Arias Acopa sin aclarar cuentas: Iparrea premió la opacidad
“¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea?” Jeremías 23:24
*La corrupción administrativa como sistema de ascenso: el caso del Instituto Tecnológico Superior de Centla no puede reducirse a una irregularidad contable, a un error de oficina ni al consabido extravío de facturas con el que tantas administraciones pretenden convertir millones de pesos en simples hojas faltantes. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación revelan algo más profundo: una estructura institucional incapaz de demostrar, con documentos suficientes, el destino correcto de recursos federales destinados a la educación pública*
*Eso ya es grave. Pero el problema político adquiere dimensiones mayores cuando quien dirigía la institución auditada no solamente permanece dentro de la administración pública, sino que posteriormente es colocado al frente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, otro organismo que administra presupuesto federal y estatal*
*El mensaje que se envía es devastador: una observación millonaria no necesariamente interrumpe una carrera pública. A veces, por el contrario, parece convertirse en antecedente curricular Guadalupe Arias es un mal ejemplo de ello. Horrible dijeron casi todos, José Luis Perales seguiría cantando: “es un ladrón que se ha robado todo”*
*Conviene comenzar con precisión, porque la indignación no necesita exageraciones para ser contundente. En la Cuenta Pública 2022, la ASF determinó que el Instituto Tecnológico Superior de Centla no presentó documentación justificativa y comprobatoria suficiente por 3 millones 263 mil 399.47 pesos. Además, emitió otro pliego por 1 millón 249 mil 690.32 pesos, derivado de pagos realizados en conceptos y claves de puestos que no se ajustaron a los tabuladores autorizados*
*El monto pendiente de aclarar correspondiente a ese ejercicio ascendió a 4 millones 513 mil 89.79 pesos, más los intereses o rendimientos correspondientes. La ASF no utilizó expresiones ambiguas para describir el desempeño institucional. Concluyó que el tecnológico careció de un sistema de control interno adecuado y que no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos federales, ni se apegó plenamente a la normativa aplicable*
*También señaló que la información proporcionada por el instituto no reunió las condiciones de suficiencia, competencia y pertinencia necesarias para atender varios resultados. En la Cuenta Pública 2023, lejos de corregirse el problema, la cantidad observada aumentó. La ASF emitió un pliego por 4 millones 572 mil 50.82 pesos, relacionado con cuatro quincenas de nómina que fueron registradas como parte del gasto del programa federal, aunque no se pagaron con recursos de dicho programa*
*El instituto no presentó documentación suficiente para aclarar o justificar la aplicación y el destino de ese dinero. Un segundo pliego de 2023 cuantificó un probable daño por 3 millones 932 mil 218.73 pesos. Este monto incluyó pagos a 44 trabajadores respecto de los cuales no se presentó documentación para demostrar que reunían la preparación académica exigida por los puestos bajo los cuales cobraron; pagos a tres empleados cuyas claves no coincidían con sus nombramientos, y recargos fiscales cubiertos con recursos del programa federal*
*En total, Guadalupe Arias Acopa ante la ASF dejó pendientes de aclaración 8 millones 504 mil 269.55 pesos correspondientes solamente a 2023. La institución fiscalizadora concluyó nuevamente que el Tecnológico de Centla no realizó una gestión eficiente, transparente ni apegada a la normativa, y que sus controles internos fueron insuficientes para asegurar el manejo ordenado de los recursos*
*Si se suman los cuatro pliegos de observaciones de 2022 y 2023, el monto asciende a 13 millones 17 mil 359.34 pesos, antes de agregar intereses y rendimientos financieros. No son “cerca de diez millones”, sino más de trece millones de pesos pendientes de aclaración en dos ejercicios consecutivos. El dinero público, esa criatura misteriosa que siempre desaparece entre sellos, pólizas y funcionarios que repentinamente olvidan dónde colocaron los comprobantes*
*Los informes públicos consultados contienen pliegos de observaciones y hablan de un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal. No constituyen, por sí solos, una sentencia penal, una declaración definitiva de culpabilidad individual ni una orden de aprehensión. La propia ASF establece que las observaciones se encuentran sujetas a seguimiento y que, dependiendo de la información presentada posteriormente, pueden solventarse, archivarse o dar lugar a acciones adicionales. Los informes otorgaron a la entidad fiscalizada un plazo para presentar documentación y consideraciones*
*La responsabilidad política del director, Guadalupe Arias Acopa es inobjetable, aparecía oficialmente como director general del Instituto Tecnológico Superior de Centla durante el periodo auditado de 2022 y 2023. Actualmente figura como director general del CECyTE Tabasco. Eso -para él- no significa automáticamente que deba responder personalmente por cada peso observado. Olvida que el titular de un organismo público tiene responsabilidades de dirección, supervisión, control y rendición de cuentas*
*Su deber no consiste únicamente en firmar convenios, pronunciar discursos y ocupar la silla principal durante las ceremonias. Debe garantizar que el dinero recibido tenga destino legal, registro contable, soporte documental y resultados comprobables. En 2023, el propio instituto remitió información para atender las observaciones. La ASF determinó que esa documentación no reunía las características necesarias para aclarar o justificar lo observado. En 2025, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación abrió el expediente SE/OIC/DQ/PI/0025/2025 para determinar posibles responsabilidades administrativas relacionadas con varias inconsistencias detectadas*
*La cuestión política es inevitable: ¿Qué evaluación de integridad, desempeño y antecedentes se realizó la maestra Patricia Iparrea antes de nombrar a Arias Acopa director del CECyTE? ¿El gobierno conocía los informes de la ASF?¿Solicitó el estado procesal de los pliegos? ¿Revisó los expedientes abiertos por los órganos de control? ¿O bastó la confianza política, esa credencial que en México suele tener más valor que veinte auditorías juntas? Es innegable que Arias Acopa sigue sin aclarar cuentas y que Iparrea premió la opacidad*
*SEPTIMO SELLO*
*Cuando un funcionario deja una institución con observaciones millonarias y recibe otra responsabilidad presupuestal, el problema deja de ser individual y pasa a ser gubernamental.¨El nombramiento transmite la idea de que la rendición de cuentas no forma parte de los criterios reales de selección. Se puede hablar de honestidad en los discursos y, simultáneamente, colocar en posiciones estratégicas a personas cuya gestión anterior fue calificada por la ASF como ineficiente y no transparente*
*SEPTIMA TROMPETA*
*Ubiquemos: Guadalupe Arias Acopa no puede ser declarado delincuente mediante una columna periodística. Esa responsabilidad corresponde a las autoridades competentes y exige pruebas individualizadas. Pero tampoco puede ser presentado impunemente como símbolo de honestidad mientras el gobierno guarda silencio sobre millones de pesos observados durante su administración. La presunción de inocencia no es patente de honorabilidad. Un funcionario puede no estar condenado penalmente y, aun así, carecer de las condiciones políticas, administrativas y éticas para continuar manejando presupuesto público; doña Paty debería saberlo*
*SEPTIMA COPA*
*Entendamos: en el discurso oficial se exige honestidad, capacidad y compromiso. Pero en la práctica parecen pesar más la cercanía, la obediencia, la pertenencia al grupo, la utilidad política y la ácida intriga. Cuando los informes de auditoría no producen evaluaciones serias, la impunidad deja de ser únicamente judicial. Se convierte en una política de recursos humanos. Guadalupe Arias Acopa ya aprendió que no tiene por qué temer, tiene patente de corso para seguir depredando*
