La virtual imposición desde la Ciudad de México del diputado federal priísta Erubiel Alonso Que como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Centro asesta un duro golpe a las aspiraciones de la oposición tabasqueña de construir una alternativa competitiva rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Si los adversarios de Morena —en particular la fuerza naranja de Dante Delgado— conservaban alguna posibilidad de edificar una candidatura robusta en la capital del estado, esa expectativa se ha debilitado con la decisión de incorporar a un político priísta cuya imagen arrastra un importante desgaste.

La apuesta del dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, resulta cuando menos difícil de explicar. Con figuras como Gerardo Gaudiano Rovirosa y Pedro Jiménez León dentro de sus filas, la dirigencia nacional dispone de información suficiente para conocer la percepción que existe en Tabasco sobre el exdirigente estatal del PRI.

La trayectoria de Erubiel al frente del tricolor quedó marcada por acusaciones de venta de candidaturas en dos millones de pesos durante el proceso electoral de 2015.

El tema volvió a la discusión pública luego de que el alcalde emecista de Emiliano Zapata, Armin Marín Sauri, lo recordara tras el destape del legislador federal como posible abanderado de MC.

A ello se suman las versiones que circulan en frentes políticos sobre una eventual cercanía entre Erubiel y el senador morenista Adán Augusto López Hernández. Quienes sostienen esa tesis argumentan que el dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, mantiene una relación política con el exsecretario de Gobernación. Hasta ahora no existe evidencia pública que confirme esa hipótesis, pero el señalamiento ha cobrado fuerza entre actores de la oposición.

Sea cierta o no esa versión, el resultado inmediato parece evidente: Movimiento Ciudadano ha abierto una crisis interna innecesaria en el único municipio donde tenía posibilidades reales de convertirse en una alternativa competitiva frente a Morena.

Más que contribuir a una oposición fuerte, la decisión de imponer una candidatura cuestionada ha profundizado la percepción de que los partidos opositores en Tabasco siguen atrapados en sus propios errores.

Y mientras eso ocurre, el partido gobernante observa cómo sus adversarios hacen, por sí solos, el trabajo de debilitarse.

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La llegada del diputado federal priista Erubiel Alonso Que a Movimiento Ciudadano (MC) alteró la vida interna de esta fuerza emergente en Tabasco. Y lo que la dirigencia nacional presentó como una adhesión importante terminó convirtiéndose en un conflicto interno porque dos de los tres alcaldes naranjas del estado lo rechazaron públicamente y lo señalaron como un político corrupto.

El más duro fue el alcalde de Tacotalpa, Ricki Arcos, quien respondió en redes sociales a Jorge Álvarez Máynez que Erubiel no es ningún liderazgo en Tabasco y lo calificó de “bandidazo”.

Después se sumó, en una entrevista de radio, el edil de Emiliano Zapata, Armín Marín, quien le recordó actos de traición política en 2015 cuando ambos militaban en el PRI, lo acusó de vender en dos millones de pesos una candidatura y llegó incluso a pedir a los ciudadanos que no voten por él si MC lo postula a un cargo de elección popular.

Que dos presidentes municipales contradigan públicamente a la dirigencia nacional de su partido no es algo que ocurra todos los días. La reacción deja ver que dentro de MC existe un malestar que va más allá de la figura del exdirigente priista.

Detrás de esta polémica hay un asunto más delicado. Un sector del partido observa con preocupación el rumbo que está tomando la organización desde la llegada de Karla Rabelo a la coordinación estatal y la incorporación de personajes procedentes de otras fuerzas políticas.

De hecho, algunos militantes han llegado a señalar a la exmorenista como una figura cercana al grupo político del senador Adán Augusto López Hernández e incluso como una eventual infiltrada dentro de Movimiento Ciudadano.

Más allá de si esos señalamientos tienen sustento o no, reflejan el clima de desconfianza que existe en una parte de la militancia.

