Revés de la SCJN al Congreso del estado por Ley ISSET
+ Mientras en MORENA se “matan” por candidaturas, los demás avanzan. PT ya tiene candidatos
+ Hoy sesión extraordinaria en Congreso del estado
Represión contra Grecia Quiroz en Congreso de Michoacán. El presidente del Congreso de Michoacán prohibió la entrada a ese recinto a la presidenta municipal Grecia Quiroz; el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo; los secretarios, de Obras Públicas, Esteban Constantino Magaña; del Ayuntamiento, Arturo Ramírez Rivas; de Turismo, Emilio Herrera Cuadra; y la responsable de comunicación digital, Martha Alejandra Ávila Ortega, dada la protesta que realizaron como Movimiento del Sombrero, en contra de la ley electoral.
Menudo escándalo se armó con la información revelada por MCCI en donde da a conocer toda una presunta red de empresas “factureras” que son manejadas, entre otros famosos, el senador Adán Augusto López Hernández y en la que supuestamente también ha participado Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien fue titular entre octubre de 2020 y mayo de 2021 de la Gerencia de Recursos Materiales de CONAGUA, área que otorgó 38 de los 42 contratos detectados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La amplia información de esta organización sostiene que son 10 las compañías que cuentan con medio de gerentes, comisarios, administradores y accionistas. Y es toda una RED CONTRATISTA DE CONAGUA que ha recibido 2 mil millones de pesos.
Los ajolotes de 50 pesos, perdón, los habitantes de la Ciudad de México, se preguntan cuánto se ha gastado Clara Brugada en la ajolotización de la ciudad que ahora repinta de otro color, que anunció hasta la creación de un laboratorio, pero que tiene decenas de colonias sin agua, en la misma alcaldía Xochimilco, agua contaminada en las casas, etc., la ignorancia y la burla de la jefa de gobierno, Clara Brugada, cada vez es mayor, mientras que la inseguridad también crece, pero ni en Iztapalapa dejó bien las cosas la señora que vive burlándose de los capitalinos y que hasta en pleno junio manda sembrar flor de cempasúchil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que las reformas y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley ISSET, aprobadas el pasado 9 de abril por el pleno del Congreso de Tabasco mediante el Decreto 253, “no satisfacen los efectos ni los lineamientos establecidos” por el Máximo Tribunal, por lo que tendrá que dar marcha atrás en su fallo. En un escrito hecho circular en todos los medios de comunicación y redes sociales, se indica que esta resolución por parte de la Suprema Corte, se da después de que “los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco, hicimos del conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el incumplimiento del Congreso estatal a la mencionada sentencia, por lo que se promovió incidente de inejecución de sentencia”. Después de una detallada explicación de los hechos para alcanzar el resolutivo de la Corte, se señala prácticamente que en su dictamen el Congreso del estado no cumple con lo requerido, al señalar que “Dicho Decreto no satisface los efectos y lineamientos establecidos en la ejecutoria, por tanto, se requiere al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, para que dentro del plazo de diez días hábiles, informe sobre los sobre los actos relacionados con el cumplimiento del fallo”. Este acuerdo no se estaría dando seguramente si el jurídico del Congreso del estado que dirige Carlos Benito Lara, hubira hecho bien su trabajo, junto con la Consejería Jurídica del gobierno del estado que dirige Jesús Manuel Argáez que fueron las dos instancias que han metido mano a la exigencia de los trabajadores que solo están pidiendo que se respeten sus derechos. Finalmente, el documento enviado por la SCJN, advierte que, de no cumplir con el requerimiento e informar exhaustivamente en el plazo de diez días hábiles, se impondrá una sanción económica de hasta 120 días el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); con la precisión que la multa será a cargo del patrimonio personal del legislador y no del Congreso. El conflicto de fondo proviene de la Acción de Inconstitucionalidad 8/2016 y su acumulada 9/2016, promovida originalmente por diputados locales de la LXII Legislatura y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Diversos sindicatos y organizaciones de trabajadores del estado han denunciado formalmente ante la Corte un “cumplimiento defectuoso, aparente o insuficiente” de la sentencia por parte del Congreso, acusando que subsiste la afectación a los derechos adquiridos de los trabajadores estatales cotizantes.
MIENTRAS EN MORENA se pelean y se “matan” por las candidaturas a los cargos de elección popular, los demás partidos políticos avanzan en la revisión de los perfiles de quienes participarán como sus abanderados. Por ejemplo, el Partido del Trabajo, que seguramente irá solo en esta elección, o al menos no se ven indicios de si habrá o no alianza con el partido oficial, ya cuenta con CANDIDATA para la presidencia municipal de Centro y confían en que la petista ganará el municipio ya que no solo ha vivido aquí, sino que ha hecho una intensa labor tanto de partido como social constante en las distintas comunidades de la región, teniendo así la proximidad requerida para ocupar el cargo dignamente, ya que no basta nacer y vivir en el Centro para que la gente vote por ellos. Hay que tener trabajo social, no vale tampoco solo ser hermano de fulano y funcionario de gobierno para ganar una elección.
SERIAS ACUSACIONES contra el –mal- dirigente de MORENA TABASCO, Jesús Selván, presentó el empresario Henri Geovanny Almeida Gómez quien lo señala junto con el edil José del Carmen Olán, de supuestos adeudos, intentos de extorsión y amenazas en su contra. El dirigente salió a desmentir, pero ahora uno y otro tendrán que probar lo dicho. Por lo pronto la gente le cree al empresario, ya que Selván de paso fue denunciado por violencia familiar, hace tiempo.
“LOGRO INSTITUCIONAL” a través de sus redes sociales el secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco dio a conocer que el gobernador Javier May Rodríguez encabezó ayer la entrega de acreditación al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco (SESESP). El Secretariado compartió imágenes del evento privado realizado en sus instalaciones, calificando como un “logro institucional” esta certificación en materia de evaluación y control de confianza de las corporaciones policiacas de la entidad.
HOY SESIÓN extraordinaria en el Congreso del estado, donde se aprobarán diversas disposiciones para el bienestar de las familias tabasqueñas.
