La fe y la verdad no se desmantelan con operativos
“Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre” Isaías 32:17
*La controversia surgida por el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas en la histórica Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén abre un debate delicado sobre los límites de la acción gubernamental en materia de seguridad pública. Urge analizar la dimensión del hecho al no cuidar las formas ante una institución religiosa: La Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén no es solo un templo: es un símbolo de fe y continuidad verdadera en Tabasco*
*Más allá del objetivo legítimo de combatir estructuras criminales que pudieran utilizar sistemas de monitoreo para vigilar movimientos policiales, el caso plantea interrogantes sobre la forma en que las autoridades ejecutan sus operativos y el impacto que estas acciones tienen sobre instituciones sociales que gozan de reconocimiento y confianza ciudadana*
*La postura de la Iglesia Presbiteriana resulta relevante porque no sólo niega categóricamente cualquier vínculo de sus equipos con actividades ilícitas, sino que sostiene que dichos sistemas fueron adquiridos con recursos propios y utilizados para proteger a los feligreses, vecinos y transeúntes. Más aún, afirma que las grabaciones han servido como evidencia en denuncias presentadas ante la Fiscalía, lo que, de ser acreditado, colocaría a la congregación en una posición de colaboración con las autoridades y no de confrontación*
*Desde una perspectiva política e institucional, el problema no radica únicamente en el retiro de las cámaras, sino en la percepción pública que genera una intervención sin que al momento de ejecutar la acción hayan presentado pruebas jurídicas irrefutables -cómo exige la presidenta Claudia Sheinbaum- cómo para que de manera inmediata y de forma contundente la tropa justificará dicha medida*
*Fue un equívoco y un exceso de las fuerzas federales cuando -precisamente- tanto el gobierno federal como estatal buscan fortalecer la confianza ciudadana en las corporaciones de seguridad; por ello, cualquier actuación antijurídica en contra de toda institución de buena fe y moral intachable se interpreta como arbitraria, generando el riesgo de erosionar el respaldo social que requieren las estrategias de combate a la delincuencia*
*La situación adquiere una dimensión aún más sensible por tratarse de una institución religiosa. Las iglesias, independientemente de su denominación, ocupan espacios de influencia moral y comunitaria. Cuando una acción gubernamental las involucra públicamente y señala bajo sospechas relacionadas con actividades criminales, el daño reputacional se produce antes de existir siquiera una resolución legal y jurídica formal sobre los hechos ¿Quiénes fueron los autores materiales de este ilegal atropello?*
*Por ello, el principio de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso no sólo protegen a individuos, sino también a organizaciones que forman parte del tejido social. Al mismo tiempo, resulta indispensable reconocer que las autoridades tienen la obligación de investigar primero cualquier infraestructura tecnológica que pudiera ser utilizada por grupos criminales. Si existen elementos de inteligencia que justifiquen una intervención, éstos deben ser integrados conforme a derecho y posteriormente expuestos ante las instancias competentes*
*La eficacia de la lucha contra la delincuencia no puede construirse sobre la percepción del abuso de poder, sino sobre procedimientos legales sólidos y transparentes. Políticamente, este episodio representa una prueba reprobada para la FIRT Olmeca y para la estrategia de seguridad estatal. La autoridad está obligada a demostrar con evidencias objetivas la legalidad y necesidad de su actuación; sólo así, fortalecerá la legitimidad de este operativo*
*Pero si prevalece la impresión de que se actuó sin sustento suficiente, el costo institucional podría ser considerable, especialmente porque no se puede vivir al estilo Pancho Villa: “mátalos primero y después averiguamos” ese tipo de conductas tan arcaicas como indebidas lo único que generan es abrir espacios para cuestionamientos sobre innegables excesos en el ejercicio de la fuerza pública*
*En el fondo, el caso refleja uno de los desafíos más complejos de cualquier política de seguridad: encontrar el equilibrio entre la firmeza contra el crimen y el respeto irrestricto a los derechos de los ciudadanos y de las instituciones sociales es vital e imperante. La demanda de la Iglesia para que se investigue tanto la veracidad de los señalamientos como la legalidad del procedimiento parece razonable dentro de un Estado de Derecho*
*La transparencia en la aclaración de los hechos será determinante no sólo para conocer la verdad, sino para preservar la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. Este operativo tan público, arbitrario e inconsciente no sólo daña la imagen del gobierno sino coloca la intachable imagen de la Nueva Jerusalén con 144 años de fe bajo sospecha, el necio operativo soslayó que la verdad no se desmantela con operativos”*
*EL SEPTIMO SELLO*
*La Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén no es una institución improvisada: con 144 años de presencia en Tabasco, ha sido un referente de paz, legalidad y servicio comunitario. Su trayectoria le otorga un peso moral y social que trasciende coyunturas políticas. En este sentido, cualquier señalamiento oficial que la vincule con actividades ilícitas no solo afecta a la congregación, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones*
*El proceder de las corporaciones FIRT-OLMECA y la Guardia Nacional al retirar las cámaras de videovigilancia sin diálogo previo abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos comunitarios. Por un lado, el Estado tiene la obligación de garantizar que los sistemas de vigilancia no se usen con fines ilegales*
*LA SEPTIMA TROMPETA*
*Por otro, la acción unilateral sin pruebas claras puede interpretarse como un exceso de autoridad que vulnera el Estado de derecho y la autonomía de las comunidades religiosas. La Asociación Evangelística de Pastores Unidos de Tabasco A.C., al sumarse en solidaridad, envía un mensaje político: las iglesias no son actores marginales, sino corresponsables en la construcción de la paz social. Su respaldo colectivo busca frenar la narrativa oficial que podría criminalizar iniciativas comunitarias legítimas*
*Desde la perspectiva bíblica, la defensa de la verdad y la justicia es un mandato espiritual. Textos como: Isaías 32:17: “Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.” Salmos 127:1: “Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.” Estos versículos iluminan la tensión actual*
*LA SEPTIMA COPA*
*La verdadera seguridad no se logra con operativos abruptos, sino con justicia, confianza y cooperación entre autoridades y comunidades. La iglesia, al instalar cámaras con recursos propios, actuó en línea con su deber pastoral de proteger a los feligreses y vecinos, convirtiéndose en un actor de seguridad preventiva*
*El caso revela un dilema mayor: ¿cómo armonizar el poder del Estado con la legitimidad moral de las iglesias históricas? Si las autoridades insisten en medidas unilaterales, corren el riesgo de debilitar la confianza ciudadana. Si, en cambio, reconocen la trayectoria de instituciones como la Nueva Jerusalén y abren canales de diálogo y respeto, se fortalece la gobernabilidad y la paz social*
*La solidaridad expresada por la Asociación Evangelística de Pastores Unidos de Tabasco A.C. no es sólo un gesto religioso, sino un acto político de resistencia pacífica, que recuerda que la seguridad comunitaria debe construirse con respeto, legalidad y verdad. Hoy a las once de la mañana habrá rueda de prensa de los afectados en el Auditorio de la Organización Educativa Tabscoob*