Así, Erubiel se convirtió en el punto de quiebre porque representa justamente lo que muchos militantes creían que Movimiento Ciudadano debía combatir: las viejas prácticas de la política tradicional. Por eso los cuestionamientos no provinieron de adversarios externos, sino de alcaldes que ganaron elecciones bajo las siglas naranjas.

No debe perderse de vista otro dato. Los presidentes municipales que protestaron no están discutiendo únicamente la llegada de Erubiel. También están reaccionando a una forma de hacer política que comienza a abrirse paso dentro del partido y que consiste en reclutar cuadros conocidos sin medir el costo interno de esas decisiones.

La dirigencia nacional puede argumentar que sumar a un diputado federal fortalece a MC en Tabasco. El problema es que la incorporación de un personaje cuestionado por los propios alcaldes del partido produce el efecto contrario: abre divisiones donde antes había cohesión.

La fuerza naranja creció en Tabasco como una alternativa a los partidos tradicionales. Gracias a esa imagen conquistó las alcaldías de Tacotalpa, Emiliano Zapata y Paraíso, y se convirtió en la principal fuerza opositora del estado.

Hoy enfrenta el riesgo de parecerse a aquello que durante años criticó. La resistencia a la llegada de Erubiel también debe leerse a la luz de esas sospechas. Para algunos cuadros de MC, la incorporación de personajes provenientes del PRI y de Morena, como la llegada de Karla Rabelo a la dirigencia estatal, forman parte de una misma dinámica que podría terminar diluyendo el perfil opositor que el partido construyó en Tabasco.

Mientras tanto, Erubiel ya adelantó que buscará la candidatura emecista a la alcaldía capitalina. No se trata de cualquier posición: Centro concentra la mayor relevancia política y presupuestal del estado, y desde ahora se perfila como uno de los principales campos de disputa rumbo a 2027.

Sin embargo, el exdirigente priista descubrió desde su primer día en el partido de Dante Delgado que su principal problema no está en Morena ni en los demás partidos. Lo tiene dentro de la organización que acaba de recibirlo.

Y si dos de los tres alcaldes naranjas ya se pronunciaron en su contra, difícilmente podrá decirse que se trata de una inconformidad aislada.

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En lo que le está pasando a la llamada Cuarta Transformación y a su fundador, Andrés Manuel López Obrador —y también a su principal operador, Adán Augusto López Hernández—, no se ha valorado que en el origen de todo esto subyace la respuesta de la prensa mexicana ante la forma casi criminal en que el oriundo de Macuspana intentó desaparecer a los periodistas que no se le plegaron.

La animadversión del expresidente contra los medios y comunicadores que lo cuestionaban era enfermiza. Ahí está el caso de Carlos Loret de Mola, a quien desde Palacio Nacional, la principal tribuna pública del país, AMLO exhibió criminalmente al revelar información sobre sus propiedades y cuentas bancarias.

Villano favorito de López Obrador, el reportero de origen yucateco igual fue blanco de Adán López, quien como secretario de Gobernación hizo alarde de la fuerza del Estado para intentar aplastarlo, al grado que llegó a acusarlo de gatillero.

Con sarcasmo, el conductor de Latinus le respondió que ni siquiera su patrón Andrés Manuel había llegado tan lejos en insultos en su contra.

Loret y Latinus fueron piezas fundamentales para exhibir a los López, los principales exponentes de la 4T.

Antes de que borbotearan las denuncias mediáticas de los escandalosos casos del huachicol fiscal en los que aparece como principal involucrado el senador tabasqueño, Loret documentó las empresas fantasmas de su fallecida hermana Rosalinda, que recibieron transferencias millonarias del gobierno de Chiapas encabezado por su cuñado, Rutilo Escandón Cadenas.

Perseguida hasta la ignominia por el régimen de López Obrador, la prensa crítica ha sido reivindicada por las acciones de la justicia del gobierno de Donald Trump contra figuras relevantes de la 4T presuntamente vinculadas al narcotráfico.

