Juan Carlos Huerta, la impunidad
De Primera Mano
Ayer se cumplieron siete años del homicidio del periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez y la impunidad sigue oscureciendo a los dos gobiernos anteriores.
El 15 de mayo de 2018, cuando faltaba mes y medio para las elecciones presidenciales de ese año que ganaría el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, el conductor del noticiero del Canal 9 de televisión fue acribillado cuando salía de su domicilio ubicado por el rumbo del Country.
El 20 de septiembre de ese año, esto es, cuatro meses y cinco días después del asesinato, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó en un comunicado que había aprehendido al presunto “autor material” de la ejecución.
El entonces titular de la institución, Fernando Valenzuela Pernas, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer la detención.
El funcionario presentó fotos sacadas de las cámaras de la zona para demostrar que se trataba del hombre que jaló el gatillo.
En realidad, la detención del sujeto se dio porque su pareja lo denunció por miedo a que la matara.
De hecho, Juan Miguel “N” estaba preso en el reclusorio de Villahermosa por robo a una tienda de conveniencia cuando lo “detuvieron” por el homicidio de Huerta Gutiérrez.
El boletín de prensa consignaba que “los avances de las indagatorias apuntan a que el móvil a la presente fecha se relaciona con su vida privada”.
Agregó el comunicado: “Hasta el momento, no existen indicios que permitan acreditar la presencia de delincuencia organizada; de igual manera, no existen datos que vinculen el homicidio con el ejercicio de su profesión periodística”.
Y es que desde un principio las autoridades trataron de desvincular el crimen de su oficio de periodista.
El 6 de noviembre de 2019 se le dictó al sicario Juan Miguel “N” una sentencia de 20 años de prisión y el pago de 139 mil pesos por el delito de homicidio calificado.
En su momento llamó la atención que el juez le haya dado una pena mínima, pero en esa ocasión fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco le dijeron a este reportero que el propio Ministerio Público había pedido una sentencia reducida.
El ex fiscal Valenzuela Pernas llegó a declarar que el caso llevaba un 70 por ciento de avance, pero en todo el gobierno de Adán Augusto López Hernández no volvió a desempolvarse la investigación que sigue sumida en la impunidad.
Extraoficialmente se dice que el autor intelectual del crimen fue un familiar de la pareja que tenía el periodista al momento de su muerte.
También se habló de motivos políticos, mas el tema quedó archivado hasta el momento.
En resumen, ni la administración de Arturo Núñez Jiménez ni la de Adán López hicieron nada por llegar al fondo del homicidio.
