El caso Rocha revive el fantasma del narcoestado en Tabasco
De Primera Mano
La acusación formal del régimen de Donald Trump por narcotráfico contra el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, obliga a volver la mirada a Tabasco, donde durante el sexenio pasado la delincuencia organizada habría operado desde las propias entrañas de la administración estatal: el responsable de la seguridad pública era, según acusación del propio gobierno, uno de los principales jefes criminales de la región.
En el documento de acusación contra el Ejecutivo sinaloense se consigna lo siguiente:
“(…) Y como se describe más adelante, en múltiples ocasiones antes y después de convertirse en Gobernador de Sinaloa, ROCHA MOYA asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos y otros líderes del Cártel, en las cuales ROCHA MOYA se comprometió a apoyar las operaciones de narcotráfico del Cártel. Esas reuniones estaban resguardadas por ejecutores del Cártel, conocidos como sicarios, quienes estaban armados con ametralladoras y otras armas.
“Tal como lo había prometido, desde que fue electo Gobernador, y a cambio del apoyo de los Chapitos en su elección, ROCHA MOYA ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, ROCHA MOYA ha permitido que los líderes de los Chapitos instalen a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder dentro del gobierno estatal y municipal de Sinaloa, y en ciertas corporaciones estatales y locales de seguridad pública. A su vez, los funcionarios alineados con los Chapitos dentro de la administración de ROCHA MOYA han protegido a los Chapitos y sus operaciones de narcotráfico (…)”.
En el expediente contra el presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena —ex secretario de Seguridad Pública estatal— se describen también acercamientos ocurridos durante la campaña de 2018 entre el apodado Comandante H y jefes del narcotráfico local, entre ellos el llamado Pelón de Playas.
Las declaraciones de Tomás “N” y Ulises “N”, testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), reconstruyen el entramado completo. Los mandos criminales, que fueron operadores cercanos del jefe policiaco —quien a su vez era señalado como líder de la estructura delictiva— han narrado con detalle cómo creció la organización que operaba como brazo armado del CJNG en el sureste.
En el caso de Tabasco, bastaría con que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retire el manto protector a los superiores de Hernán Bermúdez para que el senador Adán Augusto López Hernández, así como Carlos Merino Campos —quien fue su suplente en Plaza de Armas durante tres años—, terminen sentados en el banquillo de los acusados.
Pero si eso no ocurre, habrá que esperar a que sea la justicia estadunidense la que llame a cuentas al padrino político del “H”.