La prensa mexicana ha jugado un papel relevante: muchos de los datos que hoy utilizan las autoridades estadounidenses fueron revelados primero por reportajes de medios nacionales.

Fueron periodistas aztecas quienes documentaron en Sinaloa el presunto operativo del narcotráfico y Morena para instalar en el Ejecutivo estatal a Rubén Rocha Moya, y así ha quedado acreditado en la Corte de Nueva York que ha pedido su detención con fines de extradición junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.

También fueron comunicadores como Ramón Alberto Garza —en su momento muy cercano a López Obrador— quienes revelaron, antes que las autoridades del vecino país, que durante el sexenio pasado existió un operativo de Estado para introducir de contrabando el llamado huachicol fiscal.

El caso de Adán López es similar al de López Obrador: apenas llegó a Plaza de Armas de Villahermosa, en 2019, ordenó desaparecer la Coordinación General de Comunicación Social del estado.

Previo a lograr el poder había dicho que cuando llegara a la gubernatura los periodistas tabasqueños tendrían que irse a Guatemala, lo cual soltó cuando le comentaron que algunos reporteros locales realizaban trabajos de comunicación para el gobierno de Campeche de Alejandro Moreno.

Como gobernador de Tabasco y como secretario de Gobernación, Adán respondía con frecuencia de manera prepotente a los medios.

Nada que ver con el actual Adán López, que luce avejentado y enfermo, y que cada vez que es entrevistado responde que él no acostumbra a dar declaraciones, cuando de todos eran conocidos sus desplantes ante comunicadores.

Era otro cuando tenía el poder en sus manos y contestaba con burla, como cuando dijo que los periodistas tabasqueños tendrían que exiliarse en la nación centroamericana o cuando llamó gatillero a Loret.

Ahora, cuando —según diversos analistas— se encuentra cerca de enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos por casos que antes denunciaron los periodistas a los que injurió, aquel Adán Augusto arrogante parece haberse esfumado.

Lo que queda es un político decrépito con la mirada extraviada, al que de nada le serviría en una celda gringa la insultante fortuna que se le atribuye por las decenas de empresas constituidas desde su notaría para presuntamente desviar recursos públicos.

Y que la prensa lo destruyó da cuenta la última encuesta para el diario El País, de España, de Enkoll: Adán López es el político más repudiado de México, lugar del que desbancó al líder priísta Alejandro Moreno.

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La eventual nominación de Daniel Casasús Ruz como candidato de Morena a la presidencia municipal de Centro parece ser el desenlace más lógico en un escenario donde el grupo en el poder se ha identificado plenamente con la continuidad del proyecto obradorista.

Más allá de tratarse de una simple candidatura, su posible postulación cerraría un proceso de reacomodo político que inició con la llegada de Javier May Rodríguez a la gubernatura en octubre de 2024, cuando comenzó el desplazamiento paulatino de una generación de políticos de origen priista que habían ingresado a Morena en 2018 bajo el respaldo del hoy senador Adán Augusto López Hernández.

En términos sencillos: si Casasús encabeza el ayuntamiento de Centro, la estructura política del gobernador habrá consolidado su dominio sobre una de las posiciones más estratégicas del estado.

Vaya, tradicionalmente la alcaldía capitalina es uno de los bastiones que el jefe político de la entidad busca asegurar hacia la mitad de su mandato para fortalecer su proyecto.

Un detalle que ha pasado casi desapercibido en el análisis público es que, desde el arranque de la actual administración, Casasús Ruz ya formaba parte del equipo de transición y entrega-recepción del nuevo gobierno. Fue una señal temprana y elocuente de la confianza que ya existía entre ambos.

Su cercanía con May no es casual ni de los últimos meses. Tiene raíces profundas, forjadas en una militancia compartida dentro del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador y en una alianza política construida mucho antes de que May tomara las riendas de la Quinta Grijalva.

Si en 2024 los fundadores históricos de Morena recuperaron espacios de poder que durante seis años estuvieron en manos del llamado “neomorenismo” —es decir, de cuadros provenientes del antiguo régimen priista que encontraron acomodo en el partido guinda—, el arribo de Casasús a la alcaldía representaría la culminación definitiva de ese reordenamiento.

