos colectivos vigentes al momento de su retiro*
*El elemento que contribuyó a la polémica fue la referencia a una pensión cercana al millón de pesos mensuales, corresponde a un jubilado de la extinta Luz y Fuerza del Centro, una empresa pública que dejó de operar en 2009. Se trata de una situación excepcional que, en todo caso, debería ser revisada de manera particular mediante los mecanismos administrativos y legales correspondientes, más que utilizarse como ejemplo generalizado del sistema pensionario, ya que evidentemente se trata de una manipulación mediática*
*Ejemplificar este caso, aunque mediáticamente impactante, no representa la realidad predominante del sistema de pensiones del sector energético. Utilizarlos como referencia central del debate conduce a diagnósticos incompletos y, eventualmente, a decisiones públicas basadas más en percepciones torcidas que en un análisis estructural profundo. La discusión sobre las pensiones públicas doradas en México es, sin duda, necesaria*
*Sin embargo, cualquier reforma en esta materia exige un análisis minucioso que distinga con claridad entre los distintos tipos de trabajadores, los marcos contractuales vigentes y las responsabilidades históricas del propio Estado como empleador. Valdría la pena mejor investigar la millonaria corrupción de Manuel Bartlett, su hijo y su caterva de incondicionales. Ese tipo de transparencia y aplicación de la Ley, es lo que en realidad México necesita*
*Entendamos: las pensiones a los trabajadores sindicalizados no surgieron de manera espontánea ni arbitraria. Son el resultado de toda una vida de trabajo transformando el sistema eléctrico del país, de acuerdos laborales, contratos colectivos, reformas legales y decisiones administrativas acumuladas a lo largo de la historia de la CFE. Modificar ese entramado requiere precisión técnica, sensibilidad política y claridad jurídica. Tocar ese avispero, sin duda, sería una imprudencia*
*Aunque ya fue aprobada el pasado martes dicha reforma en la Cámara de Senadores y el próximo miércoles debe llegar a la Cámara de Diputados, cuando en el debate público se habla de “pensiones doradas”, la pregunta esencial no es retórica sino técnica y política al mismo tiempo: la aclaración es imperante ¿Quiénes son exactamente los beneficiarios de esas pensiones y bajo qué condiciones se generaron?*
*Solo respondiendo con precisión a esa interrogante es posible diseñar una reforma que sea financieramente responsable y, al mismo tiempo, justa para los miles y miles de trabajadores y jubilados del sector público. Hasta ahora el sustento de la reforma aprobada sin tocarle ni una coma en la Cámara de Senadores, sólo dañará la estima a Morena de los trabajadores del sector eléctrico y petrolero, pues el diagnóstico es insoslayable: inveraz y medias verdades el sustento de las pensiones doradas*
*SEPTIMO SELLO*
*Las pensiones doradas mensuales existen, el padrón que tiene la presidenta Sheinbaum Pardo está perfectamente definido tanto en Pemex como en CFE: los ex directores de Pemex Gas y Petroquímica Básica Roberto Ramírez Soberón y Marcos Ramírez Silva cobran cada uno: 263 mil 065 pesos mensuales. Los ex directores de Pemex Exploración y Producción: José Antonio Escalera Alcocer, Juan Javier Hinojosa Puebla y Gustavo Hernández García cada uno cobra 262 mil 275 pesos mensuales. Esas, si son pensiones doradas*
*Revisando la lista por nombre y categoría, ubicando en números la dimensión de las pensiones doradas exorbitantes e incluso ofensivas: en CFE y Pemex hay 377 jubilados de confianza y ex líderes sindicales que cobran entre 200 mil y 601 mil pesos mensuales. Otros 1006 jubilados de confianza que cobran entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales. Otros más, 4551 jubilados de confianza de Pemex y CFE cobran una pensión exorbitante entre 100 mil y 149 mil 999 pesos. Todos los demás jubilados de Pemex y CFE cobran pensiones demasiado limitadas acorde a los contratos colectivos de trabajo*
*SEPTIMA TROMPETA*
*En lo local: la política pública también se construye en los espacios silenciosos donde el Estado forma a quienes mañana deberán sostener sus instituciones. La entrega de cartas de acreditación de prácticas profesionales a estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, campus Comalcalco, dentro del Instituto de la Defensoría Pública por parte de su director Héctor Raúl Cabrera Pascacio, refleja justamente esa dimensión menos visible pero fundamental del servicio público. Así es que se ayuda la labor de May Rodríguez*
*SEPTIMA COPA*
*Más allá del acto administrativo, el hecho revela una apuesta por vincular la formación académica con la práctica institucional. Para los estudiantes de Derecho, cumplir con las horas establecidas en su plan de estudios no sólo representa un requisito académico, sino una primera aproximación al funcionamiento real del sistema de justicia, particularmente en el ámbito de la defensa pública, donde el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables es un principio esencial del Estado de derecho*
*En términos políticos e institucionales, iniciativas como esta contribuyen a fortalecer una cultura de servicio público basada en la formación, la ética profesional y el compromiso social. En un país donde el acceso a la justicia sigue siendo una de las grandes deudas estructurales, preparar a nuevas generaciones de abogados con sensibilidad social y experiencia práctica resulta una inversión silenciosa, pero estratégica, para el futuro del sistema jurídico*
