CP. Arnulfo Aguilera Hernández.
Por: Mario Gómez y González
Saltarse las reglas sin que nada pase es un acto que, a fuerza de repetición, nos parece normal. ¿Qué peligros entraña esta normalización de la impunidad?; la impunidad no es más que la ausencia de sanción, sea penal, administrativa o disciplinaria, tras la transgresión de una norma.
Generalmente representada como un espíritu alado armado con una lanza o espada, “la Poine”, era la personificación del castigo en la mitología griega, pues vengaba asesinatos en tragedias representadas hace casi 2 mil 500 años y era un claro recordatorio del concepto de castigo, en su forma más cruel, a los ojos de la sociedad.
Años después, este personaje prestó su nombre en latín, Poena, a la sanción que resultaba de un juicio civil en la antigua Roma y, en su versión castellanizada, ‘pena’, es hoy el castigo impuesto por un delito.
Pero, ¿qué sucede cuando los delitos se vuelven tan cotidianos que sancionarlos es materialmente imposible? ¿Volvemos a los sangrientos castigos ancestrales? ¿Rogamos por una Poine alada que persiga a infractores, estafadores y delincuentes?
La falta de reacción –social o punitiva– ante estos comportamientos da pie a la sensación de impunidad generalizada; el gran peligro es que esta situación debilita las instituciones y la norma como parámetro de convivencia, se ha advertido en no pocas ocasiones.
La barrera entre una transgresión y un acto de corrupción, propiamente dicho, se hace cada vez más tenue; de esta forma, no hay una diferencia cualitativa sino solo cuantitativa entre la micro y macrocorrupción, ambas asentadas sobre la base de la impunidad.
Si todos lo hacen, al final todos debemos o podemos hacerlo; como nunca hubo un freno, se le toma como algo normal; de ahí la popularidad del “roba, pero hace obra” (o si robé. Pero poquito); lo que incrementa la percepción de que la impunidad es algo normal y generalizado.
A propósito de nuestra entrega de ayer con respecto al nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización-en la persona de Juan José Peralta Fócil-, algunos lectores nos preguntaron que si en alguna ocasión (gobiernos estatales anteriores), la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH)-hoy OSFE-, inició y culminó procesos en contra de presidentes municipales que terminaron en prisión. Vea usted:
Nuestras indagatorias nos llevaron hasta el CP Arnulfo Aguilera Hernández- “Fito”, lo llamaban cariñosamente sus amigos-, quien, como titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, en tiempos de los gobernadores Salvador Neme Castillo y Manuel Gurría Ordóñez (Carlos Francisco Dagdug Cadena; Notario Público # 20 en la actualidad, era el Presidente del Congreso del estado), integró los expedientes y culminó los procesos que llevaron a la cárcel a varios de ellos.
Aquí los nombres: Julio Cesar o José Antonio Maza Fuentes (Tenosique); Enrique Campos Izquierdo (Cunduacán); José Antonio Román Álvarez- el “chelo Román o roba gallinas”- (Tacotalpa); Hugo Alamilla Pérez (Paraíso) y Saúl Jiménez (Jonuta), fueron los presidentes municipales que fueron “a la sombra”, por sus cuentas públicas (malversación de fondos, desvíos de recursos, corrupción, entre otros).
Se dice, que el CP Arnulfo Aguilera, personalmente asistía a los municipios y corroboraba las obras y “arrastraba el lápiz”, en eso de escudriñar a fondo los estados contables de las haciendas municipales; “no se le iba una”, pues el CP Fito Aguilera, era orgullosamente catedrático de la UJAT (muy respetado y admirado por todos en el bien llamado “territorio Juchimán”); al grado de que fue padrino de graduación de varias generaciones de Contadores Públicos.
En el caso de “Cuco” Rovirosa- el ex alcalde de Macuspana y actualmente recluido en el CRESET (está enfermo de la vista, según nos informaron), si bien su cuenta pública fue reprobada, de todos es sabido que su pleito con el entonces gobernador (Adán Augusto López Hernández), al final lo llevó a ser privado de su libertad.
Si bien es cierto que la mayoría de las cuentas públicas municipales fueron aprobadas recientemente, todas ellas presentan observaciones que tendrán que ser solventadas, pero que sugieren la comisión de delitos; solo fue reprobada la cuenta de Jonuta (“el chivo” Eric Garrido), quien, como presidente municipal, además de meterle el diente al presupuesto, no se ajustó a las reglas electorales (no escritas) y ahora está a punto de ir a “chirona”.
Por tanto, las cuentas públicas deben dejar de ser “circo mediático” y distractor de los problemas; se debe de actuar con la ley en la mano para sancionar las malas conductas de los alcaldes y alcaldesas; y que la impunidad deje de ser una constante de la vida pública de Tabasco. Que los delitos que se generen o descubran, no prescriban.
Jaque Mate** El destacado y brillante tabasqueño, Raúl García Mora, despacha ya como Director Ejecutivo de Inmuebles en el Instituto Para devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) y es ya pieza importante del trabajo que realiza otra talentosa paisana: la teapaneca, Mónica Fernández Balboa** fue todo por hoy** hasta mañana Dios mediante.