Por ello, resulta reduccionista y superficial explicar su ascenso únicamente por su amistad personal con Andrés Manuel López Beltrán, con quien compartió estudios. Ese vínculo existe, sin duda; sin embargo, su trayectoria y crecimiento político en Tabasco se han construido, principalmente, al lado y bajo el ala protectora de Javier May.

Bajo esta óptica, la candidatura de Casasús no representa una ruptura ni una sorpresa. Se trata, más bien, de la continuación natural y previsible de la reconfiguración del poder en Tabasco, un proceso que comenzó el mismo día en que cambió la administración estatal.

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El caso del médico Carlos González Maza dio un giro relevante con la anulación del emplazamiento de embargo que había sido utilizado dentro del juicio mercantil promovido en su contra por un pagaré que asegura desconocer.

Si bien no se trata de una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, es una decisión que impacta uno de los elementos centrales de la controversia: la diligencia judicial atribuida al actuario Pascual Torres López, mediante la cual quedó asentado que el profesionista reconocía la existencia de la deuda.

De acuerdo con González Maza, la nulidad fue resultado de las declaraciones de diversos testigos que comparecieron en audiencia; entre ellos un abogado que acompañó al actuario cuando acudió al consultorio del médico y que habría negado que los hechos ocurrieran en los términos consignados en el expediente.

La relevancia del asunto no radica únicamente en el litigio mercantil. Lo que está bajo escrutinio es la actuación de un funcionario judicial señalado directamente por una de las partes de haber participado en una diligencia irregular.

El médico ha denunciado que es víctima de un fraude mediante un pagaré elaborado con documentación que contenía su firma. Por ello llevó el caso a los medios de comunicación, al Congreso local y a diversas instancias de procuración de justicia.

Hay además un elemento que ayuda a entender por qué este expediente ha despertado interés más allá de los tribunales: González Maza es un médico ampliamente conocido en Tabasco, con décadas de ejercicio profesional y una trayectoria consolidada.

Entre quienes conocen su actividad resulta difícil conciliar ese perfil con la versión de que hubiera recurrido a préstamos particulares por cantidades millonarias.

Precisamente por ello ha sostenido que nunca suscribió el pagaré que dio origen al juicio mercantil. Su versión es que una abogada que trabajó para él tuvo acceso a documentos que contenían su firma y que un papel recortado con su rúbrica habría sido utilizado para elaborar el documento mediante el cual se le pretende cobrar una supuesta deuda. Esa es la hipótesis que ha planteado públicamente y que forma parte de los procedimientos legales actualmente en curso.

Lo cierto es que la reciente anulación del emplazamiento fortalece la percepción de que existen aspectos del caso que merecen una revisión judicial exhaustiva.

Sin embargo, ahora enfrenta una nueva batalla: el actuario señalado públicamente decidió demandarlo por la vía civil y reclamarle dos millones de pesos por presuntos daños profesionales, emocionales y morales.

La reclamación económica, no obstante, no es el único aspecto que llama la atención. Según González Maza, la demanda también solicita medidas cautelares dirigidas a medios de comunicación y plataformas digitales que han difundido el caso.

De prosperar esa pretensión, la controversia dejaría de limitarse a una disputa entre particulares para alcanzar el terreno de la libertad de informar sobre hechos relacionados con la actuación de un servidor público.

Especialistas consideran que la combinación de una demanda millonaria y la solicitud de medidas restrictivas a la difusión pública puede interpretarse como una forma de presión. Desde esa óptica, la acción promovida contra González Maza podría buscar no solo desgastarlo económica y anímicamente, sino también desalentar que continúe la exposición pública de las presuntas irregularidades que denuncia.

Vaya, aunque el denunciante eventualmente tenga razón, debe invertir recursos, tiempo y energía en defenderse de un segundo frente judicial.

