A ver si ahora funcionan
Por: Mario Gómez y González
La Contraloría Social, conforme al artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, se define como “el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.”
Es una estrategia de participación ciudadana para favorecer la rendición de cuentas y la vigilancia del buen ejercicio y aplicación de los recursos públicos; sus objetivos- al menos en teoría-, son el de promover que se proporcione a la población información completa, oportuna, confiable y accesible respecto a los programas, acciones y servicios; sus objetivos, normas y procedimientos de operación.
Pues bien, el gobernador Javier May Rodríguez, anunció la formación de comités de contraloría social en todo el estado, donde los tabasqueños podrán supervisar que haya transparencia en la aplicación de los recursos; fortaleciendo la participación ciudadana y la rendición de cuentas en beneficio de todos y- de esta manera-, evitar malos manejos y que tanto las acciones sociales, como las obras de gobierno lleguen a quien más lo necesita.
Hasta este punto todo pinta bien, solo que habría que proporcionarles y dotarles a estos comités la validez jurídica y el marco legal necesario, a fin de que no se le reste importancia al trabajo y la responsabilidad que-en el marco de la ley vigente- tienen y deben realizar la Secretaría de la Función Pública (dependiente del Ejecutivo) y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE), dependiente del Legislativo local; ya que, de lo contrario, pasarían a ser verdaderos elefantes blancos.
Esto es, porque éstos comités, sin el marco jurídico-legal pertinente (su propia representación legal), no podrían integrar expedientes de obras, programas, acciones de gobierno; levantar actas de entrega-recepción, revisar y otras tantas actividades inherentes a sus funciones y carecerían de validez.
Además, cabría recordar-en el marco del Morenismo que nos gobierna- que la creación de estos comités tuvo un dolorosísimo costo político para quien quiso impulsarlos-precisamente aquí en Tabasco- hace más de 40 años, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente del Comité Directivo estatal del PRI.
Cuenta la historia política de Tabasco que siendo presidente del tricolor estatal, Andrés Manuel López Obrador, pretendió darles facultades inexistentes a los comités seccionales del PRI- en el marco de la estructura política que el otrora partidazo tenía en la entidad y que AMLO, quiso fortalecerla- para que estos comités fueran los responsables de vigilar la aplicación de los recursos públicos, programas y acciones de gobierno (decidir que obras realizar), a pesar de que la ley no se los facultaba.
Corría el sexenio de don Enrique González Pedrero, cuando todo esto sucedió; por lo que los presidentes municipales de aquella época (todos del PRI), se disgustaron e inconformaron, ya que les restaba autoridad, presencia, margen de maniobra para disidir las obras, programas y acciones, además de sentirse vigilados y fiscalizados.
En ese entonces, los presidentes municipales se reunieron en torno a la figura de un poderosísimo alcalde de Centro (Gustavo Rosario Torres), quien gozaba del aprecio y confianza personal de don Enrique, además de que todo el gabinete “se le cuadraba”.
Se dio pues un desayuno en el domicilio personal de GRT-en la colonia López Mateos- y donde acordaron manifestarle al gobernador González Pedrero, su inconformidad, por lo que se dio otra reunión, ya con don Enrique presente, pero en la Quinta Grijalva y donde le dijeron-poco más o menos- “o saca usted a Andrés Manuel del PRI, o nos declaramos presidentes municipales independientes”.
Y como en esos días, “El Maestro”, presentaría su libro “Democracia de carne y Hueso”, a la par de comenzar el proceso democratizador interno del tricolor (1985), pues no le quedó más remedio al mandatario, que remover a AMLO de la dirigencia del tricolor en Tabasco.
Versiones de testigos coinciden en asegurar que González Pedrero, aprovechó el fallecimiento de don Antonio Ocampo Ramírez, para poner al frente de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación (SECUR), a Francisco Peralta Burelo, que despachaba como Oficial Mayor del Gobierno; don Enrique le ordenó a AMLO, hacerse cargo de la Oficialía Mayor, donde “te va a ir muy bien financieramente”, le dijo.
Junto a su inseparable amigo y consejero-Alberto Pérez Mendoza- Andrés Manuel López Obrador, llegó por la mañana a la Oficialía Mayor y le solicitó una máquina de escribir a quien estaba como directora administrativa-la señora Bertha Merodio- y de inmediato, Pérez Mendoza, le redactó la renuncia al macuspanence; misma que llevó más tarde al palacio de gobierno, pero no se la entregó a don Enrique, sino a quien era el secretario particular, Francisco “Pancho” Garrido Cruz.
Horas después, Andrés Manuel, abandonó la entidad y se trasladó a la ciudad de México.
Todo esto provocó la enemistad política entre Andrés Manuel y Gustavo Rosario, al grado de no dejarlo ser abanderado del PRD al gobierno estatal, por lo que-GRT-, sí fue candidato, pero por el Partido del Trabajo (PT).
Jaque Mate** Como hemos visto, esto de los comités de contraloría social, no son nuevos en Tabasco, porque fueron propuestos e impulsados por Andrés Manuel López Obrador** habría que crearles un marco jurídico-legal especial, que no quite escenarios de maniobra, tanto a la secretaría de la función pública, como al órgano superior de fiscalización y que no les genere molestias a los presidentes municipales y comience a germinar la inconformidad política** la idea-como tal-, es buena; a ver si ahora funcionan** fue todo por hoy** hasta mañana Dios mediante
