En Morena, como en cualquier fuerza política, cuando alguien empieza a “hacer ruido”, también comienzan los intentos por bajarlo del tablero antes de tiempo.

Apenas la semana pasada el propio funcionario tuvo que salir al paso a un reportaje difundido por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que lo cuestionó por la asignación, en diciembre de 2024, de contratos por cerca de 12 millones de pesos a empresas que posteriormente fueron incluidas en listados del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En una entrevista que concedió a medios de comunicación, Daniel Casasús lo insinuó sin rodeos, “están muy nerviosos porque estamos haciendo mucho ruido”.

Y aunque no señaló quien o quienes podrían estar detrás de la “guerra sucia” en su contra el mensaje fue claro.

De lo que se trataba con el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción era sembrar dudas, más que probar responsabilidades.

Con su respuesta el titular de la SOTOP aseguró tener la conciencia tranquila y que, lejos de replegarse, parece decidido a dar la batalla política y mediática.

Las acusaciones de MCCI contra el secretario de Obra Pública cayeron por su propio peso cuando se aclaró que al momento de la adjudicación, las empresas señaladas como Construagregados Hopelchén y Comercio y Construcción de Tabasco, cumplían con los requisitos legales, fiscales y administrativos que exige la normatividad vigente.

Es decir, contaban con constancias de situación fiscal y opinión de cumplimiento positiva ante el SAT y por tanto, para efectos los jurídicos eran sujetos plenamente habilitados para contratar con el Estado.

Incluso los contratos, que formaron parte del programa anual de obra pública, fueron revisados por los órganos internos de control y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin que exista resolución alguna que determine irregularidades.

Por eso, hasta ahora, lo que hay es ruido; no sanciones, no inhabilitaciones, no daño patrimonial acreditado.

En ese sentido, la respuesta de Daniel Casasús al reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción fue puntual cuando dijo que no existe mal uso de recursos públicos ni observaciones firmes en su contra.

Si bien la transparencia debe ser permanente y escrupulosa tampoco se puede permitir que la sospecha sustituya a la prueba ni que la especulación mediática se convierta en condena anticipada.

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Al final del día, las autoridades de gobierno, maestros, alumnos y la mediación de los partidos PRI y PRD, lograron destrabar el conflicto con la aceptación de un pliego petitorio a favor de los afectados, incluida la reparación de daños materiales.

Se contempla además, retirar órdenes de aprehensión, el reconocimiento a los líderes estudiantiles y dar de baja a personal que llegaron con el ahora exdirector de la institución, Iván Arturo Pérez Domínguez.

Quién haya dado la orden de enviar antimotines para disolver la protesta no previó que las imágenes escalarían al ámbito nacional en medios de comunicación, plataformas digitales así como redes sociales, que consignaron el violento desalojo.

En San Lázaro, el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso Qué alzó la voz, lo mismo que los dirigentes del PRI y PRD en Tabasco, Miguel Barrueta y Rafael Acosta, así como legisladores locales de oposición.

Si tras el escándalo, por el uso de la fuerza contra los estudiantes, se anunció la renuncia del ahora exdirector del Tecnológico de los Ríos para atemperar los ánimos, resultaba entonces innecesario el uso del tolete y gases lacrimógenos.

Vamos, si era uno de los principales reclamos del estudiantado, que denunciaban presunta malversación de recursos, nepotismo y acoso sexual del exdirectivo del Tecnológico de los Ríos, ¿porqué prolongaron su permanencia en el cargo durante más de un mes, desde que inició la protesta?

Por lo pronto el PRD en voz de su dirigente, Rafael Acosta exigió la renuncia del secretario de gobierno, Pepín López Obrador a quien responsabiliza de haber ordenado la represión contra los estudiantes.

El encargado de la política interna del estado y hermano de AMLO, recientemente explotó contra la prensa a quienes tachó de ‘buitres’ por andar tras la nota roja y destacar la violencia que se vive en Tabasco.