Por supuesto, será un juez quien determine si el funcionario sufrió los daños que reclama o si, por el contrario, las consecuencias derivan de una actuación que terminó siendo cuestionada dentro del propio procedimiento.

Lo cierto es que la anulación del emplazamiento representa un dato difícil de ignorar. No prueba por sí misma la existencia del fraude denunciado, pero sí acredita que había elementos suficientes para revisar una diligencia clave atribuida al actuario.

Por ahora, González Maza mantiene su versión de que jamás firmó el pagaré y de que no conoce al supuesto beneficiario del documento, el licenciado Carlos Francisco Gutiérrez Romero.

Y Pascual Torres López mantiene la exigencia de una indemnización millonaria. La disputa, por tanto, ya no sólo gira en torno a un pagaré, sino que también enfrenta a un ciudadano que denuncia una presunta irregularidad y a un funcionario judicial que busca una reparación por haber sido señalado públicamente, al tiempo que intenta frenar la difusión de un caso que ha trascendido los tribunales para instalarse en el debate público. La duda es cuál de las dos versiones terminará sosteniéndose cuando concluya el desfile de pruebas, si bien la nulidad del emplazamiento ya movió el marcador de este caso y no precisamente a favor del actuario.

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La llegada de Andrés Manuel López Beltrán a Tabasco para buscar la candidatura a diputado federal por el sexto distrito electoral alteró los equilibrios políticos del edén obradorista, el último reducto de esa corriente, donde empezó todo.

Además del natural rechazo de la oposición a que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador haga política en la tierra desde donde triunfó el movimiento, el Cachorro de la 4T se ha convertido en instrumento del grupo del senador Adán Augusto López Hernández para generar ruido en la administración de Javier May Rodríguez, pese a que este último es uno de los principales activos políticos de esa causa y su achicamiento afecta a todos.

La afirmación de que la figura de López Beltrán está siendo aprovechada no es una simple percepción ni un análisis apresurado.

Mire usted: son operadores del viejo PRI, que siguen colaborando con Adán López, quienes han venido impulsando la versión de que, con el arribo de López Beltrán, hay dos gobernadores en Tabasco.

 Sin más sustento que las afirmaciones de los adancistas, de pronto ha comenzado a crecer una corriente de opinión en redes sociales que sostiene que el exsecretario de Organización de Morena nacional será gobernador interino de Tabasco, pues May solicitaría licencia en breve.

El principal promotor de esta tesis es el exgobernador priísta Manuel Andrade Díaz. Aunque formalmente es opositor por militar en el PRD, partido por el que buscó la alcaldía de Centro en 2021, al expriísta se le identifica más por su cercanía política con el grupo de Adán Augusto.

En la jornada electoral de 2000, el coordinador general de la campaña para gobernador de Manuel Andrade fue López Hernández. De ahí viene la cercanía.

En 2024 que el ahora senador buscó la candidatura presidencial de Morena, Andrade formó parte del grupo de exmandatarios tabasqueños del PRI que respaldó sus aspiraciones operando en la región sureste del país.

A lo largo de tres décadas, Andrade ha dejado diversas señales de su buena relación con López Hernández. Una de ellas ocurrió cuando, en 2024, salió a la luz que el exsecretario de Seguridad estatal adancista, Hernán Bermúdez Requena, era señalado por ser jefe criminal apodado Comandante H.

En aquel contexto de violencia inédita en la tierra de Carlos Pellicer, el político priísta difundió un video en redes sociales en defensa del exfuncionario. En su faceta de influencer, el ahora perredista sostuvo que las investigaciones contra quien ha sido vinculado con Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no tenían como propósito hacer justicia, sino afectar políticamente a su amigo Adán López.

Después de que Andrade puso sobre la mesa la tesis de que hay dos gobernadores en Tabasco, el equipo de propagandistas que surgió durante la época de Roberto Madrazo Pintado y que en 2018 fue incorporado al proyecto de López Hernández comenzó a inundar las plataformas digitales con la versión de que May solicitará licencia y que López Beltrán quedará en su lugar.

