Atentado contra sacerdote en tierra de AMLO prende la alerta
De Primera Mano
El atentado a balazos de ayer contra un sacerdote católico de una colonia popular de Villahermosa muestra que la federación no ha logrado contener la violencia en la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y, además, que no ha tenido la determinación política de ir contra el origen del problema que, todo apunta, está dentro de la misma Cuarta Transformación.
Héctor Alejandro Pérez, de 30 años, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, de Las Gaviotas, fue atacado a balazos desde una moto a las seis de la mañana de este lunes mientras conducía su auto, una noticia que pronto estuvo en la mayoría de los portales de la prensa de la capital del país y aun en sitios internacionales.
Se trata de la primera agresión armada a un miembro del culto católico en la era moderna en la tierra del gobernador anticlerical Tomás Garrido Canabal.
Hay que precisar: la crisis de violencia en el estado empezó con mayor virulencia en septiembre de 2024 al despegue de la administración del morenista Javier May Rodríguez, pero el origen del grupo criminal que mantiene secuestrado al edén se remonta al sexenio pasado en que nació y florecio al parecer al amparo de las autoridades obradoristas, según denuncias del propio gobierno actual.
Y aunque desde febrero del año pasado, ocho meses antes de concluir, el gobierno de López Obrador había enviado a un general con una impresionante hoja de servicios a encabezar la lucha contra la delincuencia organizada en su tierra, el pico de la violencia se mantuvo hasta mediados del mismo mes de 2025, cuando tomó las riendas de su combate personal formado en la antigua PGR y de todas las confianza del secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch.
Del 15 de febrero a la fecha los homicidios dolosos han descendido en al menos 42 por ciento, aunque esporádicamente se realiza más de un homicidio por día, como este fin de semana que en las redes sociales se contabilizaron al menos cuatro ejecuciones.
Por eso la agresión al sacerdote de Las Gaviotas, la cual fue repudiada por el gobernador May y por partidos políticos, enciende el tablero de la alerta y pone al edén de nuevo en el mismo paquete que entidades violentas como Guerrera, Oaxaca y Michoacán, entre otras.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), a cargo de Oscar Tonathiu Vázquez Landeros, quien tiene la experiencia de haber ocupado el mismo cargo en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, comandada por el ex policía judicial federal Serafín Tadeo Lazcano, han estado realizando detenciones de delincuentes de alto impacto, como la captura la semana pasada de una banda que había asaltaba y violaba a turistas en las playas del municipio de Paraíso.
A pesar de esos resultados, no se logra ver una luz al final del camino oscuro.
Peor aún: aún no son capturados los principales cabecillas del grupo delictivo de corte local que ha causado el baño de sangre en el estado, en un escenario que al parecer tiene que ver con la política: descabezar a los ex funcionarios coludidos con el narco en la tierra de AMLO salpicaría al de Macuspana que ahora vive en Palenque…
Ha habido, eso sí, intentos tibios de llevar a la justicia a actores políticos presuntamente vinculados a la política, como la sujeción a proceso del ex candidato del PT a la presidencia municipal de Teapa, Hiram “N“, hermano del ex diputado federal Mario Llergo Latournerie, quien fue coordinador en 2023 de la campaña del ahora senador Adán Augusto López Hernández tras la candidatura presidencial de Morena.
La semana pasada, en Tenosique, al alcaldesa Sandra Beatriz Hernández Jiménez, también petista, fue acusada por encapuchados en un video de ser narcopresidenta y de estar coludida con el grupo de Los Farías, que, según la prensa local, controla la parte fronteriza de Tabasco con Guatemala y Campeche.