¿Qué sigue en este conflicto después del zipizape y la caída del director del Tecnológico de los Ríos?

Además del cumplimiento del pliego petitorio, estudiantes y maestros pedirán a la Secretaría de Educación Federal revisar los antecedentes de Mari Carmen Bravo Guzmán, directora interina del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos.

Y es que en el 2018 su gestión al frente de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, junto con la Universidad Tecnológica de Tabasco, se vio involucrada en un desvío de 70.2 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación.

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En las calles y en otros puntos del territorio tabasqueño aparecieron otra vez personas ejecutadas, incluido el ataque armado ocurrido en una fiesta en Parrilla, del municipio de Centro.

En los últimos reportes que se habían dado en materia de seguridad, la espiral en incidencia delictiva era hacia la baja.

Así lo mostraba la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada en el primer trimestre de 2025 y que daba cuenta de una disminución de casi 5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2024.

Aunque una encuesta del INEGI situaba a la ciudad de Villahermosa con un índice de 90.6% en percepción de inseguridad, seguida por Culiacán, Sinaloa, Fresnillo, Zacatecas, Uruapan, Irapuato y Chimalhuacán.

Aunque la sede de la Feria Tabasco es en estos momentos el lugar más seguro del estado, sin embargo en las calles pareciera que se relajaron los operativos de seguridad a cargo del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal y estatal.

El reporte más reciente del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubicó a Tabasco nuevamente entre las entidades con mayores homicidios registrados el sábado pasado.

El tema llegó incluso ayer a Palacio Nacional durante la mañanera de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo federal reconoció que se requiere un poco más de tiempo para que mejore la percepción de la ciudadanía tabasqueña en eso de sentirse más seguros.

Hasta ahora, los responsables de la seguridad en el estado no han ofrecido una explicación sobre porqué se reactivó nuevamente la violencia en Tabasco cuando todo parecía encontrarse aparentemente bajo control.

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De acuerdo con el periodista poblano, Rodolfo Ruiz, paisano de Müller, ésta habría iniciado trámites para obtener ¡la nacionalidad española!

De acuerdo con el comunicador, la esposa de AMLO acudió a mediados de esta semana, alrededor de las 10:30 horas a las oficinas de la embajada de España, ubicadas en la avenida Moliére 80, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

De acuerdo con medios de comunicación que retomaron el tema, el inmueble casi esquina con Presidente Masaryk alberga las instalaciones dedicadas a los trámites contemplados en la Ley de Memoria Democrática, una legislación que permite obtener la ciudadanía española a descendientes de exiliados y víctimas del franquismo.

Según publicó el periodista, Rodolfo Ruiz, la esposa de López Obrador acudió al lugar portando lentes oscuros, presuntamente para evitar ser reconocida.

El tema cobra relevancia, por los diferendos políticos y diplomáticos del gobierno de Morena con España.

En el sexenio de AMLO, en el 2019, el entonces inquilino de Palacio Nacional, acompañado de su esposa envió una carta al Rey Felipe VI, exigiendo una disculpa por los agravios cometidos ¡durante la Conquista!

Incluso, de acuerdo con analistas, Müller, a quien atribuyen la autoría de la carta, habría sido clave, como coordinadora de Memoria Nacional Histórica y Cultural, en el distanciamiento diplomático entre ambos países.

Un conflicto que después quiso remediar antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en un intento por contener el daño diplomático derivado de la exclusión del Rey Felipe VI del acto de cambio de poderes en México.

El trámite para obtener la nacionalidad española inmediatamente se hizo tendencia en las redes sociales, en su mayoría con señalamientos en contra de la esposa del originario de Macuspana.

Hasta el momento, ni Müller ni la embajada de España han confirmado oficialmente la presunta solicitud.