Las coincidencias entre Andrade y Adán son muchas. Por ejemplo, durante el gobierno del priísta (2001-2006) comenzaron a observarse antecedentes de descomposición en el sistema de seguridad pública con el surgimiento del grupo conocido como La Hermandad, organización que derivó en La Barredora durante el periodo de poder de Adán Augusto López (2019-2024).

Aunque dijo que vendría a Tabasco a caminar con él si Andrés Manuel hijo se lo pedía, el grueso de la campaña contra el aspirante a la diputación federal por el sexto distrito proviene de allegados al ex secretario de Gobernación que está con un pie en una cárcel de Estados Unidos.

Los amigos priístas de Adán, que son expertos en propaganda política, mantienen bajo metralla mediática a May Rodríguez, pero en ese lance se han llevado entre las patas digitales al hijo de AMLO, el principal soporte de López Hernández y por quien aún este no está en prisión.

 O sea que, ¿sin pretenderlo?, Adán está tundiendo también a AMLB.

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Villahermosa 2030 es, sin duda, el proyecto más grande y ambicioso que ha lanzado este año la administración de Javier May Rodríguez.

La joya del paquete es el arranque de la construcción del puente Villahermosa 2030 sobre el río Carrizal. El propio mandatario fue quien dio la noticia el pasado miércoles en el parque La Choca.

Ahí, May habló del inicio de la primera etapa de este Proyecto Integral, que busca transformar la imagen metropolitana y cambiar por completo la forma en que se mueve la gente entre los municipios de Centro y Nacajuca.

Se trata de darle un nuevo rostro a la zona urbana, especialmente en esa franja que divide ambas municipalidades y que ha explotado demográficamente en los últimos años.

Además, el mandatario puso énfasis en que con estas obras se pretende bajar hasta un 30% los tiempos de traslado, conectando de forma directa Tabasco 2000, Bosque de Saloya en Nacajuca y el Boulevard Bicentenario. El monto destinado para esta etapa es de 2 mil 765 millones de pesos.

Para que se entienda mejor: este puente de 4.25 kilómetros va a mejorar el flujo entre los ríos Carrizal y Grijalva, lo que significa menos atorones, menos estrés y tiempos más cortos para quienes se mueven en coche o moto, sobre todo en las llamadas horas pico.

Javier May ha sido claro: en el siglo XXI no se puede seguir cargando con el abandono de tres décadas que dejó tirado a Tabasco.

En su gobierno, dijo, se está construyendo “el futuro”, no simplemente administrando el desastre como hicieron varios de sus antecesores.

Palabras como “olvido” y “abandono” las ha repetido desde campaña y las volvió a usar con fuerza en su discurso de La Choca.

A su vez, el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús, explicó que la obra del puente tomará 15 meses, por lo que debe estar lista a finales de 2027. Será entonces cuando la gente realmente valore el tamaño de este proyecto.

Esta iniciativa se suma a otras acciones importantes del gobierno, como el nuevo Centro de Convenciones, el C-5 y la rehabilitación integral del Parque-Museo La Venta, que apenas inició este jueves con una primera inversión de más de 26 millones de pesos solo para modernizar el área del zoológico y volverlo un atractivo turístico de verdad.

Al final, el mensaje del gobernador es directo: después de más de treinta años de descuido, es hora de darle al parque La Venta la atención que se merece.

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El cambio de mando en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco no sigue los esquemas habituales. No se trata de un funcionario que sale por una crisis, ni de una destitución para calmar presiones políticas o enviar el mensaje de que “aquí se está corrigiendo algo”.

Al contrario. Serafín Tadeo Lazcano deja el cargo para incorporarse a la Fiscalía General de la República (FGR). Sería difícil que la federación le diera un puesto de importancia si su trabajo hubiera sido un fracaso. En realidad, lo que ocurre es un reacomodo dentro del mismo grupo que ha manejado la seguridad en el estado, en coordinación con la administración de Javier May Rodríguez, desde los meses más difíciles por la violencia y las disputas criminales.

