Aborto en el Poder Judicial
Un posible cadáver insepulto que heredará el gobierno de Javier May Rodríguez, que le sembrarán el próximo lunes 5 de agosto en el Tribunal Superior de Justicia, es la Tercera Sala Civil de ese Poder Judicial.
El nuevo ente, al parecer, nació muerto el 15 de julio, en la víspera del primer periodo vacacional que ayer concluyó y que no dio oportunidad a ninguna reacción, pues se suspendieron las labores jurisdiccionales en ese Poder Judicial y las administrativas en la presidencia a cargo de Don Enrique Priego Oropeza. Hoy jueves se reanudan.
Cadáver, pues a pesar del acuerdo que crea esta nueva Sala Civil para que entre en funciones el próximo lunes 5, el Congreso local, que se sepa, no ha aprobado aún el presupuesto de 120 millones de pesos solicitado por el Poder Judicial para la implementación de siete salas de juicios orales y la tercera sala civil.
El paquetito —sin torta bajo el brazo—, es sietemesino, casi un aborto desesperado, y el acuerdo que lo creó se justifica en el incremento del número de tocas (estudios de casos revisados por magistrados) “radicados desde el año 2020 hasta el primer semestre de labores del presente año”.
Sin que se mencionen rezagos en esos expedientes, se informó que en 2020 hubo 921 tocas radicados; en 2021: 1323; en 2022: 2095; en 2023: 2,181; y, hasta las vacaciones que hoy terminan, 1,210 asuntos han llegado a las dos salas civiles del TSJ.
El acuerdo de hace 17 días, certificado por el magistrado Jesús Cecilio Hernández Vázquez, encargado del Despacho de la Secretaría General de Acuerdos del TSJ del Poder Judicial del Estado de Tabasco, le echa mucha crema a sus tacos: “Este cuerpo colegiado considera necesario crear la Tercera Sala Civil, a fin de garantizarle al gobernado su derecho de ser atendido con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, que emita resoluciones de manera pronta, completa, imparcial, independiente y gratuita, de acuerdo a lo señalado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Pero, detrás, está la traición.