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El morenista se encontraba en su casa de campaña cuando fue atacado a balazos, cinco personas más resultaron heridas, entre estas dos mujeres, un hombre, un adolescente y una menor de edad.

El clima de violencia que se vive en el estado de Veracruz ya se había alertado de manera reiterada y con anticipación por la diputada federal del PRI, Lorena Piñón desde marzo pasado cuando urgió la intervención del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La exigencia de la legisladora veracruzana al funcionario y al gobierno federal era para garantizar la seguridad de aspirantes a los ayuntamientos que han sido amenazados por el crimen organizado en diversos municipios.

Incluso había propuesto la activación inmediata de una Comisión Interinstitucional de Seguridad Electoral Municipal integrada por autoridades federales, estatales, municipales y el OPLE Veracruz.

Además la implementación de un Protocolo Estatal de Protección para Candidatos Municipales en Riesgo con criterios objetivos de evaluación y un sistema de alerta temprana.

Aún y con la tensión que se vive en las diversas regiones del estado, el pasado 12 de abril el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas tomó la protesta a los 212 candidatos del tricolor a presidentes municipales, pese a las amenazas y el crimen organizado.

Ahí fue enterado por el dirigente estatal del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana que los aspirantes a un cargo han sido intimidados y que los han querido bajar de la contienda, incluso a muchos de ellos los han visitado en sus hogares.

El próximo 1 de junio, además de Veracruz también se celebrarán elecciones en Durango y a la par, en esa fecha se ha convocado a nivel nacional para elegir en las urnas a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, que como ha sido reconocido por el oficialismo, se han infiltrado aspirantes vinculados al crimen organizado.

Por lo pronto Morena ya puso el primer muertito en Veracruz, por no actuarse a tiempo,y eso que las campañas apenas comienzan.

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La iniciativa enviada al Congreso en materia de Telecomunicaciones, supuestamente para frenar la publicidad de EU en medios de comunicación mexicanos contra la inmigración, iba más allá al vulnerar principios constitucionales y de derechos humanos consagrados en la Carta Magna.

El rechazo vino primeramente del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados y el Senado de la República y escaló incluso a nivel internacional cuando la ONU y Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, fijaron posiciones en torno a la denominda ‘Ley Censura’.

La inconformidad tenía que ver con lo dispuesto en el artículo 109 que Morena y aliados pretendían aprobar a chaleco en el pleno del Senado de la República.

El artículo que ya fue retirado de la propuesta de ley establecía que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”.

Vamos, poner en manos de Morena lo que se puede o no publicar en las diversas plataformas digitales, redes sociales y de medios de comunicación, era tanto como dejar la Iglesia en manos de Lutero, sino es que peor.

Es lo que han hecho regímenes autoritarios y dictadores en otro paises del mundo como Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, Turquía y Rusia, quienes han limitado la libertad de expresión y por tanto la crítica a sus gobiernos.

Ante las presiones de la oposicion y el inminente peligro de censura de la nueva Ley de Telecomunicaciones, a la inquilina de Palacio Nacional no le quedó de otra que recular y eliminar el texto del artículo 109 de su propuesta legislativa.

Esto, después de que en el Senado, Morena y sus aliados vía ‘fast track’ y sin haber leído el documento de 226 páginas, habían aprobado en comisiones la iniciativa para blindar supuestamente a México de propaganda extranjera.

Lo ideal sería que la propuesta de ley del Ejecutivo sea sometida a una consulta nacional en el que se vean involucrados especialistas en la materia, representantes de los diversos sectores y medios de comunicación. Quitar sólo un artículo no rescuelve de fondo el problema.

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La evidencia del abuso de elementos de Seguridad Pública contra el periodista de 71 años edad quedó grabado en un video que se hizo viral la noche del miércoles en las redes sociales cuando fue detenido y sometido a la fuerza sin siquiera mediar una orden de aprehensión.