Eso cambia por completo el ecosistema del relevo. No es un cambio forzado ni una destitución disfrazada, sino, más bien, una reorganización interna dentro del equipo que opera en el país bajo la dirección de Omar García Harfuch. Se va un hombre cercano a ese círculo y llega otra persona del mismo equipo.

La llegada de Alejandro Leal López confirma que se mantiene la misma línea. Aunque en el discurso oficial se hable de “nueva etapa operativa”, lo cierto es que sigue igual la coordinación con la federación. No hay cambios en la estrategia ni señales de que el gobierno de May quiera separarse del modelo que se aplica a nivel nacional.

El nuevo secretario, al igual que el anterior, proviene del ámbito de la inteligencia y las operaciones policiales del equipo de Harfuch. Cambia quien lleva a cabo las acciones, pero no varían las directrices políticas ni el plan general. Todo indica que en Plaza de Armas decidieron seguir profundizando esta alianza en lugar de modificarla.

En un momento en que Tabasco sigue sufriendo por las disputas entre grupos criminales, lo peor que podía pasar era generar incertidumbre o romper la relación con las autoridades federales. Por eso este relevo se manejó con mucho cuidado.

La versión oficial dice que Serafín Tadeo termina su etapa tras ayudar a controlar la delincuencia. Más allá de las discusiones sobre cifras o lo que piensan los ciudadanos, su salida no tuvo el sabor de una caída política. Al contrario, se le reconoció su trabajo.

La llegada de Leal López apunta más a seguir fortaleciendo lo que ya se hace que a corregir rumbos. Su perfil técnico sirve para impulsar la inteligencia, la coordinación entre instituciones y la mejora de las fuerzas policiales, siempre dentro de los lineamientos que marca la federación en acoplamiento con Tabasco.

En pocas palabras la entidad sigue conectada al mismo sistema de seguridad que funciona desde el centro del país. Y ese es, probablemente, el dato más importante desde el punto de vista político de este cambio.

Por eso suenan huecas las voces que, apenas se dio a conocer la noticia, empezaron a pedir también la salida del fiscal general del estado, Oscar Tonatiuh Vázquez Landero, quien igualmente forma parte del mismo equipo que llegó a la entidad en los momentos en que La Barredora, bajo el mando del ex funcionario policial Hernán Bermúdez Requena, tenía al estado en una situación muy difícil.

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En medio del ruido político, de la disputa entre grupos y de la percepción magnificada por las redes digitales, hay números fríos que empiezan a esbozar otra realidad en Tabasco: la confianza ciudadana en el gobierno estatal tuvo un repunte histórico.

Mire usted: la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del INEGI, colocó al estado en el sexto lugar nacional en confianza hacia el gobierno estatal, cuando apenas en la medición de 2023 se encontraba en la posición 21.

Es un salto cuantitativo y cualitativo, pues en apenas dos años la entidad avanzó 15 posiciones en uno de los indicadores más sensibles para cualquier administración: la percepción ciudadana.

En política, la confianza es quizá el activo más difícil de lograr, y no se puede construir mediante propaganda oficial. Más bien se gana a partir de resultados concretos, y la percepción surge de la credibilidad institucional.

La encuesta del INEGI refleja precisamente ese cambio de ánimo social. Pero hay otro dato todavía más relevante para el gobierno de Javier May Rodríguez: Tabasco dejó de aparecer entre los estados con mayores niveles de corrupción percibida.

En 2023, la entidad ocupaba el tercer lugar nacional en prevalencia de actos de corrupción. En la ENCIG 2025 cayó hasta la posición 11.

Es decir, salió del top ten de los estados peor evaluados en ese rubro.

No significa, desde luego, que la corrupción haya desaparecido. Vaya, ningún gobierno puede presumir eso en México. Pero sí revela que los ciudadanos perciben una mejoría respecto a años anteriores.

