Solo Adán López y su interino no sospecharon de Hernán Bermúdez
De Primera Mano
El 13 de noviembre de 2024 (un mes y medio después de asumir la gubernatura) que Javier May Rodríguez salió a declarar que en Tabasco era vox populi que Hernán Bermúdez Requena era líder del cártel de La Barredora, los únicos que supuestamente no conocían la otra actividad del ex secretario de Seguridad eran los ex mandatarios Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, que se supone –en su momento– eran los mejor informados de la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. De ser cierto que no estaban enterados de lo que acontecía, entonces vivieron en otra realidad distinta a la de los tabasqueños, al punto de que el ahora senador asegura que en su gestión bajaron los índices delictivos y resalta la trayectoria de su colaborador buscado por la Interpol.
Este lunes, primero Merino, actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y luego López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, le aseguraron al periodista Ciro Gómez Leyva que ellos no sospecharon del ahora prófugo de la justicia mexicana.
Contrario a esa postura, cada día brota más información que apunta a que la organización criminal liderada por el colaborador del ex precandidato presidencial de Morena gozó de la protección de las autoridades del gobierno anterior.
El pasado viernes 11 de julio, el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, dijo que en la administración pasada (a cargo de López y Merino) no se actuó contra los cabecillas de La Barredora, quienes, en este nuevo gobierno, ya son buscados por las autoridades.
El militar mencionó, además de Bermúdez, a Tomas “N” y Ulises “N” como parte de la cofradía criminal; estos dos últimos presuntos delincuentes eran una suerte de funcionarios: ambos colaboraron con Bermúdez Requena primero en la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), donde Hernán fue director general de la Policía de Investigación, y luego en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, en donde se mantuvieron con él hasta el 5 de enero de 2024 que Hernán fue cesado desde la Ciudad de México.
De acuerdo con la información proporcionada por el general López Martínez, durante una entrevista con el grupo Radio Fórmula en su condición de “coordinador general de la Estrategia de Seguridad para Tabasco”, en la pasada gestión gubernamental hubo impunidad.
El mando militar aseguró que la orden de aprehensión contra el colaborador del senador López se libró el 14 de febrero de este año y que ese mismo día huyó de México desde el aeropuerto de Mérida; el gabinete de seguridad federal, días después, precisó que la fuga del exfuncionario ocurrió el 26 de enero de este año, o sea 18 días antes de que un juez lo requiriera.
Si el sexenio de Javier May empezó el 1 de octubre de 2024 y la orden de aprehensión salió el 14 de febrero de este año, pasaron cuatro meses y medio para que el nuevo gobierno encontrara las evidencias que en un sexenio no “vieron” los ex mandatarios López y Merino para ir contra quien las autoridades policíacas consideran el verdadero líder de La Barredora.
A decir de fuentes cercanas a la investigación, hay datos duros que señalan directamente a Bermúdez Requena como el cabecilla principal de la delincuencia organizada de Tabasco.
Y el otro dato revelador es, como sostuvo el comandante de la 30 Zona Militar, que los delincuentes señalados como mandos de La Barredora no enfrentaron ninguna carpeta de investigación durante el sexenio pasado, cuando estuvieron al frente del estado Adán López y Carlos Merino.
En los trabajos de investigación participan lo mismo la Secretaría de Seguridad federal a cargo de Omar García Harfuch que la Defensa Nacional y demás instituciones del gobierno de la república, por lo que no se puede afirmar que el de Bermúdez se trate de un tema local.
Lo que da claro desde el 11 de julio que se dio a conocer que había una investigación contra el hombre fuerte de la pasada administración es que a la gestión de Javier May le llevó tan solo cuatro meses y medio para judicializar la carpeta que amenaza con salpicar a más gente.
Y lo que más ha llamado la atención es que tanto López como Merino estén sosteniendo que nunca supieron nada de que quien fuera su secretario de Seguridad era, a la vez, jefe de una poderosa cofradía criminal.
Las nuevas autoridades tienen bien establecida la ruta de cómo sembraron el terror en los últimos seis años, incluidos hasta los nombres del puñado de notarios públicos que se prestaron a dar fe para que muchos tabasqueños fueron despojados mediante el terror de ranchos y otros bienes inmuebles.
Todo eso, pero todo, está documentado con escrituras originales halladas en casas de seguridad de donde se extrajo información sensible en manos de forenses digitales.
Por eso puede afirmarse que falta mucho, pero mucho, por decirse del tema que salpica de inmundicia al senador López y a toda la 4T.