Derivado de su estado de salud, por complicaciones cardiacas, el exdirector de Tribuna de Campeche fue llevado a un hospital de especialidades para ser atendido y posteriormente trasladado a los separos de la Fiscalía General del estado a pesar de la bestial detención que puso en riesgo su vida.

No es el primer caso de abuso de poder y violatorio de los derechos humanos contra periodistas desde que Layda Sansores asumió el cargo como gobernadora hace cuatro años.

En 2022 se documentaron 11 agresiones a comunicadores en Campeche, de los 696 actos violentos contra periodistas en todo el país, mientras que en el primer semestre de 2023 se registraron 9 casos más.

Las agresiones van desde intimidaciones y hostigamientos, uso ilegítimo del poder público, amenazas, agresiones físicas y detenciones arbitrarias.

Derivado de estos casos, de manera reiterativa, la organización Article 19, defensora de la libertad de expresión, ha exigido al gobierno de Layda Sansores generar una política pública integral de protección a periodistas.

También ha llamado a la Secretaria de Seguridad de Campeche y su titular, Marcela Muñoz a prevenir agresiones a la prensa e investigar y sancionar a elementos que han cometido abusos contra la ciudadanía y la labor periodística.

Aunque pareciera que de los exhortos poco o nada ha llegado a los oídos de la mandataria campechana.

Tras la detención y abuso policiaco contra el exdirector del periódico Tribuna de Campeche, Layda Sansores en un evento oficial manifestó todo su respaldo a la titular de la policía estatal.

Dijo que los campechanos no están acostumbrados a tener una secretaria de Seguridad Pública mujer y además bella. Así, de ese nivel la gobernadora demostró de qué lado están sus afectos.

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El PRI Tabasco logró pasar la aduana de la renovación de su dirigencia sin mayores problemas, en unidad y con la mirada puesta en las elecciones intermedias del 2027 tanto en lo local como federal.

La fórmula que conforman Miguel Barrueta Cambrano y María del Carmen García May, quienes ayer rindieron protesta como presidente y secretaria del partido, le inyectó nuevos bríos al tricolor para meterse de lleno en la competencia por el rescate de los espacios perdidos en los últimos doce años.

El panorama electoral por venir, aunque no pinta nada fácil para los priistas, el empuje que le inyectará la nueva dirigencia, bajo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional y el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas, meterá en la competencia a hombres y mujeres que han sido leales al partido.

Como lo expresó Miguel Barrueta en su discurso en la sede del tricolor, luego de rendir protesta cuando sostuvo que el PRI no buscará alianzas oportunistas en el 2027, sino que trabajará para ganar de manera legítima el respaldo de los ciudadanos desde las bases hacía arriba.

Por eso, ya investido como dirigente, dijo que con él llega la militancia que sigue en pie, los que nunca se han ido del partido y que con esfuerzo y dedicación siguen trabajando de manera territorial sin rendirse ante las dificultades, los verdaderos pilares del PRI en Tabasco.

El reto pues, es mayúsculo, como apostara el Secretario de Organización del CEN del PRI, Jorge Meade, quien llegó en representación de Alejandro Moreno a tomar la protesta estatutaria a la nueva dirigencia para el periodo 2025-2029.

Dijo que Tabasco representa un paso firme en la ruta del fortalecimiento del priismo en el país.

La tarea de la nueva dirigencia será pues, consolidar al partido como una verdadera opción de oposición con identidad y presencia.

En esa ruta, Barrueta Cambrano se comprometió a demostrar que no hay maquinaria más efectiva que un priismo decidido, movilizado y convencido.

En esta dupla de la nueva dirigencia, la secretaria general del PRI, María del Carmen García es un activo del tricolor de las nuevas generaciones con una trayectoria y un camino forjado en territorio que le garantiza al partido capacidad y resultados para la meta que se han propuesto en el corto plazo. El 2027 está a la vuelta de la esquina y el tiempo corre.

