Huimanguillo: amenazas que trascienden lo personal
“¡Ay de los que dictan leyes injustas, y de los escribanos que prescriben opresión; para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo” Isaías 10:1-2
*Las amenazas de muerte contra un periodista no es un conflicto personal: es un asunto de interés público. Es impostergable tocar el tema: la alcaldesa de Huimanguillo al desbordarse sus arrebatos emocionales termina siendo señalada formalmente por presuntas amenazas de muerte contra del comunicador Marco Javier Flores Verduzco; ahí, el asunto deja de pertenecer al ámbito privado para convertirse en un tema de interés público*
*No se trata únicamente de determinar si existieron o no las expresiones denunciadas, sino de analizar el enorme desequilibrio de poder que existe entre quien ejerce un cargo público con acceso a recursos institucionales y fuerza pública lo despliega contra quien ejerce el periodismo, una actividad que en México y Tabasco continúa siendo una de las profesiones de mayor riesgo*
*La existencia de la Carpeta de Investigación CI-CPJ-VHSA2635/2026, como denuncia formal contra la alcaldesa de Huimanguillo, Mari Luz Velázquez Jiménez, obliga que las autoridades ministeriales actúen con diligencia, imparcialidad y prontitud. La justicia tardía, especialmente cuando existen señalamientos relacionados con amenazas, termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y poniendo en un riesgo mayor a los periodistas que cuestionen a Velázquez Jiménez*
*Lo peor y más evidente: durante meses la Fiscalía General del Estado -FGE- no ha practicado diligencias tan esenciales: como citar a declarar a la persona denunciada. En esa apatía, inevitablemente surge la percepción de que el aparato de procuración de justicia protege a quienes ostentan poder político. Esa percepción, aunque posteriormente pudiera desvirtuarse, ya representa un daño institucional en tiempos en que el gobernador Javier May ha demostrado ser el primero en respetar el estado de Derecho*
*Más delicado aún resulta cuando en el contexto nacional, México ha sido durante años uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En ese escenario, cualquier presunta amenaza dirigida contra un comunicador no puede minimizarse como un simple intercambio verbal o un momento de enojo. Cada expresión intimidatoria adquiere una dimensión distinta porque se desarrolla dentro de un ambiente donde las agresiones contra periodistas han dejado de ser hechos aislados para convertirse en una preocupación permanente para organismos nacionales e internacionales*
*Si además un dictamen psicológico oficial concluyó que el denunciante presenta afectaciones emocionales derivadas de los hechos denunciados, ese elemento no constituye por sí mismo prueba de responsabilidad penal, pero sí representa un indicio que merece ser valorado seriamente dentro de la investigación. La Fiscalía tiene la obligación de integrar todos los elementos objetivos antes de determinar si existe o no responsabilidad penal*
*Desde la óptica política, el caso refleja uno de los mayores riesgos del ejercicio del poder: la transformación que algunos servidores públicos experimentan cuando confunden la autoridad con superioridad personal. La historia política mexicana está llena de funcionarios que llegaron al cargo con un discurso de cercanía y humildad para terminar gobernando desde la intolerancia, la soberbia y el aislamiento. El poder no cambia el carácter; simplemente elimina los límites que antes obligaban a ocultarlo*
*Una democracia nunca pierde de golpe la libertad de prensa; la pierde gradualmente, cada vez que un comunicador decide dejar de publicar por miedo. Las preguntas sobre el uso de vehículos oficiales, esquemas de seguridad, horarios de trabajo o recursos públicos constituyen asuntos de rendición de cuentas que pueden y deben ser aclarados mediante mecanismos de transparencia y fiscalización*
*Precisamente porque se trata de recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan y bajo qué criterios la alcaldesa de Huimanguillo dispone de ellos, los cuestionamientos del periodista no son de índole personal, sino institucional. La señora Mari Luz Velázquez, se alquiló y juró guardar y hacer guardar la correcta administración de los dineros del pueblo y sobre eso se le cuestiona*
*Mientras una y otra vez el gobernador Javier May lucha a diario para informar y darle a la sociedad la seguridad que en todo el sexenio pasado nunca tuvo, la FGE no camina al mismo ritmo, al contrario, “sobre el lomo de una carey” muestra y demuestra su indolencia. Este caso exige prudencia jurídica y firmeza institucional. Prudencia para no convertir acusaciones en sentencias anticipadas. Firmeza para que ninguna investidura política sea utilizada como escudo frente a una investigación penal*
*Porque cuando un periodista afirma sentirse amenazado por una autoridad, lo que verdaderamente está a prueba no es solamente la versión de una u otra parte. Lo que se pone a prueba es la capacidad de la FGE para garantizar que el poder público nunca sea más fuerte que la ley. Y si la justicia se inclina por el cargo y no por las pruebas, deja de ser justicia para convertirse en un privilegio*
*En ese momento, la democracia comienza a pagar un precio que siempre termina siendo más alto que cualquier costo político. Porque el poder puede intimidar durante un tiempo; la impunidad, en cambio, termina intimidando a toda la sociedad. Y esa es una factura que ningún Estado democrático debería estar dispuesto a pagar. En este caso, en Huimanguillo: las amenazas trascienden lo personal*
*SEPTIMO SELLO*
*Las versiones sobre un cambio de actitud de la alcaldesa son del dominio público, así como los señalamientos sobre sus presuntas relaciones con personas posteriormente investigadas por actividades ilícitas, forman parte del debate público y, como cualquier otro señalamiento, requieren pruebas suficientes y las investigaciones correspondientes. En un Estado de derecho, ninguna sospecha sustituye la evidencia, pero tampoco puede ignorarse cuando existen elementos que ameritan ser esclarecidos por las autoridades competentes*
*SEPTIMA TROMPETA*
*También resulta inevitable analizar el mensaje institucional que envía una investigación que aparentemente avanza con lentitud cuando la persona señalada ocupa un cargo de elección popular. La igualdad ante la ley pierde credibilidad cuando los tiempos procesales parecen depender del peso político del denunciado. La ley no puede tener dos velocidades: una para el ciudadano común y otra para quien ejerce el poder*
*SEPTIMA COPA*
*Existe además otro aspecto que trasciende el caso concreto. Si un periodista percibe que denunciar amenazas no genera una respuesta rápida de las instituciones, el efecto no solamente recae sobre él. El mensaje alcanza a toda la comunidad periodística. El silencio comienza a convertirse en un mecanismo de autoprotección y la autocensura termina ocupando el espacio que debería pertenecer a la libertad de expresión*
*La alcaldesa de Huimanguillo tiene todo el derecho de ejercer la autoridad confiada en las urnas, el cuestionamiento periodístico es sobre el uso adecuado en el manejo de los recursos públicos; se entiende que eso es lo que le incomoda*
