Poder Judicial de Tabasco: primera gran prueba de fuego
De Primera Mano
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Efraín Reséndez Bocanegra, enfrenta la prueba más delicada desde que asumió el cargo: una denuncia de fraude que involucra a funcionarios judiciales y pone bajo la lupa la credibilidad del Poder Judicial.
El caso gira en torno al cobro de un pagaré por más de un millón de pesos al traumatólogo Carlos González Maza. El documento cobrable —según la denuncia— sería apenas un fragmento de hoja tamaño oficio con la firma del médico, sin testigos ni formalidades mínimas que respalden un préstamo de esa magnitud.
De acuerdo con lo expuesto públicamente, una de las abogadas señaladas en la averiguación previa solicitó al médico copias de su INE, comprobante de domicilio y datos bancarios con el argumento de elaborar un testamento y concretar una operación inmobiliaria para la que había sido contratada por el quejoso.
Esos documentos, sostiene el denunciante, fueron utilizados para integrar el presunto fraude. El pagaré se habría confeccionado a partir de un papel previamente firmado, en un espacio que no fue inutilizado. El texto del adeudo aparece impreso en letras pequeñas y en un formato inusual para una obligación mercantil de alto monto.
¿Puede sostenerse un pagaré millonario en un pedazo de papel sin testigos ni respaldo documental? ¿Basta un escrito simple a todas luces sospechoso para detonar un procedimiento que ya derivó en el embargo de la cuenta donde el médico recibe su jubilación de Pemex y en el intento de rematar una propiedad de alta plusvalía?
Otro punto clave es la actuación del actuario señalado, quien habría certificado una diligencia en la clínica del médico. El consultorio cuenta con cámaras de seguridad. Verificar ese material sería determinante para confirmar o desmentir la notificación.
El traumatólogo —hermano del periodista Rodolfo González Maza, ya fallecido— es un profesionista reconocido en el estado que en su denuncia acusa al abogado Carlos Francisco Gutiérrez Romero de falsificar el pagaré con apoyo de documentos personales, y a la abogada Adelita López Velázquez de haber facilitado esa información. También señala al actuario del TSJT Pascual Torres López por presuntamente alterar un acta de notificación.
En una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), el médico afirma haber sido víctima de extorsión y falsificación de documentos.
Previamente, en un documento dirigido a la opinión pública, alertó a la ciudadanía y responsabilizó a los mencionados de cualquier agresión en su contra tras hacer pública la acusación.
Por su parte, el TSJ informó que el asunto fue turnado al Tribunal de Disciplina Judicial, con apego al debido proceso. En un comunicado destacó su política de puertas abiertas y las más de dos mil audiencias realizadas durante la actual administración para atender quejas ciudadanas.
Pero más allá del comunicado, el caso exige claridad y resolución. Reséndez Bocanegra debe demostrar que en el Poder Judicial no hay espacio para componendas ni simulaciones, pues en este caso está en juego la confianza pública en la justicia.
Por lo pronto, el acuario señalado no ha sido separado de su cargo mientras se realiza la investigación, y -peor aun- forma parte del comité que le da seguimiento a la denuncia.
Esto es, el funcionario del TSJT es juez y parte.