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A pesar de las exigencias que le ha hecho EU en materia de combate al crimen organizado, a seis meses de su mandato el 53 por ciento de los encuestados considera que la inseguridad y la violencia vinculada al tráfico de drogas son el principal problema nacional.

Los datos, de acuerdo con el desglose señalan que el 46% identificó específicamente a la inseguridad como su mayor preocupación, lo que representó un aumento significativo frente al 37% registrado en diciembre de 2024.

Los números hablan por si sólo y profundizan además en la percepción de la inseguridad en otros delitos pues el 36% señala haber sufrido algún tipo de robo o asalto, el 15% de estos dijo que fue en la calle y el 7% en domicilio; el 4% en el transporte público así como en negocios.

Pero además, el 13% refirió que todo se debe a la violencia en general, el 11% al narcotráfico o narcomenudeo y 9% a asesinatos o secuestros. Otros rubros fueron la desaparición de personas (7%) y la extorsión (4%).

En más información que arroja la encuesta de Enkoll y publicada por el diario El País se da a conocer que entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 las personas que señalaron el robo como principal problema en su entorno cotidiano, este tuvo un incrementó de 31% a 36%.

La encuesta publicada el 31 de marzo por el diario El País advierte asimismo que no existen fundamentos que hagan pensar que un cambio de jueces y magistrados resolverán a corto plazo la inseguridad que más afecta a la población.

Esto, derivado de la elección que se efectuará el próximo 1 de junio en que se renovará casi la mitad del Poder Judicial Federal, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cientos de plazas judiciales en 19 estados de la república.

En este contexto, el diario El País advierte que el respaldo popular a Sheinbaum Pardo contrasta con una realidad que se impone por la violencia que se vive en el país y que crece como un dolor de cabeza nacional. Los datos no mienten.

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Un proceso que para su organización el INE aprobó un presupuesto, con cargo al erario, de 13 mil 200 millones de pesos, como si en este país no hubiera otras prioridades que atenderse.

La elección, que se efectuará el próximo 1 de junio, obedece a la reforma judicial impulsada por López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados en septiembre de 2024.

Una herencia que cumple ahora a pies juntillas su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo a pesar de los riesgos que ello implique a la incipiente democracia de este país.

Y es que para esta elección se imprimirán 600 millones de boletas electorales de diversos colores que serán distribuidas en más de 87 mil casillas y que podrían crear confusión entre los votantes al momento de acudir a las urnas.

Por ejemplo las de color morado son para ministros de la Suprema Corte, rosa para magistrados de circuito, verde para magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, azul para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, anaranjado para magistrados de la Sala Regional del TEPJF y amarillo para jueces de distrito.

La pregunta es ¿sabrá el pueblo bueno y sabio con las seis boletas en la mano quién o quiénes pueden ocupar esos cargos al momento de votar?

¿Sabrán de su trayectoria y curriculum vitae al palomear a los próximos integrantes del Poder Judicial del país?

¿Tendrá el pueblo el conocimiento sobre el conjunto de estudios, méritos, cargos y experiencia laboral que han desarrollado u obtenido los aspirantes a jueces, magistrados y ministros?

Y es que el próximo 1 de junio casi 100 millones de mexicanos serán convocados a elegir 881 cargos de entre 3 mil 422 candidaturas.

Pero además, en 19 estados de la república se renovarán los tribunales y juzgados locales, estos es, más dos mil cargos judiciales estatales en los que se registraron miles de candidaturas.

Los contendientes tendrán 60 días de campaña para buscar el voto, esto es del 30 de marzo al 28 de mayo y tres días ante de la elección habrá veda electoral.

Durante su proselitismo tienen prohibido entregar gorras, playeras, paraguas o suvenires para promocionarse.

Sólo podrán difundir su propaganda de manera impresa o en sus redes sociales sin pagar pauta para tener un mayor alcance. ¿En serio, creerán que esta elección será un éxito?

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