La encuesta también reporta avances en satisfacción ciudadana al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios. Tabasco pasó del lugar 24 al 20 nacional.

Puede parecer un movimiento modesto, pero quien hace fila en una oficina pública sabe que la diferencia entre un trámite eficiente y uno caótico puede definir la percepción completa de un gobierno.

Hay, además, otro indicador políticamente relevante: la percepción sobre la frecuencia de corrupción mejoró al pasar Tabasco del lugar 10 al 11 nacional. De nuevo se observa una tendencia.

Y la tendencia apunta a una recuperación gradual de la confianza institucional. Todo esto ocurre mientras el grupo político adversario al gobernador insiste en instalar la narrativa de un estado sumido en el desastre y en la pérdida total de gobernabilidad.

Mas los números del INEGI muestran otra historia: más allá de la grilla y de las campañas negras, las mediciones nacionales empiezan a registrar que una parte importante de la población percibe avances.

Para Javier May, estos datos llegan en un momento crucial.

Primero, porque su administración aún enfrenta enormes desafíos en seguridad, empleo y servicios públicos. Y segundo, porque dentro de Morena continúa la disputa soterrada entre el mayismo y el grupo político ligado al senador Adán Augusto López Hernández.

En ese contexto, mejorar la percepción ciudadana se vuelve un blindaje político.

Pasar del lugar 21 al sexto en confianza ciudadana constituye un argumento político de alto calibre. Y más si partimos de que los datos duros provienen del INEGI y no de una encuesta contratada por el propio gobierno.

Sí, falta mucho por resolver en Tabasco. La inseguridad sigue siendo el principal reclamo social y la economía todavía no logra despegar al ritmo prometido por la refinería Olmeca y los otros proyectos federales.

Pero en política la percepción importa. Y hoy los datos oficiales muestran que la confianza ciudadana en el gobierno tabasqueño dejó el sótano para instalarse entre las mejores del país.

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Priístas que ingresaron formalmente a Morena en 2018 —o que solo simpatizaron por conveniencia con el partido de Andrés Manuel López Obrador y fueron seducidos por el senador Adán Augusto López Hernández— comienzan ahora a reagruparse en partidos como el PVEM y Movimiento Ciudadano para tratar de arrebatarle el poder al morenismo gobernante.

Lo curioso es que buscan aprovechar el momentum generado por la crisis que atraviesa el régimen ante la embestida del gobierno de Donald Trump contra narcopolíticos, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Priístas repudiados como Jesús Alí de la Torre creen estar montados en la cresta de la ola y ya se sienten de regreso al poder.

El exalcalde de Centro y excandidato del PRI a la gubernatura ni siquiera se atrevería a reconocer que formó parte del grupo de Adán López, quien lo llevó hace nueve años al partido vinotinto.

Hacia el final del sexenio pasado, cuando Alí entendió que López Hernández no tenía posibilidades reales de convertirse en el candidato presidencial del obradorismo, decidió abandonarlo para sumarse a Claudia Sheinbaum Pardo y Javier May Rodríguez, quienes ya se perfilaban rumbo a Palacio Nacional y Plaza de Armas.

Hoy, Alí y otras rémoras del viejo tricolor están convencidos de que el final de Morena se acerca ya y lo esperan pacientemente.

Creen que, ante el desgaste del partido guinda provocado por la narrativa de que el régimen de Claudia Sheinbaum mantiene vínculos con los cárteles de la droga, ellos —los priístas venales de siempre— terminarán recuperando espacios de poder.

Eso significa que, si el obradorismo logra sobrevivir al embate que viene del norte, al menos en Tabasco quedará fuera de lugar la corriente neomorenista de Adán López.

Ese Primor —la mezcla de PRI y Morena— comenzará a desmorenizarse.

Y cuando todo eso ocurra, los mismos de siempre volverán a enfundarse el traje de “salvadores de Tabasco”, como si la gente no recordara sus rostros, sus alianzas y sus traiciones, porque en esta tierra los priístas no mueren, solo se transforman.

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