Freno a corrupción
Con una verdadera mafia en la que participan funcionarios corruptos, el servicio de grúas en Tabasco está a punto de ser regulado, en lo que puede ser el inicio de acabar con los abusos, en Tránsito y Movilidad, contra los tabasqueños.
La iniciativa de ley para poner fin a los cobros excesivos en los remolques y depósito de vehículos en las instalaciones privadas de los dueños de las grúas, obedece a las múltiples quejas recibidas en las giras territoriales del gobernador Javier May Rodríguez.
Al presentar el diputado Jorge Bracamonte Hernández, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena la iniciativa que el Congreso de Tabasco estudiará para aprobar modificaciones a la Ley de Movilidad y a la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado, explicó que se pondrá fin a los cobros excesivos en los servicios de grúas, remolque y depósito de vehículos en la entidad y se brindará certeza jurídica a los conductores.
Al igual que la inseguridad creció en Tabasco en el gobierno anterior, el servicio de grúas se convirtió en un gran negocio para funcionarios corruptos. Antes del gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco operaban sólo cinco empresas grúas: Pérez, Salómon, Olmeca, Tabasco y Negras.
Ha trascendido que en la actualidad hay más de treinta permisos para este negocio que reditúa grandes ingresos y abusos a los empresarios y a funcionarios corruptos.
Tabasco ocupa el quinto lugar nacional en accidentes de tránsito (casi cinco mil al año) sólo por debajo de Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.
Y datos estadísticos dejan ver unos cinco mil servicios de arrastre al año. Y a los altos costos: ¡un gran negocio! que propicia abusos, pues se ha señalado que el anterior secretario de Movilidad, Narciso Oropeza, cobró hasta tres millones de pesos por autorizar cada nueva empresa de grúas. Independientemente de la cloaca que dejó el gobierno adancista, las reformas en el rubro de grúas, frenará en parte la corrupción heredada en Tránsito y Movilidad.
Esta corrupción merma la economía de los propietarios de vehículos al cobrarles infracciones no cometidas, como se ha documentado a este columnista. Por algo empezará el Congreso. Una oportunidad de limpieza.
