Acusan “linchamiento mediático”.
Analistas y comunicadores son señalados por emitir juicios anticipados sin pruebas; el gobernador May niega pactos y llama a respetar el debido proceso.
Diversas voces críticas advierten sobre una creciente ola de señalamientos públicos contra exfuncionarios tabasqueños, en algunos casos sin que exista resolución judicial alguna, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones al debido proceso y a los derechos de los implicados.
En redes sociales y espacios de opinión, algunos analistas y comunicadores han etiquetado como criminales o corruptos a personajes políticos y notarios públicos, basándose únicamente en vínculos circunstanciales, como fotografías o relaciones profesionales con personas investigadas.
“En este gobierno no hay intocables ni pactos con ningún grupo”, ha reiterado el gobernador May, quien asegura que su administración está comprometida con la legalidad y la consolidación de la paz en Tabasco.
El mandatario también ha hecho un llamado a no fomentar la confrontación ni dejarse llevar por narrativas que buscan generar inestabilidad política o social.
Desde el ámbito académico, expertos en Derecho señalan que este tipo de acusaciones públicas pueden constituir actos de difamación y representan una falta grave a la ética periodística, al anticipar culpabilidades sin respaldo judicial.
Asimismo, se ha señalado que algunos de estos conflictos podrían tener un trasfondo partidista. Como ejemplo, se menciona al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien ha interpuesto denuncias en instancias nacionales e incluso internacionales contra más de una docena de tabasqueños, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de politizar el proceso judicial.
Mientras los casos continúan su curso legal, el gobierno estatal insiste en que todas las investigaciones serán llevadas conforme a derecho, y que no permitirá presiones externas ni linchamientos mediáticos. Es todo
