Justicia con perspectiva de género: Un paso crucial para la eficiencia del TSJ de Tabasco
En el ánimo de fortalecer capacidades profesionales y garantizar respeto a principios de igualdad y no discriminación en resoluciones judiciales, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), llevó a cabo el curso-taller Juzgar con Perspectiva de Género. Fundamentos y Análisis de Sentencias con Visión Interseccional, dirigido a magistrados, jueces y personal jurisdiccional.
El presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, Samuel Ramos Torres, expuso que con la capacitación impartida por la jueza de control del Poder Judicial de Oaxaca, Moniveth Shaley López García, los miembros de la Judicatura adquirieron herramientas para proteger derechos humanos y asegurar que la justicia en Tabasco se imparta con una perspectiva de género sólida y fundamentada.
Robustecen compromiso de Justicia con perspectiva de género
Al dar la bienvenida a nombre de presidente de la institución, Enrique Priego Oropeza, Ramos Torres indicó que de esta manera se robustece el compromiso con la igualdad de género y es un paso crucial hacia el aumento de la eficiencia del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.
Recordó que juzgar con perspectiva de género no es una opción sino una obligación como garantes de derechos humanos. Los juzgadores tienen como responsabilidad asegurar que cada resolución sea un reflejo de la justicia que no discrimina y, por el contrario, protege la dignidad de todas las personas en tiempos en que la independencia de los servidores judiciales se enfrenta a desafíos que buscan poner en duda su labor, puntualizó.
A sus compañeros, remarcó que es fundamental tener presente el papel crucial que desempeñan como garantes de derechos y libertades de todos los ciudadanos. “Nuestro deber es mantenernos firmes en la defensa de la justicia imparcial y libre de influencias para que cada sentencia sea un reflejo de respeto a la Constitución y los principios que nos rigen”, observó.
El doctor en Derecho Judicial con 27 años de antigüedad laboral señaló que con el aprendizaje obtenido durante ocho horas en jornadas desarrolladas el 5 y 6 de septiembre “estaremos mejor preparados para enfrentar los retos que implica impartir justicia en un mundo cada vez más consciente de las desigualdades que persisten, lo cual constituye el compromiso del tribunal”.
Impartir justicia con interseccionalidad
Moniveth Shaley López García, master en Derecho con especialización en litigio oral, explicó que hablar de interseccionalidad es reconocer categorías de opresión que sufren las personas y las oportunidades que tienen otras en razón de lo cual se deben igualar las condiciones. Es decir, todas las personas en el Estado mexicano tienen ventajas y desventajas, pero hay quienes tienen más unas que otras.
Refirió que impartir justicia con interseccionalidad significa que las autoridades judiciales adviertan cuáles son las condiciones favorables y adversas que enfrenta cada persona, bien sean víctimas, acusados, imputados, actores, demandados e incluso defensores o fiscales del Ministerio Público.
Una vez se visualice esta situación se ajusten los procedimientos para que las personas tengan la mayor condición de igualdad posible. “Ninguna persona es igual a otra y hay una serie de factores que no les son propios, no tienen las mismas oportunidades que los demás y esta situación se ha generado desde la sociedad”, asentó.
En las sesiones realizadas en el auditorio Antonio Suárez Hernández, manifestó que con el curso los participantes primeramente se ven a sí mismos como personas que crecieron y conviven en una estructura de violencias, que pueden ser sociales o familiares. Al identificarlas es posible conocer cómo influyen al momento de juzgar y se refleja al momento de emitir un resolutivo.
“Todos crecimos en la estructura de violencia y ¿cómo lo vamos a visualizar? Por ejemplo, hace muchos años no podíamos hablar de una persona abiertamente homosexual, porque ya le poníamos adjetivos denostativos. Yo no podía decir ‘Soy una jueza indígena’ porque probablemente no se me hubiese dado la oportunidad de serlo, pero no es culpa de alguien en específico, sino de toda una estructura que reflejamos al momento de impartir justicia y debemos combatir para mejorar como poderes judiciales y ciudadanía.”, aseveró.
Reconocer el lenguaje incluyente
La especialista, doctorante en Género y Derecho Procesal por el Centro de Estudios de Posgrado, expuso que la interseccionalidad es un tema que se está edificando en México, de hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solamente tiene un par de resoluciones donde la menciona. Sólo en dos empieza a desarrollar la teoría de una aplicación interseccional que tiene que ver con el artículo 1 constitucional, reformado en 2012.
Afirmó que a 13 años de la reforma sigue sin cumplirse cabalmente la aplicación de la justicia con interseccionalidad, ya que requiere el pleno conocimiento de los derechos humanos, el pan de todos los días de los operadores jurídicos. A los juzgadores corresponde verificar que este trabajo lo realicen las fiscalías para la protección de las infancias y las adolescencias, comentó.
Agregó que para los magistrados es sumamente importante reconocer el lenguaje incluyente, porque de no hacerlo no darían valor e inclusión a los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, dijo, deben tomarse medidas para la reparación integral del daño, ya sea por una responsabilidad del Estado o de un particular, como puede ser la comisión del delito o de un particular, desde una responsabilidad civil.
Detalló que este taller de análisis se enmarca en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del lejano caso Rosendo Radilla Pacheco, profesor rural, víctima de desaparición forzada en un retén militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974.
“Y decimos lejano, porque ya ha pasado más de una década y seguimos sin cumplir esas sentencias por la falta de acreditación de las personas operadoras en el derecho, es decir las fiscalías, los poderes judiciales, las defensorías. Seguimos sin acreditar que tenemos la capacitación con base en derechos humanos para hacer este tipo de ejercicios y dotar a la ciudadanía de la protección diferenciada de derechos”, apuntó.
Te puede interesar: Entregan premios a ganadores de V Concurso de Ensayo Jurídico del TSJ
