Cuando un pedazo de papel vale más que la verdad: el caso del doctor González Maza
De Primera Mano
Resulta difícil aceptar que el sistema judicial pueda prestarse a un despojo manifiestamente irregular. Ese es, sin embargo, el caso del doctor Carlos González Maza, médico jubilado de Pemex, cuya situación ilustra cómo en Tabasco un simple recorte de papel puede convertirse en el instrumento para intentar arrebatarle a una persona su patrimonio.
Vea usted: el especialista contrató a la licenciada Adelita López Velázquez para realizar trámites relacionados con un testamento y una escritura. Y por eso firmó varios documentos en hojas tamaño oficio, estampando su rúbrica al calce y al final de las páginas. Lo que ocurrió después revela una maniobra burda, aunque ejecutada por timadores profesionales: los involucrados recortaron el fragmento inferior de una de esas hojas, donde únicamente aparecía la firma, y sobre ese pedazo de papel imprimieron un texto que simula un pagaré por un millón 250 mil pesos. En él se afirma que González Maza reconoce la deuda y acepta que, en caso de incumplimiento, se proceda al embargo de sus bienes.
Fabricar un documento de esa naturaleza —un pagaré construido sobre una firma obtenida para otro propósito y montado en un recorte— debería carecer de cualquier validez jurídica. Sin embargo, el asunto avanza en el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJT).
Uno se pregunta cómo es posible que una autoridad judicial no advierta lo evidente: que el texto fue añadido con posterioridad, que se trata de una hoja mutilada y que la firma no corresponde al contenido que ahora se le atribuye. Incluso, en el documento fabricado, la letra con la que aparece escrito el nombre del doctor González Maza es distinta a la letra utilizada en el apartado donde se estipula el monto de la supuesta deuda. Es decir: ni siquiera hay uniformidad en la escritura del texto que pretende presentarse como un pagaré auténtico.
La ley debería exigir formalidades mínimas para documentos de esta magnitud: testigos, garantías reales o personales y un contexto verificable que permita confirmar su autenticidad.
Aquí, al parecer, basta con un “debo y pagaré” impreso sobre una firma ajena para que el documento sea tratado como válido.
¿Dónde quedaron los peritos grafotécnicos? ¿Por qué nadie detecta una falsificación tan elemental? Más grave aún es el papel del actuario Pascual Torres López. Este funcionario levantó un acta en la que afirma haberse entrevistado personalmente con el doctor González Maza, quien supuestamente habría reconocido la deuda y aceptado el embargo.
Según la versión del médico, ese encuentro nunca ocurrió. Se trataría, por tanto, de una declaración falsa destinada a dar apariencia de legalidad a un procedimiento viciado desde su origen.
El despropósito alcanza su punto más alto cuando se pretende embargar bienes cuyo valor supera con amplitud la supuesta deuda. Propiedades que equivalen a diez o quince veces el monto reclamado estarían en riesgo de ser rematadas. ¿Qué sentido tiene una justicia que, ante una deuda de 1.2 millones de pesos, permite el despojo desproporcionado de un patrimonio construido durante toda una vida laboral?
A todo esto se suma una pregunta igual de grave: ¿por qué las autoridades no ha citado al supuesto prestamista que reclama más de un millón de pesos para que explique de manera documentada a qué cuenta depositó o transfirió ese dinero? Y si sostiene que lo entregó en efectivo, ¿de dónde obtuvo esa cantidad? Vaya, en un escenario así podría incluso configurarse el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, si no se acredita el origen del capital.
Casos como este erosionan la confianza en las instituciones y envían la señal ominosa de que el sistema judicial tolera maniobras evidentes de falsificación y abuso. En esas condiciones, el fraude puede prosperar bajo la apariencia de legalidad.
El doctor Carlos González Maza ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ha solicitado la intervención del Congreso local. Su caso es un reflejo inquietante de las fallas que persisten en el Poder Judicial de Tabasco.
