Combatir la desinformación
El debate sobre la conveniencia de sancionar o regular a quienes difunden acusaciones falsas entre oficialistas y opositores, calificándolos indistintamente de “narcopartido” o “narcogobierno”, ha escalado hasta convertirse en uno de los temas más polémicos de la agenda nacional. En el Congreso se han confrontado posturas encontradas sobre el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de quien comunica.
Hace unos días, el INE estableció restricciones relacionadas con este tipo de señalamientos, decisión que encontró respaldo en la Cámara de Diputados. El objetivo es impedir que la competencia política se convierta en una guerra de descalificaciones donde cualquier persona pueda lanzar acusaciones gravísimas sin aportar una sola prueba.
Cierto es que la democracia necesita voces críticas, periodistas incómodos y ciudadanos libres para opinar. Lo que no necesita son campañas construidas sobre la calumnia, la difamación y la fabricación de noticias falsas.
En México la legislación sobre calumnia y difamación presenta vacíos e imperfecciones. Si el Congreso decide fortalecer el marco jurídico, deberá hacerlo con inteligencia y sin excesos: proteger la libertad de expresión, pero también garantizar el derecho de cualquier persona a defender su honra frente a imputaciones falsas.
En días recientes, periodistas y analistas han abordado este debate desde distintas perspectivas. Más allá de nombres o simpatías políticas, existe un principio que debería ser inamovible: acusar a alguien de tener vínculos con el narcotráfico sin pruebas no constituye periodismo de investigación; constituye una acusación de enorme gravedad que, de ser falsa, puede configurar una calumnia.
Hoy las redes sociales multiplican la velocidad de la mentira. Una falsedad puede recorrer el país en cuestión de minutos, mientras que la verdad tarda días, semanas o incluso nunca logra reparar el daño causado. Esa es la verdadera amenaza para la democracia.
Quien tenga evidencias de un delito, que las presente ante las autoridades y las exhiba públicamente. Pero quien acuse sin pruebas debe responder por el daño que provoca. En fin. Es todo.
